El Justo Reclamo

Culpable postmortem

Augusto Pinochet

Francisco Marín

Con base en testimonios, confesiones y pruebas documentales, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, reconstruyó el asesinato del comandante en jefe del ejército de Chile, Carlos Prats, y de su esposa Sofía Cuthbert, cometido el 29 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina. Por ese crimen, el pasado 30 de junio Solís sentenció a penas de cárcel a Manuel Contreras, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina) y a otros siete miembros de este organismo de la dictadura militar. En entrevista con Proceso, el ministro señala: “había antecedentes suficientes para condenar a Pinochet…”

SANTIAGO DE CHILE.- El difunto general Augusto Pinochet y el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), Manuel Contreras, fueron autores intelectuales del homicidio del que fuera comandante en jefe del ejército de Chile, Carlos Prats González, y de su esposa Sofía Cuthbert. Así lo sostiene el dictamen de primera instancia que el pasado 30 de junio emitió Alejandro Solís, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago e instructor de esta causa. Este dictamen también impone fuertes sanciones penales a ocho miembros de la Dina, entre ellos su director, Manuel Contreras, y su subdirector, Pedro Espinoza.En entrevista con Proceso, el ministro Solís señala: “Había antecedentes suficientes como para condenar a Pinochet. El problema es que cuando se pidió su desafuero (en esta causa) los magistrados de la excelentísima Corte Suprema estimaron que ya se habían pronunciado respecto a ello al resolver la extradición (de Pinochet) solicitada por Argentina. Y no se podía volver a revisar su situación”. Solís se refiere a la resolución del máximo tribunal del 24 de marzo de 2005 que revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago dictada el 5 de enero de 2005. Ésta, según el texto legal, “había dado lugar a la formación de causa contra Augusto José Ramón Pinochet Ugarte en los hechos investigados en la causa rol Nº 2.182-98, denominada caso Prats”. Como consecuencia de ello, la Corte Suprema sobreseyó de manera definitiva los delitos imputados a Pinochet en esta causa. La razón: la supuesta locura del exdictador, en la cual éste se escudó para evitar el juicio. El caso Prats se inició en Chile el 2 de diciembre de 2002, cuando la Corte Suprema determinó que era procedente la extradición solicitada por el Juzgado Federal Número 1 de Buenos Aires, contenida en los autos B-1.516-93, en contra de Manuel Contreras y Pedro Espinoza, José Zara Holger y los hermanos Raúl y Jorge Iturriaga Neumann, exmiembros de la Dina. Los delitos: “Participación en asociación ilícita y doble homicidio agravado”. Sin embargo, la corte decidió que los implicados fueran juzgados en Chile y designó para ello al ministro Solís, quien en abril de 2003 condenó a Contreras y a otros altos mandos de la Dina por otro caso: el secuestro y desaparición del sastre Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, que ocurrió en Santiago en enero de 1975. En esa ocasión, Solís sentó importante precedente jurídico. Sostuvo que la amnistía no es aplicable en casos de desaparecidos, puesto que este tipo de crimen se sigue cometiendo mientras no aparezca el cuerpo del secuestrado. El 17 de noviembre de 2004, en un fallo considerado histórico, la sala penal de la Corte Suprema ratificó esta sentencia. Fue el principio del fin de la impunidad en Chile.
El complot
Durante la entrevista con Proceso, el ministro Solís dice que el caso Prats “fue muy complejo porque no hubo colaboración de parte de los imputados”. Explica que el procedimiento penal que se aplicó en esta causa “es el que existía antes en Chile: escrito, y que permite apelar a cualquier resolución, lo que implica elevar todos los expedientes a la Corte de Apelaciones”. Confía: “Creo que si sacamos la cuenta, tranquilamente podemos estimar que entre un año y medio y dos años el expediente no estuvo en mis manos porque se habían apelado ciertas resoluciones”. Además, recuerda que el ejército se comprometió a proporcionar los archivos de la Dirección de Inteligencia (Dina). Sin embargo, señala, eso no se llevó a cabo. “Fue una desafortunada situación. Llegué allá y me dijeron: ‘Aquí están las puertas abiertas’. Revisé los estantes y no había nada”.A pesar de ello, Solís consiguió documentos que le permitieron fundamentar su dictamen. Uno de ellos, las memorias en las que, según el ministro, Prats cuenta que después de que se produjo el golpe militar, el 11 de septiembre de 1973, lo acusaron de estar preparando a las tropas del sur para marchar a Santiago. Prats “dice ahí que obviamente no era cierto. Entonces pidió que lo dejaran ir a Argentina (…) Pinochet le dijo: ‘Primero usted me hace una declaración pública sobre que no está organizando las tropas en el sur’. Y Prats lo tuvo que hacer”.Según consigna el citado fallo del ministro Solís, el diplomático Ramón Huidobro, amigo de Prats, dijo que éste “arregló sus asuntos de tal manera que pudiera salir en automóvil hacia Argentina. No obstante, el día señalado para su partida (15 septiembre de 1973) fue despertado por oficiales amigos y conducido a un helicóptero que lo llevó a la frontera (…) mientras despachaban su automóvil por tierra. Este vehículo fue interceptado cinco veces por comandos armados que buscaban al general (…) En Buenos Aires, Prats fue acogido como huésped del ejército argentino, el cual le proporcionó ayuda para resolver sus problemas de establecimiento (…)”.Prats ingresó a Argentina con un antiguo pasaporte diplomático que las autoridades de la Junta Militar renovaron sólo para que realizara este viaje. Luego, cuando se encontraba en ese país amenazado de muerte, la embajada de Chile le negó nuevos pasaportes para que pudiera viajar a otra nación. “Llegamos a la conclusión de que la negativa de entregarle esos pasaportes vino de Pinochet”, dice el ministro Solís. En el expediente del caso –cuya copia obtuvo Proceso–, Huidobro dice que la permanencia de Prats en Argentina molestaba a Pinochet. El dictador “sabía que (Prats) era visitado continuamente por personalidades chilenas y periodistas de todo el mundo; que guardaba una gran influencia sobre oficiales y soldados del Ejército; que tenía muy buenas relaciones con altos jefes militares (argentinos) y en especial con (el presidente Juan Domingo) Perón”.El diplomático cuenta que “la animadversión de Pinochet hacia Prats” alcanzó su máxima expresión después de que el dictador chileno se reunió con Perón en el aeropuerto de Morón, de Buenos Aires. “A su regreso a Santiago, (Pinochet) dijo a sus íntimos que la entrevista con el mandatario argentino había sido un fracaso ‘porque me la echó a perder Prats’(...)”. Añade Huidobro: “La verdad es que Prats fue llamado por Perón antes y después de aquella entrevista. En ese entonces escuché (de Prats) que Perón había resuelto insistir ante Pinochet acerca de la mala imagen que daba su gobierno, por la represión cruel que hacía la Junta y que en esas condiciones era muy difícil ayudarlo (…)”.Durante el proceso judicial, Solís comprobó que en los meses previos al homicidio de Prats y de su esposa operó en Argentina “una célula de la Dina (...) que disponía de explosivos de gran poder y que estaba compuesta por varios oficiales del ejército de Chile”. Éstos recibían apoyo de empresas chilenas ubicadas en Buenos Aires, como el Banco del Estado de Chile y Lan Chile. En su libro Operación Cóndor, el periodista estadunidense John Dinges sostiene que el exsecretario general del Partido Socialista de Chile, Carlos Altamirano, fue visitado en Berlín por Markus Wolf, jefe de la División Internacional de los Servicios de Inteligencia de Alemania Oriental, la Stasi. Según Dinges, Wolf “le dijo a Altamirano que tenía información fidedigna sobre un plan de la Dina para aniquilar a Prats en Buenos Aires”. Le recalcó que era inminente: “Tienes que sacarlo de Argentina en seguida”.Altamirano se comunicó de inmediato con uno de sus contactos en Buenos Aires, Manuel Valenzuela, quien a su vez puso a Prats al tanto del plan. Le propuso varias posibilidades para que pudiera escapar de Argentina, país que se hundía en la anarquía y estaba dominado por el fascismo después de que Perón murió, el 1 de julio de 1974, y el poder quedó en manos de su viuda, Isabelita Perón. Pero Prats dijo que no abandonaría Argentina hasta tener un pasaporte chileno. Los servicios de inteligencia de Francia también advirtieron al general que su vida corría peligro si permanecía en Buenos Aires. Por el contrario, la CIA, que también estaba al tanto de la trama para asesinarlo, no hizo nada (Proceso 1600). Esta versión fue refrendada por el fallo del juez Solís.Según expresa Huidobro en el expediente del caso, en junio de 1974 Prats decidió viajar a Europa en compañía de su esposa, pero no pudo hacerlo porque la embajada de Chile se negó a entregarle los documentos requeridos. Entonces “las autoridades militares argentinas les ofrecieron pasaportes, pero el general no aceptó. Sostuvo que un general, excomandante en jefe del ejército de Chile, no debía viajar con un pasaporte no chileno (…)”.Huidobro recuerda que “en la mañana del 2 de septiembre de 1974, (Prats) me llamó nuevamente para decirme que a las dos de la madrugada un desconocido, tratando de hablar como argentino, le dijo que lo llamaba para advertirle que si no hacía una declaración a la prensa (antes de su viaje), expresando enfáticamente que no conspiraba en contra de la Junta Militar de Chile, sería asesinado (...) 27 días pasaron desde la noche de la amenaza hasta el asesinato (…)”.
El crimen
En el proceso sobre el caso Prats que en Argentina llevó la juez María Servini de Cubría –el cual terminó en 2002– se incluye una declaración de Michael Townley, agente estadunidense de la Dina y autor material del crimen. Éste sostiene que a mediados de 1974 Pinochet mencionó una reunión con agentes de la Dina en la que estuvieron Contreras y otros oficiales. Ahí, Pinochet expresó sus temores de que Prats se transformara en un líder de la lucha contra su régimen y ordenó ejecutarlo.El encargo recayó en los jefes de Operaciones, Pedro Espinoza, y del Departamento Exterior, Raúl Iturriaga Neumann, ambos de la Dina. Ellos se pusieron en contacto con Enrique Arancibia Clavel, quien era la avanzada de esta organización en Argentina y que a su vez los conectó con Juan Martín Ciga, líder del grupo fascista Milicia e integrante de la Acción Anticomunista Argentina (Triple A). Arancibia entregó a Ciga 20 mil dólares para que cometiera el crimen, pero éste no cumplió el encargo.Tras este fracaso, Espinoza encargó la misión a Townley en julio de 1974.En los primeros días de septiembre de ese año, Townley y su esposa, Mariana Callejas, viajaron a Buenos Aires. Llevaron el explosivo que le había entregado Iturriaga, quien pronto se les unió para apoyar la misión y les mostró el domicilio de los Prats. Una semana antes del crimen, Townley y su mujer se apostaron frente al departamento de la calle Malabia donde vivían Prats y su esposa, y comprobaron que la vigilancia que al principio tuvieron había sido retirada tras la muerte del presidente Juan Domingo Perón, ocurrida el 1 de julio de 1974.La noche del 29 de septiembre los Prats fueron a cenar con su amigo Huidobro. Desde hacía dos días, Townley había instalado una bomba en el vehículo del matrimonio chileno.La noche del atentado, Callejas tenía el detonador. Prats había bajado del auto para abrir la puerta de la cochera. En ese instante Townley presionó el botón del dispositivo de control remoto. El general y su esposa murieron al instante.Townley ha descrito el atentado en tres ocasiones. La primera en 1992, al detective chileno Rafael Castillo, como parte de la investigación del asesinato del canciller Orlando Letelier. Siete años más tarde dio la misma versión a la juez Servini de Cubría. Y en febrero de 2005 la repitió ante el juez Solís. A pesar de sus múltiples crímenes, el agente estadunidense de la Dina se encuentra en libertad y bajo protección del Departamento de Justicia de su país, con el cual arregló una pena reducida por el asesinato de Letelier a cambio de entregar a sus cómplices anticastristas cubanos.El proceso judicial por el asesinato de Prats se instruyó en Argentina desde el día que fue cometido. Estuvo a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 1. La causa durmió durante años, hasta que en 1991 se conoció el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (de Chile), en el cual se adjudicó a la Dina la responsabilidad de las muertes de Prats y su esposa. Ese mismo año tomó el caso la juez argentina María Servini de Cubría, que en 1996 ordenó la detención de Enrique Arancibia Clavel. Cuatro años después, el Tribunal Oral de Buenos Aires condenó a Arancibia a reclusión perpetua como autor del doble homicidio. En el mismo año 2000 la justicia argentina solicitó a Chile la extradición de seis agentes de la Dina y del general en retiro Augusto Pinochet. La prueba A lo largo de todo el proceso, Contreras declaró que la Dina no tuvo nada que ver con este crimen, que la CIA lo cometió; pero un oficio fechado el 24 de junio de 1974, donde se informan los resultados del seguimiento realizado a Prats en Argentina, terminó por delatarlo. Ese oficio está firmado por el entonces capitán del ejército Juan Morales Salgado y tiene el logotipo de la Dina y de la Agrupación Lautaro, una brigada dedicada al exterminio de opositores.El texto de Morales Salgado detallaba las actividades de Prats, sus teléfonos, sus hábitos, sus ingresos económicos y las medidas de seguridad que tenía en su hogar, en el barrio Palermo de Buenos Aires. El documento fue entregado al ministro Solís por el subjefe de la Dina, Pedro Espinoza, el 19 de junio de 2007. Inmediatamente Solís interrogó a Morales Salgado, quien al ver el documento “quedó demudado”, según contó el juez a Proceso. El militar admitió que la firma era suya y reconoció que había seguido a Prats en la capital argentina. Así mismo dijo que entregó personalmente el informe a Contreras, quien era su jefe.Este documento fue la primera prueba escrita de que el crimen lo cometió la Dina.En su dictamen, el ministro Solís sostiene que “se encuentra acreditado que la Dirección de Inteligencia Nacional se constituyó en asociación ilícita con el objeto de atentar contra aquellas personas residentes en Argentina y otros países que eran consideradas ‘enemigas’ o un peligro para el gobierno militar de Chile, formando para tal fin la estructura llamada ‘Departamento Exterior’”. El juez Solís sentenció a Contreras a cadena perpetua por cada uno de los homicidios y a 20 años más de cárcel por ser jefe de la “asociación ilícita” que preparó estos crímenes; a Pedro Espinoza, subjefe de la Dina, con 20 años de prisión por cada uno de los homicidios y otros 20 años por ser parte de la jefatura de la asociación ilícita; el general retirado Raúl Iturriaga Neumann, jefe del Departamento Exterior de la Dina, recibió dos condenas de 15 años y un día de prisión por “autoría de doble homicidio calificado”.Contreras, Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga ya se encontraban en prisión, donde actualmente purgan numerosas penas debido a otras causas por violaciones a los derechos humanos. l