A los medios de comunicación.
A las organizaciones democráticas e independientes.
A los organismos defensores de los derechos humanos.
A la opinión pública.
La criminalización de toda disidencia cada vez se manifiesta con más crudeza y agudización, cuando observamos a los pueblos, movimientos y organizaciones sociales y populares, a los jóvenes y periodistas padecer la represión institucionalizada apuntalada por el espurio Felipe Calderón y ejecutada por sus fuerzas represivas tanto policiacas como militares.
Esta situación ha generado la creciente violencia, auspiciada desde el Estado y exacerbándose con la paramilitarización como punta de lanza en la represión en las entidades de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa.
Violencia de Estado que de acuerdo con cifras oficiales crecen alarmantemente a más de 18 mil asesinatos (ejecuciones) de personas y más de 4 mil desaparecidos en los que va del sexenio de Felipe Calderón, entre quienes se cuentan también a luchadores sociales y defensores de los Derechos Humanos.
Esta política fallida de Felipe Calderón que refleja las claras intenciones de combatir y exterminar todo intento de organización del pueblo mexicano tiene el objetivo de allanar el terreno a capitales nacionales y extranjeros como lo está haciendo al otorgar concesiones a empresas mineras canadienses en Baja California Sur tal y como lo hace en San Luis Potosí y Chiapas.
Además Calderón lleva sobre sus hombros la responsabilidad del asesinato de la luchadora social y defensora de los derechos humanos Josefina Reyes, así como la masacre de las 16 personas durante el domingo 31 de enero por la madrugada en la fraccionamiento Villas de Salvarcar, todos perpetrados por grupos paramilitares en Ciudad Juárez, lugar que le permite Calderón seguir ensayando los planes contrainsurgentes practicados en Colombia y ser rediseñados para aplicarlos al contexto mexicano. Donde el traslado de poderes a esta ciudad por parte del gobierno estatal no cambiara en gran parte esta situación si no se atienden las causas económicas y sociales que las generan.
A ello le sumamos la embestida represiva y de hostigamiento hacia diferentes sectores de la entidad chiapaneca apuntalados por los grupos paramilitares creados ex profeso tanto en las comunidades como en las ciudades, veamos:
- Los desalojos violentos a pobladores de comunidades de la Reserva Biosfera de Montes Azules, bases de apoyo zapatista, violando con ello garantías individuales y derechos humanos fundamentales. Hechos que refleja el verdadero rostros fascista del actual gobernador Juan Sabines Guerrero y no la imagen democrática que se da a conocer a nivel nacional.
- Las incursiones y asentamientos de militares de la VII región Militar en comunidades del municipio de Venustiano Carranza.
- El uso de grupos paramilitares por parte de Juan Sabines para ocupar el edificio de la Sección VII cuando se realizaba el Congreso para elegir al titular de la Caja de Ahorro del magisterio del Bloque Democrático. Grupo paramilitar conformada en su mayoría por jóvenes de colonias populares quienes se identificaban por un listón rojo que portaban en la muñeca y armados con palos y trozos metalicos para amedrentar y golpear a los maestros.
- La detención y encarcelamiento temporal injusto de 5 jóvenes graffiteros en San Cristóbal de las Casas bajo el burdo argumento o pretexto de ser delincuentes y dañar propiedad ajena, cuando en realidad contaban con el permiso y aval de los dueños de las viviendas para realizar su actividad que los caracteriza como escritores graffiteros.
¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR!
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALIMO (FNLS)
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