Avanza expansión militar estadunidense en América Latina

Frente al creciente rechazo latinoamericano al militarismo estadunidense, el gobierno de Barack Obama debería de rediseñar su fallida política económica, militar y antinarcóticos en la región consideran analistas. Explican que como ni los demócratas ni los republicanos parecen dispuestos a reaccionar en ese sentido, sólo la presión de los propios estadunidenses lograría hacerlo.

Nydia Egremy

En octubre de 2008, Rafael Correa, presidente de Ecuador, visitó Italia y desde ahí lanzó una propuesta: si Estados Unidos permitía al país andino instalar una base militar en Miami, se renovaría la autorización para que continuara funcionando en la costera ciudad ecuatoriana de Manta el estadunidense Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés); de otra manera, las tropas estadunidenses deberían abandonar esas instalaciones en noviembre de 2009 cuando expiraría el acuerdo bilateral firmado en 1999. Y así fue, aunque el desalojo ocurrió con cinco meses de anticipación, pues el viernes 17 de julio despegó de la base ecuatoriana el último avión militar estadunidense, relata John Lindsay Poland, codirector de la Fraternidad de Reconciliación de la Fuerza de Tarea para América Latina y el Caribe. Dice que, pese a esa medida, “el Pentágono no aprovechó esa ocasión para reexaminar sus misiones en la región o corregir sus excesos; por el contrario, los militares parecen decididos a escalar sus operaciones en Los Andes”.

Precisamente son la mayoría de gobiernos de la región andina los que rechazan la operación de esas instalaciones militares en su territorio, porque consideran que su función es meramente contrainsurgente; un razonamiento que respalda Adalberto Santana, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Afirma que se trata de “planes contrainsurgentes, no contra la delincuencia organizada”, pues desde esas instalaciones militares en todo el continente se lanzaron en el pasado operativos para contrarrestar los movimientos revolucionarios en la zona.
Este 2009 es “muy peligroso para América Latina por la agresividad del pentagonismo, es decir, el avance del complejo militar industrial estadunidense” hacia los países que ellos consideran como una grave amenaza a su seguridad nacional y a sus intereses en la región: Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, advierte el investigador. Recuerda que Honduras es un enclave estratégico que comparte fronteras con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, por lo que para Estados Unidos ése fue un punto desde donde lanzó operativos destinados a contrarrestar los fenómenos revolucionarios de la región en la década de 1980.
Porque persiste la importancia estratégica de Honduras, detrás del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya estaría su solicitud a Estados Unidos para retirar sus fuerzas de la base aérea de José Enrique Soto Cano en Palmerola –en Comayagua, antigua capital de Honduras–, que aloja a la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, revela Santana. Dice que en ese país opera otra instalación militar con presencia estadunidense: la base naval de Puerto Castilla en Tocoa, departamento de Colón.
A su vez, Lindsay-Poland recuerda que las instalaciones de Palmerola son herencia de la Administración Reagan, construidas en 1984 para combatir al gobierno sandinista en Nicaragua, y en un intento por evitar el triunfo de la revolución de izquierda en El Salvador se armó a los contras, violando la prohibición del Congreso y se les brindó entrenamiento militar y apoyo con helicópteros desde Soto Cano.
Ya en este siglo, la ofensiva de los “halcones estadunidenses y del complejo militar industrial –apoyado por la señora (Hillary) Clinton”, que presiona para revertir los procesos revolucionarios en América Latina–comenzó con Honduras. Buscan ubicarse contra otros gobiernos de la región, expresa Santana. Para conseguir ese objetivo, la doctrina militar estadunidense hacia la región ya no apunta directamente contra la contrainsurgencia, sino que identifica al narcotráfico como su principal blanco; aunque “buena parte de los militares de esos países, como en el caso mexicano, han estado ligados al narcotráfico”, afirma el investigador, autor de El narcotráfico en América latina: un fenómeno político y social.
Lo que hacen
No importa si es una base aérea o para barcos y submarinos, o en qué superficie se extienden, “lo sustancial es lo que están haciendo: las actividades, los privilegios y derechos que adquieren a través de los acuerdos”, como ocurrió en Ecuador y lo que puede venir en Colombia con las cinco bases que sustituirán a la de Manta. En parte, la principal misión de una base militar es controlar la información; tienen capacidades para monitorear conversaciones telefónicas desde muchos lugares y, también, donde existe presencia militar humana hay inteligencia humana y están en condiciones de controlar el terreno, expresa Lindsay-Poland.
Información de la Guardia Costera estadunidense sacó a la luz otra actividad que se realizó desde Manta: el seguimiento al tráfico de migrantes de esa nación, por lo que alrededor de 7 mil 953 fueron capturados en aguas territoriales e internacionales entre 1999 y 2007. Sin embargo, tras la salida precipitada de Estados Unidos de esa base, las investigaciones oficiales ecuatorianas apuntan a que se ejecutaron “abordajes ilegales, hundimiento de embarcaciones, maltrato a pescadores y desapariciones”.
De acuerdo con la Comisión de Asuntos Internacionales y de Seguridad Pública del Legislativo ecuatoriano, que investiga posibles violaciones al acuerdo binacional Ecuador-Estados Unidos de 1999, el balance de 10 años de presencia militar estadunidense en Manta es: la captura de 1 mil 758 toneladas de cocaína cuyo valor en la calle equivaldría a 35 millones 100 mil dólares, así como 3 mil 11 detenciones desde 2000 al primer semestre de 2009. No se descarta, según Marcos Martínez, presidente de esa comisión, “la supuesta participación de esos militares en el hundimiento de barcos con migrantes”, así como la comisión de otros actos ilícitos.
¡No! a las bases militares
La expansión militar estadunidense en América Latina se consolidó desde su presencia en el Canal de Panamá. A partir del Comando Sur, el Departamento de Defensa estadunidense instaló bases militares en la región, que ahora se transformaron en Puestos de Operaciones Avanzadas. De acuerdo con los objetivos del Comando Sur, esos puestos militares buscan: proteger, consolidar y expandir las democracias occidentales; garantizar la eliminación de las amenazas que atenten contra la estabilidad de los países democráticos; cooperar con el desarrollo económico y social de los países de la región; eliminar la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales, así como capacitar y entrenar a los militares de la región.
Al sur del río Bravo, las tropas estadunidenses se instalan en cuatro zonas de América Latina: Centro América (principalmente en Honduras y El Salvador –con la base de Comalapa– para vigilar al narcotráfico, dar entrenamiento policiaco, apoyo de helicópteros y programas de asistencia militar); el Caribe (Guantánamo en Cuba y Vieques en Puerto Rico son las principales), el Cono Sur y el Sistema Andino (Perú, Colombia y Bolivia). En esta región, Perú aloja las bases de Iquitos, Santa Lucía y Nanay; Tres Esquinas, Larandia, Puerto Leguisamo y Leticia en Colombia y la base de Charapé en Bolivia.
El proceso de extensión sigue a nivel naval, con la construcción del enclave para submarinos en Surinam, en la Guyana holandesa, y que el gobierno de Brasil rechaza porque representaría una fuente de tensión contra Venezuela en el Atlántico, Aruba y en Curazao (ambas ínsulas bajo dominio holandés, la segunda a sólo 50 kilómetros de Venezuela, en la que fuerzas armadas estadunidenses operan también una instalación militar cercana al aeropuerto internacional).
En Paraguay, el debate se centra en la mayor base aérea de la zona llamada Mariscal Estigarribia, pues al asumir el poder el presidente Fernando Lugo negó que fuera un territorio ocupado por fuerzas estadunidenses. Desde ese lugar, cualquier aeronave puede desplazarse en sólo unos minutos hacia cualquier punto de Suramérica. Más al sur del continente americano, Lindsay-Poland habla de ocho enclaves militares que sobreviven en Argentina a pesar del deseo de las autoridades de aquel país. La información respectiva cobró fuerza en marzo de 2007 cuando un tribunal ético en Argentina, cuyo fiscal fue Carlos Zamorano, dictaminó que las bases militares estadunidenses en América Latina “violan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la región”.
Ese magistrado estimó que la política “intervencionista” de Estados Unidos busca promover el militarismo en esas naciones, como en la Patagonia argentina, en donde desde 2001 se habló de construir una base militar y nuclear en Tierra del Fuego, cercana al Estrecho de Magallanes, una zona estratégica que vincula al Atlántico con el Pacífico. Asimismo, se planteó la edificación de la base en la zona de Chubut como una ampliación de las instalaciones Torre Omega (entre las ciudades de Trelew y Puerto Madryn) y que en la Guerra de las Malvinas habría transmitido información clasificada a las tropas británicas.
Otro enclave militar extranjero en aquel país sería el de la Isla Grande, que a través del decreto 1369 de 2001 se habilitó como una base del Sistema Internacional para la Prevención y Prohibición de Ensayos Nucleares, que permite el libre tránsito de las fuerzas foráneas por toda la provincia porque así lo requieren sus investigaciones.
Precisamente en octubre de 2006, fuerzas armadas de varios países, incluidas las argentinas, participaron en un ejercicio militar multinacional en la llamada Operación Hermandad, cuyo objetivo fue “recuperar un aeropuerto que había caído bajo el control de una potencia extracontinental y que se utilizaba para el envío aéreo de tropas y su despliegue en la región”. Sin embargo, acota Lindsay Poland –quien también ha participado en las Brigadas internacionales de Paz en distintos conflictos de América Latina–, Estados Unidos es justamente la única potencia con la capacidad para transportar tropas por vía aérea en una operación como la que “combatió” en ese ejercicio.
Precisamente, la inquietud que provoca entre los argentinos la presencia de tropas extranjeras y operaciones militares desde su territorio dio lugar a que el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina, Miguel Monserrat, recordara en 2007 que el “intervencionismo” de Estados Unidos en la nación suramericana se remonta a dos siglos de existencia, aunque en la actualidad “es preocupante por el nivel de agresividad” que representa la instalación de bases militares en el continente.

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