Por Enrique Cisneros Luján
Todavía no se ha hecho la investigación sobre el avionazo en el que murió el Secretario de Gobernación y el gobierno de Calderón, para no mostrar que está débil ante los narcotraficantes, ya declaró que la caída del avión fue un accidente, que no hubo sabotaje.
Nuestra versión es otra y se sustenta en el sentido común basado en las informaciones que se han generado.
Nuestra hipótesis es que la fuerza del narcotráfico es tal que tuvo la posibilidad de poner una bomba en el avión donde viajaba el que se puede considerar vicepresidente de México y hacerla estallar a unos metros de la Casa Presidencial de los Pinos, inclusive con la posibilidad de que se impactara en ese lugar……. uuuufff.
Desde luego que esto no lo va a aceptar Felipe Calderón y su equipo, pero deberán preguntarse, si fue así ¿qué tan cerca están de poder eliminar al Presidente espurio que les declaró la guerra?
Respecto a las causas de la caída del avión las autoridades se debaten en clarificar la versión de que si hubo o no llamado de emergencia del piloto, afirmando que no la hubo. El sentido común indica que si hubiera habido falla mecánica hubo la posibilidad de pedir auxilio, sin embargo todo fue repentino, en cuestión de segundos, por lo que es más lógico el hecho de que hubo un fuerte estallido en el avión lo que impidió cualquier maniobra.
Eso lo confirman versiones de testigos que fueron publicadas en varios medios en las que afirman que vieron fuego en el avión antes de caer. Una de ellas declaró: "el avión llevaba una colita de luz, luego se fue como en picada, como si hiciera un medio círculo y en dos segundos, explotó", describió Adriana Romandía, quien iba circulando en su auto sobre el Periférico a la altura del Paseo de la Reforma cuando ocurrió el accidente (El Universal).
Por otra parte, las mismas autoridades declararon que no era un avión viejo, que por el contrario estaba en muy buenas condiciones mecánicas. También han declarado que no hay probabilidades de que la caída de avión se haya dado por turbulencias generadas en el aire por otra nave.
El hecho de que en el avión viajaran funcionarios que estaban amenazados por el narco, e inclusive el responsable de la supuesta guerra contra los narcotraficantes, lo hace un objetivo militar de absurda guerra que declaró Calderón.
Las primeras declaraciones que hizo Calderón fueron en el sentido de que no los iban a amedrentar y que no bajarían la guardia en la lucha que se plantearon. Hasta 12 horas después hablaron de que fue un accidente.
El gobernador de San Luis Potosí declaró que previamente al vuelo la nave estuvo vigilada por el Estado Mayor Presidencial ¿Acaso el narco no tiene infiltradas las altas esferas militares?
Todo indica que ese avión fue derribado en vuelo con un artefacto que previamente fue colocado en la nave y activado en el momento en que consideraron conveniente. Si las autoridades se obstinan en negarlo ellas son las que se están condenando a que les vuelva a suceder y el principal blanco para los narcotraficantes será, muy pronto, Felipe Calderón.
Ojalá nos equivoquemos pues de lo contrario significaría que México ya es un narco-estado.
Lean por favor esta sola nota de CONTRALINEA para que vean de quien se trata
Conflictos de interés de Mouriño en Pemex
En los periodos en que Juan Camilo Mouriño Terrazo presidió la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y fue subsecretario de Energía, la empresa Ivancar, de la cual es accionista, recibió de Pemex adjudicaciones directas por casi 100 millones de pesos para el transporte de hidrocarburos. Dichos contratos fueron formalizados por el actual secretario de Gobernación
En entrevistas de televisión y prensa escrita, lo mismo en México que en Europa, Juan Camilo Mouriño Terrazo ha insistido que cuando decidió dedicarse al servicio público se deslindó por completo de los negocios familiares –la mayoría de ellos, ligados al sector energético–; sin embargo, contratos asignados por Pemex Refinación a la empresa Transportes Especializados Ivancar, SA de CV (TEISA), propiedad de la familia Mouriño, fueron firmados por Juan Camilo en el periodo en que se desempeñaba como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, lo que supone conflicto de intereses en Pemex del hoy secretario de Gobernación.
En 2003, cuando se integró como asesor del entonces titular de la Secretaría de Energía (Sener), Felipe Calderón Hinojosa, los montos que obtuvo Ivancar en Pemex se incrementaron en un ciento por ciento. En el periodo en que Calderón lo nombró su vicecoordinador de la campaña presidencial, su compañía obtuvo, por primera vez, un contrato multianual de carácter transexenal por casi 40 millones de pesos, que concluirá hasta el próximo 31 de diciembre. Ni uno sólo de los contratos que Refinación ha otorgado a Ivancar ha sido sometido a licitación pública.
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La empresa
Ante la notaría pública 60, de Tizapán, Distrito Federal, el 2 de agosto de 1985 ocho accionistas crearon la empresa Transportes Especializados Ivancar, SA de CV, con domicilio fiscal en Campeche, y cuyo objeto social va desde la transportación y distribución de gasolina, diesel, aceites, lubricantes y sus derivados, hasta la distribución de refacciones o la operación de loncherías, la operación de títulos de crédito o la construcción de fábricas.
De acuerdo con su acta constitutiva (número 46850), TEISA se creó con un capital social de 5 millones de viejos pesos, divididas las acciones de la siguientes manera: Juan Carlos Merelles Díaz, 50 acciones; María del Carmen Vázquez Aguirre, 100; Santiago Espósito Semerena, 200; Esther Janeiro Barros de Merelles, 50; María de los Ángeles Terrazo Blanco, 250 acciones; Manuel Carlos Mouriño Atanes, originario de Vigo, Pontevedra, mexicano por naturalización y padre de Juan Camilo Mouriño, 200 acciones.
Además: Juan Carlos Lorenzo Relloso, nacido en Corcores Orense, mexicano por naturalización, con 25 acciones, y Sinforiano Miguel Benedicto Javier Maza Ruiz, originario de Miera, Santander, mexicano por naturalización, 125 acciones. Espósito Semerena aportó tres camiones marca Dina modelos 1975, 1981 y 1982, respectivamente, con los cuales comenzó a operar la compañía. Se designó a Mouriño Atanes como administrador único.
Seis años atrás, el padre del actual secretario de Gobernación había llegado a México, junto con su esposa María de los Ángeles Terrazo Blanco, y sus tres hijos: Carlos, Juan Camilo y María de los Ángeles, todos nacidos en Madrid. Afectado por una fuerte crisis económica, el hoy propietario del equipo de futbol Real Club Celta de Vigo arribó al Distrito Federal para trabajar en los negocios de hoteles y panaderías de sus suegros.
Con una participación inicial del 45 por ciento de las acciones, en menos de seis años los Mouriño Terrazo se convirtieron en dueños de TEISA. El 13 de junio de 1986, según acta protocolizada ante Jorge Luis Pérez Cámara, notario 18 de la ciudad de México, María del Carmen Vázquez Aguirre cedió sus acciones a Evaristo Vásquez Cendón. El 10 de abril de 1987, Evaristo Vásquez, Juan Carlos Lorenzo y Juan Carlos Merelles transfirieron sus acciones a Mouriño Atanes y Miguel Maza Vázquez. En noviembre de ese año, Esther Janeiro Barros cedió sus acciones a Mouriño Atanes, así que, junto con el otro 25 por ciento que poseía su esposa, tenían ya el 80 por ciento de la compañía.
El 13 de agosto de 1991, integraron como accionistas a sus hijos Juan Camilo, Carlos y María de los Ángeles, con 100, 60 y 60 acciones, respectivamente. En la misma operación, salieron de la empresa Sinforiano Miguel Benedicto Javier Maza Ruiz y Miguel Maza Vázquez. El total de las acciones quedó en manos de los cinco integrantes de la familia Mouriño.
El 8 de noviembre de 1994, cambiaron el acta constitutiva argumentando nuevos requerimientos de Pemex Refinación para obtener franquicias de gasolineras. Juan Camilo fue designado secretario del Consejo de Administración. El 24 de mayo de 1995, Mouriño Atanes, a la sazón administrador general, designó apoderados legales a sus hijos Juan Camilo y Carlos. El 31 de octubre se les ratificó en el cargo, ampliando sus facultades “de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como a hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos”. Se modificó también el objeto social de Ivancar para quedar de la siguiente manera: “El objeto principal de la sociedad será la comercialización de gasolinas y diesel, suministrado por Pemex Refinación, así como lubricantes marca Pemex”.
El 25 de febrero de 1997 crearon Grupo Energético del Sureste (GES), cuyo objeto social, según el acta constitutiva, es “operar como empresa controladora de todo tipo de sociedades” –que poco después absorbería a Ivancar–. El 27 de mayo de 1999 trasladaron el 99 por ciento de las acciones de Ivancar a GES (María de los Ángeles Terrazo, 380 acciones; Juan Camilo, 100 acciones; y Carlos 100 acciones). Sólo una quedó a nombre de Manuel Carlos Mouriño. Como apoderado legal de GES se designó a Juan Camilo.
Paulatinamente, GES recibió 37 franquicias para operar gasolineras en Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Desde entonces se convirtió en un negocio redondo: los camiones de Ivancar transportan los hidrocarburos con los que Pemex abastece a las gasolineras del corporativo. Como negocio adicional, Ivancar transporta el combustible a otras estaciones de servicio en fletes contratados por la paraestatal.
Política como negocio
El mismo año en que los Mouriño constituyeron el GES, a sus 26 años de edad, Juan Camilo se convirtió en diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) por el quinto distrito en Campeche. Mientras se desempeñó como legislador en el Congreso del estado dirigía el corporativo. Hasta 1999, cuando se le promovía como uno de los favoritos a la lista del partido en las diputaciones federales vía plurinominal –para las elecciones de julio de 2000–, de forma temporal el GES designó apoderado legal a Pedro Uc Dzul, según escritura pública número 6 del 17 de febrero.
Sin embargo, fue hasta el 27 de mayo de ese año cuando Juan Camilo Mouriño, según acta de asamblea (certificada ante el notario público 46 de Campeche, el 29 de junio) trasladó su potestad como apoderado de las compañías a su padre y hermano. En el documento, en el cual Lucila del Carmen Gamboa, notaria 46, asienta que a Mouriño Terrazo “se le previno previamente acerca de las penas en que incurre quien declara falsamente ante notario público, en términos de lo que establece el artículo 218, fracción IV, del Código Penal del Estado en vigor”, Juan Camilo declaró ser mexicano por nacimiento.
Tres años atrás, en agosto de 1996, según nota del diario El Sur de Campeche, había ingresado a México desde Tampa, Florida, utilizando un pasaporte expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España a través de su consulado en Miami, lo que le valió que se impugnara el que ocupara puestos de elección popular que por mandato constitucional están reservados para los mexicanos.
Previo a la justa electoral en la que “el gobierno del cambio” llegó a Los Pinos, decenas de prestadores de servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex) instalados principalmente en Ciudad del Carmen y Campeche viraron el tradicional apoyo económico y moral que por años dieron a políticos del tricolor, convencidos por Carlos Medina Plascencia y los operadores de la asociación Amigos de Fox de que el Partido Revolucionario Institucional perdería las elecciones. La familia Mouriño fue uno de estos apostadores, tradicionalmente priistas. Tanto Carlos Mouriño Atanes como su hijo Juan Camilo coordinaron la campaña de Fox en la región peninsular: Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
El proselitismo tenía un interés claro: en una hábil estrategia, los empresarios condicionaron su apoyo económico y moral a que se les incluyera en los cargos de elección popular. Así, personajes como Jorge Rubén Nordhausen González y Juan Camilo Mouriño Terrazo, contratistas de Pemex, llegaron al Congreso federal, acaparando las comisiones de Energía –neurálgicas para los contratistas de la petrolera– tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
El historial en Pemex
A los 29 años de edad y a menos de 40 meses de su incipiente ingreso en la política, el madrileño Juan Camilo Mouriño Terrazo se convirtió en el diputado federal más joven del PAN en San Lázaro. Cuando ya presidía la Comisión de Energía, el 6 de noviembre de 2000, la familia citó a asamblea general extraordinaria a sus accionistas. En la reunión se ratificó a los hermanos Juan Camilo y Carlos como apoderados de GES e Ivancar, otorgándoles “poder general amplísimo para pleitos y cobranzas”, para ejercerlos de manera indistinta e individual, según acta. El documento se certificó al día siguiente ante el notario público 18 de Campeche, Tirso René Rodríguez de la Gala.
Un mes después, Ivancar recibió dos contratos que Refinación le adjudicó de forma directa, cuyo monto ascendió a 7 millones de pesos para el transporte de hidrocarburos. El primero de ellos, el GTT-0142-03/2000, por 555 mil 150 pesos, vigente del 4 al 31 de diciembre de 2000, fue formalizado por Irma Alejandra Rodríguez Baeza, gerente de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, y Manuel Carlos Mouriño Atanes. Aunque en el contrato se establece que la antigüedad máxima permitida para los tractores que utilice la transportista es de ocho años, el parque utilizado por Ivancar tenía entre 10 y 20 años.
El 20 de diciembre de 2000 se le adjudicó el contrato GTT-0142-01/2001, por 6 millones 856 mil 722.82 pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001. El documento fue firmado por Rodríguez Baeza, a nombre de Pemex, y Juan Camilo Mouriño, como apoderado de Ivancar.
El 14 de julio de 2001, las gasolineras de la familia del legislador fueron las primeras en recibir el certificado de calidad ISO-9002 que otorga Pemex, en un acto al que asistió el entonces gobernador de Campeche, Antonio González Curi, y algunos funcionarios de la paraestatal y de las administraciones estatal y municipal. El evento fue publicitado por el área de Comunicación de Pemex.
Cuatro meses antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2001, el 8 de agosto de 2001, se le otorgó un monto adicional del 20 por ciento al establecido en el contrato inicial, con el mismo periodo de vigencia, según el documento GTT-0142-M/2001, firmado también por Juan Camilo Mouriño.
El 28 de agosto recibió el contrato GTT-0142-02/2001 por 2 millones 100 mil pesos, vigente de agosto al 31 de diciembre de ese año. Once días antes de que concluyera el contrato, se le adjudicó el número GTT-0142-01/2002, por 7 millones 859 mil 627 pesos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002.
El ascenso de Jesús Villarreal Gallegos al frente de la gerencia de Transporte Terrestre resultó benéfico para los Mouriño. Sus ingresos por fletes de hidrocarburos se incrementaron. Dicho funcionario está actualmente bajo indagatorias de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y de autoridades judiciales, relacionado con las investigaciones que se ventilan sobre los supuestos actos de corrupción del actual senador Juan Bueno Torio en la asignación de contratos para distribución de hidrocarburos tanto vía terrestre como marítima en Refinación.
Antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2002, Ivancar recibió dos adjudicaciones directas que sumaban 16 millones 600 mil pesos, mediante el contrato GTT-00142-01/2003, formalizado el 20 de diciembre de 2002 por Jesús Villarreal Gallegos y Juan Camilo Mouriño, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003.
Los beneficios de Juan Bueno
Un año clave en las inversiones de la familia Mouriño fue 2003: mientras que Juan Camilo se volvió mano derecha del hoy presidente Felipe Calderón en Sener, el corporativo familiar incursionó en el mercado de la comida rápida y las lavanderías, con franquicias de Burger King, Benedettis Pizza, Church’s Chicken, Tortas Locas Hipocampo, Baskin Robbins, Tintorerías Max, GES Autowash, Tiendas GES Express. Los beneficios en Pemex también se incrementaron.
En Refinación, Juan Bueno Torio impuso el denominado Plan Piloto de Transporte Dedicado, que consistía en incrementar las tarifas que la paraestatal paga a las transportistas, además de abrir nuevas rutas para la distribución de hidrocarburos por autotanque, disposición hecha al margen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de fijar las tarifas.
El 3 de marzo el Consejo de Administración de la subsidiaria presidido por el mismo Bueno Torio, autorizó a un grupo de transportistas 40 rutas adicionales en Guadalajara, Rosarito, Tijuana, Madero, Ciudad Valles, Ciudad Mante y Gómez Palacio. Decidió también que Pemex les pagara una tarifa de 104 mil pesos para el traslado mínimo de 8 mil kilómetros, y 9.10 pesos por cada kilómetro extra a partir de los 8 mil kilómetros por el transporte de petrolíferos. Entre las beneficiadas, además de las compañías de su familia, estaba Autotransportes Flensa –en la que es accionista Javier Fox Quesada, hermano de Vicente Fox–, y también Ivancar.
Al respecto la SHCP emitió un extrañamiento al Consejo de Administración de Pemex Refinación por la discrecionalidad en la aplicación de las tarifas en el transporte de hidrocarburos, a partir del Plan Piloto de Bueno Torio. A juicio de las autoridades hacendarias, los funcionarios de Refinación violaron el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que da a la SHCP atribuciones exclusivas para establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien las bases para fijarlos.
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