Reforma impuesta
El Congreso mexicano aprobó la reforma energética impuesta por los países grandes consumidores de hidrocarburos, para introducir a sus empresas a los beneficios de la explotación de nuestro petróleo y a toda la industria petrolera.
Dicen bien Labastida, Beltrones, Gamboa con Calderón, es la reforma más importante desde la nacionalización; claro, es la reversión, la desnacionalización. Pasarán a la historia. Se privatizan los objetivos de Pemex para homologarla a una empresa privada: sacar más y más crudo, asociada a las transnacionales; exportar más para satisfacer necesidades ajenas; privatizan la estructura de Pemex al darle una autonomía por encima del Estado, en manos de cuatro “consejeros profesionales” que designarán entre el Ejecutivo y el Senado —ya sabemos quiénes—, que serán prácticamente propietarios del petróleo durante seis y 12 años; se privatizará toda la industria a través de contratos de exploración, explotación, operación; aseguran los intereses de los contratistas con la nueva ley, derechos extraordinarios y arbitraje internacional que sustraerá a la industria de la jurisdicción mexicana. Las empresas extranjeras ya están aquí ilegalmente, se legalizarán y se enseñorearán de nuestro país las que ya están listas, como lo han declarado, radiantes, Reyes Heroles, el hijo, y la señora Kessel.
La operación, astutamente planeada: acuerdo cupular previo, iniciativa privatizadora del Ejecutivo; debate forzado en el Senado; segunda iniciativa de Beltrones con cambios aparentes, mismos objetivos; concesiones menores en comisiones, sesiones aceleradas y aprobación en el Congreso. Insólito consenso de las antípodas. Campaña mediática mentirosa y desinformadora.
Calderón, triunfante, cumplió; los coordinadores del PRI se enconchan, dejan que la izquierda parlamentaria difunda su útil “triunfo”. Se suman intelectuales. Todos hermanados acuden a los medios que sólo se abren al unísono por mandato superior.
No se habla del petróleo ni de análisis de fondo, sino de victorias que se atribuyen unos y otros. Las baterías apuntan a quienes se atreven a disentir, esos alborotadores que no entienden las virtudes de negociar todo.
Aseguran que pudo haber sido peor, que detuvieron la privatización abierta. La verdad, ganaron los intereses transnacionales y sus patrones. Se perdió lo principal, la explotación exclusiva del Estado que ordena la Carta Magna. Lo aprobado es inconstitucional, pero la experiencia demuestra que el gobierno la utilizará de inmediato para continuar imponiendo la privatización de petróleo como lo hace en electricidad —hoy cerca de 50% en manos extranjeras—, violando impunemente la Constitución. Queda de manera ineludible la continuación de la lucha por nuestra soberanía conculcada, ningún retroceso es definitivo, el pueblo sabrá impedir la entrega y recuperar lo que le corresponde.
mbartlett_diaz@hotmail.com
Ex secretario de Estado
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