Por Ricardo Rocha
26 mayo 2009
Los casos recientes de Morelos y Zacatecas, sumados a una larguísima y ominosa lista de agravios sociales, no hacen sino confirmar que en México ya impera esta nueva forma de gobierno.Esa es la única razón por la que en ambos estados se hayan podido producir sucesos que sólo se explican con la operación de un grupo criminal cotidiano, y del que forman parte por igual los delincuentes comunes y sus cómplices en los aparatos policiacos, de seguridad y en los propios gobiernos.
Por cierto, en estos casos, de signos partidistas distintos. Lo que probaría por un lado la alta capacidad de infiltración del narcotráfico, pero también la alta capacidad de recepción que tienen los gobiernos para dejarse penetrar por los seductores poderes del dinero sucio. A tal grado que es válido preguntarnos si uno de los objetivos principales de los candidatos no será acceder a tan jugosos contratos.
Recuérdese lo que decía el célebre juez Falconi: “No hay crimen organizado sin complicidad oficial”.
En el caso de Morelos y desde los tiempos del gobernador priísta y coronel Jorge Carrillo Olea, sus habitantes llevan más de una década soportando no sólo la ineficacia y la complicidad de sus policías, procuradores y ministerios públicos, sino que todos éstos participen directamente en la comisión de secuestros y asesinatos. Ahí la mafiocracia es una e indivisible. Y lo ha seguido siendo sin importar el cambio de partido en el gobierno.
Es más, dicen por allá que si Carrillo Olea del PRI le abrió la puerta a los narcos, su sucesor Sergio Estrada Cajigal, del PAN, se acostó con ellos. Esto en clara alusión al sabido romance del escandaloso mandatario con Nadia Esparragoza, hija de El Azul, uno de los narcotraficantes más poderosos de este país.
Tuvo que renunciar todo el gabinete de seguridad del gobernador panista. Y él salvó la cabeza sólo porque así lo decidieron el secretario Creel y el presidente Fox, dizque para no manchar a su partido. Ahora la historia se repite con el panista Marco Antonio Adame quien ha tenido que renunciar a su procurador y a su secretario de Seguridad Pública, otra vez acusados de vínculos con el narcotráfico.
En Zacatecas ha seguido creciendo el escándalo por los 53 zetas fugados. Cada día surgen nuevas evidencias gráficas y revelaciones que desnudan la pérfida relación entre los narcos y funcionarios estatales del penal de Cieneguillas y hasta donde tope.
Alguien, por cierto, ha malaconsejado a la gobernadora perredista Amalia García que esconda la cabeza en lugar de salir y dar la cara. Una mala, muy mala señal.
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