¿Accidente o atentado?

Ricardo Monreal Avila

A las víctimas del fatal acontecimiento del 4 de noviembre.

Seguramente lo ocurrido el martes 4 de noviembre en la Ciudad de México, donde perdieron la vida el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y ocho personas más, fue un lamentable accidente aéreo, pero las declaraciones contradictorias, la falta de información oportuna y la tardanza en las investigaciones podrían convertirlo en un probable atentado.En este tipo de sucesos trágicos, siempre se establece una relación perversa entre el rumor y la información. Entre la especulación y la verdad. Entre la imaginación y la realidad. Sin embargo, también se ha aprendido que a mayor información, menos capacidad corrosiva tendrán el rumor, la especulación y la imaginación colectiva.El referente histórico en México de un accidente aéreo políticamente relevante fue el ocurrido el 4 de junio de 1969 en las inmediaciones de Monterrey. Ese día una nave comercial en la que viajaban el líder del PRI, Carlos Madrazo Becerra y su esposa, se estrelló en el Cerro del Fraile, sin registrarse un solo sobreviviente. A 39 años de distancia aún persisten las dudas sobre este evento: accidente o atentado, predominando esta segunda interpretación, a la que se atribuye incluso una motivación presidencial y una adjetivación precisa, “Crimen de Estado”. En los últimos años se han registrado dos accidentes aéreos de servidores públicos relevantes. Ambos en el 2005. En febrero muere el gobernador de Colima, Gustavo Vázquez Montes, y seis personas más, al desplomarse su avión en el estado de Michoacán. “Falla mecánica”, determinó el dictamen. Sin embargo, todavía en Colima se habla de un posible atentado político, dado el contexto político de crispación en el que se había dado la elección.Siete meses después, en septiembre, en el Estado de México, muere el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, y ocho personas más, entre ellas el tercer visitador de la CNDH, José Antonio Bernal Guerrero, al estrellarse el helicóptero en que viajaban. “Error humano” fue el dictamen, al atribuirse al piloto haberse adentrado en un banco de niebla con escasa visibilidad, tratando de no demorar una gira oficial del secretario de Estado. Sin embargo, a tres años de este accidente aún persiste la duda sobre las causas del mismo y el espectro del atentado no se ha diluido, máxime cuando trascendió que el visitador de la CNDH había recibido amenazas de muerte por parte de narcotraficantes unos días antes.El accidente del secretario Martín Huerta ha quedado como ejemplo de lo que no debe hacer el gobierno en el manejo de una crisis como la vivida actualmente. La percepción de un atentado aquel miércoles 21 de septiembre de 2005 nació de situaciones específicas: un vacío informativo de casi siete horas; un documento oficial de la CNDH dando cuenta de la amenaza recibida días antes por su tercer visitador; un evidente descuido y alteración de la escena de la tragedia; una ceremonia de Estado con dos féretros vacíos y otro más deliberadamente ausente y distante (el del funcionario de la CNDH, cuyos familiares decidieron velarlo aparte); y una confesión del entonces vocero presidencial, Rubén Aguilar, en el sentido de que en esa nave fatídica no viajaba solamente un amenazado de muerte, sino alguien más visible y de peso: el propio secretario de Seguridad Pública. Con este pésimo antecedente en la memoria, seguramente el gobierno federal ha decidido atajar las versiones del atentado que como reguero de pólvora corrieron minutos después de la tragedia. Para tal efecto, determinó hacer públicas las últimas conversaciones entre el piloto del avión oficial y la torre de control, integrar una comisión investigadora técnica con especialistas y peritos extranjeros, así como dos conferencias de prensa del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, cuyo mensaje central es de por sí revelador: “no debe descartarse que haya sido un accidente”. Es decir, el secretario está reconociendo que la postura dominante en la opinión pública es la del atentado.La percepción de un posible atentado no nace de la nada. Emerge del contexto político, social y económico en el que vive el país. En primer término, el país se encuentra inmerso en una ola de inseguridad, que tan sólo en el presente año registra cinco mil ejecuciones. En segundo lugar, el gobierno se encuentra en una guerra contra la delincuencia organizada, que ha dado cuenta de varias víctimas en las filas gubernamentales. En tercer lugar, en la nave viajaban dos responsables de alto nivel de esa guerra oficial: Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos. En cuarto término, Santiago Vasconcelos había sido retirado de la PGR por las amenazas de muerte recibidas y al menos por dos atentados fallidos en su contra. En quinto lugar, el gobierno se encuentra inmerso en una “operación limpieza” en su interior, tocando intereses de la red de complicidades entre funcionarios de seguridad y la llamada “delincuencia organizada”, que en realidad es delincuencia protegida.Frente a este contexto proclive al “sospechosismo” y a la especulación, hace bien el gobierno en tratar de atajar la versión de un presunto atentado. Sin embargo, no debe hacerlo en términos exclusiva o excesivamente propagandísticos. Lo que sigue ahora en adelante es exigir pulcritud pericial, limpieza procesal y transparencia judicial en la investigación de la tragedia. Si en realidad aconteció un lamentable accidente, que no lo diga de manera a priori la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Que lo concluya de manera a posteriori una investigación profesional y técnica.¿Accidente o atentado? Es importante que esa investigación profesional, técnica e imparcial no tarde demasiado. Desde ahora, la desconfianza popular podría imponerse a la “versión oficial” y, a medida que transcurran los días sin información convincente y sin la “verdad verdadera”, crecerá la postura a favor del atentado. La difusión de las conversaciones entre la nave y los controladores no aporta ninguna explicación. Al contrario, confirma que todo iba normal y, de repente, sobrevino la tragedia. Esas conversaciones hacen más urgente una explicación profunda y no sólo una reacción mediática. Nada más lamentable para la salud pública del país que las causas de esta tragedia se definan por la percepción y no la investigación, por el prejuicio y no el juicio, por las fallas humanas y no mediante los fallos técnicos.
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