El Justo Reclamo

Funcionarios federales, Oceanografía y Grupo Zeta buscan “desaparecer” Contralínea

La naviera Oceanografía y la trasnacional gasera Grupo Zeta amenazan a los periodistas de Contralínea y Fortuna. Luego de que los reporteros Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez documentaran, a través de ambas revistas, los supuestos actos ilícitos en que incurrieron las empresas junto con funcionarios de alto nivel de Pemex, sus accionistas iniciaron una campaña de acoso: amenazas de muerte y “desaparición”, así como demandas de carácter civil, consta en la denuncia presentada ante la CNDH.

Érika Ramírez

Tras el acoso, las amenazas y la persecución por parte de los funcionarios del gobierno federal y los contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex), los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez interpusieron una queja ante el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández. El 12 de septiembre pasado, solicitaron que se inicien investigaciones en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, de la Quinta Visitaduría.

El documento indica que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de México; José César Nava Vázquez, secretario particular de la Presidencia; Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación; Jesús Reyes Heroles González Garza, director general de Petróleos Mexicanos; Carlos Arnoldo Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción (PEP); José Antonio Ceballos Soberanis, director de Pemex Refinación, y Carlos Ramírez Fuentes, gerente de Comunicación Social de Pemex, han incurrido en violaciones a los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Dichos artículos prevén que todo servidor público tiene como obligaciones la salvaguarda de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento da lugar a sanciones.

La denuncia señala que, “por diversas vías, dichos funcionarios han vulnerado nuestros derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica e integridad física, así como nuestro derecho a no revelar las fuentes de información ni a ser hostigados en nuestro ejercicio profesional como periodistas. A pesar de ello, nos han presionado para que revelemos el origen de nuestra información, intentando con ello inhibir nuestra labor y pretendiendo que violentemos el secreto profesional”.

Oceanografía al asecho
Desde noviembre de 2004, Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez publicaron el contenido de una charla periodística sostenida con el entonces director de PEP, Luis Ramírez Corzo. En el encuentro, el qexfuncionario reveló que “era objeto de presiones” por parte del director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, para que la subsidiaria que encabezaba otorgara contratos millonarios para el arrendamiento de embarcaciones a la naviera Oceanografía, empresa en la que gestionaban los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún y su tío Guillermo Sahagún Jiménez, hermano de la esposa del expresidente Vicente Fox Quesada.

La cita se llevó a cabo en el Club de Industriales. Ahí, Ramírez Corzo aseguró que Raúl Muñoz Leos “recibía llamadas de Marta Sahagún Jiménez para que le otorgara contratos a la empresa Oceanografía”.

El exdirector de PEP solicitó que la entrevista no fuera grabada. Entonces aseguró que Oceanografía “no tenía capacidad técnica ni económica para ganar los concursos”. Según el propio funcionario, precisa la denuncia presentada ante la CNDH, “los contratos que hasta ese momento se le habían otorgado a la naviera eran por presiones de Los Pinos”.

Luego de la reunión con Ramírez Corzo, explica el documento, los periodistas abrieron líneas de investigación en las que descubrieron diversas irregularidades de la empresa naviera y su relación con los funcionarios públicos involucrados: “Tráfico de influencias, fraude, defraudación fiscal, evasión de impuestos y uso de documentos apócrifos para obtener créditos de la banca de desarrollo”.

Entre los servidores públicos que sobresalen en la investigación se encuentran: Felipe Calderón Hinojosa, César Nava Vázquez, Juan Camilo Mouriño, Raúl Muñoz Leos, Carlos Arnaldo Morales Gil, Juan Bueno Torio e incluso Luis Ramírez Corzo, quien revelara los negocios que hacía la familia política del presidente Vicente Fox en Pemex.

La información fue difundida en diversos medios como las revistas Contralínea y Fortuna, el diario Excélsior y la columna Oficio de papel, que publica Miguel Badillo todos los lunes en su portal de internet y en diversos diarios del interior del país.

Después de ello, en diciembre de 2004, Manuel Bribiesca Sahagún buscó a Badillo y le confirmó que su hermano Jorge Bribiesca y su tío Guillermo Sahagún eran comisionistas de la empresa naviera y que ellos mismos llamaban por teléfono a Raúl Muñoz Leos para pedirle que se le otorgaran contratos a dicha compañía, “porque de algo tenían que vivir”.

El hijo de la exprimera dama y el periodista se reunieron en dos ocasiones, en una suite del Hotel Camino Real, ubicado en la avenida Mariano Escobedo.
Según la queja que ahora investiga la Quinta Visitaduría General de la CNDH, la información publicada como “Hijos de Marta operan como gestores” (Contralínea, agosto, 2005), la Comisión legislativa encargada de investigar y revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública, otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma, atrajo el caso de la naviera Oceanografía como una línea de investigación para comprobar el posible tráfico de influencias de la familia del presidente.

Los legisladores solicitaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisara los contratos asignados por Pemex a la naviera, cuyos accionistas según el acta constitutiva son los empresarios: Amado Yáñez Correa, Amado Omar Yáñez Osuna, Carlos Daniel Yáñez Osuna, Samuel Yáñez Chaparro y Alberto Duarte Martínez.

La información publicada es veraz, dice la denuncia ante la CNDH: “Los organismos que auditaron los contratos, entre ellos la ASF, órgano máximo de fiscalización en México, comprobaron las irregularidades señaladas, como consta en los distintos informes que la ASF hizo públicos en 2005 y 2006.
“Hasta la fecha, ninguno de esos funcionarios ni la familia del expresidente Vicente Fox desmintieron lo publicado en la columna Oficio de papel y en las revistas Contralínea y Fortuna. Incluso, en 2007, una comisión de diputados y senadores, integrantes de la Comisión de Marina y de Derechos Humanos del Congreso de la Unión, acudieron a la Sonda de Campeche para verificar las supuestas irregularidades de la naviera Oceanografía”.

Demanda en tribunales
A raíz de las investigaciones periodísticas, en noviembre de 2007, los accionistas de Oceanografía demandaron a Miguel Badillo, por daño moral, ante el juzgado 15 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La denuncia fue interpuesta por su apoderado legal Alfredo Riverón Calzada. Se abrió el expediente 1030/07.

“Esa demanda no frenó nuestras investigaciones, máxime que diversas fuentes nos revelaban otros supuestos ilícitos que cometían los empresarios navieros ayudados por funcionarios públicos del sector energético, en contra del erario público”, dice la queja.

Para leer mas AQUI.