El Justo Reclamo

En riesgo el transporte escolar por unidades piratas

Cuidadanos en red

Lejos de ser un lujo, para muchos estudiantes el transporte escolar es una necesidad por la distancia entre su escuela y su casa. Desafortunadamente, una gran parte de las unidades son de dudosa procedencia, entonces, ¿en manos de quiénes está la vida de los alumnos?Las unidades de transporte escolar pirata, no sólo afectan a los estudiantes y a sus familias, también a los transportes escolares regularizados puesto que disminuyen sus ingresos. Así lo señaló Jorge, encargado de varias unidades escolares en la zona oriente: “Como en todo, los piratas siempre quieren llevarse una rebanada del pastel y eso nos perjudica porque disminuyen los ingresos de los que sí trabajamos conforme a la ley”.El problema es más evidente en las escuelas públicas pues, en la mayoría de los casos, no cuentan con su propio transporte escolar y los padres de familia tienen que recurrir al transporte privado. Lorena, estudiante de secundaria, comenta: “Mis papás trabajan y no tienen tiempo para venirme a dejar o a traer, por eso contrataron el servicio del transporte escolar privado porque la escuela no tiene el servicio”. A este respecto, Jorge señala que, “nosotros trabajamos para el servicio de la comunidad, tanto con escuelas públicas como privadas. La organización tiene unidades en varias zonas del DF y se puede decir que está reconocida. Anteriormente, este tipo de transporte era más solicitado por las escuelas privadas, pero las cosas han ido cambiando y se está utilizando cada vez más en las escuelas públicas”.

El costo del servicio varía dependiendo de la zona, distancia y colegio; el operador indica que “el costo es muy variable; nosotros cubrimos un circuito de tres a diez kilómetros, y en promedio cobramos 140 ó 160 pesos por semana a cada niño en escuelas públicas. Las privadas por lo general contratan un servicio de flotilla con dos o tres unidades y el colegio establece las tarifas que van desde 1000 a 1600 mensuales; de ese dinero sólo recibimos una parte proporcional por niño”. La falta de conocimiento de los padres de familia para identificar un vehículo escolar regularizado de otro que no lo es, ha sido una de las causas de la proliferación de unidades piratas: “La gente no sabe identificar las unidades escolares regularizadas de las piratas, porque no tienen el conocimiento necesario, por ejemplo, todas las unidades deben traer placas de transporte escolar, las cuales empiezan con un número y terminan con tres letras; deben estar rotuladas las puertas y la tapa trasera del vehículo con la leyenda “transporte escolar”; deben contar con un seguro que proteja a los estudiantes contra algún siniestro, a diferencia de un vehículo ‘pirata’ que no cuenta con dicho seguro, tienen placas comunes y corrientes y son inseguros para los niños”. Otro factor que ha influido en el crecimiento de unidades piratas es la vinculación que éstas tienen con las escuelas públicas. “Muchas escuelas, entre ellas, la secundaria 113, tienen acuerdos con los vehículos piratas porque perciben una parte del dinero que esas unidades les cobran a los padres de familia. La SETRAVI también tiene mucha culpa porque no vigila las escuelas y por eso no se da cuenta de los piratas que hay”.El proceso de regulación de varias unidades piratas y el cambio de las unidades escolares legales se encuentra detenido debido a que el GDF no cuenta con presupuesto para llevarlo a cabo: “Marcelo nos había pedido que cambiáramos las unidades por unas más recientes pero, como no hay presupuesto, se detuvo el proceso: además nos quiere pagar 10,000 pesos por cada unidad con placas incluidas y para mi eso es una burla porque no sirve ni para el enganche”.

El conductor finalizó: “Nuestras unidades son seguras, por todas las razones expuestas, de hecho, ante el secuestro de una unidad con estudiantes en Santa Fe, solicitamos el apoyo de una patrulla que nos acompañe durante el recorrido, para extremar precauciones”. Los padres de familia tienen la obligación de investigar la unidad de transporte escolar que piensan contratar, con la finalidad de saber en qué manos ponen la seguridad e integridad física de sus hijos. Por su lado, las escuelas también están moralmente obligadas a no fomentar los actos corruptos, recibiendo dinero de los vehículos piratas, ya que pierden autoridad y credibilidad como institución y directamente fomentan la piratería, un servicio inherentemente inseguro para los usuarios.