El Justo Reclamo

Exhibe la CDHDF a las policías

Emilio Álvarez Icaza

raúl monge

MÉXICO, D.F., 8 de julio (apro).- Poco antes de las nueve de la mañana de este martes, un par de horas antes de rendir su informe sobre la tragedia en la discoteca New’s Divine, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, recibió en sus oficinas de avenida Chapultepec al jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubón, a quien le entregó el resultado de su propia investigación, acompañado de una recomendación –la número 11/2008--, derivada de los acontecimientos en que perdieron la vida nueve jóvenes y tres policías durante un fallido operativo policiaco efectuado el pasado 20 de junio.Casi cinco horas después de ese encuentro, Ebrard anunció en el patio del edificio del antiguo Ayuntamiento la dimisión del secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, e informó que también tenía sobre su escritorio la renuncia del titular de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), Rodolfo Félix Cárdenas, aunque nunca precisó si ésta última la aceptaría. El propio Félix Cárdenas se encargó de confirmar su salida por la noche. En un breve mensaje, dejó en claro que su actuación en la investigación sobre el caso New’s Divine se apegó, en todo momento, a la ley. Por instrucciones del Jefe de Gobierno del DF el subprocurador de Procesos, Miguel Mancera, quedó a cargo del despacho. Mancera es el único subprocurador ajeno al equipo de Félix Cárdenas y eso fue motivo suficiente para ambos chocaran desde un principio. Previamente, Ebrard había dado posesión a Manuel Mondragón y Kalb como subsecretario de Seguridad Pública, en sustitución de Luis Rosales, a quien la CDHDF responsabiliza de haber ordenado la detención y traslado de los jóvenes que se encontraban en la discoteca ubicada en la delegación Gustavo A. Madero, y de elaborar el plan de acción del operativo con posterioridad a los hechos.Mondragón y Kalb fungía hasta hoy como secretario de Salud y una vez que el presidente Felipe Calderón, quien se encuentra de gira en Asia, avale su nombramiento podrá asumir la secretaría de Seguridad. Las labores policiacas no le son desconocidas, debido a que en la administración anterior, cuando Ebrard Casaubón estuvo al frente de la SSP, el ahora exsecretario de Salud se desempeñó como subsecretario del ramo.Por la tarde, Álvarez Icaza, festinó la decisión de Ebrard. Dijo que la renuncia de Ortega Cuevas y de Félix Cárdenas abre una oportunidad para que se haga justicia y se realicen las investigaciones adecuadamente."Es una oportunidad extraordinaria para la ciudad, para repensar sus instituciones y su política pública en materia de justicia y de seguridad, pero sobre todo de juventud", dijo.Y añadió que "ellos tendrán que dar cuenta de sus actos, nosotros no tenemos competencia para destituir ni sancionar”.
El informe
Antes de que se produjeran los cambios en el gabinete de Ebrard, Álvarez Icaza había rendido un informe sobre los sucesos ocurridos el pasado 20 de junio y, en su mensaje final, había deslizado la necesidad de que los titulares de la SSP y PGJDF dimitieran a sus cargos. Así lo dijo: “Esta institución no tiene facultades para sancionar o destituir a servidor público alguno, lo que si queremos decir es que la Comisión tiene la plena convicción de que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos–, de carácter individual, colectivo y estructural.Esto implica –dijo—diferentes niveles de responsabilidad, pero, sobre todo, afirmamos, categóricamente que a la luz de los derechos humanos, los titulares de las tres entidades públicas relacionadas con los hechos en la discoteca New’s Divine; esto es, Jorel Ortega Cuevas, Rodolfo Félix Cárdenas y Francisco Chiguil Figueroa (exjefe delegacional en la GAM) tenían cuando menos una responsabilidad ética ineludible en la tragedia ocurrida en la discoteca.
Ante los padres de las víctimas, Álvarez Icaza deslindó responsabilidades:
A las autoridades de la GAM, las acusó de haber tolerado el funcionamiento de la discoteca a pesar de no reunir las condiciones mínimas de seguridad. Más aún, dijo que un servidor público de esa demarcación “levantó ilegalmente” la clausura definitiva que pesaba sobre ese establecimiento y que en 2007 las autoridades tuvieron una segunda oportunidad de clausurar definitivamente el local, pero aclaró que nunca lo hicieron.Sobre el operativo en sí, el ombudsman capitalino sostuvo que el objetivo real del operativo fue el de asegurar a un grupo numeroso de personas. “Hoy está claro que la autoridad sabía que la mayoría de esas personas eran preadolescentes cuya falta grave, en todo caso, era la de consumir cerveza. Sabemos también que en el lugar nos e encontraron drogas. Esta evidencia permite concluir que el objetivo real del operativo era la realización de una redada”.Esto último, dijo, queda claro al comprobarse que la diligencia de Verificación pudo haberse realizado sin el uso de medios violentos ni espectaculares y sin la presencia de la fuerza pública. “La diligencia de Verificación fue un pretexto para ingresar a la discoteca sin orden judicial, lo que confirma que se trataba de una redada”, dijo.Según la CDHDF, la planeación del operativo tampoco previó escenarios de riesgo ni menos aún una estrategia qué solventara alguna contingencia, como finalmente sucedió. “La investigación demuestra que el estado de fuerza previsto no sólo fue excesivo, sino que estaba, de origen, condenado a la descoordinación. Con la falta de previsión se puso en riesgo la vida y la integridad de muchas personas, sobre todo de los menores de edad”.En su informe, Álvarez Icaza aseguró, así mismo, que “la actuación y las decisiones de las policías preventiva y Judicial durante el operativo crearon una trampa que cobró la vida de niños, niñas y adolescentes que lo único que hacían era divertirse”.De igual forma, cuestionó la manera “negligente y desorganizada” con que respondieron a la emergencia. “Estamos hablando de la desatención que tuvieron las víctimas y de la manera irrespetuosa e insensible con que las autoridades trataron a las víctimas sobrevivientes y a los deudos”.El presidente de la CDHDF aclaró que en esa parte, la responsabilidad no recae únicamente en la policía. Dijo que también alcanza a médicos y paramédicos del ERUM, servidores públicos del anfiteatro y Ministerios Públicos.Pero lo que más indignó al ombdusman capitalino fue que las autoridades capitalinas hayan continuado con las violaciones a los derechos humanos de los jóvenes retenidos después de la tragedia.
Acusó:
“Las autoridades involucradas, aún en los más altos niveles, permitieron y continuaron con las violaciones a los derechos humanos de los jóvenes que fueron trasladados a las instalaciones de la SSP y, posteriormente, al Ministerio Público. Se les retuvo contra su voluntad, se les privó de su libertad, se les humilló, se les marcó con plumones y a las mujeres se les desnudó. Estos eventos no pueden considerarse como hechos aislados: configuran prácticas sistemáticas e institucionalizadas que es imprescindible desmontar”.Luego de reiterar que la tragedia pudo evitarse, Álvarez Icaza habló de los múltiples obstáculos que encontró durante el desarrollo de la investigación.En primer término, inculpó a la SSP por ofrecer, deliberadamente, información incompleta con el afán, dijo, de ocultar datos relevantes para la investigación. Particularmente, se refirió a las fotografías y los videos que entregó la SSP que, de acuerdo con tres peritos en la materia consultados por la CDHDF, fueron editados. Con base en todos esos elementos, la CDHDF emitió la recomendación 11/2008 que incluye 40 observaciones, de las cuales 34 fueron dirigidas al Jefe de Gobierno y seis al Director General Jurídico y de Gobierno y encargado del despacho en la GAM.Como reparación del daño, Álvarez Icaza pidió a Ebrard y al encargado del despacho de la GAM que ofrezcan una disculpa pública a las víctimas y familiares de éstas, así como diseñar políticas públicas dirigidas a jóvenes y mujeres.En el deslinde de responsabilidades la PGJDF no quedó exenta. El titular de la CDHDF denunció que personal de esa dependencia negó el acceso a la indagatoria y cuando envió información solicitada ésta llegó incompleta.A pesar de esos contratiempos, dijo que la Comisión generó suficientes elementos de convicción para afirmar que durante los primeros 15 días de la investigación, la PGJDF violó los derechos humanos de las víctimas y de testigos. “Las víctimas de los hechos fueron doble y triplemente victimizadas por los servidores públicos que participaron en las distintas etapas del operativo”.Álvarez Icaza repudió en particular la actuación del médico legista que obligó a 10 menores a desnudarse “para constatar la edad”.También acusó al Félix Cárdenas de actuar con parcialidad y de falta de profundidad en su investigación.
Fundamentó:
“De la investigación realizada se advierte que en un primer momento se intento inculpar únicamente al personal del establecimiento mercantil. Posteriormente, la actitud investigadora cambió para dirigirse ahora a algunos servidores públicos de la SSP, favoreciendo en lo general a miembros de la PGJDF que participaron en los hechos, aplicando las reglas del debido proceso en forma diferenciada para inculpar o exculpar s determinadas personas.El presidente de la CDHDF puso como ejemplo el trato que recibieron los testigos de la PGJDF y los 12 mandos de la SSP que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. “Mientras que a estos últimos se les detuvo en la agencia del MP por 36 horas, el personal de la PGJDF que acudió a declarar y posteriormente fue consignado, pudo retirarse del lugar inmediatamente después de la diligencia.La CDHDF documento otras anomalías: la declaración de cuatro elementos de la SSP esposados en las sillas; la retención de testigos por más de 30 horas continuas; la superficialidad y la parcialidad de algunas actuaciones ministeriales.En su mensaje final, Álvarez Icaza dijo que los hechos documentados generan una gran “indignación”, “rabia” e “impotencia”.Estos acontecimientos, añadió, son un ejemplo emblemático del deterioro de las instituciones, pues reflejan de manera descarnada la incapacidad del Estado para proteger a los ciudadanos.
Y remachó:
“Son evidencia de una concepción en torno de la seguridad pública y la procuración de justicia que no tienen en el centro de su concepción el respeto a los derechos humanos ni a los ciudadanos como eje de acción”.