MÉXICO, D.F., 3 de julio (apro).- Mediocre, falta de preparación y carente de sentido de lo que significa gobernar una República, la clase política mexicana asiste a otro de sus más dispendiosos rituales sin que en ello haya beneficio para quien lo paga.
Decir que los burócratas de los partidos, artistas, deportistas y otros advenedizos e interesados oportunistas serán, a partir del 1 de septiembre, los nuevos representantes populares no es más que una perversión de la democracia representativa.Cada vez es más clara la distorsión del que fue uno de los principales propósitos de la sociedad mexicana desde mediados del siglo pasado. Por décadas, y no sin sufrir violencia, persecución, encarcelamiento y muerte, durante el régimen autoritario del PRI el afán de distintos sectores fue el del respeto al voto.
En ese propósito, desde la década de los noventa se han gastado miles de millones de pesos para fortalecer a los partidos políticos, quitarle al gobierno federal la organización de las elecciones y crear instituciones administrativas –el IFE– y jurisdiccionales –el Tribunal Electoral– para garantizar elecciones independientes e imparciales.Esencial para la representación es el respeto al voto, pero que así se haga –cuando en verdad ocurre– no significa que se cumpla esa que es una de las reglas de la democracia.Detrás de esa supuesta representación están los intereses de los principales sectores políticos y económicos. Eso ocurre prácticamente en todas las democracias, pero en México tiene una de sus más peligrosas manifestaciones. De manera creciente, el narcotráfico ha sido un factor decisivo en las elecciones. Comenzó financiando a los candidatos a cambio de permisos para operar, luego decidió nombramientos en la policía y terminó eligiendo a síndicos, presidentes municipales, diputados y no se sabe si senadores o gobernadores.En la elección de "representantes populares" sólo le compite la televisión, el otro factor real de poder que ha asaltado la democracia. Si durante el autoritarismo priista la televisión fue "un soldado del PRI" –como definió El Tigre Azcárraga a Televisa–, ahora el poder político se rinde ante la fuerza de la pantalla.
En México, no hay poder formal que se le plante a las televisoras. Fuera de la excepción que tuvo la Suprema Corte al echar abajo la llamada Ley Televisa, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo se han atrevido a hacer valer el gobierno de la República frente a las televisoras. Quienes en lo individual lo han hecho, han sido juzgados y quemados por la pantalla inquisitorial.Los narcotraficantes y los dueños de las televisoras no llegaron solos. En el primer caso, no hay partido que se salve. Prácticamente todos les abrieron las puertas. En el segundo, el caso más evidente y detestable es el del Partido Verde Ecologista de México, que ha postulado a candidatos claramente identificados como representantes de las televisoras.Su objetivo es claro: con el apoyo de cualesquiera diputados que se vendan, reformar la legislación a favor de los millonarios intereses de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas.Como en pocos países, los poderes de hecho se han sobrepuesto a los poderes formales con la complacencia de estos mismos. Menos todavía harán los llamados representantes populares para cumplir con la rendición de cuentas, otro de los requisitos de la democracia. Cómplices y prevaricadores, los legisladores seguirán con la máxima del "dejar hacer y dejar pasar", como de costumbre han hecho. Ayer lo hicieron ante todo tipo de abusos del PRI, hoy las corruptelas y negligencia criminal ocurridas bajo el PAN, como el incendio de la guardería de Hermosillo, Sonora. Mañana, cualquier otra expresión de la cleptomanía de la clase política o del abuso del poder económico. El lugar común de que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos, en México se ha convertido en la coartada perfecta para la impunidad.jcarrasco@proceso.com.mx
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