El Justo Reclamo

Todos somos criminales

Gloria Leticia Diaz

Instrumentada durante los últimos gobiernos priistas, la criminalización de la protesta social se consolidó durante la administración de Vicente Fox. Y en lo que va del gobierno de Felipe Calderón "la política represiva tiende a institucionalizarse", señala un informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (TDT).
Ese documento, que analiza 60 casos de represión y judicialización de movimientos sociales durante el primer año de Calderón, menciona que en ese lapso hubo 427 detenidos, nueve asesinatos, 72 privaciones ilegales de la libertad y al menos 189 personas abandonaron sus comunidades; así mismo, expone que se mantienen órdenes de aprehensión en contra de dirigentes de ocho organizaciones ciudadanas.
La Red TDT, que aglutina a 59 organismos civiles y tiene presencia en 20 estados y en el Distrito Federal, señala en su informe sobre la campaña "Protestar es un derecho, reprimir es un delito" que durante 2007 se registraron 60 agresiones contra movimientos sociales en 17 entidades, principalmente en Jalisco, Oaxaca, Coahuila y Chihuahua.
Así mismo, distingue dos tipos de casos: los que tienen que ver con inconformidades por proyectos económicos (32), y aquellos relacionados con la criminalización de la protesta social (28).
En entrevista, el secretario ejecutivo de la red, Édgar Cortez Morales, explica que en 2006, al hacer su agenda de trabajo, los organismos de la red decidieron incluir la defensa de los derechos de mujeres, colectivos de pueblos indígenas, económicos, sociales, culturales, así como temas de seguridad y justicia, de organismos públicos de derechos humanos y de defensores y defensoras.
Entonces, dice, detectaron que cuando había una expresión civil organizada, se consideraba como criminales a los dirigentes, sobre todo si se trataba de comunidades indígenas que protestaban cuando el Estado intentaba imponer proyectos de desarrollo excluyentes o bien los avalaba.
Según Édgar Cortez han surgido experiencias organizativas de todo tipo contra un modelo de desarrollo que no considera a las comunidades originarias; sus integrantes han ganado las calles para exponer sus causas y buscar apoyo entre los partidos políticos. La respuesta gubernamental ha sido invariablemente la represión, la criminalización de la protesta.
"No hay diálogo ni búsqueda de soluciones políticas; las autoridades acusan a la gente organizada y la califican de delincuente, le inventan cualquier delito sin someterla a un juicio. Eso es judicializar los conflictos sociales", explica.
Y abunda: "No es una práctica exclusiva de algún gobierno en particular; lo mismo hacen los priistas que los panistas y los perredistas. En el fondo, los partidos plantean un modelo de desarrollo que finalmente excluye, por ejemplo, la garantía de consulta a las comunidades. Todos los gobiernos están usando el derecho penal como mecanismo de contención social."
El informe de la red menciona que hay 21 proyectos económicos gubernamentales en zonas indígenas y rurales de 14 estados cuyo propósito es apropiarse de los recursos naturales o explotarlos. Y es ahí donde se han organizado los pobladores para defender su entorno.
El derecho a la protesta
Los organismos civiles afiliados a la Red TDT también documentan 28 movimientos sociales en 16 entidades que fueron víctimas de acciones represivas policiacas.
Dice el informe: "La aplicación de medidas represivas se utiliza para detener cualquier acción de protesta social, con el argumento de garantizar el estado de derecho". Sin embargo, agrega, "14 casos señalan que la protesta tenía como finalidad exigir el respeto a los derechos laborales, educativos, políticos y culturales; mientras que el resto están relacionados con la defensa y acceso a los recursos naturales (principalmente agua, tierra y recursos forestales)". Todos estos son derechos que el Estado está obligado a respetar.
El documento registra diversos casos de represión: la colocación de retenes militares en la zona wixarica en Jalisco y el conflicto de la mina de Pasta de Conchos; 11 en los que se documentó la criminalización de la protesta social, entre los que enumera las movilizaciones contra el Proyecto de Desarrollo Social en Chihuahua; la detención de Pedro Alvarado Delgado, un observador en el conflicto de San Salvador Atenco, Estado de México; reactivación de una orden de aprehensión contra el coordinador del Comité de la Radio La Palabra del Agua, David Valtierra, en la zona amuzga de Guerrero.
Asimismo documenta 11 casos, entre éstos un operativo policiaco contra la población del municipio de Bochil, Chiapas, donde se detuvo a 63 personas; la intervención policiaca en Texcoco y en San Salvador Atenco; la represión a miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y la manifestación contra George W. Bush en Mérida, Yucatán.
Édgar Cortez asegura que la Red TDT concluye que durante los últimos gobiernos priistas y los dos panistas el Estado legitimó la represión contra actos de protesta social, y lo hizo a través de las modificaciones a los códigos penales "definiendo delitos que se aplican con mucha facilidad a los movimientos sociales".
El activista adelanta que el domingo 26 los organismos que conforman la red que él dirige se manifestarán en el Zócalo de la Ciudad de México para protestar por la agudización de la política represiva. La criminalización de la protesta social, dice, "es ahora una política constante y permanente de todos los gobiernos", por ello urge reivindicar la protesta como un derecho, como "un aporte a la calidad de la democracia, sobre todo en sociedades tan desiguales y tan inequitativas como la nuestra".
Cortez asegura que frente al discurso de "ubicar a la protesta social como una acción inadecuada" debido a la toma de avenida Reforma por los seguidores de Andrés Manuel López Obrador durante el conflicto poselectoral de 2006, el evento programado por la red en el Zócalo capitalino también es un intento de "reivindicar la idea de que la calles y las plazas no sólo son espacios de tránsito; también son espacios de debate público. Eso no lo debemos perder de vista". l