Evitar la desmembración

Francisco Luna Kan

Poco nos duró el destello de esperanza que en notas pasadas publicamos con motivo de la reunión que tuvieron los responsables de la Salud del IMSS, del ISSSTE y el propio Secretario de Salud (SSA) con el propósito de encauzar la operatividad de hospitales, centros de salud, laboratorios, medicamentos y servicios de medicina preventiva con carácter general, es decir, para todos los habitantes del país, sin distinción de condiciones sociales, económicas, culturales y religiosas.
Notas de prensa señalan que habitantes de Metlatónoc, en la región mixteca de Guerrero, el 11 de julio pasado, obtuvieron amparo definitivo que obliga al gobierno estatal a “dotar de servicios médicos integrales a los habitantes de la localidad”. Las autoridades aseguran que en la población hay médico, enfermeras, medicina, una ambulancia y se construye un Centro de Salud que se terminará en 8 meses.
Por el lado del Golfo de México, las fiestas patrias del 13 de septiembre se conmemoraron en Veracruz con la aprobación de la mayoría priísta del Congreso Estatal para que el Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Salud de la Entidad use “servicios médicos subrogados a la iniciativa privada, hasta por 12 años en 11 hospitales de la Entidad”. Según La Jornada (13 septiembre 08), “el diputado de Convergencia, Sergio Baca, manifestó: “este es el primer paso para la privatización de la salud en el Estado”. A los críticos, el gobernador Fidel Herrera los calificó de exagerados y aseguró que “se ejercerán estos contratos pese a los amagos de denuncias penales”.
Por otra parte, en nuestro Estado, el Nuevo Hospital de Alta Especialidad (tercer nivel de salud) es objeto de críticas múltiples porque no funciona a toda su capacidad. Desde el inicio de su construcción, advertimos que estas instituciones de tercer nivel, para su correcta utilización se hacía indispensable que en el primero y segundo niveles de atención a la salud colectiva se estableciera un adecuado funcionamiento a fin de no confundir a la población demandante. En términos generales en los centros de primer nivel (consultorios y centros de salud) se puede atender sin mayor problema el 80% de los casos de enfermedades. Para el segundo nivel en hospitales de 20 a 300 camas se resolvería de 10 a 15% de los casos que demandaran atención especializada y sólo accederían al tercer nivel los enfermos que requieran elevada especialización. Por tales razones son instituciones regionales: en este caso el Hospital de Mérida tendría que ofrecer atención a personas enfermas de los Estados de Campeche, Quintana Roo, el propio Yucatán y tal vez de Tabasco, mediante un sistema eficiente de referencias y contrarreferencias de servicio hospitalario.
No habiéndose aplicado un programa específico de Educación Sanitaria, que en programación clásica lo ubica anteriormente a la obra, continúa en el desarrollo de la misma y prosigue al inicio de los servicios que presta, tendrá que iniciarse a posteriori utilizando todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, pero básicamente con los grupos organizados de la sociedad yucateca, comenzando con los trabajadores de los diversos servicios de salud: médicos, enfermeras, trabajadoras sociales. Con personal de las clínicas privadas. Escuelas, profesores y alumnos desde el nivel primario hasta los niveles profesionales universitarios y tecnológicos. Como cada miembro de la nueva institución hospitalaria debe participar activamente en el programa educativo, es indispensable que además de sus conocimientos médico quirúrgico asuma el compromiso de explicar las funciones de un hospital de alta especialidad y la población destinada a su cuidado. La tarea es ardua pero susceptible de realización y producirá los buenos resultados indispensable para los servicio del nuevo nosocomio.
En tanto constituyamos una sociedad nacional carente de sentimiento patriótico, el desarrollo económico y social continuará siendo diferenciado: con un Norte muy influenciado por el sistema de vida norteamericano y niveles de vida semejante a los países desarrollados. El centro del país con elevado nivel de bienestar de su población en tanto que en el Sur y Sureste el desarrollo es limitado, con vivienda precaria; elevado desempleo e índices sanitarios preocupantes por tener morbilidad y mortalidad arriba de la medida nacional.
Como se vive una era en que el narcotráfico se expande por casi todo el territorio nacional, la población vive la angustia del secuestro y el terrorismo. No obstante la intervención de las Fuerzas Armadas, no puede decirse que la población viva en paz y tranquilidad. A lo largo de todo el país se encuentran operando las mafias del narcotráfico. Las mismas entidades municipales, estatales y federales reconocen que sus cuerpos policiales están infiltrados con agentes del narcotráfico.
Lo más preocupante es que el régimen gubernamental nacional no parece entender que la tranquilidad social no depende exclusivamente de tener una policía eficiente, capaz y honesta, sino que le preocupa más el incremento presupuestal a las fuerzas policiacas. Lo que no debería olvidar es que la comunidad nacional, para vivir en paz y poner una valla al narcotráfico, demanda la creación de empleos, con salarios para satisfacer las necesidades urgentes. Un sistema organizado de educación en todos los niveles al que puedan tener acceso los jóvenes que terminen exitosamente sus estudios.
Igualmente se requiere un sistema eficiente de salud que ofrezca acceso a él en forma generalizada. México no destina siquiera el 1% de su PIB a la formación y trabajo de investigadores. “La Jornada” de días pasados reveló que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) nuestro país ocupa el penúltimo lugar en materia de ciencia y tecnología.
El Dr. Leonardo Ríos, director adjunto de Desarrollo Tecnológico de CONACYT, señaló, según el mismo diario, que la economía mexicana ocupa el 13 lugar a nivel mundial; pero sólo 3 mil empresas nacionales hacen investigación. En competivividad nuestro país ocupa el lugar 60 y el penúltimo en materia de investigación científica y tecnológica, con sólo 35,000 investigadores.
Para corregir las hondas diferencias en la sociedad nacional, es necesario que los gobernantes de todos los niveles entiendan que el desarrollo debe igualarnos en posibilidades reales porque, de persistir, abren resquicios para el crecimiento de las carencias que inducen a conductas marginarias a la ley.
Con las comparecencias de los Secretarios de Gobernación, de Seguridad Pública y del Procurador General de la República, en días pasados, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se hizo evidente que debemos los mexicanos, comenzando con los legisladores, hacer una seria reflexión de, dónde estamos y a dónde vamos. El país reclama gobernabilidad y no justificaciones para ocultar la ineficiencia del gobierno. Los que lo integran deben recordar que la Ley Suprema señala que la primaria responsabilidad del Estado es garantizar vida y bienes de los habitantes del país.