Propone la UNAM mecanismo para suplir al presidente

JENARO VILLAMIL

MEXICO, D.F., 25 de noviembre (apro).- Una amplia reforma al régimen político, en especial al sistema presidencial mexicano, constituye la propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM entregada esta semana en el Senado de la República.
Entre los puntos principales, destacan la propuesta de que el Congreso ratifique al gabinete; crear un Consejo de Estado; desaparecer la Procuraduría General de la República (PGR) para dar paso a una Fiscalía General de Estado, y proponer un mecanismo de sustitución del presidente de la República en casos de ausencia absoluta.
En este terreno, los juristas proponen elaborar una lista de funcionarios del gabinete –con excepción de los cargos militares- que pueden sustituir al presidente de la República "en caso de actualización del supuesto de hecho como 'encargado del despacho de la Presidencia de la República'".
En un "trance de tal magnitud", los juristas de la UNAM proponen que los posibles sustitutos del presidente sean, en orden descendente, los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda o Economía.
"El 'encargado del despacho de la presidencia de la República', investido de esta autoridad en forma automática por la muerte del presidente de la República, protestará, sin embargo, el cumplimiento de la Constitución ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de las seis horas siguientes a aquella que produzca la falta absoluta del presidente", establece la propuesta.
Después de concluir su encomienda, el encargado de despacho de la presidencia entregará un informe pormenorizado ante el Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia, "así como al presidente electo por el Congreso de la Unión".
Otro supuesto establecido en la propuesta es la elección del "presidente provisional, interino o sustituto". Para lograrlo, el Congreso de la Unión elegirá por "eliminación sucesiva de candidatos con menos votos, que garantice necesariamente la elección de un solo individuo sin posibilidad de que uno o más partidos políticos con representación en las cámaras puedan obstruir la elección del Colegio Electoral para mantener el poder por tiempo indefinido al 'encargado de despacho de la Presidencia'".
Esta es la primera propuesta que detalla los escenarios posibles ante la ausencia física del presidente y cómo se podrá designar a un "encargado de despacho" y al presidente sustituto, provisional o interino.
Acortar atribuciones presidenciales
El documento de propuestas, presentado por Héctor Fix Fierro, Diego Valadés, Francisco Paoli Bolio y otros integrantes del IIJ de la UNAM, se extiende en una serie de propuestas para que el Congreso intervenga en la aprobación de los miembros del gabinete.
Se propone que por mayoría simple, el Senado apruebe los nombramientos de los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Defensa, Marina, Hacienda y Crédito Público y Economía.
A su vez, la Cámara de Diputados podría aprobar, a partir de 2012, previo dictamen de las comisiones correspondientes, a los titulares de Desarrollo Social, Educación Pública, Salud y Trabajo y Previsión Social.
A estos nombramientos deberán sumarse, a partir de 2012, los del titular del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) –que deberá ser aprobado por la comisión bicamaral de Seguridad Nacional--, el titular de la Comisión Nacional del Agua, así como de los directores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El Instituto de Investigaciones Jurídicas subraya la necesidad de que "todos los altos funcionarios del gobierno nombrados por el jefe del Ejecutivo sean analizados previamente a su designación por las comisiones de las cámaras del Congreso, para constatar la solvencia profesional de los prospectos, los requisitos jurídicos de elegibilidad, así como para atar coaliciones de gobierno estatales".
Para eliminar el mecanismo de "cuotas de partido" en los nombramientos de otros organismos, la propuesta de los juristas establece la facultad de formar listas de candidatos sobre las cuales el presidente y los partidos políticos con representación en las cámaras elegirán a los titulares. Sólo quedarían excluidos de este procedimiento los miembros de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial y de la nueva figura denominada Consejo de Estado.
Los casos que entrarían en este supuesto son el nuevo fiscal general del estado y el Consejo de la Fiscalía General; los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; el director y los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México; el presidente y los consejeros del IFE; el presidente y los consejeros de la CNDH; el presidente y los consejeros del INEGI, y el presidente y los consejeros del IFAI.
Se subraya que estos funcionarios deben ser aprobados "por amplias mayorías de las cámaras en sesiones de pleno, previo dictamen de las comisiones competentes que conduzcan el proceso público de análisis de las candidaturas.
Consejo de Estado y Fiscalía General
Mediante una reforma constitucional, los juristas de la UNAM proponen crear un Consejo de Estado, vinculado orgánicamente a la presidencia de la República, "con competencia para suplir transitoriamente la omisión del legislador".
Este organismo serviría como un consejo consultivo "de criterio independiente y de alto nivel" sobre cuestiones constitucionales y legales. También servirá en situaciones extraordinarias como "un órgano con imperio y competencia constitucional para emitir 'decretos del ley'". La integración de este Consejo de Estado, figura que supliría al consejero jurídico de la presidencia, se establecerá en una nueva Ley de Desarrollo Constitucional.
La Procuraduría General de la República desaparecería para dar lugar a una Fiscalía General del Estado, como un órgano constitucional autónomo, lo cual implicaría "cierto margen de libertad del ente autónomo, pero nunca la independencia del órgano con respecto de uno de los poderes federales".
Esta fiscalía retoma la misma figura existente en la Constitución de 1857. Esta fiscalía no tendrá la conducción y mando de la policía ministerial para la investigación de los delitos. A cambio, se crea la Policía Nacional de Investigación, compuesta por elementos profesionales de carrera. También recomiendan la creación de un Consejo de la Fiscalía General.