Boletín Informativo ISA núm 527

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Sumario:

I. 40 años después, por Alejandro Encinas

II. Inseguridad, ¿provisional?, por José Luis Piñeyro

III. ¿Ahora terrorismo?, por Pablo Moctezuma Barragán

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40 AÑOS DESPUÉS
por Alejandro Encinas
(publicado en El Universal el 27 de septiembre de 2008)

Amanecía el 2 de octubre de 1968. Los diarios anunciaban: “Crecimiento mayor a 7% en 68”; “Cancela Nixon su visita a México”; “La UNAM reanuda labores y estudiantes asamblea”. Un desplegado clamaba: “México entero con Díaz Ordaz”.

Ningún medio daba cuenta de la reunión que sostendrían representantes del gobierno federal y del Consejo Nacional de Huelga, ni de la concentración que se celebraría en Tlatelolco en respuesta a la advertencia de Díaz Ordaz: “No queremos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario... Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos”. Para su gobierno existía un plan internacional de subversión, concebido en La Habana y en Praga, en el que participaron mexicanos de organizaciones políticas de izquierda como el Movimiento de Liberación Nacional y el Partido Comunista, entre otros.

En conferencia de prensa, el 27 de julio, tras los primeros actos de represión, Luis Echeverría, secretario de Gobernación, y Alfonso Corona del Rosal, regente del DF, atribuyeron los sucesos a “agitadores de ideología comunista” que se proponían “desprestigiar a México” aprovechando la cercanía de los Juegos Olímpicos. El gobierno no entendía que el movimiento estudiantil canalizaba la asfixia impuesta por un régimen autoritario que en las últimas décadas, al cobijo de un crecimiento económico sostenido y una falsa estabilidad política, impedía cualquier espacio de participación política al margen del aparato de control corporativo del poder.

Las heridas derivadas del aplastamiento a la huelga ferrocarrilera de 1959, de la represión al movimiento magisterial en los 60 y del asesinato de Rubén Jaramillo y su familia continuaban abiertas.

El 13 de septiembre se realizó la marcha del silencio y se demandó el dialogo público. El 14, el CNH recibió un comunicado oficial que aceptaba el diálogo, pero la noche del 18 el Ejército tomó CU y luego el Casco de Santo Tomás. La represión aumentó.

La mañana del 2 de octubre se celebró el encuentro entre gobierno y estudiantes. El primero no aceptaba condiciones —el diálogo público—. Ante la eventualidad de romper pláticas, aceptaron consultar con Díaz Ordaz la propuesta. Por la tarde la respuesta: la matanza en Tlatelolco. El 3 de octubre, la prensa acreditaba: “Recio combate al dispersar el Ejército un mitin de huelguistas”; “Tlatelolco, campo de batalla”; “Durante varias horas terroristas y soldados sostuvieron recio combate”.

Los Juegos Olímpicos se celebraron. Díaz Ordaz asumió la responsabilidad por los sucesos. Pero el país había cambiado, a pesar de la obstinación del régimen. Años después Echeverría insistiría: “La composición de estos pequeños grupos de cobardes terroristas... integrados por jóvenes surgidos de hogares en proceso de disolución, niños de lento aprendizaje, adolescentes con un mayor grado de inadaptación que la generalidad, son estos grupos fácilmente manipulables”.

Pese a su miopía, el país cambió. Como estableció José Revueltas: “Nuestra sentencia ya está decidida de antemano. No depende de nuestros supuestos delitos. Nada tiene que ver con los principios constitucionales, con el respeto a la democracia, la ley o el derecho. Nada tiene que ver con la realidad, aunque sus efectos sean muy reales, en los años de cárcel que a cada uno de nosotros le corresponda. Está decidida porque ‘en el cielo de nuestro destino (político) con el dedo de Dios se escribió’... Y todos sabemos quiénes son ese Dios, quién es ese Tlacaltecuhtli sexenal, que ata los vientos y desata tempestades. Pero ¿podrá detener el tiempo de la historia?”. Cuarenta años después no pueden.

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INSEGURIDAD, ¿PROVISIONAL?
por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 27 de septiembre de 2008)

Felicitaciones a Miguel Ángel Granados Chapa

Hay analistas que consideran que la inseguridad pública va a ser solucionada, pues es un fenómeno coyuntural y no estructural. Ningún indicio apoya esta visión defensora de la gubernamental guerra contra el crimen.

Por ejemplo, el narcotráfico ha realizado cambios cualitativos y cuantitativos muy importantes en su accionar, como son: el acto de terrorismo contra la población en Morelia es algo inédito; antes el temor se propalaba vía torturados o decapitados; el cambio en cantidad lo muestra el aumento anual de narcoejecutados, que para este año hasta hoy arroja 3 mil 330 personas; el incremento del control territorial en ciertas regiones y la presencia en todo el territorio; el aumento de la base de apoyo social, de la capacidad bélica (comandos paramilitares, mejor armamento y tácticas) y de infiltración en las instituciones del Estado, la economía (campo, comercio, industria y finanzas) y la sociedad al margen de la condición económica o social; el impulso a la drogadicción desde la infantil pasando por la juvenil hasta adultos y asimismo a la narcocultura.

Frente a este trágico escenario se insiste que las causas básicas de la criminalidad son la corrupción y la impunidad en ciertas instituciones del Estado, allí hay que dar la batalla para poder ganar la guerra anticriminal.

Otros analistas insistimos en que corrupción e impunidad no son las causas, sino los efectos de un régimen político presidencialista y autoritario que toleró, pactó o en el mejor de los casos controló al crimen profesional, el cual se ha fortalecido exponencialmente en los últimos 25 años al margen de gobiernos nacionales monopartidistas o de alternancia.

La respuesta gubernamental al panorama descrito ha sido el modelo incremental: a mayor delincuencia, mayor presupuesto para contar con más policías, mejor equipo y armamento y agentes judiciales (ministerios públicos, jueces, etcétera) con sueldos e instalaciones decorosos, cuando lo que se requiere no son más policías y jueces, sino mejores en el plano administrativo y operativo.

Según el cálculo de Pedro Peñaloza, de 1994 a 2007 se ha gastado la escandalosa cantidad de 94 mil 300 millones de ¡dólares! para combatir la delincuencia sin que esto haya significado una disminución sustancial del índice delictivo (La Jornada, 24/IX/08).

La propuesta de Calderón para el presupuesto federal de 2009 contempla un aumento de 20 mil 800 millones de pesos para seguridad pública, de un total de 102 mil millones, esto, en detrimento del gasto para educación, salud y seguridad social. La Secretaría de Seguridad Pública federal recibirá el mayor aumento: pasará de 20 mil 700 millones en 2008 a 31 mil millones en 2009.

Su titular, en la pasada comparecencia legislativa, ante las críticas sobre la situación de inseguridad sólo atinó a decir que “hay un rezago histórico en las policías. Tenemos un deterioro estructural de años en la parte del perfil del policía. Esto nos obliga a cambiar lo que hoy tenemos de fáctico y discrecional, en lo que el ingreso se limita sólo a una evaluación que es referencial y no obligatoria en todo el país”.

Lo histórico estructural es la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, los minisalarios, el desastre ambiental, la corrupción y la impunidad que reproduce de forma ampliada un sistema económico que genera inseguridad estructural. Los gobernantes sexenales priorizan la seguridad pública en detrimento de la seguridad social, laboral, educativa y ambiental. Urgen estadistas.

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¿AHORA TERRORISMO?
por Pablo Moctezuma Barragán

El acto terrorista de Morelia y el baño de sangre de los últimos tres meses coincide con el avance del Movimiento en Defensa del Petróleo y busca crear un clima de pánico entre la población que ayude a justificar la ingerencia norteamericana en un México “ingobernable”: impulsar la militarización y medidas fascistas de control sobre la población para cerrar el paso al movimiento democrático que busca transformar nuestro país en un México soberano, en el que podamos vivir en bienestar, paz y seguridad.

El lunes 23 de septiembre en una cena con la Foreign Policy Association en Nueva York, Felipe Calderón señaló que si EU y México quieren ganar la guerra deben trabajar juntos, como socios cercanos y recalcó que los grupos de delincuentes en México representan una amenaza para la seguridad nacional de EU. Al día siguiente en la ONU habló del terrorismo y dijo que en el mundo actual hay desafíos que no reconocen fronteras. Así dio otro paso para la integración y subordinación militar de México ante EUA.

En el pasado México ha sido un país con una política propia que era capaz de oponerse a Washington: se negó a romper relaciones con Cuba, promovió el Tratado de Tlaltelolco contra la proliferación de armas nucleares, se rehusó a colaborar en la invasión a Corea y luego a la República Dominicana, etc.

En las últimas décadas Washington impulsó políticas a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para desmantelar la soberanía económica y política de México. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, significó la subordinación de nuestra economía, el ASPAN (Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte), la subordinación política. El neoliberalismo ha llevado gradualmente a la desintegración de México, en beneficio de EUA.

Fox y Calderón firmaron la integración en materia de seguridad y energética con George W Bush. Y muy agresivamente, EUA ha presionado a México para obligar a unirnos a su “lucha contra el terrorismo”, ayudar en sus guerras imperiales e implementar medidas fascistas que nieguen las garantías individuales.

Bush en 2002, al anunciar Las Estrategias de Seguridad de los EU, se adjudicó el derecho de actuar en todo el mundo para imponer la economía de mercado y garantizar la seguridad energética y atacar a quien considere una amenaza a sus intereses.

Luego del derrumbe de las Torres Gemelas, EUA organizó el Comando Norte en el año 2002. Este pretende incluir todo el territorio de América del Norte desde Alaska y Canadá hasta el sur de México, para “salvaguardar la seguridad de Norteamérica”.

Desde la firma del ASPAN el 23 de marzo de 2005, EUA ha insistido en incluir a México en el Comando Norte y en su “lucha contra el terrorismo”.

En México no se ha aceptado la integración al Comando Norte a pesar de los esfuerzos de Fox y Calderón en ese sentido. Y las presiones se han intensificado; en febrero de 2006, Negroponte, director de inteligencia de EUA, declaró: México junto con Haití se encuentra en la lista de países de alto riesgo, en cuanto a la penetración del narcotráfico y crimen organizado debido a la incapacidad del gobierno para combatir el clima de violencia e inseguridad que se ha hecho patente en la frontera norte, la cual es vulnerable a la penetración de terroristas.

Pero en aquellas fechas no podía hablarse de acciones terroristas en México. Aún así Bush y Calderón acordaron la Iniciativa Mérida o Plan México para subordinarnos militarmente a EUA.

Hoy, ante la situación mundial y de Latinoamérica los planes geoestratégicos de EUA incluyen necesariamente el control total de México. Como nunca antes les urge adueñarse de nuestro petróleo (Fox nos convirtió en el segundo proveedor de EUA), riquezas, población y territorio. Como plataforma para su lucha hegemónica.

En julio de 2008, luego de 58 años, EUA puso a funcionar la IV Flota Naval que cuenta con armas nucleares, para enfrentar la oposición de Venezuela, Bolivia, etc., en Latinoamérica y aspira a implementar bases militares en México. En Colombia ya tiene seis bases.

EUA haría cualquier cosa para crear el clima en el que nos incluyamos en “la lucha contra el terrorismo” que les ha servido de pretexto para invadir Irak y Afganistán e intensificar su guerra por el Imperio Mundial. Así se las gastan, recordemos los autoatentados para iniciar guerras: el acorazado Maine en Cuba, el golfo de Tonkin en Vietnam, hundimiento del Potrero del Llano y el Faja de Oro en el Golfo de México para integrarnos a la Segunda Guerra Mundial.

México y su pueblo —consciente, unido y organizado— sabrá enfrentar ésta amenaza de EUA. Defendiendo nuestra soberanía y desarrollando una verdadera lucha por la SEGURIDAD que para nosotros radica en la defensa de los derechos de todos. Y que traerá paz y justicia en México.