En busca de un auditor a modo

JOHN M. ACKERMAN

El contundente fracaso del Estado mexicano en materia de combate a la corrupción es responsabilidad de todos. La reprobatoria calificación de 3.3 en el índice establecido por Transparencia Internacional (TI) es una llamada de atención para toda la clase política, los tres poderes federales y cada una de las entidades federativas. El hecho de que México sea hoy un país con mayor corrupción que China, El Salvador, Guatemala, Arabia Saudita, Botswana, Namibia y Tailandia se debe también a la falta de acción social. A las organizaciones no gubernamentales, los grupos sociales y los académicos todavía les falta construir un claro programa en la materia.

No es momento para sacar raja política de esta preocupante situación. Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo, se equivoca gravemente cuando declara que la calificación de TI “es un llamado de alerta para el gobierno federal. Vale la pena que lo tome en cuenta e instrumente lo que sea necesario a fin de presentar mejores resultados”. En lugar de echar la culpa a los demás, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado haría bien en asumir su responsabilidad y la de su partido para emprender acciones urgentes que puedan enmendar el daño causado.
No habría que perder de vista que actualmente el PRI gobierna la mayoría de las entidades federativas del país y que las prácticas de corrupción a nivel federal no iniciaron con el gobierno actual, sino que son herencias de décadas de un sistema de partido de Estado construido con base en múltiples conflictos de interés e ilegalidades. Beltrones mismo fue una pieza central de este régimen de oprobio.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, tampoco está libre de culpa. Fue secretario de la Contraloría durante la administración de Miguel de la Madrid, el mismo expresidente que públicamente ha reconocido que tanto su gobierno como el de su sucesor no fueron precisamente los más pulcros de la historia. Como contralor, Rojas estaría directamente implicado en este desaseo administrativo.
Pero la historia no es destino, y actualmente existen numerosas reformas que bien se podrían impulsar desde el ámbito legislativo para enfrentar la drástica realidad de corrupción que corroe a toda la administración pública. El PRI podría utilizar su control en la Cámara de Diputados y su presencia en el Senado para promover reformas que puedan prevenir los conflictos de interés de los servidores públicos, dotar de autonomía plena a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), otorgar mayores facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, e introducir modificaciones estratégicas en el Código Penal y otras disposiciones legales.
Lamentablemente, en lugar de impulsar una nueva agenda en la materia, el PRI únicamente busca cortar cabezas. El miércoles pasado, su grupo parlamentario en San Lázaro se pronunció formalmente en contra de la reelección de Arturo González de Aragón al frente de la ASF. Así, el PRI sigue fielmente la “línea” de César Nava, quien ha afirmado que González de Aragón no garantiza la “honorabilidad”, el “profesionalismo” o la “imparcialidad” de la institución.
El viejo partido del Estado también sigue el ejemplo de Felipe Calderón con su propuesta de desaparecer la Secretaría de la Función Pública. En lugar de hacer propuestas afirmativas y constructivas para combatir la corrupción, ambos actores prefieren debilitar las instituciones responsables de esta tarea con la esperanza de que el fenómeno desaparezca como por arte de magia.
El verdadero pecado de González de Aragón ha sido su independencia y su valor a la hora de ejercer su función. Habría que recordar que hace ocho años, cuando Beatriz Paredes fue la coordinadora de la fracción del PRI en San Lázaro durante la LIX Legislatura, tanto el PAN como el PRI apoyaron plenamente el nombramiento del actual auditor. El súbito cambio de parecer de estos dos partidos obedece a evidentes motivaciones políticas. Ambas agrupaciones políticas preferirían un auditor a modo que no cause problemas en un momento en que tanto el gobierno federal como los gobernadores quisieran tener las manos libres para asegurar la victoria de sus partidos en las elecciones de los próximos años.
La buena noticia es que, con la solicitud del PRI, este partido acepta implícitamente que tendría que haber dos momentos en el procedimiento de selección del titular de la ASF. Primero, los diputados decidirían si reeligen a González de Aragón por un periodo adicional de ocho años, de acuerdo con el artículo 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Posteriormente, en caso de que dos terceras partes de la Cámara no estuvieran de acuerdo con esta opción, se emitiría una convocatoria para designar a un nuevo auditor superior.
El PRI alega de manera engañosa que su propuesta de no reelección favorece la “transparencia” y la “pluralidad” del proceso, cuando el efecto sería exactamente el opuesto al dejar la puerta abierta a una palaciega negociación política que decida quién será el próximo secretario de la Contraloría. En general, los argumentos presentados por el PRI, el PAN e incluso el PT en contra de la reelección del actual auditor no han sido contundentes.
Un análisis global y objetivo de la labor de González de Aragón demuestra que bajo su mando la ASF se ha convertido en una de las pocas instituciones del Estado mexicano dignas de confianza. En los últimos ocho años hemos dejado de tener una oficina dedicada a lavar las cuentas públicas, la Contaduría Mayor de Hacienda, para mantener con la ASF una garantía de la correcta utilización de nuestros impuestos.
Urge frenar la acelerada destrucción de los organismos independientes y de rendición de cuentas. Los grandes éxitos del IFE entre 1996 y 2003 fueron desmantelados en la negociación política de 2003. Gracias al Senado, la CNDH hoy continúa por el mismo camino de la opacidad y la complacencia. Esperamos que una de las pocas instituciones del Estado mexicano que sí ha hecho bien su chamba no corra la misma suerte.
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