Cobró ex presidente del IEPC de Jalisco $9.2 millones por renunciar

Arreglo con partidos para burlar a la SCJN

Juan Carlos G. Partida (Corresponsal)

Guadalajara, Jal, 14 de octubre. El Congreso del estado pagó nueve millones 23 mil pesos libres de impuestos al ex presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC), José Luis Castellanos, a cambio de renunciar al cargo antes de que terminara su gestión, a pesar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma electoral estatal que lo destituía.

Castellanos –quien no ha dado la cara desde que recibió el dinero– y la ex consejera Rosa del Carmen Álvarez López renunciaron, lo que permitió a los diputados sustituirlos sin contravenir la decisión de la SCJN. Álvarez López recibió 3 millones 702 mil pesos por firmar su salida acordada y tampoco se le ha vuelto a ver. Los diputados tenían en su lista de indemnizaciones a los consejeros Armando Ibarra Nava y Carlos Martínez Maguey, con cantidades similares a la pagada a Álvarez López, pero no mordieron la jugosa carnada y se quedaron en sus cargos.

Los diputados hicieron enroques para colocar a Sergio Castañeda como presidente. Además, sin justificación legal aparente, también indemnizaron al ex asesor del presidente del IEPC, Pedro Pablo Quintero, con 3 millones 50 mil pesos, y al ex secretario general, Manuel Ríos Gutiérrez, con un millón 200 mil pesos.

El 6 de octubre la SCJN analizó las reformas electorales que permitieron modificar la Constitución de Jalisco y el Código Electoral del estado, y declaró ilegal un artículo transitorio referente al cambio de consejeros y a una partida presupuestal de 25 millones para indemnizarlos.

Hasta ahora se han erogado más de 19 millones de pesos en indemnizaciones para cuatro personas. Ni siquiera los consejeros del Instituto Federal Electoral recibieron en agosto una liquidación tan generosa. La ex consejera Lourdes López, quien tenía 11 años en el instituto, recibió alrededor de 1.8 millones de pesos.

Después de mantenerlo en secreto más de un mes, el Congreso reconoció que sí autorizó, mediante el acuerdo 647-LVIII-08, aprobado por el pleno el 12 de septiembre, pagar de su presupuesto una partida especial de 25 millones de pesos para indemnizar a los consejeros. Además, determinó absorber el pago de impuestos.