Politización de la narcoguerra

Con el telón de fondo de las decenas de ejecuciones diarias y la violencia delictiva fuera de control, el presidente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, embistió ayer contra los priístas, a los que acusó de sugerir la rendición ante el narcotráfico y de poner en riesgo la salud y la seguridad de las familias mexicanas, en referencia a las recientes declaraciones de Ernesto Zedillo en favor de la legalización de la mariguana, que tienen como antecedentes inmediatos otros posicionamientos que han contaminado el debate político con el tema de las drogas: el formulado en días pasados por el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien aludió al riesgo de que alguien asociado al narcotráfico llegara a la Presidencia de la República, palabras que fueron calificadas de catastrofismo puro por el priísta Manlio Fabio Beltrones, o el reconocimiento, por parte del calderonismo, que el anterior gobierno claudicó en sus responsabilidades legales ante la delincuencia organizada.

No es necesario formular profecías a futuro: basta con examinar la información periodística de dominio público del pasado reciente para concluir que, a más de dos años de implantada, la estrategia en curso en materia de combate al delito ha tenido resultados desastrosos que se traducen en inseguridad, violencia, impunidad y deterioro institucional crecientes. Además de los más de 5 mil muertos registrados desde el inicio de la administracion calderonista, ante la ofensiva gubernamental, los cárteles de la droga han respondido con la cooptación de altos mandos de seguridad y un porcentaje altísimo de efectivos; por añadidura, se multiplican los indicios que permiten sospechar una diversificación sin precedente de la criminalidad y de la conformación de grupos paramilitares formados para combatir a conjuntos específicos de narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, lo que redunda en una afectación aún mayor del estado de derecho y del descontrol imperante.

Como si no fuera suficiente con estas consecuencias, ahora los problemas de la violencia delictiva, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y el crecimiento de las adicciones son usadas como munición por formaciones políticas rivales para atacarse en vísperas de las elecciones legislativas de este año. Ello es un síntoma inequívoco del rompimiento de acuerdos en la materia dentro del grupo en el poder, pero también de la falta de consenso que exhibe la estrategia contra el crimen seguida por el gobierno federal en los 27 meses recientes, estrategia que, paradójicamente, pareció orientada por el propósito de allegar legitimidad y respaldo social a la presente administración.

El debate actual es claramente electorero, por cuanto en ningún momento las acusaciones cruzadas han llevado a los declarantes a fincar responsabilidades legales, y la coalición de facto que detenta el poder no ha dado muestras de querer cruzar esa delgada línea entre lo discursivo y lo legal.

Con todo, la creciente politización del tema del combate al narcotráfico y a la delincuencia en general, lejos de aportarle credibilidad a las acciones oficiales, erosionará mucha de la que le quede, habida cuenta que, a ojos de la sociedad, estos asuntos, que le conciernen de manera directa, dolorosa y exasperante, son vistos por la clase política como recursos de posicionamiento partidista. En este sentido, lo expresado ayer por Martínez Cázares no podría ser más contraproducente para la causa del partido que encabeza.

No puede omitirse, por último, la pregunta que hoy se formula un creciente sector de la ciudadanía sobre si esta politización del problema de la delincuencia organizada no será un reflejo inverso de un fenómeno mucho más alarmante y que ha sido sugerido por los mismos participantes en la polémica: la incursión de la criminalidad en la esfera política.