Jaime Martínez Veloz/ III
Después de cinco años de trabajo, mediante un nuevo esquema de relación intercomunitaria, los zapatistas han consolidado un sistema organizacional que ha favorecido la estabilidad interna que, a su vez, ha posibilitado procesar sus diferencias y fijar los lugares de encuentro para el desarrollo de sus comunidades.
Se dice fácil, pero ello ha requerido poner en práctica las experiencias acumuladas durante años por las comunidades y pueblos zapatistas. Ha sido aleccionador ver cómo se pueden concebir nuevas formas de interrelación comunitaria y entender lo que significa tener una responsabilidad a partir del mandato popular.
Sin aspavientos y alejados de los enfadosos e insustanciales postulados teorizantes, manejados entre críticos e intelectuales que se precian de interpretar el indigenismo, muchos asimilados al Estado y con responsabilidades públicas, los zapatistas se han dedicado a fortalecer su estructura de trabajo, consolidar sus fuerzas y redefinir esquemas tácticos propios de toda organización política y social. En muchos lados del país se preguntan: ¿qué hacen ahora los zapatistas? ¿Ya desaparecieron? No, los zapatistas se preparan para el futuro. Sus demandas siguen vigentes y la realidad cada día les da más razones a su causa.
No deseo descalificar esfuerzos sinceros que se han producido en estos ámbitos, pero desgraciadamente las definiciones en esta materia son impuestas con criterios cortoplacistas, ajenos a la complejidad de los pueblos y comunidades indígenas de México. Asimismo, es paradójico que aquellos que acusaban a los zapatistas de querer balcanizar al país o de frenar al Estado mexicano para ejercer pleno dominio sobre el territorio, sean los mismos que permitieron o se confabularon para ceder espacios territoriales al crimen organizado, cuya fuerza y capacidad de penetración y complicidad con los aparatos públicos es un hecho.
Ningún orden de gobierno, corporación policiaca, fuerzas armadas o entidad política ha estado exenta de ser penetrada o cooptada por el crimen organizado en México. La excepción de este fenómeno de descomposición ha sido el territorio y las fuerzas zapatistas que, desde un principio y con firme convicción y determinación interna, rechazaron tajantemente cualquier relación directa o indirecta con este cáncer que lastima y lacera la seguridad nacional.
Quienes esgrimían escandalosos argumentos de la irrenunciable potestad del Estado mexicano sobre todas y cada una de las partes del territorio mexicano y se escandalizaban por la presencia de una fuerza armada zapatista en una región mexicana, son los mismos que permitieron y se confabularon para que el crimen organizado se apropiara de regiones, corporaciones y penetrara hasta la médula del Estado mismo. Sería conveniente que Ernesto Zedillo, así como la miope fauna que lo acompañó en esa aventura desquiciante, explicaran el porqué de su espanto ante las justas demandas zapatistas y su laxitud ante las condiciones que ya se venían haciendo presentes en una cada vez más abierta estrategia del apoderamiento de las riquezas naturales del país en una relacion de convivencia y complicidad con el crimen organizado, donde ninguna institución mexicana, política, empresarial, policiaca, era ajena a este fenómeno, incluyendo al Ejército Mexicano, que, sin menospreciar sus aportaciones en el combate al narcotráfico y a la población civil en los casos de desastres naturales, ha sufrido el desgajamiento de importantes sectores de esa institución que se han incorporado como sicarios en algunas de los cárteles criminales que azotan al país.
Las bandas criminales saben que el único lugar del territorio mexicano donde no pueden negociar o imponer condiciones es en las regiones zapatistas, y quienes lo han intentado han tenido que sufrir las consecuencias de una acción de esta naturaleza.
La mínima acción que esté vinculada con algún hecho de esta naturaleza ha sido rechazada y castigada con todo el rigor. El EZLN ha demostrado desde su nacimiento una actitud firme y decidida en contra de cualquier hecho que lo vincule con hechos de terrorismo, de narcotráfico, secuestro o cualquier acción de carácter delictivo. Eso explica el apoyo nacional e internacional que ha obtenido la causa zapatista.
Más bien creo que en los postulados zapatistas están las coordenadas para confrontar con mayor eficacia al crimen organizado, que tiene sus principales soportes en la impunidad, ilegalidad y confabulación de intereses.
Reconocer a las comunidades indígenas como entidades de derecho público, implicaría que las comunidades urbanas y rurales tendrían las mismas condiciones y esto permitiría que cada comunidad tuviera conocimiento y dominio de lo que pasa en su territorio, así como de las actividades a las que se dedica cada uno de sus habitantes. Éstos, a su vez, tendrían mayor control sobre lo que acontece en sus comunidades y de esta manera se impondrían los correctivos necesarios ante cualquier hecho de carácter delictivo o de cualquier otro tipo.
Pretender combatir al crimen organizado con las mismas medidas de siempre es una estrategia destinada a un nuevo fracaso. La correlación de fuerzas le es desfavorable al gobierno. La única forma de combate exitoso es con un Estado organizado, respaldado por un pueblo organizado. Ésta es una aportación zapatista que subyace en las formulaciones del EZLN y que ha sido despreciada por los grupos que dominan a un Estado que fue complaciente o cómplice en la creación de una estructura política, social, económica y financiera, que permitió la creación del fenómeno de descomposición criminal que sufre el pueblo mexicano.
La única posibilidad de combatir con éxito la criminalidad que azota al país tiene que pasar por la construcción de un nuevo pacto social y un nuevo modelo de nación, donde deberán estar presentes los postulados zapatistas. Lo demás es y será bisutería.
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