15 febrero 2010
Los altos jerarcas de la Iglesia católica y el gobierno de Veracruz, acompañados de una sospechosa ayuda del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dejarán en libertad al líder de una red de pornografía infantil que fue arrestado luego de una impresionante y exitosa investigación de la policía cibernética.
Utilizando el alias Lobo Siberiano el sacerdote católico Rafael Muñiz López almacenaba y reenviaba pornografía infantil desde su computadora portátil en la parroquia de San Pedro Apóstol en Veracruz. La red de pornografía infantil estaba compuesta por otros cinco sujetos que fueron arrestados. Operaban en el Distrito Federal, en Hidalgo, Puebla, Aguascalientes, Veracruz y Yucatán. Se demostró que el cura enviaba el material a ciberpederastas en Estados Unidos, Rusia, España, Chile y Colombia. El 9 de junio de 2009 se ejercitó acción penal contra el sacerdote por los delitos pornografía infantil agravada (se agrava el delito por ser ministro de culto) y delincuencia organizada, al considerar que formaba parte de una red organizada de pedófilos. El 22 de junio del 2009 se dictó auto de formal prisión al párroco, pero fue una farsa del juez Paul Martin.
Los abogados de la diócesis lograron que el juez Martin diera un amparo al sacerdote, porque no se acreditó la distribución de la pornografía como delito “contra la moral pública” ya que el sacerdote compartía la pornografía infantil sólo “con un círculo cerrado de personas”.
El obispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios (quien defendió también al párroco Jesús Sandoval González, sentenciado por violar a niños de la casa hogar Manuel Pío López) logró incidir en el gobierno de Veracruz para evitar que la Procuraduría local siguiera las indagaciones. La semana pasada el juez tuvo la opción de aceptar el recurso de revisión solicitado por los ministerios públicos pero, muy convenientemente para el sacerdote, se negó. No es casualidad, en Veracruz las leyes sobre pornografía infantil no protegen a la infancia y sí a las redes de ciberpederastas, como otros estados. Así, el juez ordenó que al párroco se le juzgue en Veracruz, donde se le dejará libre para seguir gozando de pornografía de niñas y niños de 0 a 17 años, mientras no vulnere la “moral pública”, o sea mientras lo haga “en lo oscurito”.
La impunidad en México no es abstracta, tiene nombres y apellidos. En este caso hallamos que los cómplices concretos son los jueces, quienes ignoran las leyes de la mano de los líderes del clero, capaces de ejercer todo el poder político y dinero para liberar a sus pedófilos. No es culpa de la Iglesia que algunos de sus miembros cometan delitos, particularmente pederastia, pero ciertamente los que están libres de culpa podrían hacer algo más para prevenirla y evitarla. Lo inexplicable es la protección cómplice que otorga a este tipo de criminales, pese a que sus delitos atentan contra todo aquello que defiende la doctrina cristiana. Curas y jueces constituyen una alianza infame que prohíja la impunidad y, por ende, la repetición de crímenes contra la infancia. El país se horroriza y exige, las y los legisladores aprueban leyes, las policías se capacitan e investigan, llegan los jueces y de un plumazo destruyen los esfuerzos colectivos por restablecer un estado de derecho. ¿Hasta cuándo?
Utilizando el alias Lobo Siberiano el sacerdote católico Rafael Muñiz López almacenaba y reenviaba pornografía infantil desde su computadora portátil en la parroquia de San Pedro Apóstol en Veracruz. La red de pornografía infantil estaba compuesta por otros cinco sujetos que fueron arrestados. Operaban en el Distrito Federal, en Hidalgo, Puebla, Aguascalientes, Veracruz y Yucatán. Se demostró que el cura enviaba el material a ciberpederastas en Estados Unidos, Rusia, España, Chile y Colombia. El 9 de junio de 2009 se ejercitó acción penal contra el sacerdote por los delitos pornografía infantil agravada (se agrava el delito por ser ministro de culto) y delincuencia organizada, al considerar que formaba parte de una red organizada de pedófilos. El 22 de junio del 2009 se dictó auto de formal prisión al párroco, pero fue una farsa del juez Paul Martin.
Los abogados de la diócesis lograron que el juez Martin diera un amparo al sacerdote, porque no se acreditó la distribución de la pornografía como delito “contra la moral pública” ya que el sacerdote compartía la pornografía infantil sólo “con un círculo cerrado de personas”.
El obispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios (quien defendió también al párroco Jesús Sandoval González, sentenciado por violar a niños de la casa hogar Manuel Pío López) logró incidir en el gobierno de Veracruz para evitar que la Procuraduría local siguiera las indagaciones. La semana pasada el juez tuvo la opción de aceptar el recurso de revisión solicitado por los ministerios públicos pero, muy convenientemente para el sacerdote, se negó. No es casualidad, en Veracruz las leyes sobre pornografía infantil no protegen a la infancia y sí a las redes de ciberpederastas, como otros estados. Así, el juez ordenó que al párroco se le juzgue en Veracruz, donde se le dejará libre para seguir gozando de pornografía de niñas y niños de 0 a 17 años, mientras no vulnere la “moral pública”, o sea mientras lo haga “en lo oscurito”.
La impunidad en México no es abstracta, tiene nombres y apellidos. En este caso hallamos que los cómplices concretos son los jueces, quienes ignoran las leyes de la mano de los líderes del clero, capaces de ejercer todo el poder político y dinero para liberar a sus pedófilos. No es culpa de la Iglesia que algunos de sus miembros cometan delitos, particularmente pederastia, pero ciertamente los que están libres de culpa podrían hacer algo más para prevenirla y evitarla. Lo inexplicable es la protección cómplice que otorga a este tipo de criminales, pese a que sus delitos atentan contra todo aquello que defiende la doctrina cristiana. Curas y jueces constituyen una alianza infame que prohíja la impunidad y, por ende, la repetición de crímenes contra la infancia. El país se horroriza y exige, las y los legisladores aprueban leyes, las policías se capacitan e investigan, llegan los jueces y de un plumazo destruyen los esfuerzos colectivos por restablecer un estado de derecho. ¿Hasta cuándo?
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