Asa Cristina Laurell
La devastación del sistema de pensiones a causa de la crisis era previsible y ha ocurrido tal como se había predicho con base en el conocimiento actuarial y económico al aprobarse las Leyes de Seguro Social y del SAR en 1995 y del ISSSTE en 2007. Desde el inicio del derrumbe del mercado financiero los fondos de pensiones de los trabajadores han perdido 64 mil millones, mientras que, en el mismo lapso, las Afore han tenido ingresos de 12 mil millones. Y la crisis apenas está empezando.
Aparte de la caída del valor de los fondos, la debacle económica golpeará las pensiones a causa del desempleo que conllevará la disminución del número de cotizaciones, de las semanas cotizadas y del monto depositado.
La “densidad de cotización” corresponde al tiempo con contribuciones a la seguridad social durante una vida laboral. Los actuarios han advertido que es necesario tomar en cuenta este factor, porque es determinante para el monto de la futura pensión en el actual sistema de capitalización individual.
Un estudio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas de 2006 demuestra que la densidad de cotización de los contribuyentes al IMSS es en promedio 56 por ciento, o sea, si trabaja 40 años sólo cotiza 22.4 debido a la inestabilidad en el empleo. Esto conlleva que, en promedio, la futura pensión apenas será de entre 24 y 32 por ciento del último salario, según la Afore que administró el fondo de ahorro del trabajador. Esto a su vez significa que los fondos de la mayoría de los asegurados, particularmente las mujeres, no son suficientes ni siquiera para una pensión de un salario mínimo. Así, el Estado tendrá que proporcionar dinero fiscal para el pago de la pensión asegurada legal de esta cantidad. Estos datos se basan en cálculos anteriores a la crisis financiera y serán todavía más graves con ella.
La disminución de la densidad de cotización por el desempleo en la crisis también incrementa el riesgo de que el trabajador no alcance las mil 250 semanas de contribución necesarias para tener derecho a una pensión. Con la densidad de cotización precrisis, una vida laboral de 40 años correspondía a mil 165 semanas, por lo que se requeriría de otro año y medio de trabajo para alcanzar el mínimo de semanas cotizadas. Con la crisis financiera y la recesión será todavía más difícil cumplir las contribuciones obligatorias para gozar de este derecho y muchos tendrán que seguir trabajando a pesar de haber cumplido 65 años.
La recesión económica y el aumento del desempleo afectarán el monto de los fondos acumulados por la falta de contribuciones. Las Afore además siguen cobrando su comisión sobre el saldo de la cuenta a pesar de que no haya depósitos. Habría que recordar que el año pasado los diputados del PAN y del PRI, con la oposición del FAP, aprobaron cambios en la ley para que las Afore sólo cobren sobre el saldo de las cuentas de los trabajadores y no sobre los depósitos, lo que originó el incremento muy importante en el monto de las comisiones correspondiente a entre 1.17 y 3 por ciento sobre el total. La ley también creó nuevos Siefore (portafolios de inversión) de mayor riesgo financiero, sin que el trabajador pueda elegir a qué Siefore pertenecer, ya que la adscripción se hace según la edad. Ambos cambios entraron en vigor en marzo de 2008 poco antes de que empezara la actual catástrofe financiera.
La perspicacia de los asegurados del ISSSTE, que en su mayoría primero se ampararon contra la nueva ley y luego se negaron a elegir el nuevo sistema, los ha salvado de ser víctimas del afán neoliberal de poner sus fondos de pensión en manos de los grupos financieros. Es revelador que los únicos a los cuales el gobierno no ha impuesto un sistema de capitalización individual son las fuerzas armadas. La reforma de su ley de seguridad social, aprobada hace unas semanas, mantiene y fortalece el sistema solidario de reparto con aportaciones importantes del Estado.
Las evidencias inobjetables de la ineficacia del sistema pensionario de capitalización individual con administración privada se ahondan con la actual crisis económica. Ésta exige tomar medidas inmediatas de protección de los fondos de pensiones, cambiando el cobro de comisiones sobre saldo al cobre sobre los rendimientos de los fondos. Simultáneamente habría que diseñar un nuevo sistema incluyente y solidario de capitalización colectiva, en el que todos los adultos mayores, hayan cotizado o no, tengan una pensión mínima garantizada.
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