El Justo Reclamo

Espías

Eduardo Medina Mora

jorge carrasco araizaga

MEXICO, D.F., 11 de julio (apro).- Cada cierto tiempo, en México se reeditan los escándalos por el uso político del aparato de seguridad e inteligencia. Una de las principales críticas al régimen del PRI fue la persecución que hacía de sus opositores valiéndose de los servicios de información que estaba en manos del secretario de Gobernación en turno.Durante décadas, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS) estuvieron completamente fuera de la ley. Pertenecían a la estructura burocrática de Gobernación, pero carecieron de regulación más allá de sus reglamentos internos conocidos sólo por algunos cuantos.Fueron vitales en la represión de movimientos como el de los médicos, ferrocarrilero y estudiantil, así como en la persecución de los opositores políticos. Desde luego, durante la Guerra Fría también fueron muy útiles para el seguimiento que le encargaba la CIA a los extranjeros que llegaban de los entonces países socialistas.Fueron aparatos que le sirvieron al régimen autoritario para sobrevivir. Estuvieron al servicio del priismo más que a la seguridad del Estado mexicano.Cuando la DFS hizo crisis a mediados de los ochenta, infiltrada por la delincuencia y el narcotráfico, el gobierno de Miguel de la Madrid decidió desaparecerla, pero sin tener nada para sustituirlo en una tarea que es vital para cualquier Estado, así sea autoritario o democrático.Después de varios experimentos con ese aparato, el gobierno de Carlos Salinas creó en 1989 el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Muchos de los antiguos elementos y mandos de la DFS siguieron en el nuevo aparato de seguridad. Otros se fueron a la entonces Policía Judicial Federal de la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Judicial del DF, a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina o los gobiernos estatales.Creado por decreto presidencial siguió sin contar una un marco legal y actuando al servicio del gobierno en turno más que para la seguridad del Estado mexicano, como lo demostró el conflicto armado en Chiapas o el escalonamiento del narcotráfico hasta el grado de descontrol en que se encuentra ahora.En la última etapa del priismo fueron recurrentes los escándalos por el marcaje que hacía de los opositores, incluido a Vicente Fox.Cuando llegó a la presidencia, Fox prometió una reestructuración del Cisen para que dejara de perseguir a los opositores políticos y se concentrara en las tareas de seguridad nacional.Si en principio no supo cómo hacerlo –como lo demostraron las disputas entre su secretario de Gobernación, Santiago Creel, y su consejero de seguridad nacional, Adolfo Aguilar Zinser– más temprano que tarde admitió tácitamente la utilidad política que le representaba el Cisen tal y como estaba.Nombró entonces a un advenedizo en la materia: Eduardo Medina Mora, ahora titular de la PGR, quien prometió una propuesta de reestructuración que como tantas promesas del foxismo quedó en el olvido. Medina Mora supo aprovechar el aparato en beneficio personal y del foxismo. El propio Fox ya sabía de la utilidad política de estos servicios, como el que creó en Guanajuato cuando era gobernador y que tuvo que cerrar cuando fue descubierto. En las elecciones de 2006, el Cisen concentró sus actividades en marcarle el paso a Andrés Manuel López Obrador y su entorno.Como director del Cisen a Medina Mora le tocaron las negociaciones en el Congreso para que por primera vez en la historia de México el aparato civil de seguridad del Estado mexicano quedara sometido a una ley.Por fortuna, su ánimo privatizador de algunas funciones del Centro y de restringir aún más la información por él generada, fue rechazado. Pero el resultado fue una ley de Seguridad Nacional que supuestamente regula los servicios de inteligencia del país, aunque en realidad estuvo más dirigida a la operación del Cisen. Esa ley dispone que una supuesta supervisión por parte del Congreso a través de una comisión bicameral. Pero es una comisión sin fuerza, a la que el Cisen le informa lo que quiere, pues no está obligado a informar sobre lo que el Congreso quiera investigar.Peor aún, el Cisen contrató a una empresa para que hiciera una investigación sobre los integrantes de la Cámara de Diputados, como lo dio a conocer la revista Proceso desde junio de 2007.A más de tres años de vigencia de esa ley, que entró en vigor en enero de 2005, el resultado es el mismo: el aparato que debe estar al servicio de la seguridad nacional sigue al capricho del habitante de Los Pinos en turno, incluso con su disminuido secretario de Gobernación.No es ninguna novedad que se espíe a los opositores. Lo hizo el PRI. Lo hizo Fox. Lo hacen Felipe Calderón y los gobernadores. Lo ha hecho Marcelo Ebrard en el DF y los gobernadores. Es parte de los vicios y del juego sucio de la cultura política mexicana, que más allá del escándalo ha quedado siempre en la impunidad.
jcarrasco@proceso.com.mx