Honduras: El golpe de las élites

El pecado de Manuel Zelaya, el presidente de Honduras que fue derrocado el 28 de junio, no fue su pregonada intención de gobernar para los pobres ni las ilegalidades que le atribuyen sus adversarios. Voces de ambos bandos coinciden en que lo perdió su afán de confrontación con la élite política y empresarial de su país, pero sobre todo el intento de llamar a una asamblea constituyente??? (cuarta urna), lo que suponía poner en riesgo el equilibrio cómplice negociado entre los dos principales partidos del país.

JOSé LUIS SANZ

TEGUCIGALPA.- El 25 de junio de 1975 un terrateniente de la región ganadera de Olancho y un destacamento militar detuvieron a 14 campesinos, sacerdotes y estudiantes que se dirigían a una manifestación sindical en Tegucigalpa. Los torturaron, asesinaron y sepultaron en un pozo que después cubrieron de tierra con tractores. El lugar preciso de la ejecución se llama Los Horcones, y el terrateniente era José Manuel Zelaya.
Se trataba del padre de Manuel (Mel) Zelaya, a quien un grupo de soldados sacó de su cama y expulsó a Costa Rica el pasado domingo 28; el padre del presidente que ha sido depuesto porque, según él, quería acabar con los privilegios y gobernar para los más pobres de su país. “Mel proviene de una de esas familias dominantes desde los tiempos coloniales, de las que les dijeron: este valle es tuyo con todos sus indios”, dice el empresario Adolfo Facussé, amigo suyo y presidente de los industriales hondureños.
Precisa: “Y la matanza de Los Horcones es un pecado que él ha andado cargando aunque no sea suyo. Tal vez eso le ha creado más conciencia social”. Zelaya llegó a la política nacional en 1985 con cartas de cacique rural y en 2004 se hizo de la candidatura a la presidencia de la república por el Partido Liberal. No era el favorito, pero al año siguiente le ganó a Porfirio Lobo Sosa por estrecho margen en las elecciones con mayor abstencionismo de la historia de Honduras. La derecha celebró, como hace siempre desde 1981, año en que se restituyó la democracia en el país.“En el fondo aquí lo que hay es un solo partido de derecha con dos banderas”, dice Miguel Cálix, analista y exdirector de la fundación Friedrich Ebert en Honduras. Para él, las banderas liberal y nacional están condenadas a la alternancia y se complementaban por la vía del pacto.Al respecto explica Omar Ribera, que hasta el día del golpe fue asesor del gabinete social de Zelaya: “Nunca hay una mayúscula diferencia entre las cúpulas de ambos partidos. Las tensiones son siempre internas”.Facussé trata de trasladar ese clima de concordia al mapa tradicional de las relaciones socioeconómicas en el país: “Ha habido siempre tranquilidad, mucha comunicación y diálogo. Sin contradicciones, sin extremos... Nunca hemos visto a los trabajadores como enemigos. Nacieron como aliados nuestros. Pero los polarizó Mel”.Agrega que desde la cúpula empresarial hondureña la relación con los sindicatos y gremios se veía hasta hace poco como un disenso cordial y, en la práctica, intrascendente. De hecho, el sindicalismo hondureño surgió para reivindicar derechos laborales frente a las empresas fruteras estadunidenses en 1954, y su reclamo no salpicó a la oligarquía local, como apunta el académico Eduardo Bärh, director de la Biblioteca Nacional. “Este es un país en el que incluso las guerras civiles han sido pequeñas escaramuzas, y en el que los partidos comunistas no han hecho nada en 50 años”, aclara.
Confrontación
Ante la falta de un contrapeso ideológico o político distinto de los militares, en Honduras la clase política adquirió una fuerte identidad gremial y el empresariado no se ve afectado por la dinámica de las instituciones, controladas por los dos principales partidos en el Congreso.“Aquí todo se soluciona hablando, con pactos debajo de la mesa”, afirma Cálix. Y en esa mesa suelen estar sentados, entre otros, Carlos Flores Facussé, expresidente de la República, empresario, propietario del periódico La Tribuna y principal líder del Partido Liberal; Jorge Canahuati Larach, uno de los principales referentes del Partido nacional, dueño de los periódicos La Prensa y El Heraldo, de la farmacéutica Finlay y de restaurantes de comida rápida; así como Rafael Ferrari, propietario de los canales canales 3, 5 y 7 de MegaTV, de Emisoras Unidas, lo mismo que de la operadora de telefonía fija Multifon.Con todos ellos se enemistó rápidamente Mel Zelaya. Tras su primer año de gobierno sacó de su gabinete a los principales miembros del Partido Liberal y se alejó de Flores Facussé, a quien le reprochaba no haber confiado en su candidatura.También se ganó como adversario a Ferrari, cuya inversión en Multifon –hecha cuando el anterior presidente, Ricardo Maduro, planeaba privatizar la operadora estatal Hondutel– se vio muy afectada cuando Zelaya decidió ampliar la cobertura de la telefonía fija de capital público. “Zelaya llega al cargo sin sustanciales compromisos, porque durante la campaña la empresa privada había apoyado a Lobo, y decide gobernar solo” asegura su exasesor, Omar Ribera. “Era un capataz”, resume Alejandro Álvarez, vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).En plena crisis económica, los proyectos regionales Alba y Petrocaribe se convirtieron en muletas para el gobierno, cuyo perfil estaba profundamente condicionado por la personalidad del presidente Zelaya y que exasperó a la élite del país.Grandes empresarios como Miguel Facussé Barjúm, conocido como el Tío Mike, emparentado con Flores Facussé y dedicado a la producción de jabones y aceite de palma africana; Jaime Rosenthal, propietario del diario Tiempo y con inversiones en banca, cemento y exportación de azúcar y café; así como Adolfo Facussé, acompañaron inicialmente las propuestas de Zelaya, por ejemplo, su incorporación a la iniciativa de Petrocaribe. Pero al mismo tiempo le advirtieron públicamente de los riesgos de su afán de confrontación. A la hora del golpe acabaron callando o dándole la espalda al presidente.Juan Ramón Martínez, escritor y excandidato a la presidencia por la Democracia Cristiana, asegura que “los empresarios despreciaban a Zelaya. Para ellos era un pendejete ensombrerado, y como no es licenciado (sólo estudió el primer año de ingeniería) en la campaña nos reíamos de él. Fue un error. Cada vez que irrespetábamos a Zelaya se reforzaba su necesidad de encontrar a alguien que lo tomara en serio... y ese alguien fue Hugo Chávez”.
Miedo
El acercamiento a Chávez alimentó los miedos de los principales empresarios hondureños y de los adversarios políticos de Zelaya, que a comienzos de año apostó a militares armados frente a la sede del Congreso y amenazó con disolver éste si los legisladores no accedían a alterar a su conveniencia la lista de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a fin de incluir a la esposa del ministro de la presidencia.No lo logró, pero Zelaya decidió embestir con más fuerza en su afán de personalizar su gestión. No en balde sus amigos le atribuyen una endiablada capacidad para asumir riesgos y desafiar al orden con tenacidad de adolescente: convocó una consulta sobre la conformación de una asamblea constituyente, lo que dio pie a una batalla jurídica con la Corte Suprema y la Fiscalía, que calificaron dicha consulta de ilegal ante la posibilidad de que Zelaya buscara la reelección. El presidente no hizo caso de las sentencias judiciales. El sistema de Justicia, controlado indirectamente por el Congreso, lo acusó de traición a la patria y amenazó con destituirlo. Pero Ribera matiza: “Su intención no era quedarse en el cargo, sino hacer el plebiscito en noviembre, presidir la Constituyente y después pensar en el futuro”.En cualquier caso, a ojos de sus adversarios se trató de un afán de protagonismo excesivo para un presidente al que le quedaban seis meses de mandato. La sombra del chavismo pesaba, pero también el temor a que Zelaya convirtiera los resultados de la consulta en un arma moral para impulsar una reforma del sistema de partidos y de elección de autoridades. Ribera admite que el conflicto “no es esencialmente una batalla ideológica. Lo que ocurre es que Mel llevó a su máxima expresión la tradición política hondureña de estirar la ley para beneficio propio, y los partidos tuvieron miedo de que se fortaleciera políticamente”.En cierto modo coincide Alejandro Álvarez, del Cohep: “Si Mel hubiera dado marcha atrás con la cuarta urna, todo lo demás, las ilegalidades, se le hubieran perdonado”.Ya sucedió antes. En 1985, el entonces presidente de la república, Roberto Suazo Córdova, con el apoyo de su ministro Carlos Flores Facussé, trató de reformar la constitución para reelegirse. Una veintena de congresistas del Partido Liberal elaboró una propuesta de decreto para instalar una asamblea constituyente y lo firmaron. Uno de aquellos hombres y mujeres que firmaron aquel proyecto para que Suazo hiciera lo que ahora se le reprocha a Zelaya, es Roberto Micheletti Bain, el actual presidente de facto.El decreto de 1985 no prosperó. A golpes, literalmente, diputados del Partido Nacional impidieron su lectura en sesión plenaria y se negoció la salida a la crisis. Esa vez no hubo traidores ni destituciones.En cambio, en mayo pasado fracasaron los sucesivos intentos de lograr una solución similar; se habla incluso de varias reuniones en casa del embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens, para que las partes dialogaran. Flores Facussé y los candidatos de los dos principales partidos estaban dispuestos a que se hiciera la consulta, siempre que el ejército no participara en ella y Zelaya no gestionara el plebiscito de noviembre. El presidente no accedió y tensó la cuerda. En otros salones, en otras reuniones, la maquinaria del golpe ya estaba en marcha.“Nosotros ya habíamos hablado con todos, con las instituciones de justicia, con la Fuerza Armada, y apoyábamos la decisión de que el proceso de destitución y juicio del presidente iniciara”, admite Alejandro Álvarez.El 25 de junio, 34 años exactos después de la masacre de Los Horcones, Mel Zelaya destituyó al jefe del Estado Mayor, que con el respaldo de toda la oficialidad se negaba a colaborar en la logística de la consulta, y sin saberlo puso en marcha esa maquinaria, que ahora se ampara en argumentos jurídicos.“Las élites, antes de la llegada de Zelaya, habían pactado incluso por encima de la ley –admite el líder demócrata cristiano Juan Ramón Martínez– pero cuando él los acorrala, ocurre un milagro ¡y todos se vuelven legalistas!”Claro, legalistas pero de la mano del ejército. El asesor jurídico de la Fuerza Armada, el coronel Herberth Bayardo Inestroza, ha admitido que los oficiales y soldados que el 28 de junio subieron a Mel Zelaya en un avión militar y lo sacaron del país sabían que estaban cometiendo un delito y pasando por encima de las autoridades civiles, pero nadie del nuevo gobierno, del Congreso hondureño o de la cúpula empresarial se lo ha reprochado.“Una decisión como esa no pudo haberse tomado sin el apoyo de los dos partidos (Liberal y Nacional) y sin contar con algunos de los principales empresarios”, apunta Cálix. Adolfo Facussé hace una confesión inquietante: “La empresa privada siempre ha sido aliada del ejército”. Al mismo tiempo lamenta: “Y (los militares) son al mismo tiempo la mayor amenaza que tenemos”.
La causa común
Esta vez, sólo esta vez, la comunidad internacional ha condenado el atropello al orden constitucional en Honduras, pero es incierto que Mel Zelaya pueda regresar a Honduras como presidente. Altos mandos del ejército han anunciado su renuncia inmediata si eso sucede, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga prevé un baño de sangre si lo hace, y el empresario de telecomunicaciones Alejandro Álvarez adelanta una huida de empresarios y profesionales liberales: “No van a torcernos el brazo, independientemente de lo que pasó y de cómo pasó. Si logran torcernos el brazo, porque a veces los políticos ceden, este país se acabó”, dice.En la capital económica del país, San Pedro Sula, los empresarios maquileros están permitiendo, cuando no obligando a sus trabajadores para que asistan a las concentraciones de apoyo al nuevo régimen. “Toda la estructura represiva de los ochenta está activa ahora: toque de queda, corte de la señal a medios, constantes cadenas nacionales, detenciones en diferentes zonas del país”, asegura Cálix. Pero el apoyo a la restitución de Zelaya, que no es mayoritario en un país apático y cuyos ciudadanos tienen miedo a manifestarse en las calles, constituye el germen de una fuerza de oposición a los dos partidos tradicionales, un movimiento que rebasa al pequeño partido de izquierda, Unión Democrática, y se nutre de las bases más progresistas del liberalismo y el nacionalismo.“Esto va a terminar por definir a la izquierda y la derecha del país”, vaticina Omar Ribera. El lunes por la noche, en las oficinas del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (Stibys), Guillermo, uno de los coordinadores de las marchas prozelayistas de los últimos días, lo ilustró claramente en una reunión para programar las próximas acciones callejeras: “El movimiento es real, sigue su propio impulso y no vamos a dejar pasar la oportunidad. Por primera vez la gente está saliendo a la calle. Vuelva o no vuelva Mel, esto ya no lo para nadie”. Un nuevo intento por frenar con las armas estas movilizaciones puede acabar por dar alas a la izquierda en Honduras. El patriarca de los Zelaya, José Manuel, debe estar revolviéndose en su tumba.