Por María Luisa Vázquez
Además de desaparecer el esquema de “herencia de plazas”, en común acuerdo el SNTE y la SEP también pretende sustituir las escuelas normales por un sistema técnico, además obligar a presentar el llamado “examen de oposición” a los aspirantes a una plaza en el magisterio, razones por las que en varios estados del país los gobernadores se oponen a firmar la llamada Alianza por la Calidad de la Educación.
Aquí, aparentemente la mayoría del gremio magisterial ha visto cumplida sus exigencias económicas, sin embargo, ahora impulsan la salida de su líder estatal, Emilio Jiménez, impuesto en meses pasados por Elba Esther Gordillo.
Al menos 12 de los 31 estados de la República, además del Distrito Federal, han firmado el Acuerdo por la Calidad de la Educación, entre los que sobresale Guanajuato, Morelos, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas, Guerrero, Morelos y Quintana Roo, sin embargo, es en estos tres últimos donde actualmente se ha registrado la mayor inconformidad del magisterio, por considerar que pierden un derecho ganado, como la de vender o heredar sus plazas.
Aunque el gobierno de Félix González ya pactó con el magisterio un bono de 80 mil pesos para cada uno de los maestros que se vayan jubilando, así como beneficios para un familiar aspirante a una plaza, los maestros se mantienen en su postura de no regresar a las aulas.
Sin embargo, a lo largo de sus protestas han sumado otras que no estaban previstas, como: No a la privatización del petróleo; No al aumento a las gasolinas. Aunque su exigencia central es: Fuera Emilio Jiménez (dirigente estatal del SNTE); y Fuera Elba Esther Gordillo.
Mientras tanto, decenas de miles de niños y adolescentes, lo mismo que sus padres, se mantienen a la expectativa de que regresen a las aulas el próximo martes, una vez que pase el “puente” a propósito del aniversario de la Independencia de México.
De acuerdo a un foro que, en días pasados, celebró el diario capitalino La Jornada, a propósito de la puesta en marcha de la Alianza por la Calidad de la Educación, Hugo Aboites, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que con la alianza, y la aplicación del Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes es el inicio de privatizar la educación. Aboites señala que no es fortuito que los primeros en felicitar al gobierno federal por la firma de la alianza fueran “capitalistas de enorme peso, como Alfredo Harp Helú, ex presidente de Banamex, y María Asunción Aramburuzabala, dueña de la Cervecería Modelo”.
César Navarro, especialista del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, dijo que en términos “decorativos, la alianza se inscribe dentro de un discurso retórico, en el que se afirma que el mayor interés es por los niños y la calidad de la educación, pero el fondo real de su contenido no deja dudas. Estamos ante un Estado evaluador, entendida la evaluación como intervención”.
Con la aplicación de este modelo, la evaluación del maestro está sujeta a las tasas de rendimiento y aprovechamiento de los alumnos, “y no de las condiciones sociales que puedan influir en el proceso educativo. Es decir, se lleva el proceso de maquilización productiva a la escuela, donde el alumno es visto como un producto mercantil, lo que genera una práctica perversa”.
Sergio Espinal, secretario general del comité ejecutivo nacional democrático del SNTE, destacó que está en marcha un proceso de “desobediencia e insurgencia magisterial que puede desembocar en un proceso similar o superior al de 1989”, pues con la aplicación del examen de oposición “se da un golpe mortal al normalismo, porque prácticamente se dice que su currícula, su forma de enseñanza y su práctica en el aula, no sirven, lo que abre todos los espacios a la formación del magisterio en instituciones privadas”.
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