Para el alcalde de León, Guanajuato no se puede considerar como violatorio de los derechos humanos lo que hemos visto en los videos difundidos por la prensa local, por más degradante, doloso y torturante que sea, pues se trata de actividades que se hacen bajo consentimiento de los torturados, y en esta autorización descansa toda la supuesta legalidad del maltrato.
En ningún precepto legal conocido cabe la autorización como forma atenuante o anulante de delito alguno, mucho menos de aquellos que atentan contra los derechos básicos de las personas, afirmar lo que dicen las autoridades municipales de León implica decir que la voluntad de los individuos está por encima de la preservación del derecho que es tarea del Estado. Es, bajo cualquier punto de vista, un argumento totalmente inconsistente y ofensivo.
El hecho real, fuera de los argumentos que han esgrimido las autoridades sobre este tema, es lo que vemos en los videos y lo que suponemos a partir de ellos, y sorprende e indigna que a estas altura de la evolución democrática nacional, las fuerzas de seguridad, encargadas precisamente de preservar el derecho, estén empleando formas de "instrucción" que nos remiten al oscurantista medioevo o a los regímenes fascistas.
El llamado grupo de élite de policías municipales que recibía esta instrucción, según el dicho de los propios funcionarios municipales, de la misma forma desde 1995, lo hacía por voluntad propia y bajo consentimiento de las prácticas que se realizaban. No hay afirmación más falaz, pues resulta inadmisible que persona alguna acepte ser torturado, sin que exista coacción de por medio. El ridículo en que han caído las autoridades por lo dicho al tratar de explicar este tipo de actividades es mayúsculo y pone la voz de alerta acerca de la facilidad con que se violan los derechos básicos.
La pregunta es si estos funcionarios creen que la ciudadanía puede confiar en alguien que ha pasado por este tipo de "entrenamiento", el problema de la seguridad pública es uno de los grandes temas nacionales, a lo largo de toda nuestra geografía nacional existen severos focos rojos en muchos aspectos, y la aparición de estos video da una muestra clara de la problemática que enfrentamos, pues las fuerzas del orden son tratados como víctimas y a través de ello convertidos en victimarios.
Lo que hemos visto, y más aún, el cinismo con que se han conducido los funcionarios debería ser suficiente para que las fuerzas federales o estatales pidieran su destitución inmediata, es una ofensa para los ciudadanos no sólo del municipio en donde se dio a conocer esto, sino de todo el país el que se lleven a cabo este tipo de practicas. La tortura es inadmisible bajo cualquier argumento, no existe excusa alguna para que un Estado la solape.
El entrenamiento en tortura que el municipio de León daba a su cuerpo de élite policíaca es un hecho terrible, de la peor índole, debe ser reprobado y sancionado de manera ejemplar en todos los niveles, desde que funcionarios que lo ejecutaba y los que lo autorizaban. Además es necesario transparentar hasta sus últimas consecuencias la forma en que se operaba estas prácticas, quiénes y por cuánto dinero lo hacían, no hay argumentos para ocultar a los ciudadanos la forma en que opera su gobierno.
Soy Edna Lorena Fuerte y mi correo es ednafuerte@gmail.com para sus comentarios, gracias. Cd. Juárez, Chihuahua a 09 de Julio del 2008
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