El dogma de la opacidad

DANIEL LIZáRRAGA

La “seguridad nacional” es el nuevo pretexto para que el gobierno federal restrinja el acceso a la información que debería ser pública, y con ello abre la puerta a los abusos y violaciones a los derechos humanos, advierten especialistas internacionales. Para Juan Pablo Guerrero, comisionado del IFAI, Felipe Calderón no cree en la transparencia ni en la rendición de cuentas.
Las estadísticas lo demuestran: en 2007 hubo 4 mil 222 solicitudes rechazadas y en 2008 se elevaron a 8 mil 208.

Los enfrentamientos en las calles entre sicarios y militares, las ejecuciones a cualquier hora del día y las investigaciones sobre la infiltración del narcotráfico en las estructuras oficiales han provocado que el gobierno de Felipe Calderón esté cerrando los archivos que, desde 2002, eran públicos por ley. La excusa: motivos de seguridad nacional. El resultado: policías en uniformes sin rostro, entes anónimos como servidores públicos y estadísticas convertidas en material sensible.De acuerdo con resoluciones, solicitudes de acceso a documentos oficiales y los debates de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) revisados por Proceso, el punto de quiebre fue el 8 de mayo de 2008, cuando fue asesinado Édgar Eusebio Millán Gómez, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), a quien las autoridades consideraban “el cerebro” en la estrategia contra los cárteles de las drogas.A partir de ese momento, el gobierno restringe cada vez más el acceso ciudadano a la información pública hasta llegar al máximo grado de opacidad: empujar una reforma legal para impedir que nunca más se vuelva a conocer el contenido de las averiguaciones previas, aun cuando ya estén cerradas.El comisionado del IFAI Juan Pablo Guerrero asegura que ese comportamiento del gobierno de Felipe Calderón afecta la vida cotidiana de la gente, nulifica el control ciudadano sobre los órganos de seguridad y, sobre todo, impone una política de cerrazón que recuerda los excesos durante la pasada administración del presidente de Estados Unidos, George W. Bush.Un ejemplo, dice, fue el caso de la empresa de Transportes Fralucs, con sede en Mexicali, que en el verano de 2008 pretendía obtener copias de la bitácora de accidentes carreteros en San Luis Río Colorado, Sonora, para efectuar un trámite. La respuesta de la Policía Federal de Caminos (PFC, ahora incorporada a la PFP) fue que los nombres de los oficiales, los números de reportes, los folios de los accidentes, los números de motor y los sitios de los percances, entre otros datos, deberían estar bajo resguardo por seguridad nacional. Ni Guerrero ni los otros cuatro comisionados del IFAI supieron que, en realidad, Fralucs le seguía los pasos a un comandante apellidado Valderrama, quien estaba lucrando con la información: utilizaba grúas de su propiedad para mover automóviles averiados en accidentes que él mismo reportaba o escuchaba en la radio de su patrulla.La solicitud de la empresa podía resolverse en 20 días hábiles, pero demoró más de cinco meses, hasta que intervino el IFAI. La PFC respondió que los números de reportes tenían que eliminarse para no poner en riesgo la seguridad y la salud de sus oficiales. Incluso afirmó que, si esos datos caían en manos de la delincuencia, quedaría al descubierto información sensible para la corporación.En el caso de los nombres sucedió algo parecido: la PFC alegó que no podía proporcionarlos sin el consentimiento de sus propios elementos y, además, que podrían poner en riesgo sus vidas, pues ya estaban en marcha los operativos contra la inseguridad.A pesar de esta renuencia a entregar información, la empresa Fralucs presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra el oficial Valderrama, luego de una resolución del IFAI. Aun así, la mayoría de los comisionados –excepto Juan Pablo Guerrero– consideraron que los nombres sí son reservados.Entrevistado vía telefónica, Luciano Jiménez, uno de los directivos de esa empresa de transportes, explicó: “El nombre comercial del negocio del oficial Valderrama es Grúas El Cora. No es justo que cuando nos estaban impidiendo trabajar, el gobierno meta el pie, tratando de retener las pruebas”.
Riesgos
Para Juan Pablo Guerrero, cerrar archivos por razones de seguridad nacional se ha convertido en un dogma, como sucedía hasta hace poco en Estados Unidos.“¿Qué ganó Bush con eso? Nada sustancial. La cerrazón no fortaleció sus esquemas de seguridad. Prueba de ello es que su sucesor, Barack Obama, decidió abrir los archivos en cuanto entró a la Casa Blanca. Ante la duda, deben abrirse los expedientes, les dijo a sus colaboradores. La transparencia no merma la seguridad nacional”, asegura en entrevista.Kate Doyle, una de las especialistas más reconocidas en el ámbito internacional y quien ha trabajado para el Nacional Security Archive en la apertura de archivos clasificados y en localización de documentos supuestamente desaparecidos, dijo a este semanario que en Estados Unidos la opacidad informativa causó un “problema terrible”.Luego de los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York, “la gente aceptó la excusa de que casi cualquier documento fuera reservado. En las calles había miedo. Hoy, a ocho años de distancia, es posible conocer historias de tortura, secuestros y detenciones ilegales cometidas por agentes del gobierno”, explicó.Desde su perspectiva, el gobierno de Bush encubrió operaciones estratégicas ilegales, utilizando como fachada la lucha contra el terrorismo y poniendo como pretexto la seguridad nacional.Doyle, quien participó como perito en los juicios contra el expresidente peruano Alberto Fujimori, advirtió que en cualquier democracia se deben encontrar formas de apertura para que la gente debata las políticas del gobierno. Lo peor que puede pasar, asegura, es quedarse sólo con lo que dicen las autoridades y asumirlo como una verdad absoluta. En Estados Unidos, se llegó a un punto tal que el hablar en contra de los secretos del gobierno de Bush era tanto como ser traidor a la patria.
El absurdo
El comisionado Juan Pablo Guerrero sostiene que esa cerrazón es absurda. Poner como pretexto la seguridad nacional no sólo afecta la vida cotidiana, “también se destruye la confianza en las autoridades y transforma a quienes velan por nuestro bienestar en uniformes sin rostro, en policías anónimos”.Eso ya ocurre: la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) eliminó de su directorio alrededor de 260 nombres, incluidos jefes de departamentos y directores de área, desde que se recrudecieron los ataques contra las corporaciones policiacas.En el Portal de Obligaciones de Transparencia de la SSP aparece la leyenda Información Reservada en el espacio donde deberían estar los nombres y apellidos de esos funcionarios.Cuando una ciudadana solicitó a través del IFAI los nombres de quienes participan en la lucha contra la delincuencia organizada, la SSP negó la información por razones de seguridad nacional.En un escrito fechado el 6 de agosto de 2008, la dependencia que encabeza Genaro García Luna respondió: “Un aspecto que no puede soslayarse es que todos los miembros de la institución corren el riesgo frente a la delincuencia por la responsabilidad directa de prevenir el delito en todas sus manifestaciones. Recientemente han perdido la vida elementos operativos y administrativos que, evidentemente, por sus funciones, representan objetivos claros del crimen organizado”.Sin embargo, entre los nombres omitidos hay algunos que no tienen relación alguna con los operativos contra la delincuencia organizada. El comisionado Juan Pablo Guerrero, encargado de desahogar el caso, determinó que la SSP sólo debería reservar los nombres de los agentes encargados de los operativos y de las tareas de inteligencia; los demás son públicos, incluidos los encargados de manejar recursos públicos y los altos mandos que ya hayan aparecido en algún comunicado, según la resolución 2792/08.Aun así, la SSP mantiene bajo reserva la identidad de esos servidores públicos. Para el comisionado, el argumento de la dependencia es falso:“¿Es creíble que los integrantes de las bandas de secuestradores usen las solicitudes de acceso para allegarse información estratégica? Sabemos que ellos han infiltrado todos los sectores. Suponer que anularán los riesgos eliminando los nombres en internet me parece francamente ingenuo de su parte.”
–¿Qué importancia tiene conocer esos nombres?
–La transparencia genera seguridad y certeza. Además, permite que la sociedad esté mejor informada. Al abstraernos de todo lo que tenga que ver con la lucha contra el narcotráfico, se pierde una oportunidad para que la sociedad colabore con el gobierno.
Candados
La batalla legal desde la administración de Calderón contra la transparencia no es menor. La Procuraduría General de la República (PGR) inició 12 juicios contra el IFAI cuando los comisionados intentaron obligarlos a abrir sus averiguaciones previas ya concluidas o en los casos en que decidieron no ejercitar acción penal, por lo que denunció el desacato ante la Secretaría de la Función Pública.Peor aún, la PGR promovió con éxito una reforma legal para evitar que sus investigaciones sean sometidas al escrutinio público. Así, desde diciembre del año pasado, las averiguaciones previas realizadas por el Ministerio Público (MP) en las que se haya decidido el no ejercicio de la acción penal, ya no podrán ser conocidas, al menos en el mediano plazo. Un ejemplo es el caso de la exseñorita Sinaloa, Laura Elena Zúñiga, quien fue liberada el pasado 30 de enero.Cualquiera que desee enterarse de su contenido deberá esperar a que pase un período igual al delito que se perseguía más un lapso de entre dos y 12 años impuesto por el propio Ministerio Público. Y además sólo recibirá una “versión pública”.Pero las investigaciones en las que alguien sea consignado ante un juez quedarán en total reserva. Esas averiguaciones previas no podrán conocerse jamás, según el artículo 16 del renovado Código Federal de Procedimientos Penales.Una semana después de aprobada esta reforma, el IFAI consideró que “dificultará la rendición de cuentas por parte de la PGR y hará prácticamente nugatorio el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información” en esta materia En entrevista, el comisionado Juan Pablo Guerrero sostiene que se trata de una flagrante violación a la Constitución que, además, representa un grave retroceso en materia de acceso a la información. “Significa un duro golpe para la gente, ya que pierde formas de control sobre quienes llevan sobre sus hombros la lucha contra la delincuencia. Es un asunto muy delicado”.Y explica: “Si se nos permitiera acceder a una averiguación ya concluida, sabríamos con precisión cómo actuó una banda de secuestradores. Con ello la gente podría estar pendiente, crear sus propias formas de autodefensa, denunciar. Esa es una manera diferente de utilizar información estratégica. No podemos asumir siempre, bajo cualquier circunstancia, que la transparencia merma las capacidades del gobierno para proveer seguridad. Eso es un pretexto.“Si no se hubiera aprobado esa reforma, sólo diría que el gobierno de Felipe Calderón le metió freno a la rendición de cuentas; pero ante esa enmienda legal, está acreditado el retroceso: Felipe Calderón no cree en esto de la transparencia. Ya lo demostró.”En el caso de la actual administración federal, tampoco es novedad. Guerrero recuerda que, como secretario de Energía en el sexenio de Vicente Fox, Calderón buscó la intervención del Poder Judicial en 2004 para detener una resolución. El abogado de esa instancia era César Nava, quien ahora se perfila para la coordinación de los diputados panistas en la próxima legislatura.
–¿Qué percibe desde dentro del IFAI respecto del gobierno?
–No hay un sólo funcionario que sea interlocutor con el IFAI. Con la llegada de Germán Martínez a la Secretaría de la Función Pública se tuvo diálogo por algún momento, pero se perdió al ser relevado de ese cargo.“En términos generales, con las reformas respecto del tratamiento de las averiguaciones previas, se creó un régimen de excepción en un contexto tan complicado como lo es el combate a la inseguridad. ¿Cuándo podríamos saber más o menos qué pasó? Quizá cuando el juicio termine. No obstante, el trabajo del MP no se verá nunca. Además, las versiones públicas irán sin nombres, ni siquiera con el apellido del agente del MP.”
–Si se libera a un secuestrador, ¿qué no vamos a saber?
–Si se atrapa a alguno de los responsables de los secuestros del hijo de Alejandro Martí o de la hija de Nelson Vargas, y las autoridades lo sueltan, nunca sabremos cómo llegó el MP a esa conclusión. No sabremos ni su nombre. No hay un solo país con ley de acceso que suponga que la investigación policiaca nunca será pública.
Combate turbio
El pasado 6 de febrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad contra estas reformas legales, aduciendo que se violó el libre acceso a la información plasmado en la Constitución y, además, se les impedirá verificar el respeto a las garantías individuales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó estudiar el asunto, y su resolución –en cualquier sentido– afectará a toda la administración pública federal.Por lo pronto, el Ejército también se niega a difundir los nombres y cargos de los elementos que integran los 101 batallones de infantería, a pesar de que la identidad de algunos soldados aparezca en los comunicados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según consta en el expediente 4485/08.En general, las instituciones encargadas de la seguridad pública –la PGR, la SSP y la Sedena– han rechazado solicitudes de acceso a la información que piden datos estadísticos sobre el número de personas ejecutadas y decapitadas, o de las bajas en la cruzada emprendida por las autoridades federales contra el narcotráfico, así como del número de personas enviadas a prisión, sus nombres y su ubicación.Pero no son las únicas dependencias que practican la opacidad. Durante el gobierno calderonista se han incrementado las respuestas de organismos públicos que niegan la información a los solicitantes: en 2007, fueron 4 mil 222 los rechazos; en 2008, se elevaron a 8 mil 208.


–¿Qué está pasando?


–se le pregunta a Guerrero.


–La inexistencia de la información es la coartada para darle la vuelta al IFAI. Es decir, si los obligas a buscar un documento y ellos dicen que no está, queda poco por hacer. El gobierno de Calderón ha aprovechado al máximo esa excusa para eludir la rendición de cuentas.“En 2008, prácticamente una de cada 10 de las respuestas emitidas por dependencias –9.1%– declaró la inexistencia de información.”


–¿Cuál es el caso de la Presidencia de la República?


–Es sintomático: se ha declarado la inexistencia del nombramiento, ratificación o rechazo de los comisionados del IFAI; de las deliberaciones y decisiones relacionadas con los violentos y lamentables sucesos de Atenco; del desafuero del exjefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador; de los documentos personales que se llevó Vicente Fox en su mudanza, y del sustento documental de la declaración del presidente Calderón en relación con la muerte de Ernestina Ascencio en la sierra de Zongolica. Para Guerrero, está plenamente acreditado que el presidente Felipe Calderón no cree en la transparencia ni en la rendición de cuentas. Los dos primeros años de su gobierno, dice, se han caracterizado por el freno y el retroceso.