Alavez Ruiz y Sánchez Camacho piden respuesta clara de la PGR
Contratos con Pemex representaron ingresos por $100 millones, afirman
Gustavo Castillo García
Los diputados federales perredistas Aleida Alavez Ruiz y Alejandro Sánchez Camacho presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, como presunto responsable de los delitos de uso indebido de funciones y tráfico de influencias, ya que, según el documento entregado al Ministerio Público Federal, el ex representante de la empresa Ivancar se valió de información que poseía como funcionario público para obtener beneficios económicos para él y su familia.
Este viernes los legisladores acudieron a la sede de la PGR para entregar un documento de más de cien cuartillas, entre ellas copias fotostáticas de algunos de los contratos firmados por Mouriño con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como representante legal de la empresa Ivancar, que según los diputados suman ingresos por alrededor de cien millones de pesos.
Alavez Ruiz declaró que la PGR deberá responder de manera clara a los señalamientos que se mencionan en la denuncia presentada, a pesar de que estas acusaciones se investiguen dentro de la averiguación previa que se inició a petición del propio secretario de Gobernación.
Debe renunciar
A su vez, Sánchez Camacho pidió la renuncia de Mouriño, ya que, a decir de ambos diputados, el funcionario carece de calidad moral y, de acuerdo con los datos obtenidos por ellos, sí incurrió en delitos de tipo penal y por ello presentaban la denuncia.
La legisladora mencionó que cuando “Mouriño se desempeñaba como subsecretario de Electricidad en la Secretaría de Energía, Pemex Refinación otorgó a Ivancar varios contratos, no obstante que los precios aplicados a los transportistas no habían sido autorizados por la dependencia.
“Además, durante la administración de Juan Bueno Torio en Pemex Refinación se otorgaron contratos multianuales para el transporte de hidrocarburos a algunos transportistas, entre ellos Ivancar, y los acuerdos que se realizaron entre funcionarios de la paraestatal y la Canacar antes de que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios justificara la necesidad de la contratación.
“Mouriño se encuentra confeso de los delitos que ha cometido, pues en entrevista televisiva aceptó que firmó contratos de su empresa familiar Ivancar con Pemex cuando era presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, y luego cuando fungió como director general de la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, por lo cual debe ser juzgado y procesado”, concluyó Alavez Ruiz.
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