El Justo Reclamo

Errores mutuos

John Walters

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON.- Después de que el gobierno de México manifestó que no aceptaba ningún condicionamiento para recibir el apoyo de Estados Unidos en su guerra contra el narcotráfico, la Casa Blanca respondió que el presidente George W. Bush no se opone a que México adquiera equipo militar o tecnológico en países europeos o asiáticos para acabar con los cárteles de la droga.“México no tendría por qué preguntarnos o pedir nuestra opinión; no creo que sea en detrimento de una lucha común como lo es la del narcotráfico el que México consiguiera el apoyo de otro país”, sostiene en entrevista el director de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas de la Casa Blanca, John Walters.Conocido también como el zar antidrogas de Estados Unidos, Walters asegura que la oposición de Washington a que cualquier país latinoamericano adquiera equipo militar en Europa o en cualquier otro continente para fines nobles, como el combate al narcotráfico, “es cosa del pasado”.Consultado vía telefónica mientras hacía un recorrido por la frontera que comparte la ciudad de El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, Chihuahua, para evaluar el problema del narcotráfico y la narcoviolencia en la región, responde: “Creo que los días en los que las acciones bilaterales eran la única solución ya no son una realidad”.Según Walters, lo que le molesta es que en el Congreso federal de su país haya legisladores que intentan imponerle condiciones anticonstitucionales a México en el combate al narcotráfico y la violencia, un problema que atañe a los dos países.Afirma: La Casa Blanca considera que para derrotar al narcotráfico en México el Ejército y la policía deben contar con equipo tecnológico y militar moderno, como el que posee el Pentágono. Además, dice, sus elementos deben entrenarse en operaciones antinarcóticos con personal especializado del Departamento de Defensa; así lo han hecho Colombia y Perú.Las quejas y críticas de Walters están dirigidas al Senado, que el pasado 23 de mayo aprobó un paquete por 350 millones de dólares para financiar la llamada Iniciativa Mérida y que se invertirán durante el primero de los tres años que durará el plan.La propuesta senatorial no sólo redujo en 150 millones de dólares el monto propuesto originalmente por el presidente Bush para apoyar a México con equipo militar, tecnológico y entrenamiento a policías y soldados mexicanos; también condiciona la entrega de ese apoyo a que México haga cambios constitucionales para que el Departamento de Estado certifique la labor del Ejército de ese país en operaciones contra el crimen organizado y procese ante cortes civiles, y no marciales, a los soldados que cometan violaciones a los derechos humanos.
“Imponer condiciones es sabotear a la Iniciativa Mérida”, anota Walters.
“Lo que sí podemos pactar con las autoridades mexicanas –agrega– es un sistema de rendición de cuentas, incluso informar a través de la prensa, pero sin ningún tipo de supervisión condicionada.”
La postura de México
El pasado fin de semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México notificó oficialmente al Departamento de Estado que el gobierno mexicano rechazaba el injerencismo de la administración Bush. De inmediato, la administradora interina de la agencia federal antidrogas (DEA) y la propia oficina de Walters inició una campaña en los medios de comunicación estadunidenses para suavizar las cosas.En el Capitolio, Carl E. Meacham, el asesor principal del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores por parte de los legisladores republicanos, dice al reportero que la Casa Blanca busca a toda costa que la Iniciativa Mérida sea aceptada por el gobierno de Felipe Calderón.“Sólo hasta ahora, cuando se aprobó la versión del Senado, la Casa Blanca sale a negociar las condiciones para evitar una nueva derrota política y ahora propiciada por México. Son ya ocho meses desde que el presidente Bush envió el pedido al Congreso, y es justo ahora cuando México dice que no que ellos salen a defender un proyecto indefendible”, dice.Y añade: “Es muy tarde. El error de la Casa Blanca, e incluso del gobierno de México, fue que no consultaron al Congreso (estadunidense) cuando crearon la idea de esta Iniciativa Mérida”.Por el contrario, el zar antidrogas, quien reconoce el empeño del gobierno mexicano por combatir al narcotráfico, rechaza que sea demasiado tarde para intentar eliminar las condiciones injerencistas de la Iniciativa Mérida.“Pienso que lo lograremos. En las últimas negociaciones con los congresistas, ellos se han dado cuenta de que si no apoyamos a México se pone en riesgo la seguridad de nuestra frontera sur”, acota Walters, quien presume haber sostenido 40 encuentros en el Capitolio para tratar el tema.
Los ajustes
Una semana antes de la aprobación de los fondos para la Iniciativa Mérida en el Senado, la Cámara de Representantes aprobó sin condiciones un fondo por 400 millones de dólares para instrumentar el primer año del programa bilateral de combate al narcotráfico en México.En los próximos días se formará una comisión bicameral en la que senadores y representantes deben concentrar en una sola versión las dos legislaciones aprobadas para la Iniciativa Mérida. El asesor del Comité de Relaciones Exteriores del Senado explica que por ahora la idea es aprobar un paquete final por 400 millones de dólares para el financiamiento del primer año de la Iniciativa Mérida. Pero aclara: este paquete deberá ceñirse a las condiciones que se aprobaron el 23 de mayo en la Cámara alta.“Hay una necesidad de mirar hacia adelante y de eliminar los viejos resentimientos de sospecha y recriminación mutua”, comenta Walters.Patrick Leahy, senador demócrata por el estado de Vermont y presidente del Comité Judicial del Senado, es el autor de las condiciones injerencistas impuestas a México para que éste pueda recibir los fondos de la Iniciativa Mérida.“Es posible que algunos miembros del Congreso desconozcan la realidad de la narcoviolencia en la frontera México-Estados Unidos, pero sí saben de la necesidad urgente de contrarrestar el narcotráfico y el crimen organizado; por eso creemos que aún estamos a tiempo de negociar algo aceptable”, insiste Walters.Un funcionario del gobierno de México que solicitó el anonimato asegura a Proceso que para el gobierno de Calderón la Iniciativa Mérida ya no tiene sentido, por lo menos en los siete meses que le restan de presidencia a Bush.“La opción ahora es esperar a que asuma el poder el próximo presidente de Estados Unidos y de ahí en adelante, con un nuevo Congreso, comenzar a negociar un verdadero programa de corresponsabilidad en la guerra contra el narcotráfico… sin condiciones”, afirma el funcionario mexicano.En su editorial del miércoles 4, el influyente diario The New York Times se sumó a las críticas contra el Senado de Estados Unidos por acotar en exceso la Iniciativa Mérida, lo que –señaló– no es acorde con la responsabilidad de su país como consumidor de drogas y como fuente del poderoso armamento de los cárteles.El gobierno de Felipe Calderón “parece estar rebasado” y “México no puede librar la batalla solo”; la amenaza del narcotráfico “es demasiado peligrosa” para ambos países, argumentó el periódico.Y si bien reconoció la necesidad de establecer condiciones para vigilar cómo se gasta la ayuda estadunidense, también criticó a Bush y a su equipo: “Ni la administración ni el Congreso han hecho ningún esfuerzo por vender esas condiciones a funcionarios mexicanos”. l