Solicitan al Parlamento que garantice la libertad de investigación sobre la Guerra Civil y el franquismo

Rebelión

El pasado 6 de junio el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presentó una propuesta de proposíción no de ley en la que se insta al Gobierno a declarar la constitucionalidad en España de la libertad de investigación histórica sobre la Guerra Civil y el franquismo, tal como solicitaron 349 historiadores en el documento solidario con Dionisio Pereira enviado al Presidente Zapatero, al Congreso y al Senado el 20 de mayo de 2008.
La propuesta recuerda que, hace unos meses, el Juzgado de Primera Instancia de A Estrada, en Galicia, absolvió al historiador Dionisio Pereira que había sido acusado por los descendientes de Manuel Gutiérrez, alcalde de Cerdedo durante el franquismo, de no querer rectificar para salvar el honor de sus antepasados las conclusiones que hizo públicas en 2003 en un libro colectivo sobre la represión franquista.

Basándose en testimonios orales, Pereira señalaba ahí la presunta implicación de Gutiérrez, y de Francisco Nieto, entre otros, como "participantes o instigadores" en los actos que acabaron en agosto de 1936 con la vida de seis personas en la comarca de Cerdedo.

La decisión de absolver a Pereira la tomó el juzgado, recurriendo a abundante jurisprudencia para defender sus derechos constitucionales de libertad científica y de opinión "en el terreno histórico". La familia de Manuel Gutiérrez ha recurrido y el caso está ahora en manos de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Con el peligro de que nuevos recursos, si el fallo es semejante, lleven a Pereira a instancias jurídicas superiores, conduciéndolo a un temible calvario judicial.

La difusión de esta anómala situación ha destapado en toda la geografía española otras parecidas que están siendo resueltas “caso a caso” por los tribunales de justicia, con la consiguiente alarma de los historiadores, que están viendo así dificultado su trabajo sobre la historia española reciente ante la posibilidad de ser víctimas del acoso judicial por parte de los descendientes de las personas que aparecen en la documentación, oral y escrita, como responsables de torturas y asesinatos de personas por causa de sus ideas durante la guerra civil y la dictadura franquista.

Desde que se inició la investigación histórica sobre la represión franquista han tenido lugar distintas situaciones análogas a la de Dionisio Pereira: Emilio Silva y Santiago Macías soportan varios procesos judiciales por su libro Las fosas de Franco; un trabajo de Alfredo Grimaldos sobre la sombra del dictador durante la transición ha sido denunciado por la familia del ex ministro Juan José Rosón; la escritora asturiana Marta Capín fue absuelta de la acusación de los familiares de un falangista mencionado en su obra Los crímenes de Valdediós, que cuenta lo que ocurrió en aquel sanatorio de Villaviciosa cuando entraron en él las tropas franquistas; un juez de Cambados, en fin, ha cerrado la página web donde estaban volcados los escritos de un comunista de O Grove, en los que daba los nombres de los que llevaron a cabo las represalias en aquella pequeña villa de las Rías Bajas.

Por todo ello, la iniciativa parlamentaria pretende instar “al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para efectuar una declaración de legitimidad constitucional de la libre investigación sobre la Guerra Civil y el franquismo, basándose en fuentes históricas, tanto escritas como orales, de acuerdo con las metodologías correspondientes, sin censura previa sobre ningún nombre, fuente o dato histórico.”