Lacayos en el “combate mundial” contra la piratería
Carlos Neo
En franco alineamiento con las políticas impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos, el 23 de octubre del 2007 y derivado del compromiso del Gobierno de México sobre la protección de los derechos de “propiedad” intelectual, se anunció oficialmente que participaría en discusiones preliminares conjuntas con Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Unión Europea, Suiza, Nueva Zelanda y otros países en una propuesta de un Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).
El Gobierno de México dice estar comprometido a mejorar la protección de “propiedad” intelectual nacionalmente, y asegura que la “piratería” y falsificación se han vuelto asuntos de escala mundial que requieren “soluciones internacionales”. Para ello se ha involucrado en discusiones de esta índole, incluyendo el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización Mundial de Comercio (OMC), Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).
El Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) propuesto por la administración Bush y considerado por los G-7, pretende establecer nuevos estándares, aún más elevados que los acuerdos ADPIC, para la observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI) y “combatir” de manera eficiente el crecimiento prolífico del comercio de bienes “piratas” y falsificados. Estos conceptos son en realidad eufemismos que ocultan una violenta política de criminalización de actividades y servicios culturales y tecnológicos que tienen como destinatarios a los mayoritarios sectores populares mexicanos, y del resto de países en desarrollo.
El ACTA incluye 3 áreas: a) incrementar la cooperación internacional, b) establecer mejores prácticas para la observancia; y, c) proporcionar un marco legal más efectivo para combatir la “piratería” y falsificación.
La cooperación entre las partes del acuerdo será un aspecto vital del ACTA – específicamente cooperación e intercambio de información entre las autoridades encargadas de la observancia, incluyendo aduanas y otras agencias responsables como las polacas, oficinas de marcas y patentes, derechos de autor, fiscalías y juzgados.
Algunas posibles disposiciones en esta área podrían incluir:
• Cooperación internacional entre autoridades encargadas de la observancia; y
• Capacitación y apoyo técnico para el mejoramiento de la observancia.
Los impulsores del ACTA creen que es crucial establecer mejores prácticas de observancia que promuevan una fuerte protección conjuntamente con los socios comerciales (en particular Estados Unidos y Canadá) y los titulares de los derechos (empresas disqueras, editoriales, tecnológicas, automovilísticas, farmacéuticas, etc, todas transnacionales). Estas prácticas deberán de apoyar la aplicación de las herramientas legales relevantes inlcuyendo la creación de leyes especiales.
Las áreas para posibles disposiciones incluyen:
• Grupos de asesoría formal o informal público/privada sobre piratería y falsificación
• Fomentar la existencia de peritos/expertos en propiedad intelectual, dentro de las estructuras de observancia de la ley para asegurar un adecuado trato a los casos que se presenten en materia de propiedad intelectual
• Medidas para el aumento de la concientización pública sobre la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual, así como también mostrar los efectos del detrimento causados por infracciones de DPI
El último pilar del ACTA incluye proveer a los ciudadanos, autoridades encargadas de la observancia y el poder judicial, las herramientas apropiadas para tratar de manera efectiva con la falsificación y “piratería” a través de un “fuerte y moderno” marco legal.
Las áreas para posibles disposiciones incluyen:
• Observancia en materia penal (equiparar la “piratería” -copia no autorizada por su autor- con delitos de mayor condena social como el narcotráfico y terrorismo)
• Medidas en frontera (aumento de controles)
• Observancia en materia civil (aumento de penas y multas)
• Piratería de discos ópticos (en realidad impulsada por las mismas compañías disqueras y aceptada por la mayor parte de los autores populares)
• Distribución vía internet e información tecnológica (eliminar los esquemas P2P y bitorrents)
Los participantes en la primera reunión formal discutieron la propuesta del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación que se llevó a cabo el 3 y 4 de junio de 2008, en la Misión Permanente de Estados Unidos en Ginebra, en cuya reunión los participantes discutieron los diversos aspectos del acuerdo.
Se trataron varios temas, siendo el principal “Medidas en Frontera”, particularmente la manera de actuar a petición de parte, así como el otorgar facultades para actuar de oficio, relacionado a los derechos de “propiedad” intelectual a gran escala. En este sentido, los participantes intercambiaban puntos de vista y diversos conceptos y acciones en sus legislaciones respectivas por lo que se acordó que el “trabajo substantivo continuará” en los meses venideros tratando de enfocarse en tema específicas para lograr el “mayor avance” posible.
Tentativamente se acordaría que la siguiente reunión sería a mediados de julio para continuar con las discusiones sobre medidas en frontera tomando en cuenta los comentarios y discusiones de esta reunión, así como también se explorarán temas en materia civil.
Asimismo, los participantes discutieron el compromiso futuro que deberán tener los interesados en la materia de “propiedad” intelectual, incluyendo diversas autoridades y al sector privado para proceder primero en el nivel nacional para identificar las posibles oportunidades para el futuro.
Las delegaciones participantes incluyeron a: Australia, Canadá, Unión Europea (representada por la Comunidad Europea y estados miembro, así como la Presidencia –Eslovenia-), Japón, Jordania –que no tiene mandato-, Corea, México, Marruecos, Nueva Zelandia, Singapur, Suiza, Emiratos Arabes Unidos y EUA.
Las discusiones en la propuesta del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación continuaron en Washington, DC del 29 al 31 de julio del presente. Los participantes que asistieron incluyeron a: Australia, Canadá, la Unión Europea (representada por la Comisión Europea y Estados Miembro, incluyendo la Presidencia -Francia-), Japón, Corea, Marruecos, Nueva Zelandia, Singapur, Estados Unidos y México.
Los participantes buscan terminar la negociación a finales de este año y reafirmaron su meta de “combatir mundialmente” infracciones de los derechos de propiedad intelectual (DPI), particularmente en el contexto de falsificación y piratería mediante el incremento de la cooperación internacional, fortalecimiento del marco de prácticas que contribuyen a una observancia eficiente y fortaleciendo dichas medidas de observancia de los DPI.
La reunión del 29 al 31 de julio ha sido la última de la serie de reuniones para el desarrollo de diversos aspectos del acuerdo propuesto. La discusión se enfocó en materia civil para infracciones de DPI, incluyendo temas como medidas preliminares, preservación de evidencia, daños y, cuotas legales y costos. Los participantes también continuaron con las discusiones previas sobre medidas en frontera de DPI.
Acordaron en seguir con consultas públicas a través de procesos nacionales así como compartir el resultado de este tipo de consultas en la próxima reunión y continuar explorando “oportunidades” en dichas consultas en relación a las reuniones futuras del ACTA.
Finalmente hicieron un importante “progreso” en estas discusiones y acordaron en continuar con su trabajo en otra reunión substantiva a realizarse en un momento conveniente para todos en un futuro cercano.
La “vanguardia” del gobierno de México en las políticas de criminalización de los sectores populares a través del nuevo instrumento “propiedad intelectual” es el inicio-continuación de una avanzada a escala mundial de políticas capitalistas corporativas que lanzan salvavidas de plomo para evitar su cada vez más cercano hundimiento.
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