El gobierno espurio hipoteca el futuro con la anticonstitucional Ley de Asociaciones Público-Privadas

BOLETÍN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 16 NOVIEMBRE DE 2009

* La ley deja en descubierto la política del PAN de abrir el endeudamientopúblico sin la autorización del Congreso.

La iniciativa de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP),presentada por el gobierno espurio en el Senado, pone a descubierto lapolítica económica promovida por el PAN de abrir el endeudamiento público sin la autorización del Congreso y sin que se registre como deuda públicaal clasificarlo como “gasto corriente”, expresó la secretaria de Salud del Gobierno Legítimo de México, Asa Cristina Laurell.Además, el gobierno usurpador, detallo, pretende facilitar la expropiaciónpor “utilidad pública” mediante un procedimiento simplificado para poner adisposición del sector privado los bienes expropiados.“La ley legalizaría la suscripción de contratos, mediante licitación oadjudicación directa, con el sector privado nacional e internacional quecomprometen el gasto público durante 25 a 40 años y dándole prioridad aestos pagos por encima de cualquier otro gasto”, señaló Asa CristinaLaurell.Especificó que los contratos de inversión-administración están previstospara la construcción y administración de infraestructura. El objetivo dela ley es “brindar mayor certeza jurídica a los inversionistas y a losfuncionarios públicos”.Las modificaciones a los procedimientos de la expropiación por causa deutilidad pública consisten en separar la declaratoria de utilidad públicay el decreto de expropiación, explicó al mencionar que para la primerabastará el dictamen técnico de la entidad o dependencia pública y luegose procedería a desarrollar el proceso legal administrativo de laexpropiación.Con ello se limita la defensa de particulares, ejidos y comunidades alreducir el tiempo para interponer recursos legales a 15 días. Lainiciativa propone además que no proceda la suspensión ante un decreto deexpropiación, prosiguió.Expuso que otra novedad de la ley es la posibilidad de recibir y aprobarpropuestas no solicitadas de la Iniciativa Privada. “Al proponente se lepagarán además los gastos de la elaboración de su propuesta, eso es que elgobierno espurio no sólo dejaría de cumplir la función de proporcionarlos servicios públicos sino que los particulares realizarán el trabajo delejecutivo que será retribuido a precios que determine la iniciativaprivada” explicó.Calificó a la iniciativa de ley de anticonstitucional “porque infringelas facultades del Congreso de la Nación plasmadas en el artículo 73-VIIIque faculta al Congreso decidir sobre el endeudamiento de la nación. Elhecho de que se clasifique el pago como “gasto corriente” no cambia quesea endeudamiento público sólo lo disfraza”.Recordó que esta maniobra se inventó en la Unión Europea que puso comotecho máximo un endeudamiento del 60 por ciento del PIB en 1997 para losestados miembros. Para salir a paso de este límite se ideó la llamadaAsociación Público-Privada(APP) o en inglés “Private Finance Iniciative”que permite a los estados violar sus propias reglas sobre el nivel delendeudamiento.Sin embargo, continuó, actualmente la Unión Europea está planteando lanecesidad de abrir estos contratos al escrutinio público con la finalidadde conocer su monto y costos. Por ejemplo en Inglaterra, el pionero deestos contratos, se ha decidido cambiar las reglas de la contabilidadpública para que esta deuda escondida (off balance sheet) aparezca comoparte de la deuda pública.Esta medida, mencionó, se actualizó a raíz de la crisis económica mundialcausada, entre otras cosas por el desconocimiento respecto alendeudamiento real y la capacidad de pago de los grupos financieros y delos estados.Destacó que los contratos APP consisten en contratar con el sector privadoel financiamiento, la construcción y la administración de una obra–hospital, carretera, puente, de agua, etcétera—a cambio de un pago,mensual o anual, al ganador del contrato y/o el otorgamiento de unaconcesión para cobrar por su uso.Explicó que se pide al inversionista-constructor-administrador que: pongaun capital de “riesgo”, frecuentemente muy bajo; consiga en el mercadofinanciero el resto del capital, generalmente a una tasa mayor que lagubernamental; construya la obra y; la administra.Estos contratos, aclaró, ya existen en México con el nombre eufemístico“Proyectos de Prestación de Servicios” (PPS) justificados legalmente conun “Acuerdo Secretarial” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP) en 2004 (DOF 9/4, 2004) que tiene una jerarquía legal muy baja.Este acuerdo se publicó durante el gobierno de Fox con Gil Díaz comotitular de la SHCP y Barrio Terrazas en la SFP.La LAPP, sostuvo, tiene la finalidad de resolver esta debilidad legal. Esmás, en 22 entidades federativas ya fueron aprobadas leyes semejantesgeneralmente sin mayor conocimiento y sin un debate a fondo. “Se trata nimás ni menos de una hipoteca de un monto desconocido a cargo de losfuturos ingresos públicos que obliga a los gobiernos —federal, estatal omunicipal— a pagarla prioritaria- y puntualmente. Los célebres “Pidiregas”de PEMEX tenían el mismo carácter y han sido reconocidos por el Congresocomo deuda pública” resaltó.Especificó que operan en México un grupo de asesores-cabilderosespecializados en este tipo de contratos, destacadamente los despachos deWhite & Case, Currie & Brown, Pricewaterhouse y Jáuregui y NaderAsociados, entre otros. “Estos despachos se han encargado de “vender unaimagen falsa de estos proyectos además de elaborar los contratos y lasiniciativas de ley” comentó.Mencionó que han cobrando honorarios por un monto acumulado de unos cienmillones de pesos sólo en el sector salud por estas actividades y al serasesores de los gobiernos influyen en el dictamen de las propuestas de loslicitantes. Uno de los casos más emblemáticos es el estado de México.Indicó que el contenido de la iniciativa de ley permite inferir quealguno(s) de estos despachos están detrás de su redacción ya que dice quepermitirá reducir los costos hasta en un 15 por ciento y sobre tododisminuir los tiempos de ejecución hasta en un 30 por ciento.“Estos son los argumentos machaconamente esgrimidos a favor de los PPSpero la realidad los ha desmentido tanto en México como en el extranjero.Ponemos el ejemplo de los Hospitales Regionales de Alta Especialidadcontratados por la SSA” e expuso.El primero hospital ubicado en León, Guanajuato fue asignado a la empresaespañola Acciona con un contrato por 3,600 millones lo que significa unmonto superior en 164 millones del proyecto de referencia. Sin embargo seestima que su costo total –sin contar el costo de la prestación de losservicios médicos, medicamentos y otros insumos—serán unos 7,500 millonespor las actualizaciones del INPC y los ajustes pactados en el contrato,detalló.“La inversión realizada en la construcción y equipamiento del hospital fuede 603.7 millones y entre abril, 2007 y junio, 2009 Acciona ha recibidopagos por 391 millones. Si el gobierno federal hubiera contratado unpréstamo por 603.68 millones con una tasa de interés de 4% anual habríapagado 61 millones por el tiempo señalado. Es decir, hubiera tenido unexcedente de 330 millones respecto al contrato PPS y con este dineropodría haber pagado el 55% del préstamo original. Es una mentira que losPPS son 15% más baratos”, pormenorizó.La secretaria de Salud mencionó que la eficiencia privada se ha ademásmostrado ser bajísima. El hospital fue inaugurado en marzo de 2007 con unretraso de cinco meses. El problema no terminó allí ya que durante elprimer año sólo estaban en funcionamiento 25 de sus 180 camas. Los últimosdatos oficiales permiten estimar que se llegará al 36% de la metacontractual de egresos hospitalarios anuales en 2009. Esto equivale a unfuncionamiento regular de 60 a 70 camas.Resaltó que el segundo hospital en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fueasignado a la empresa mexicana Marhnos que carece de la experienciasolicitada pero aportó a la campaña del PAN. El monto del contrato es de4,725 millones de pesos y aumentará al menos al doble por lasactualizaciones previstas. Se inauguró en marzo de 2009 con un médico y 15altos funcionarios.“Hasta la fecha no está funcionando, carece de personal y sólo estánpresupuestados para 2010 los recursos para el pago del contrato. Estosignifica que se mantendrá cerrado también durante 2010. Es decir, es unbuen negocio para las empresas contratantes pero un desastre para lospacientes no atendidos y para los contribuyentes”, informó.La suerte de las carreteras concesionadas es de sobra conocida –susquiebras, rescates y saneamiento—, sus altos costos para los usuarios y elpésimo mantenimiento. Con estos antecedentes no hay nada que haga suponerque una Ley de Asociaciones Público-privadas tenga algo que ofrecer que nosean grandes negocios al sector privado, señaló.Aseguró que los investigadores ingleses Liebe y Pollock acaban de publicaruna revisión de este tipo de proyectos (The experience of the privatefinance initiative in the UK’s Nacional Health Servicewww.health.ed.ac.uk/CIPHP/publications) en Inglaterra después de diez añosde experiencia con ellos. Su revisión se basa fundamentalmente en lainformación oficial y los documentos del Ministerio de Finanzas, laAuditoría Superior y el Regulador Autónomo del sistema de salud.Manifestó que esta revisión les permite extraer tres lecciones. La primeraes que los PPS no proporcionan financiamiento adicional porque el estadode cualquier modo tiene que pagarlo. La segunda es que no son más baratasya que el costo del financiamiento incrementa y tampoco proporcionanmejores servicios. La tercera es que sus altos costos obligan a reducirlos servicios prestados.Indicó que la iniciativa mexicana llega 10 años tarde cuando ya estáprobada su inoperancia y altos costos. Es una propuesta disimulada paralegalizar la privatización de los bienes públicos y desresponzabiliar alestado de sus obligaciones. Procuraría además la silenciosa privatizaciónde PEMEX.