WASHINGTON.- El incumplimiento de la promesa que hizo el presidente Barack Obama de procesar en cortes federales civiles a todos los detenidos en la base militar de Guantánamo, Cuba, es una patraña diseñada para encubrir los abusos a los derechos humanos cometidos por el Pentágono y la CIA en la supuesta lucha contra el terrorismo, aseguran especialistas en derechos humanos y abogados de algunos de los prisioneros.El pasado 22 de enero, dos días después de asumir el cargo, Obama firmó una orden ejecutiva para preparar el cierre total de los centros de detención de Guantánamo en un plazo de 12 meses, con el propósito de eliminar cualquier rezago de las políticas unilaterales y abusivas de George W. Bush en la lucha contra el terrorismo.“Creo que el presidente Obama sí quiere cerrar Guantánamo y lo quiere hacer en enero de 2010, aunque seguramente tendrá que enfrentar muchos problemas políticos para lograrlo”, dice a Proceso Stacy Sullivan, asesora de asuntos antiterroristas de la agrupación defensora de derechos humanos Human Rights Watch.“Lo decepcionante es que el presidente Obama se retractó en su promesa de someter a juicio civil a los detenidos en Guantánamo, y lo peor de todo es que decidió revivir las Comisiones Militares para procesar a algunos de los prisioneros”, apunta Sullivan.Sorpresivamente, la Casa Blanca anunció el 15 de mayo pasado que, “después de hacer una revisión al caso de los detenidos en Guantánamo”, el presidente Obama, “luego de consultarlo con el Congreso y los asesores de Seguridad Nacional”, determinó la necesidad de que por lo menos 13 de los detenidos sean sometidos a un proceso judicial a cargo de las Comisiones Militares.El viernes 27 de junio, la Casa Blanca filtró a varios medios de comunicación que Obama ya tenía listo “el borrador de una orden ejecutiva” que mantendría las detenciones por tiempo indefinido de varios presuntos terroristas en la base militar de Guantánamo, la cual se ejecutaría una vez que Obama reciba el visto bueno del Congreso.Esto tomó por sorpresa a varias agrupaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y a varios de los representantes legales de los detenidos en Guantánamo, quienes no sólo podrían ser acusados de terrorismo sin las pruebas para justificarlo, sino que podrían quedar empantanados en un limbo jurídico por tiempo indefinido.“La decisión del presidente Obama vuelve a dañar la ya de por sí deteriorada reputación de Estados Unidos en materia de derechos humanos ante el mundo; él prometió que acabaría con los abusos a los que fueron sometidos los detenidos en Guantánamo durante el gobierno de Bush y ahora se retracta. Eso es inaceptable”, cuenta en entrevista con Proceso Nicole Moen, la abogada que encabeza el grupo legal de la defensa del algeriano Ahcence Zemiri, recluido en Guantánamo desde hace ya casi siete años.Sullivan, quien ha visitado en varias ocasiones la sección de las prisiones de Guantánamo para presuntos terroristas, asegura que Obama se dejó manipular por la extrema derecha del Partido Republicano, representado en el Congreso federal por los jefes militares del Pentágono y por los dirigentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), quienes quisieran seguir abusando de los derechos humanos de todo el mundo aplicando medidas unilaterales y bajo un absoluto ambiente de impunidad.“Obama se convirtió en una víctima de la extrema derecha, del Departamento de Defensa y de la CIA, que no quieren que los detenidos de Guantánamo sean procesados en cortes federales porque se daría a conocer la evidencia de los abusos que cometió Estados Unidos contra los detenidos bajo la sospecha de pertenecer a grupos terroristas”, sostiene la especialista de Human Rights Watch.Cuando se anunció el cambio de posición de Obama sobre el proceso judicial al que serían sometidos los presos de Guantánamo, la Casa Blanca aseguró que la decisión de utilizar a las Comisiones Militares para enjuiciar a algunos de los sospechosos se justificaría en el hecho de que serían fortalecidas legalmente.Especialistas, como Sullivan, no compran el argumento de la Casa Blanca, que asegura que si liberan a los presos éstos regresarían a sus actividades terroristas, “pero eso no es más que el argumento de la política del miedo que se utilizó en la presidencia de Bush, y lamentablemente ahora los republicanos la están volviendo a utilizar con la manipulación al presidente Obama”.Los detenidos
Actualmente, en la base militar de Guantánamo hay 240 detenidos por el presunto delito de ser integrantes de grupos terroristas asociados con Osama Bin Laden y Al Qaeda. La Casa Blanca anunció el 15 de mayo que 13 de ellos serían procesados por Comisiones Militares, pero desde entonces la cifra aumentó a 24 prisioneros, quienes serían enjuiciados por medio de este proceso militar al que Sullivan bautiza como de segunda clase, en términos judiciales, porque fue diseñado “para garantizar que la sentencia o castigo se haga con mayor celeridad y sin contratiempos, pues no requiere el mismo nivel de evidencias que se exigen en una corte civil, y para encubrir los abusos de derechos humanos cometidos por el Pentágono y por la CIA”.Las Comisiones Militares –cuyo fortalecimiento jurídico no ha sido divulgado por la Casa Blanca– no son una corte marcial que se guía bajo los estándares internacionales para procesar a personas acusadas de crímenes de guerra. No es el caso de los 240 detenidos de Guantánamo, quienes extraoficialmente están catalogados por Estados Unidos como “combatientes enemigos”.Moen, integrante del bufete de abogados Fredrikson and Byron, de Minneapolis, Minnesota, que representa a Zemiri, sostiene que “los detenidos deben ser enjuiciados en una corte federal civil, punto; sólo si se comprueba que alguien de los detenidos es altamente peligroso, pero con las evidencias en la mano, el acusado debería ser procesado por una corte marcial, no por esas Comisiones Militares que tienen otros propósitos”, subraya en entrevista telefónica.De acuerdo con el testimonio de Sullivan y Moen, quienes han estado presentes durante la celebración de audiencias a cargo de las Comisiones Militares, el proceso es evidentemente violatorio de los estándares internacionales para el caso de cualquier persona que enfrente a jueces o fiscales militares.Las Comisiones Militares poseen una “guía jurídica”, según Sullivan, diseñada por alguna agencia de inteligencia de Estados Unidos cuya identidad se niega a revelar el Pentágono.“La guía se coloca del lado derecho del militar que preside la comisión durante la audiencia que se celebra en un salón al cual no se le permite la entrada a los defensores legales del acusado”, detalla Sullivan. “A los abogados se les coloca en otro cuarto aledaño, separado por un cristal polarizado, desde donde se puede observar y escuchar el proceso”, añade la especialista de Human Rights Watch.Lo irónico, y que es además la evidencia más fehaciente de que las Comisiones Militares están diseñadas para encubrir los abusos cometidos por la CIA y el Pentágono, es que “cuando el acusado comienza a declarar que fue sometido a tortura cuando fue interrogado, el que preside la comisión oprime un botón que también está colocado de su lado derecho para cortar el audio que llega a la sala donde están los abogados del detenido”, dice.La abogada del argelino preso en Guantánamo y la especialista de Human Rights Watch se mofan del argumento de la Casa Blanca de que las cortes federales civiles no tienen la capacidad jurídica para procesar a los detenidos de Guantánamo.Desde marzo de 2002, según las dos entrevistadas, las cortes federales civiles de Estados Unidos han procesado a más de 100 personas acusadas de terrorismo; en el mismo período, las Comisiones Militares sólo han encausado a dos detenidos.Por cuestiones de seguridad nacional, el Pentágono se niega a revelar la identidad de los 24 detenidos en Guantánamo que serán sometidos a juicio por las Comisiones Militares. Lo mismo ocurre para el caso de las dos personas que estuvieron detenidas en Guantánamo y que ya fueron puestas en libertad, pero que reincidieron en sus actividades terroristas, una de las razones por las que el Departamento de Defensa se opone a los juicios civiles para los detenidos en esa base militar de Guantánamo.Los dos presuntos terroristas reincidentes son un kuwaití, quien supuestamente el año pasado llevó a cabo un ataque terrorista suicida con un carro bomba en Irak. El otro es un saudita que, según el Pentágono, después de haber sido liberado se reintegró a las filas de Al Qaeda en Yemen. Por las celdas de Guantánamo han pasado más de 800 personas acusadas presuntamente de terrorismo; hoy sólo quedan 240 detenidos en la base militar, lo cual quiere decir que más de 550 acusados han sido liberados o repatriados a su país de origen.Las propuestas que hacen los especialistas para solucionar el limbo jurídico de los detenidos en Guantánamo se basa en el hecho de que 99 de los 240 detenidos son ciudadanos de Yemen, país que se está transformando en un nuevo Afganistán, porque el gobierno del país no tiene el control de su territorio y la nación es refugio de terroristas y un centro de operación de Al Qaeda.“Obama debe negociar con Yemen la creación de un programa de rehabilitación para los detenidos en Guantánamo que deben ser puestos en libertad, y a los que se determine que son peligrosos se les debe enjuiciar con evidencias irrevocables para ser sentenciados y encarcelados en prisiones seguras”, sugiere Sullivan.Los otros 141 presos en Guantánamo deben ser procesados por una corte federal civil, o por una corte marcial si se tienen evidencias claras y creíbles contra los acusados de que cometieron crímenes de guerra.El pasado martes 9 de junio, el gobierno de Obama dio una señal de que podría someter a juicio civil a la mayoría de los detenidos en Guantánamo, al ordenar la transferencia de la base militar a la corte federal del distrito sur de Manhattan, Nueva York, de Ahmed Ghailani, acusado de participar en el ataque terrorista a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1998, delito por el cual puede ser castigado con la pena capital si es declarado culpable de los cargos que le imputan.Sobre ese gesto de Obama, Sullivan dice que las organizaciones defensoras de los derechos humanos “le damos el beneficio de la duda”. Pero tampoco se confía:“Hay un dato más que ilustra por qué el Pentágono y la CIA se oponen a los procesos civiles”, enfatiza Sullivan: “Ante una corte federal civil, no tiene validez la acusación de cualquier delito contra una persona que se inculpó porque fue sometida a tortura durante su interrogatorio, y todos los presos de Guantánamo fueron torturados de alguna manera por la CIA y el Pentágono”.
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