Funcionarios, responsables de crímenes contra periodistas: Cepet

Servidores públicos de los tres niveles de gobierno son los principales agresores a la libertad de prensa en México, señala un estudio del Centro de Periodismo y Ética Pública. El año que concluyó, entre los más aciagos para la prensa no sólo por el número de asesinatos (13), sino por los de amenazas, golpizas, detenciones ilegales y despojo de equipo. “El perfil de los agresores presenta una clara tendencia que apunta contra autoridades, sobre todo del ámbito municipal en el interior de la república”, advierte el Cepet.

Elva Mendoza

El informe Situación de la libertad de expresión en México. Documento de trabajo 2009, elaborado por el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) señala que las agresiones, los crímenes y el hostigamiento contra periodistas son, en su mayoría, cometidos por funcionarios de los tres niveles de gobierno.
El documento del Cepet revela que “el perfil de los agresores presenta una clara tendencia que apunta contra autoridades, sobre todo del ámbito municipal en el interior de la república”.
En 2009 se registró un total de 140 hechos de violación a la libertad de expresión que involucraron, al menos, a 183 periodistas (13 de los cuales fueron asesinados) y 19 medios de información. También se registraron dos acciones generalizadas contra comunicadores. En uno de cada tres ataques, relata el documento, se encuentran involucrados elementos uniformados.

La impunidad
México ha sido considerado recientemente uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo: en 10 años, 60 reporteros han sido asesinados, y las autoridades actúan con demora y pasividad en la atención a las denuncias, lo que deriva en impunidad.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (Feadep), de la Procuraduría General de la República, continúa sin ofrecer resultados, avances concretos o datos de consignaciones sobre los casos de homicidio y desaparición forzada de periodistas, señala el informe del Cepet. Además, las sentencias contra presuntos asesinos exhiben anomalías procesales que presumen la fabricación de culpables.
Las autoridades imponen penas a individuos cuya responsabilidad es puesta en duda, tal como sucedió con Hiram Oliveros Ortiz, quien fue sentenciado el 3 de junio a 16 años de prisión por ser presuntamente copartícipe en el homicidio del director editorial del diario El mañana, de Nuevo Laredo, que junto con el supuesto asesino material, Mario Medina Vázquez, fue víctima de aislamiento y torturas para acusar a un tercero y declararse culpable.

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