Editorial
La reunión cumbre convocada en Roma por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) concluyó el jueves con un compromiso raquítico entre los participantes para solucionar la crisis alimentaria mundial, lo que deja entrever la sordera de los países ricos ante los severos cuestionamientos que, a lo largo de tres días, fueron dirigidos al manejo global de la agricultura en los últimos años.
En una resolución que generó polémica por carecer de sustancia, los integrantes de la FAO –con resistencias de un frente integrado por Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que consideraron que el encuentro no generó “un diagnóstico objetivo”– acordaron reducir “a la mitad” el número de personas desnutridas en el mundo –calculadas en 850 millones– para el año 2015; instaron a tomar “medidas urgentes para combatir los impactos negativos del alza del precio de alimentos en los países más vulnerables” y exhortaron a no emplear los productos alimentarios “como instrumentos de presión política y económica”.
En el mismo documento, algunas de las naciones miembros solicitaron la liberalización del comercio agrícola e invitaron a hacer “estudios en profundidad” sobre los biocombustibles, con lo que reafirman sus intenciones de dejar a amplias franjas de la población mundial a merced de los vaivenes del mercado y de las presiones de los especuladores. No se prevén, en cambio, medidas concretas para revertir el desastre que han causado más de dos décadas de políticas de “ajuste estructural”, dictadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los gobiernos de países en desarrollo, como México, que para obedecerlas han desmantelado el apoyo estatal a la pequeña agricultura y acabado con los incentivos a la producción y el consumo interno. Tampoco se plantean acciones para frenar el efecto que tiene la actuación de las grandes empresas agrícolas en el precio de los alimentos.
Significativamente, de acuerdo con versiones periodísticas, algunos de los jefes de Estado que asistieron a la cumbre en Roma se dieron tiempo para asistir a banquetes de gala ofrecidos por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y disfrutar de selectos platillos de la gastronomía nacional. Más allá del hecho anecdótico, la opulencia con la que se regalaron estos gobernantes deja entrever su profunda indolencia por la presente situación mundial, su falta de compromiso y hasta de interés para comprender y atender esta crisis alimentaria que golpea a los más desprotegidos. Debe recordarse que si enormes franjas de la población del planeta están pasando hambre, se debe, además de los factores de coyuntura, a que muchos de los gobiernos de países integrantes de la FAO, incluido el nuestro, han abrazado sin cuestionamientos una visión de libre mercado que hoy acusa graves fallas estructurales. En esa lógica, se pretende trasladar a las empresas privadas el manejo de la agricultura en el mundo y reducir en forma sostenida la intervención del Estado en ese ámbito, como ha ocurrido en otros tantos, como si la atención a las necesidades de alimentación no fuera responsabilidad de los gobiernos y como si sólo se tratara de una oportunidad para hacer negocio.
En suma, difícilmente habrá reducción del hambre en el mundo en tanto que los encargados de atender la problemática no entiendan que la magnitud del problema requiere de un viraje en el manejo de la agricultura, que se haga acompañar por una mayor intervención de los estados en el desarrollo de políticas convenientes y viables para los países más pobres, en el entendido de que no puede dejarse en manos de las compañías trasnacionales el manejo de un asunto de importancia estratégica como es el de la alimentación.
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