Los funcionarios del país, desde los secretarios de Estado hasta personal de enlace, son privilegiados con un sistema de salud privado a costa del erario, en claro desdén del servicio médico público y a espaldas de millones de mexicanos –derechohabientes o no– que a duras penas obtienen este beneficio constitucional
En México hay dos servicios de salud: uno para millones de trabajadores comunes y otro para 96 mil 254 funcionarios.
Ambos se sostienen con recursos públicos. Mientras que un funcionario cobija a toda su familia en exclusivos hospitales, el 90 por ciento de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se enfrenta a un servicio deplorable.
El Sistema Nacional de Salud es una quimera para la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA).
La PEA en México es de 42.5 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los cuales 21 millones 432 mil tienen seguridad social: 18 millones 721 mil del IMSS y 2 millones 516 mil en el ISSSTE, 140 mil de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 55 mil del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), más sus respectivos derechohabientes. El 50 por ciento de la PEA carece de este derecho pese a que la Constitución obliga al Estado a garantizar el acceso al sistema de salud a los 120 millones de mexicanos, independientemente de si trabajan o no.
Entre los 21 millones de derechohabientes hay un abismo: los empleados comunes reciben atención médica en un sistema donde las mujeres mueren por parto, los hombres de diabetes, los niños por un resfriado, y cualquiera por descuido o negligencia. Es el rostro de las 25 mil quejas que cada año recibe la Comisión Nacional de Arbitraje Médico por negligencias y maltrato.
Los funcionarios públicos son beneficiarios de ese mismo sistema –integrado por el ISSSTE, IMSS, ISSFAM y Pemex–, pero mejor optan por atenderse donde la atención médica implica confort, habitación privada, love set, teléfono y televisor con control remoto, dieta saludable y una confortable cama para la familia. Así evitan una larga espera, el tedio, la frustración por falta de medicinas, malos tratos y negligencia. Eso queda para los millones de derechohabientes que cotizan puntualmente.
Por el servicio de salud que se recibe se califica el tipo de ciudadano que se es en México, dice el legislador Joaquín de los Santos Molina, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
“Hay mexicanos de primera y de segunda. Quizá el Ejecutivo quiera revestir de legalidad que a sus funcionarios les contrate servicios de salud privados, pero es completamente inmoral, sobre todo porque es el gobierno quien impone ese trato a los mexicanos, cuando el ejemplo que debía dar es la igualdad, es decir, mandar a sus funcionarios públicos a recibir atención pública”, dice el legislador.
Prebenda presidencial
De acuerdo con el Manual de percepciones de la administración pública federal, es el jefe del Ejecutivo quien decide los beneficios de los funcionarios y su personal de enlace. Para su gestión “en un marco de austeridad y transparencia”, Felipe Calderón autorizó cuatro seguros: de servicios médicos, de vida, de incapacidad total y permanente, y de desempleo, para mandos medios y altos de la Presidencia, Consejería Jurídica, secretarías de Estado, paraestatales y órganos desconcentrados.
Con ello dio continuidad a la prebenda de Vicente Fox para que la burocracia evitara el deficiente sistema de seguridad social público. Tan sólo el seguro de servicios médicos implica una partida de más de 1 mil millones de pesos que anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destina bajo el rubro “Seguro colectivo de gastos médicos mayores de las dependencias y entidades participantes de la administración pública federal”.
La SHCP contrató el seguro con la trasnacional Metlife en marzo de 2008, por 1 mil 304 millones 347 mil 826 pesos, es decir, unos 80 millones de pesos mensuales, vigente para el periodo del 1 de abril de 2008 al 30 de septiembre de 2009.
Los beneficiados son 96 mil 254 funcionarios, 53 mil 285 cónyuges o concubinas, 106 mil 766 hijos, 7 mil 86 padres.
En total, 263 mil 391 asegurados. La póliza cubre el diagnóstico y tratamiento médico, cirugía, hospitalización y rehabilitación. El esquema no sólo impacta a las finanzas públicas, sino al sistema de salud pública, que también contempla a este segmento privilegiado como derechohabientes.
Proporcionalmente, el servicio médico de cada funcionario, su cónyuge y cada uno de sus hijos costaría a los contribuyentes 303 pesos diarios, pero para Metlife, todos tienen un valor distinto: la salud de un secretario de Estado y cada uno de sus beneficiarios cuesta 333 salarios mínimos mensuales por persona (unos 18 mil 248 pesos). Es decir, la póliza mensual de cada secretario (y cada uno de sus familiares) cuesta a los contribuyentes lo que 10 obreros cobran durante casi un año de trabajo. Hay 107 asegurados en esta modalidad.
La salud de un subsecretario cuesta 295 salarios mínimos mensuales, lo mismo que su cónyuge y cada uno de sus hijos, así como los oficiales mayores, jefes de unidad, y sus respectivas familias, es decir unas 1 mil 709 personas.
La atención médica de los directores generales cuesta 259 salarios mínimos mensuales (4 mil 452 personas); sus adjuntos, 222 salarios (entre funcionarios y derechohabientes suman 5 mil 154 beneficiarios); directores de área, 185 salarios (19 mil 956 beneficiarios); sus subordinados directos, 148 salarios (con sus derechohabientes suman 51 mil 969 beneficiarios); los jefes de departamento, 111 salarios (funcionarios y derechohabientes, 64 mil 817); el personal de enlace, 74 salarios (funcionarios y derechohabientes, 115 mil 227).
El contrato que diseñó la SHCP implica privilegios para otros personajes vinculados a las altas esferas del poder. Por ejemplo, en las bases, Hacienda le estipula que la empresa contratada debía integrar un grupo de hospitales adicionales a los que tuviera en convenio, entre los cuales pidió a Metlife que incluyera al Hospital San José de Zamora, propiedad de Alberto Sahagún Jiménez, cuñado del expresidente Fox.
En unas semanas se licitará la renovación del seguro de gastos médicos mayores (que concluye en septiembre de 2009) y varias compañías preparan ya sus propuestas.
“En un momento en que el país está en crisis, debe haber congruencia de los altos funcionarios. Los nueve años del régimen panista se han caracterizado por la poca preocupación por el ahorro y la austeridad, es decir, no son gobiernos austeros, ni que se hayan preocupado en recortar salarios, ajustarlos un poco a la baja, por el contrario, se ha incrementado el gasto corriente, se han incrementado los privilegios, y una de las expresiones es el sistema de salud privado del que disfrutan”, señala Sergio Aguayo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Joaquín de los Santos, miembro de la Comisión de la Función Pública en San Lázaro, dice que debe eliminarse esta prebenda. Critica: “No es posible que Hacienda autorice este gasto cuando el país está en recesión; pero además, ante la displicencia de esa secretaría, las dependencias rembolsan a sus funcionarios hasta lo que gastan en aspirinas, cuando ese presupuesto debía destinarlo a suministrar medicamentos en el sector público, sobre todo en las clínicas rurales donde no hay nada, lo que he confirmado personalmente”.
El trato preferencial que el presidente hace en materia de salud atenta contra las políticas públicas, considera Clara Jusidman Rapoport, miembro del Alto Consejo para la Transparencia de los Programas Sociales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En entrevista, analiza que las disparidades en la atención de la salud de cada uno de los mexicanos “contribuyen a profundizar la desigualdad social”.
“Por intereses de diversos sectores, entre ellos los sindicatos, el gremio médico, el grupo de poder político del sector salud y los grupos conservadores y neoliberales, hemos mantenido un sistema de salud segmentado: salud para ricos, salud para clases medias, salud para trabajadores y sus familias, salud para población pobre y población excluida de todo los servicios”, detalla la también presidenta de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social.
En 2003, Jusidman fue una de los cuatro expertos encargados de la elaboración del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que incluyó el análisis del derecho a la salud –estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Se trata, asegura la investigadora del Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, de uno de los derechos más vulnerados a las clases pobres del país. Tal situación, “hace que cada vez más las clases medias y altas, entre las que se encuentran los servidores públicos, se alejen de los servicios públicos de salud y acudan a los privados y por lo tanto se profundice el papel que la provisión de salud tiene en aumentar la desigualdad y ciudadanías diferenciadas”.
Salud de elite
Si bien los funcionarios del gobierno de Calderón no gozan de óptima salud –revela la siniestralidad del contrato Metlife–, con la prebenda presidencial se atienden con especialistas en todas las ramas de la medicina. En contraste, los usuarios del IMSS o el ISSSTE esperan en promedio seis meses para que los diagnostique un especialista, señalan las quejas ante los órganos internos de control en ambos servicios a las que tuvo acceso Contralínea.
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