Medios en ecuador: situación conocida

Editorial

La incautación por el gobierno de Ecuador de tres canales de televisión del grupo financiero privado Isaías, y la decisión del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión de ese país de no renovar las licencias de 14 radioemisoras empresariales que han incumplido con los términos de sus respectivas concesiones, ha desatado una intensa reacción de las derechas políticas y mediáticas del continente, las cuales acusan al presidente Rafael Correa de atentar contra la libertad de expresión y buscar perpetuarse en el cargo. El episodio refleja con nitidez los dilemas de las sociedades latinoamericanas ante el control de las frecuencias radiales y televisivas por conglomerados privados monopólicos o duopólicos y ante las distorsiones que ese control introduce en el disfrute de los derechos a la libre expresión y a la información. México no es ajeno a este debate, y por ello resulta pertinente reseñar brevemente lo ocurrido en el país andino.

Por principio de cuentas, las confiscaciones de los canales Gamavisión, TC-Televisión y Cablevisión no constituyen de ninguna manera “ataques a la libertad de expresión”, sino procesos de recuperación de propiedad pública que acabó siéndolo debido a una operación de rescate bancario muy semejante —aunque a escala mucho menor— a la emprendida en nuestro país por el gobierno de Ernesto Zedillo, en alianza con los legisladores de Acción Nacional, para cubrir los malos manejos de quienes entonces detentaban la posesión de las entidades bancarias privatizadas en el sexenio anterior. Los tres canales referidos formaban parte de las propiedades de Filanbanco, del Grupo Isaías, cuyos propietarios, exonerados de responsabilidades hace una década mediante el rescate referido, son actualmente prófugos de la justicia ecuatoriana. La no renovación de concesiones a 14 radioemisoras es una determinación distinta e independiente, adoptada para hacer cumplir las leyes y disposiciones en vigor, por más que los defensores del periodismo oligárquico pretendan vincular ambos hechos y caracterizarlos como una campaña contra la libertad de expresión.

Estos hechos hacen pertinente recordar que, hoy en día la censura y los obstáculos a la libertad de expresión no proceden, como en el pasado, del poder público, sino principalmente de los propietarios de los medios, y que el principal riesgo para el ejercicio informativo es el uso de estos medios para promover y defender los intereses corporativos de sus dueños. Incluso se ha dado el caso de que los conglomerados mediáticos sean utilizados para emprender el asalto a las instituciones democráticas, como lo hicieron Fernando Collor de Mello en Brasil (1990) y Silvio Berlusconi en Italia (1994, 2001 y 2008). El primero no pudo eludir las acusaciones de corrupción, pero el segundo ha conseguido, mediante la combinación del poder político público y del mediático privado, mantener una total impunidad, pese a que desde hace décadas se conocen sus vínculos con la mafia y con la logia delictiva P2, que buscaba, precisamente, hacerse del control de los medios informativos italianos. Los Isaías de Ecuador, que pertenecen a esa clase de hombres de negocios, hoy son presentados como mártires de la libertad de expresión.

En realidad, el ruido en torno a las incautaciones de los canales televisivos por el gobierno de Correa es una defensa de la libertad irrestricta de hacer dinero mediante la utilización inescrupulosa y abusiva de concesiones de frecuencias que son, como ocurre en México, propiedad de la nación y no de los concesionarios. Al igual que allá, el control de tales concesiones otorga a los dueños de los medios un poder de chantaje casi ilimitado sobre funcionarios públicos y representantes populares, como pudo constatarse en las postrimerías del foxismo, cuando la mayoría de los senadores de la República doblaron las manos ante el duopolio que controla la televisión abierta y aprobaron una llamada ley Televisa que constituía un abierto atraco al país y un total sometimiento de la soberanía. En nuestro país los concesionarios y algunos de sus empleados han llegado incluso a invocar la defensa de la libertad de expresión para pedir amparo ante la nueva versión constitucional que limita y regula la propaganda política televisada, la cual ha representado para las televisoras y radioemisoras privadas un jugoso negocio a expensas del erario.

En suma, la libertad de expresión se ensanchará en la medida en que se regule, controle y limite la injerencia de los poderes fácticos empresariales en los medios informativos, y para ello se requiere de gobiernos comprometidos con la pluralidad, con sentido de país y con una base de legitimidad y de sustento popular, como es el caso del actual gobierno ecuatoriano.