Dos años de “Terrorismo Plus” en Siria: La simbiosis entre rebeldes y terroristas

POSTED BY: TONATIUH MALDONADO
Juan Francisco Coloane
El apoyo público del Secretario de Estado estadounidense John Kerry a las fuerzas empeñadas en derrocar al gobierno Sirio, derivó a las pocas horas en un atentado terrorista más artero que el anterior. Irremediablemente, como ha sido la historia en este conflicto, este tipo de declaraciones se traduce en un impulso al terrorismo que ha sido protagónico en la estrategia para el derrocamiento del gobierno Sirio.
Es una estrategia con estructura de combate de un matiz nuevo que podría encapsularse como “Terrorismo Plus” a partir de una simbiosis entre terroristas y rebeldes. El mecanismo consiste en que el terrorismo es protagonista en la gestión de derrocar al gobierno encubierto con la pátina de un ejército insurgente sin apoyo de la población, pero con gran despliegue mediático. Los llamados rebeldes son tan repelidos por su connivencia con el terrorismo que hasta desplazados y refugiados sienten el resentimiento de los participantes de una operación sin apoyo popular.
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Ejército, paramilitares y marines ...

Este es el pan de cada día que reparte el gobierno colombiano

bentayga

VIDEO: En Colombia el ejército oficial, si ke masacra a su propio pueblo al más puro estilo nazi, y todos los organismo internacionales calladitos.

Este VIDEO es una prueba irrefutable del accionar conjunto entre: paramilitares, ejército oficial de Colombia y marines de Estado Unidos en la comisión de masacres horrendas.

Con estas masacres, el terror de Estado ha logrado desplazar a 5,2 millones de personas de sus tierras: Colombia es el país con más desplazados del mundo. Las tierras despojadas a campesinos, indígenas y afrodescendientes son entregadas a multinacionales mineras y del agro industrial, así como al gran latifundio y su herramienta narco-paramilitar.

Vea en este video cómo los asesinos descuartizadores, los paramilitares, autodenominados cínicamente AUC, "Autodefensas Unidas de Colombia", fueron llevados en aviones y camiones del batallón del ejército, al sitio de la masacre, Mapiripan.

Allí estuvieron masacrando, violando, cortando cabezas durante 10 días, mientras el ejército impedía que entrara o saliera nadie del sitio de la Masacre.

Así, debido al cruel cerco del ejército que garantizó la horrenda masacre, nadie pudo darle auxilio a la población. El ejército combatió a las FARC que intentaron romper el cerco para socorrer a los campesinos que estaban siendo masacrados, pero el cerco era una operación conjunta del ejército, paramilitarismo y estadounidenses, con planchones sobre el río, retenes, y aviación.

Las guerrillas no pudieron entraran a darle auxilio a la población porque el ejército garantizó férreamente que la masacre de cometiera, durara y comprendiera las torturas más aberrantes que mente humana se pueda imaginar: era una operación de Terrorismo de Estado que inauguraba la estrategia de tierra arrasada en la zona de los llanos orientales, en la que estuvieron envueltas tropas estadounidenses.

Según lo confesó el General Uzcátegui en una grabación:

“¿Sabe qué hizo la Brigada militar Móvil2? Hizo una operación gigantesca que aplastó a las FARC, y colocó un colchón de aire o de seguridad para que salieran los paramilitares. Esto es gravísimo y es un secreto (…) el ejército no sólo tiene vínculos con los paramilitares, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC, para que las FARC no golpearan a los paramilitares”

Masacre premeditada desde el más alto nivel, con traslado de paramilitares desde la otra punta del país en aviones militares.

Fue una masacre premeditada desde los más altos rangos. Los asesinos paramilitares fueron trasladados de una punta a otra del país por el ejército, para que fueran a cometer la aberrante masacre, bajo la mirada y colaboración de un sin-número de militares. Los paramilitares fueron alojados, vestidos y aprovisionados en las bases, brigadas y aviones oficiales.

El 12 de julio de 1997, un avión DC3 y un avión Antonov del ejército partieron del Urabá Antioqueño hacia el sur del país, hacia Mapiripán, en ellos eran transportados los paramilitares de las mal llamadas "autodefensas" para que cometieran la masacre. Aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare. Así testimonia el Piloto del DC3:

"Allí aterrizamos, quiero señalar que en la pista había personal del ejército y de la fuerza anti-narcóticos, pues allí funciona la más grande base antinarcóticos del país. Entre los miembros de la fuerza pública que custodiaban el aeropuerto se encontraban 70 hombres de la base antinarcóticos dirigidos desde Bogotá por el Coronel Leonardo Gallego, 2 hombres del departamento de policía del Guaviare y 41 hombres del Batallón Joaquim París comandados por el mayor Hernán Orozco Castro y bajo el mando operacional de la brigada móvil número2".

El nivel de premeditación y de coordinación en la masacre de Mapiripán es marca de un genocidio planificado, pero el Estado colombiano continúa intentando negar la evidencia, en un país en el que la impunidad para los mandos militares es del 100%. Y lo peor, un país en el que los grandes planificadores del genocidio andan libres, sin ninguna preocupación, y día tras día siguen planificando el genocidio, mientras se enriquecen.

La versión del estado es inverosímil, y muestra la absoluta corrupción que sustenta la impunidad de los victimarios. Como lo señala el abogado de las víctimas sobrevivientes:

"Es inexplicable que al día de hoy "no se sepa quien estaba al mando de la operación". Que 2 aviones militares salgan, uno de Medellín y otro de Bogotá que estos 2 aviones lleguen a Aparatadó y a Necoclí en el Urabá antioqueño, que son aeropuertos militarizados, que entren allí los paramilitares antioqueños a los 2 aeropuertos, se suban a los aviones; de ahí se trasladen a Villavicencio que es otro aeropuerto militarizado y que de ahí salgan al aeropuerto igualmente militarizado de San José del Guaviare; y que de ahí salgan en camiones del Batallón Joaquín París, los lleven a la trocha ganadera, los ubiquen en ‘Charras’ y que por vía terrestre y fluvial pasen por el punto de control Barranquón sitio de la Brigada móvil 2; y que de ahí pasen a Mapiripán, lo cercen, pasen a Puerto Alvira, lo cerquen, cerquen toda posibilidad de salida de la población… ¿y que al día de hoy no se sepa quién estaba detrás de la operación…?"

Mauricio Becerra Pérez, controlador aéreo del aeropuerto San José del Guaviare testimonia: "Yo autorice la entrada de los vehículos por una llamada hecha antes de llegar los vuelos, se identificaron del batallón Joaquín Paris, que iban a recoger a un personal que llegaban en los vuelos en cuestión, y así fue (...) eran suficientes personas como para llenar 3 camiones.”

En su recorridos los paramilitares de AUC transitaron por vías vigiladas por las autoridades militares, en el casco urbano de San José del Guaviare se encontraban 206 efectivos del departamento de policía del Guaviare, en las instalaciones del batallón Joaquín Paris residían por ese entonces 300 militares, además el retén Sinaí contaba con otros 41 efectivos del Batallón Joaquín París.

Según lo Testimonió el Obispo del Guaviare, Monseñor Correa Yepes: “(…)pasaron varios camiones con alrededor de 120 hombres de civil sin armas, después de pasar por el batallón salieron con uniformes y armados, continuaron su rumbo por tierra hacia un sitio denominado “Charras”; otro grupo de paramilitares AUC también se desplazó hasta el sitio “Charras” pero lo hizo por el río Guaviare, pasando por el punto de control militar sobre el río, conocido como el Barranquón”.

Testimonio de paramilitar Edison Londoño Niño: “fuimos hasta el Barranqón íbamos armados y nos dejaron pasar sin registrarnos ni nada”.

En el puesto de control sobre el río llamado el Barranquón se encontraban 834 hombres de la Brigada Móvil2, 136 de infantería de marina y 130 de la escuela de fuerzas especiales, más los del Joaquín París, en total casi 2.000 militares armados hasta los dientes, con un planchón sobre el río que no dejaba pasar a nadie, pero que ese día sí dejó pasar a 120 paramilitares armados. En el puesto de control sobre el río y sus alrededores había aviones, helicópteros, lanchas rápidas artilladas… ¿este es el “Estado desbordado” ante los paramilitares que aduce el ejército, o es más bien su cómplice evidente?

Según lo confesó el General Uzcátegui en una grabación: “¿sabe qué hizo la Brigada militar Móvil 2? Hizo una operación gigantesca que aplastó a las FARC, y colocó un colchón de aire o de seguridad para que salieran los paramilitares. Esto es gravísimo y es un secreto. Entonces el General Mora se quedó azul; y yo le dije, mire mi general, lo que yo estoy diciendo es con pruebas: ¿Qué cara van a poner los representantes de las FARC cuando yo vaya a la corte Suprema de Justicia y les diga: Vea, el ejército no sólo tiene vínculos con los paramilitares, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC para que las FARC no golpearan a los paramilitares”

"Los paramilitares son la amante de los militares fascistas de Colombia, no se la pueden llevar a casa, pero la tienen mimada": dice el Coronel (r) Hernán Orozco. (Con este cinismo se despachan estas hienas y se quedan más frescos que una lechuga…)

Unas 60 personas fueron asesinadas en Mapiripán y en la cooperativa campesina. Personas sometidas a toda clase de torturas y asesinadas. Muchas de estas personas aún hoy están desaparecidas, ya que los asesinos echaron muchos cadáveres al río.

La impunidad preservada a toda costa por el Estado:

Fiscal General de la nación del momento testimonia: “Comenzamos a tener la dificultad porque el ejército no permitía que los fiscales entraran inmediatamente a la zona para averiguar lo que había pasado”

Abogado de las víctimas testimonia cómo desde la presidencia se impidieron las investigaciones y acceso de las víctimas y sus abogados:

“Hay una comisión que va hasta san José del Guaviare, una comisión del gobierno nacional, el doctor Lazo, encargado de DDHH de la presidencia, junto con el general Ardila y junto con el comandante del batallón Joaquín París (…) van pero no facilitan la entrada de los abogados de víctimas y fiscales".

La herramienta paramilitar sigue activa en el 2011, intensificando el genocidio...

La herramienta paramilitar sigue activa en el 2011, pese a las maniobras de propaganda del gobierno de Santos y del de Uribe: ambos gobiernos dicen en su propaganda que “los paramilitares ya no existen”, pero la realidad es que las masacres continúan y se han intensificado los asesinatos y desapariciones de manera vertiginosa.

Hoy en día, a la pregunta de que si es verdad lo que dice el gobierno de que ‘ya no existen los paramilitares’ las comunidades responden contundentemente: “Esa es una mentira del gobierno, los paramilitares siguen actuando.” “ Ví personalmente al jefe paramilitar alias Cuchillo, andando en carro blindado y escoltado con seguridad de la policía y del ejército”

La Fiscalía General reveló el 13 de enero 2011 que tiene documentados 173.183 casos de homicidios, 1.597 masacres y 34.467 desapariciones cometidas por paramilitares de las supuestamente disueltas y auto-denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El registro, que recoge datos desde 2005 hasta el 1 de diciembre del pasado año (2010), también refiere tener documentado el desplazamiento forzoso masivo de 74.990 comunidades y el reclutamiento de 3.557 menores de edad por parte de paramilitares "AUC".

Cabe tener muy presente esto, para entender lo que pasa en Colombia, para entender el genocidio más allá de la falsimedia.

"No hago ninguna distinción entre combatientes y no combatientes. El que se pone al servicio de una banda de criminales es tan culpable como ellos, aunque se contente con servirles de recadero, de espía o de enfermero. Del mismo modo, aunque uno se limitase a curar a los heridos durante la batalla, no estaría absuelto de toda falta."

De Autobiografía. La historia de mis experimentos con la Verdad de Gandhi.

"Los paramilitares son la amante del militar"

"Los paramilitares son la amante del militar" from Camilo Raigozo on Vimeo.

Narcotráfico: violencia que EU desborda a todo el continente

La violencia generada por el narcotráfico desborda por toda América Latina. El origen del problema se encuentra en Estados Unidos. También ahí se dictan las “estrategias” del supuesto combate que han fracasado y que han permitido la instalación de bases militares de ese país por todo el continente.

María Julia Mayoral / Prensa Latina

La expansión del tráfico de drogas, armas y personas, con frecuentes y letales episodios de violencia, lacera a la mayoría de los países latinoamericanos, pese a millonarios gastos en dispositivos de seguridad contra el crimen organizado.

Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ubica específicamente a Centroamérica entre las zonas más inseguras del planeta por hechos atribuidos a narcotraficantes y grupos de pandilleros.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) precisó que la violencia del narcotráfico asola a Guatemala, Honduras y El Salvador, integrantes del llamado Triángulo Norte Centroamericano.

Según el Informe mundial sobre las drogas 2010, el Triángulo Norte del istmo posee por ese concepto la tasa de asesinatos más elevada del mundo junto a altos índices en otras formas delictivas.

Datos del gobierno mexicano acreditan tendencias similares en esa nación, con un saldo superior a los 40 mil homicidios desde diciembre de 2006 hasta la fecha.

Reunidos en la capital salvadoreña, los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) reiteraron a inicios de junio la necesidad de afrontar de manera conjunta el fenómeno del crimen organizado.

En el escenario continental abundan los reportes sobre detenciones de capos y decomisos de estupefacientes, pero también crecen los cuestionamientos sociales por el auge de la inseguridad, como ilustran las actuales marchas de protesta en México.

Hasta el momento, la mayoría de las estrategias gubernamentales contra el narcotráfico poseen un alto componente militar junto al empleo de otros instrumentos represivos, incapaces por sí solos de eliminar o contrarrestar el flagelo.

Los recientes hallazgos de decenas de cadáveres en fosas clandestinas, adjudicadas a grupos vinculados a la droga, en México y Guatemala, denotan la gravedad del fenómeno.

En el caso de México, los más de 200 cuerpos fueron inhumados en un rancho del municipio de San Fernando, Tamaulipas; es decir, en el mismo sitio donde en agosto de 2010 un grupo de narcotraficantes masacró a 72 inmigrantes indocumentados.

La secretaría mexicana de Seguridad Pública admitió que aquella región es campo de batalla entre los cárteles de Los Zetas y del Golfo, en disputa por el control de rutas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Análisis de JIFE avalan que Estados Unidos continúa siendo el mayor consumidor de drogas y el principal destino de las remesas provenientes del narcotráfico internacional.

A raíz de la matanza en Guatemala, también acreditada a Los Zetas, el gobierno de ese país destacó que el narcotráfico se ha globalizado y es preciso adoptar una estrategia de lucha regional para combatirlo.

Poco después del asesinato de los 27 campesinos en el Petén guatemalteco, los presidentes Daniel Ortega (Nicaragua), Álvaro Colom (Guatemala), Mauricio Funes (El Salvador) y Porfirio Lobo (Honduras) pidieron a la comunidad internacional “un decidido apoyo”.

El texto subraya que la inseguridad, la incidencia de la criminalidad organizada, constituyen graves amenazas para los pueblos y gobiernos centroamericanos.

Según trascendió en la reciente Asamblea General de la OEA, gobiernos del área solicitarán a Estados Unidos, Europa y a otros posibles “donantes”, un apoyo financiero de 900 millones de dólares para la lucha antidrogas.

La petición descansa en una veintena de proyectos que serán examinados a fines del presente mes en Guatemala durante la primera conferencia internacional de apoyo a la estrategia de seguridad regional, organizada por la secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica).

El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, explica que la estrategia tendrá al menos cuatro áreas orientadoras de la política de seguridad: prevención, persecución del delito, reinserción y rehabilitación.

En cuanto a aportes monetarios, el presidente estadunidense, Barack Obama, prometió 200 millones de dólares, durante su primera gira por Latinoamérica en marzo último; pero al parecer no será un dinero extra, sino el reajuste de lo previsto.

“Para Estados Unidos representa revisar aproximadamente 200 millones de fondos bajo la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI, por su sigla en inglés) para adaptarse a las condiciones cambiantes”, aclaró la Casa Blanca en nota de prensa.

En tanto, la Iniciativa Mérida, considerada por JIFE como un programa plurianual de cooperación en materia de seguridad en el que participan Estados Unidos, México y países de América Central, cuenta con millonarias asignaciones, pero su eficacia resulta cuestionable.

Para 2008 y 2009, el gobierno estadunidense aportó alrededor de 1 mil 300 millones de dólares para financiar esa Iniciativa, reseñó JIFE.

En opinión de expertos, la guerra antidrogas es otra de las acciones de Estados Unidos fuera de su territorio, que comenzó hace 40 años, intensificó en la década de 1980 en Colombia y se trasladó desde principios de 1990 a México.

Citado por el periódico El Universal, de Colombia, el investigador Antonio Payán, de la Universidad de Texas, en El Paso, calificó de brutal el desgaste sufrido por México debido al ataque contra la delincuencia organizada, considerado inaceptable porque Estados Unidos es “el gran responsable” de la desgracia.

México invierte miles de millones de pesos y pone miles de muertos en una guerra contra las drogas, que en realidad es promovida por Estados Unidos fuera de su territorio, refirió el académico.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados mexicana divulgó que las ganancias netas anuales del crimen organizado ascienden allí a 7 mil 500 millones dólares, y al menos una cuarta parte de esos recursos sucios son infiltrados al sistema financiero.

De acuerdo con la investigación, la mayor parte del dinero ilícito ingresa en efectivo a través de la frontera con Estados Unidos, a partir de organizaciones presentes en Nueva York, Chicago, Atlanta, Charlotte y Los Ángeles. Actualmente la Administración el Obama impulsa la CARSI para supuestamente contener el trasiego de drogas.

Pero si se toman como referencia el Plan Mérida y los más de 40 mil muertos dejados en México por el crimen organizado, entonces los referentes inmediatos para nada resultan halagüeños.

El secretario adjunto de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés), William Brownfield, explica que la idea del presidente Obama no es eliminar o sustituir la Iniciativa Mérida ni el Plan Colombia (enfilados hipotéticamente contra el narcotráfico).

“El propósito es crear una nueva estructura, un tipo de sombrero por encima de todas las iniciativas ya existentes, aceptando que hay amenazas compartidas entre América Central, Colombia y México”, comenta el funcionario.

Se refiere así a los esfuerzos del Sica en esta materia, al Plan Colombia (iniciado en 2001 con aporte de unos 6 mil millones de dólares de Washington) y a la Iniciativa Mérida (ideada por la administración de George W Bush en 2007, con asignación de 1 mil 400 millones de dólares). Sin embargo, la cuestión fundamental no radica solamente en la disponibilidad de dinero, sino en el destino de los recursos.

Para el presidente Funes, se equivocan quienes piensan que el problema del narcotráfico es exclusivo de México y Centroamérica.

“Los grandes mercados consumidores no son precisamente nuestros países y las mayores inversiones de lavado del dinero no se realizan en nuestra región”, recuerda.

Eso es lo que debe entender la comunidad internacional “y particularmente Estados Unidos” cuando insiste en apoyarse en los países de la región para enfrentar al crimen organizado y el terrorismo, considera el dignatario.

Centroamérica experimenta un proceso complejo de inseguridad, pobreza y atraso, con economías altamente dependientes y frágiles, opina.

De ahí la importancia de fomentar políticas de redistribución del ingreso y de generación de empleo, expone Funes.

Narcotráfico y terrorismo de Estado

El supuesto interés de la Casa Blanca por el narcotráfico externo genera temores por el historial de agresiones militares, golpes de Estado y maniobras subversivas que tipifican sus relaciones con el resto del continente.

Para estadistas como el venezolano Hugo Chávez, Washington utiliza la supuesta lucha contra el narcotráfico para tratar de derrocar gobiernos y violar la soberanía de los países latinoamericanos.

Tanto Venezuela como Bolivia se vieron obligadas a prescindir de la cooperación de la DEA.

En septiembre de 2008, el presidente boliviano, Evo Morales, expulsó al embajador estadunidense Philip Goldberg, por sus vínculos con opositores que preparaban un golpe de Estado, y dos meses después suspendió la asistencia de la DEA, impugnada por apoyar a grupos divisionistas.

Citado por el Diario de las Américas, el general Douglas Fraser, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, señaló que el incremento de la presencia militar de su país en Latinoamérica responde a “un desafortunado grupo de circunstancias”.

Entre ellas incluyó el tráfico de drogas y personas, unido a probables éxodos masivos de poblaciones azotadas por fenómenos naturales.

Sin contar otros instrumentos bélicos, la potencia norteña aumentó el despliegue de tropas en Centroamérica y el Caribe, así como el número de bases militares en Colombia y Panamá.

Al evaluar el tema, el líder cubano Fidel Castro pronosticó en noviembre de 2009 que de producirse el ascenso de un sector más derechista en el Poder Ejecutivo estadunidense y de gobiernos aliados con igual signo en América Latina, la región sufriría negativas consecuencias.

Entonces, “se vería con toda claridad lo que significan esas bases militares absolutamente injustificables que hoy amenazan a todos los pueblos de Suramérica con el pretexto de combatir el narcotráfico”, alertó en un artículo publicado el 11 de noviembre de 2009 en Cubadebate.

“Un problema –agregó– creado por las decenas de miles de millones de dólares que desde Estados Unidos se inyectan al crimen organizado y a la producción de drogas en América Latina.

“Cuba ha demostrado que para combatir las drogas lo que hace falta es justicia y desarrollo social”, constató.

“En nuestro país, el índice de crímenes por cada 100 mil habitantes es uno de los más bajos del mundo. Ningún otro del hemisferio puede mostrar tan bajos índices de violencia”, recordó.

Durante la reciente reunión de la OEA, el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, y los representantes de Ecuador, María Isabel Salvador, y de Nicaragua, Denis Moncada, también subrayaron la relación de la miseria y la inequidad con la violencia social.

“Únicamente mediante la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y los ingresos, junto con la plena participación de los pueblos en sus decisiones, se podrán combatir los orígenes de la inseguridad ciudadana”, afirmó Choquehuanca.

Fuente: Contralínea 239 / 26 de junio de 2011

AUDIO: Miguel Badillo de Contralínea, habla sobre El terrorismo político del Gobierno Federal

Estados Unidos: Licencia para matar

Marcelo Raimon

WASHINGTON, 30 de mayo (apro).- Mientras el pasado miércoles 25 en Londres el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometía --junto al primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron--, “incrementar la presión” sobre el régimen libio, en Washington la Cámara de Representantes debatía intensamente la posibilidad de conceder al jefe de la Casa Blanca todavía mayores poderes para combatir al “terrorismo” en cualquier lugar del planeta.

El proyecto 1034 de la nueva ley de autorización de gastos para el ministerio de Defensa es tan ambigua, que hace posible la entrega al presidente de un permiso para llevar la guerra contra Al Qaeda donde sea, por lo que varias organizaciones de derechos civiles, como la American Civil Liberties Union (ACLU) lanzaron, por ahora sin suerte, una campaña urgente para presionar al Congreso.

El lenguaje legislativo que abre las puertas a la “worldwide war authority”, como la bautizó la ACLU, es impulsado por los sectores más “duros” de republicanos y los demócratas, a los que se oponen oficialistas más progresistas y los “libertarios” entre las filas de la oposición. También Obama estaría en contra, pero la posición del presidente es siempre controvertida y abierta a interpretación, en especial si se tiene en cuenta que el mandatario sigue adelante con la guerra en Libia sin contar todavía con una autorización explícita del Congreso.

En sus más de 900 páginas, el proyecto de ley de gastos de defensa para el año fiscal 2012 incluye en la provisión 1034 una “afirmación del conflicto armado” con Al Qaeda, el grupo fundamentalista considerado responsable de los atentados del 11 de setiembre del 2001 contra el Pentágono y las torres gemelas de Nueva York. Y también contra los talibanes afganos y cualquiera de sus “fuerzas asociadas”.

En estos párrafos, se recuerda que el país está comprometido “en un conflicto” con esos grupos radicales y que “esas entidades siguen representando una amenaza para Estados Unidos y sus ciudadanos, tanto a nivel doméstico como en el exterior”.

Aún más, el proyecto indica que el presidente “tiene la autoridad para utilizar todas las fuerzas necesarias y apropiadas durante el conflicto armado vigente” con Al Qaeda, los talibanes y sus “asociados”. Este amplio permiso para el presidente “incluye la autoridad para detener combatientes” prácticamente en todo el mundo, “hasta que concluyan las hostilidades”.

“Nadie puede legítimamente decir” que las leyes que dan marco legal en Estados Unidos a la lucha contra los grupos fundamentalistas islámicos “no necesitaba ser actualizada”, afirmó uno de los impulsores del texto, el diputado republicano Mac Thornberry, de Texas. Según el legislador, la ley lo único que hace es “aclarar la autoridad para lo que estamos haciendo en este momento”.

En una declaración distribuida el pasado martes 24, la Casa Blanca advirtió que Obama vetará la ley de gastos de defensa si incluye la provisión de la “worldwide war authority” o recorta el poder del ejecutivo para procesar judicialmente a los detenidos de la cárcel de Guantánamo, en particular la voluntad del gobierno de llevar a algunos de ellos ante tribunales civiles en territorio continental norteamericano.

La Casa Blanca fue tajante es su negativa a promulgar la ley de defensa si “desafía la autoridad del ejecutivo” para “determinar cuándo y cómo procesar detenidos” de Guantánamo. Pero menos terminante cuando se trató del proyecto de ley 1034. En este caso, la Casa Blanca dijo solamente que la “worldwide war authority” “recaracteriza el alcance” de la lucha contra los grupos fundamentalistas islámicos y se declaró preocupada por la posibilidad de que se cree “confusión sobre los estándares aplicables” en este frente, como podría ser el polémico marco legal que argumentó Estados Unidos para justificar la incursión del 2 de mayo último en Paquistán para matar al jefe de Al Qaeda, Osama bin Laden.

En todo caso, la administración Obama dejó una puerta abierta para el proyecto 1034: “como mínimo –señaló-, este es un asunto que amerita una consideración más extensiva antes de su posible inclusión” en la ley de defensa.

El proyecto deberá llegar al Senado en junio entrante y por ahora, a pesar de la amenaza de veto de la Casa Blanca, las posibilidades de que la provisión siga con vida “son significativas”, según explicó a Apro el director de la oficina de Legislación y Seguridad de la organización Human Rights First, Dixon Osburn.

Para empezar, el texto cuenta con un fuerte “apoyo bipartidario”, añadió Osburn, quien recordó que los senadores John McCain, republicano por Arizona, y Joe Liberman, independiente por Connecticut, “introdujeron un proyecto de ley muy similar” en la Cámara alta.

Tras la aprobación de la ley de presupuesto de defensa, la organización Human Rights Watch sumó su protesta: afirmó que la Cámara de Representantes “mostró un pobre sentido del liderazgo al deslizar dentro de un proyecto de segura aprobación provisiones que, en realidad, lastiman los esfuerzos estadunidenses contra el terrorismo”.

“Ahora está en manos del Senado asegurarse de que estas provisiones innecesarias y poco inteligentes no se conviertan en parte permanente de las leyes de Estados Unidos”, afirmó Laura Pitter, una vocera de HRW.

Osburn, por su parte, remarcó que el proyecto 1034 “revive la idea de que existe una guerra global contra el terrorismo que Estados Unidos debe afrontar”. El experto reconoció que la ley, tal como salió del comité de Fuerzas Armadas de la cámara de diputados, “le da permiso al presidente para usar tropas dondequiera se considere que existe una amenaza de Al Qaeda, los talibanes” o los ambiguos “asociados”, un “término muy amplio que incluye tanto a aquellos que apoyan directa o indirectamente a los grupos terroristas”.

Este “permiso” para Obama y sus sucesores en la Casa Blanca está siendo discutido, mientras en Estados Unidos y en el mundo todavía se siguen escuchando voces que ponen en duda la legalidad de la acción de los comandos de la marina estadunidense que terminó con la vida de Bin Laden.

Osburn dijo que en Human Rights First “creemos que, bajo las layes de la guerra, la muerte de Bin Laden fue legal”, porque se trataba de “un combatiente que orquestó los ataques del 11 de setiembre del 2001” y que, “aunque cruzó la frontera entre Paquistán y Afganistán (donde las tropas de Washington marcharon a la guerra de manera “legal”), el jefe del grupo fundamentalista seguía siendo un “blanco legítimo”.

En cambio, para el activista David Swanson la operación militar que terminó con Bin Laden fue sencillamente “un asesinato” y un ejemplo del “doble estándar” aplicado por Estados Unidos.

“Los comandos de la marina tuvieron órdenes de matar, por lo tanto se trató de un asesinato”, dijo Swanson en entrevista con Apro. Y si bien el Pentágono no tiene mayores problemas en llevar adelante un operativo de este tipo en territorio extranjero, Washington “nunca toleraría secuestros o asesinatos en territorio estadounidense”.

Un proyecto como el 1034 podría resolver a nivel doméstico las dudas legales acerca de operaciones militares como la del 2 de mayo último en Paquistán o “legalizar” la guerra en Libia, señaló Swanson.

Además, agregó que si una legislación semejante termina siendo aprobada, en el presupuesto de defensa para el próximo año fiscal o cualquier otro, “éste y cualquier otro futuro presidente podrá lanzar una guerra virtualmente en cualquier lugar, sin preocuparse por obtener la autorización del Congreso”.

Según el entrevistado, el proyecto de ley sólo refleja la creciente preocupación de Washington por aumentar sus gastos militares y encuadrar legalmente sus acciones en el extranjero. “Es el peor jamás considerado por el Congreso porque le da al presidente el poder de lanzar guerras de manera unipersonal y encarcelar gente sin juicio”.

Asimismo, prosiguió, hace retroceder en los hechos a Estados Unidos “por lo menos dos siglos, desde cuando se impusieron límites constitucionales” a los mandatarios y se impidió que pudieran actuar como los antiguos reyes.

En varias oportunidades después de los atentados del 11 de setiembre del 2006, reportes de inteligencia de Estados Unidos y sus aliados señalaron la presunta presencia en América Latina de pequeños grupos relacionados de alguna manera con Al Qaeda y con otras organizaciones fundamentalistas. En el 2004, por ejemplo, el FBI lanzó un alerta sobre Adnan Shukrijumah, un piloto saudita señalado como posible líder de una célula de Al Qaeda, quien habría sido visto en Honduras en su camino hacia México, para cruzar la frontera hacia Arizona o Texas, con la intención de cometer atentados al otro lado del borde. Otros reportes indicaron presuntos lazos de Al Qaeda con los carteles del narcotráfico, en un supuesto matrimonio de conveniencia basado en dinero y zonas de influencia que abren rutas a las drogas en Europa y África.

¿Podrían estos informes sustentar una eventual incursión “anti-terrorista estadunidense en México si se aprobara el proyecto 1034? “En teoría, si”, admitió Osburn, de Human Rights First. La sección 1034 daría –explicó-- luz verde a la Casa Blanca si existen indicios de la presencia de Al Qaeda, los talibanes o sus “asociados”, aunque “bajo las leyes de guerra es difícil justificar un blanco si no está directamente asociado a los ataques del 11 de setiembre”.

“Es altamente improbable que cualquier presidente vaya a mandar aviones sin piloto o tropas a México contra un eventual líder de Al Qaeda teniendo en cuenta la relación de Estados Unidos con México, pero esta ley lo permitiría”, afirmó Osburn.

Más allá de la ley de defensa para el año fiscal 2012, en Estados Unidos “sigue habiendo un debate sin resolver sobre cómo enfrentar de la mejor manera la amenaza de los terroristas donde sea que se encuentre”, añadió Osburn.

De acuerdo con el experto, esta situación “se cubre por el miedo, y por un malentendido general sobre las herramientas que el gobierno tiene a su disposición para enfrentar las amenazas”.

Para Osburn, lo ideal sería que estas “amenazas” fueran enfrentadas –como lo son en parte ahora- por el trabajo conjunto del Departamento de Estado, el ministerio de Justicia y el Tesoro “alrededor del mundo en colaboración con nuestros aliados”. Esta posición, completó, “debería entrar al debate para que el Congreso no vuelva a caer en el ejército como única solución, pero hasta ese momento seguramente veremos nuevas propuestas parlamentarias a favor de una respuesta sostenida en la fuerza militar”.

Pide Corte de EU a Twitter datos de personas ligadas a Wikileaks

*Una legisladora de Islandia, Julian Assange y un hacker holandés, entre los mencionados en la resolución

*La página web condena el "hostigamiento" y dice que Facebook y Google recibieron órdenes similares
La página de Wikileaks en la red social Twitter es seguida por más de 600 mil personas a escala mundial
Brigitta Jonsdottir, parlamentaria islandesa, denunció que Washington quiere conocer todos los tweets que ha enviado desde 2009.

Afp, Reuters y Notimex

Estocolmo, 8 de enero. Una corte estadunidense ordenó a la red social Twitter entregar detalles de las cuentas de la web de Wikileaks y de varios seguidores como parte de una investigación por la divulgación de 250 mil documentos confidenciales que comprometieron a la diplomacia estadunidense.

Wikileaks reveló el sábado que autoridades estadunidenses solicitaron detalles de la cuenta de Twitter, de noviembre pasado al día de hoy, de su fundador, Julian Assange, y de otras personas, entre ellas Bradley Manning, soldado a quien se culpa de haber filtrado los documentos; el hacker holandés Ron Gongrijp y la parlamentaria islandesa Birgitta Jonsdottir, así como de otras personas cercanas al sitio, con lo que se demuestra la existencia de una investigación por espionaje en Estados Unidos.

Wikileaks manifestó que dichas personas nunca han trabajado para la página web y que “el Departamento de Estado reclamó los mensajes privados, los contactos, las direcciones IP (Internet) y los datos personales de la cuenta de Julian Assange y de dichas personas que son asociadas con Wikileaks”.

La información que busca conseguir el gobierno estadunidense incluye registros de conexión, sesiones iniciadas, correos electrónicos y direcciones residenciales, así como detalles de facturación, cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

Un tribunal del distrito de Alexandria, Virginia, dirigió el 14 de diciembre de 2010 un mandato, firmado por la juez Theresa Buchanan, a la red social Twitter pidiéndole informaciones que los jueces calificaron de pertinentes en el marco de una investigación criminal en curso, según documentos obtenidos por la agencia de prensa Afp.

Twitter, que el 5 de enero fue autorizado por el tribunal a hacer público el mandato, informó dos días más tarde a Jonsdottir.

El sitio de Internet comunicó que si en 10 días la interesada no le notificaba la apertura de un procedimiento judicial de impugnación a la demanda de Estados Unidos, tendría que entregar las informaciones solicitadas.

Twitter realmente combatió (el mandato) en nombre de sus clientes, porque tales informaciones no deberían transmitirse, declaró Jonsdottir el sábado.

“El gobierno estadunidense quiere conocer todos mis tweets (comentarios en la red social) desde el primero de noviembre de 2009. ¿Estarán conscientes de que soy miembro del parlamento islandés?”, preguntó.

En Islandia, los ministros de Relaciones Exteriores, Oessur Skarphendisson, y de Interior, Oegmundur Jonasson, calificaron de inaceptable que las autoridades estadunidenses intenten obtener la información de Twitter de Jonsdottir.

Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien comparecerá en Londres el 11 de enero próximo por delitos sexuales imputados por Suecia, señaló en su cuenta de Twitter que si Irán hubiera tratado de obtener información de periodistas o activistas de naciones extranjeras, grupo de derechos humanos de todo el mundo se hubieran manifestado.

En tanto, el abogado de Assange, Mark Stephens, aseveró en un comunicado desde Londres que “Wikileaks condena fuertemente este hostigamiento de individuos por el gobierno de Estados Unidos”.

En un comunicado, Wikileaks dijo tener motivos para creer que (la red social) Facebook y (buscador) Google, entre otros, recibieron pedidos similares de la justicia estadunidense.

La página de Wikileaks en Facebook tienen millón y medio de seguidores y en Twitter más de 600 mil a escala mundial.

Wikileaks ya se puso en contacto con abogados estadunidenses. En su opinión, dicha solicitud confirma la existencia de una investigación secreta llevada a cabo por un gran jurado estadunidense, lo cual significa que una inculpación (de Assange) es inminente.

Reubicarán a personas en riesgo

En tanto, el Departamento de Estado estadunidense anunció que el gobierno reubicará a algunas personas nombradas en los cables divulgados por Wikileaks.

P. J. Crowley, portavoz del Departamento de Estado, enfatizó que entre las personas en riesgo están activistas de la sociedad civil, periodistas y funcionarios de gobierno, cuyas discusiones con funcionarios estadunidenses podrían enfadar a gobiernos extranjeros y algunas fuerzas políticas.

Estamos concentrados en las personas que han sido identificadas y evaluamos si hay riesgo de violencia para ellas, especialmente en sociedades represivas de todo el mundo, indicó Crowley sin citar a los involucrados o mencionar alguna amenaza específica. Agregó que Estados Unidos ha advertido a gobiernos extranjeros que no busquen represalias contra quienes aparecen nombrados en los documentos de Wikileaks.

“Hemos dejado claro a gobiernos que cualquier acción adversa contra individuos identificados por Wikileaks afectará las relaciones”, señaló.

La colombianización en México, un proceso que camina hacia el terrorismo de Estado

Ponencia del Comité Cerezo en la Casa Lamm

En Junio de 2007 la organización de derechos humanos Comité Cerezo México publicó un artículo que titulaba: Terrorismo de Estado: “La colombianización”; la criminalización de la lucha social como estrategia represiva.”

En ese entonces planteábamos que el Estado mexicano pretendía equiparar a los defensores de derechos humanos con delincuentes o terroristas; convencer de que la defensa de los derechos humanos impulsada por éstos era la fuente de conflictos sociales y que la “lucha o guerra contra el narcotráfico” era un pretexto para sacar al ejército a las calles.

En mayo de 2008 en un artículo titulado “Paramilitarismo mexicano” el Comité Cerezo planteaba que el Estado mexicano estaba “formalizando“ la creación de grupos paramilitares con el objetivo de: crear un tercer actor, supuestamente independiente para evadir responsabilidades y mostrarse como un país democrático. En ese entonces plantamos que el Estado ante la lucha de las organizaciones y defensores se vería obligado a crear una instancia de protección para los mismos como en Colombia… mecanismo que hoy dice el gobierno creará…

¿Qué ha sucedido en nuestro país en los últimos cuatro años de lo que ya percibíamos desde el 2007 como su “colombianización”? Las cifras y los métodos para causar terror en la población y someterla a un férreo control son impactantes:

30 mil muertos de 2006 a la fecha

Entre mil y 3 mil desaparecidos.

35 luchadores sociales y defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente.

Un número indeterminado de desplazados forzados por la violencia, como ejemplo nombraremos lo que sucede en dos distritos de Chihuahua: según el “Censo de Poblacion y Vivienda 2010, revelan que Guadalupe Distrito Bravos y Praxedis G .Guerrero bajaron la cantidad de habitantes con relación al 2005 un 30 por ciento en promedio.”[1]

Cientos de decapitados, cientos de descuartizados varios dejados frente a escuelas, cientos de quemados en ácido, decenas de fosas comunes, masacres de jóvenes sin ninguna relación con la delincuencia, masacres de migrantes…

Cientos de civiles asesinados en el marco de operativos por parte de las fuerzas armadas contra la llamada delincuencia organizada, nada más como muestra del abuso y la impunidad se contabilizan 6mil 518 quejas por violar derechos humanos contra la Sedena[2] (4 266) y contra la Policía Federal[3] (1 252) desde que inició el presente sexenio hasta septiembre de 2010, de las cuales sólo 212 de las cometidas por la PF han sido investigadas y 64 se han traducido en recomendaciones de la CNDH a la Sedena.

Si comparamos esas cifras con las cifras de violaciones de derechos humanos en Colombia o con el número de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas (38,235 en los últimos tres años y 250mil en 20 años)[4], de desplazados por el conflicto armado interno ( alrededor de 4,5 millones), con las decenas de fosas comunes, una, la más grande de América Latina con más de 2 mil cuerpos; con los métodos para inmovilizar y controlar a la población por medio del terror: descuartizamiento con motosierras, criaderos de cocodrilos para aventar a los luchadores sociales, hornos crematorios, cientos de casos de “falsos positivos”, es decir jóvenes engañados, secuestrados por el ejército y ejecutados extrajudicialmente para presentarlos como guerrilleros muertos en combate y cobrar por ello…podemos ver a simple vista que lo que nos diferencia de manera evidente es la cantidad de atrocidades cometidas en contra de la población civil y lo que nos asemeja es que allá y aquí una “maquinaria” de muerte funciona y que hay responsables de que ésta funcione así.

Sin embargo, no basta con comparar estas dos realidades en su aspecto cuantitativo es necesario buscar las similitudes de los planteamientos que justifican estos hechos, que los promueven y pretenden ocultarlos.

PLAN COLOMBIA-INICIATIVA MÉRIDA: Dos formas de legalizar y de legitimar la construcción de Estados terroristas.

El Plan Colombia fue suscrito en 1999 la principal justificación de su creación, a decir del Estado colombiano, fue la construcción de una alianza internacional para combatir al narcotráfico, al cual definía como una amenaza trasnacional,[5] pero además porque el Estado colombiano no había sabido consolidar su poder, había falta de confianza en la capacidad de las fuerzas armadas, policía y sistema judicial y porque había una crisis de credibilidad en diversos niveles y varias instancias de gobierno.

La solución que se planeó fue aplicar:

“…reformas en el corazón de nuestras instituciones, especialmente en las fuerzas armadas, con el fin de apoyar la ley y recuperar la confianza y la seguridad para todos los colombianos en todos los rincones del país. Para consolidar y mantener el estado de derecho…”[6]

El Plan Colombia consta de diez “estrategias” fundamentales que abarcan aspectos económicos, militares, sociales y de derechos humanos, por supuesto éstos dos últimos subordinados a los primeros dos aspectos.

De esas diez estrategias, transcribimos dos por su importancia:

“4. Una estrategia para la defensa nacional para reestructurar y modernizar las fuerzas armadas y la Policía, para que estos recuperen el estado de derecho, y proporcionen seguridad en todo el territorio nacional, en contra del delito organizado y los grupos armados y para proteger y promover los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitaria.

5. Una estrategia judicial y de derechos humanos, con el fin de reafirmar el estado de derecho y para asegurar una justicia igualitaria e imparcial para todos, y al mismo tiempo que promueva las reformas ya iniciadas en las fuerzas militares y la Policía para garantizar que éstas cumplan con su papel en la defensa y respeto de los derechos y la dignidad de todos.”[7] (el subrayado es nuestro)

¿Por qué son importantes estas dos llamadas estrategias?

Principalmente, porque plantean que son las fuerzas armadas y la policía las encargadas de respetar, proteger y promover los derechos humanos ¿no acaso esta es una tarea del Estado en su conjunto, dónde quedan todas sus demás instituciones civiles? Ah, pero el Estado es débil, “no ha sabido consolidar su poder”…y porque también plantea que una estrategia de derechos humanos debe estar orientada a reafirmar un estado de derecho ¿dónde quedan los derechos humanos como una manera de acotar los abusos que se comenten desde el Estado si éstos se ponen al servicio del mismo que los viola?

Apuntemos dos consecuencias dramáticas de estos planteamientos:

1. Todas las instituciones civiles quedan subordinadas a las fuerzas armadas y policía, pues son las únicas que respetan, protegen y promueven los DH.
2. 
   
3. Toda estrategia de DH que no reafirme lo que se ha construido como “estado de derecho” es una estrategia que atenta contra él y por lo tanto;
4. Todos los defensores de derechos humanos que no trabajen para reafirmar el Estado de derecho establecido, son considerados enemigos del mismo…
5. 
   

Y lo anterior no es una deducción teórica únicamente, las cifras que dimos anteriormente son la consecuencia concreta de este planteamiento.

La iniciativa Mérida se firmó en diciembre de 2008 su razón de ser fundamental, a decir de los dos gobiernos, es elevar el nivel de cooperación entre los dos países para mejorar su lucha contra la “delincuencia organizada transnacional”, que por supuesto participa en negocio ilícito de las drogas, y con el objetivo de crear una mutua frontera segura.

La cooperación en diferentes campos incluye, entre otras materias de colaboración:

“intercambio de información, asistencia técnica y transferencias de equipo, tecnología y capacitación, para fortalecer las capacidades de las dependencias mexicanas encargadas de la seguridad, la procuración y la administración de justicia.”[8]

La Iniciativa Mérida consta de “cuatro áreas estratégicas” de las cuales cito dos:

“2. Apoyo mutuo para la adecuación continua del marco para la seguridad y justicia y el fortalecimiento de las instituciones públicas de ambos países responsables del combate a la delincuencia organizada, incluyendo la promoción de la plena observancia de los derechos humanos y de la participación activa de la sociedad civil.

4. Fortalecimiento de la cohesión social de las comunidades de los dos países, favoreciendo el desarrollo integral de los individuos. Incluye el apoyo a los esfuerzos para atender las causas de raíz del crimen y la violencia, promover la cultura de la legalidad, reducir el uso de drogas ilícitas…” (el subrayado es nuestro).[9]

¿Qué ha significado “la adecuación continua del marco para la seguridad y la justicia? Entre otras cosas:

“Reformas a las leyes primarias y secundarias que restringen la libertad de expresión, manifestación, asociación y el derecho a la protesta social. La modificación al Código Penal Federal del año 2009 respecto al delito de terrorismo, delincuencia organizada, flagrancia, arraigo, allanamiento y…la creación de…la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el 2009…”[10]

Es decir han construido una legalidad con base en leyes que vulneran y violan los derechos humanos, una legalidad que castiga cualquier acto de protesta que cuestione o ponga en riesgo los intereses económicos o políticos del Estado y de la clase dominante o grupos de poder que lo sostienen.

Y el respeto a esa legalidad que se ha construido con base en la restricción de derechos humanos es la que se pretende consolidar con la promoción de lo que llaman “la nueva cultura de la legalidad” que es a su vez una manera a través de la cual “incorporan” a la sociedad civil a los proyectos del Estado para combatir a la delincuencia organizada.

Lo más peligroso de esta promoción de la “nueva cultura de la legalidad” es que pretenden crear personas que no cuestionen la legalidad sea la que esta sea, y que, por el contrario, la refuercen legitimándola y apoyándola incondicionalmente, incluso en detrimento de los derechos humanos de una parte importante de la población.

¿Qué ha significado “promoción de la plena observancia de los derechos humanos” por parte de las instituciones encargadas de la “guerra contra el narcotráfico”?

Qué ahora las fuerzas armadas cuenten con direcciones o subdirecciones de derechos humanos, que la CNDH capacite a militares por medio de cursos o seminarios de derechos humanos, que la fuerzas armadas lleven un conteo de quejas en su contra por violar derechos humanos… es decir, nada que en realidad signifique un compromiso tangible por no violar los derechos humanos, o a lo más a significado reformas al código militar que son insuficientes para quitar el manto de impunidad que cubre a los militares hoy en día.

Pero sobre todo ha significado la pretensión de legitimar a las fuerzas armadas como la instancia que protege y promueve los derechos humanos en contra de los “criminales”, que a decir del jefe del ejecutivo, son los únicos que los violan.

Legitimar de esta manera a las fuerzas armadas significará lo que plantea el Plan Colombia, que éstas se conviertan en la instancia a la cual se subordinen todas las demás instituciones del Estado, es decir significará el fortalecimiento de un Estado cuyo principal pilar no será el cumplimiento pleno de todos los derechos humanos de la población sino el uso de la fuerza para imponer sus intereses económicos y su política.

A manera de conclusión:

El Plan Colombia es una fase superior del desarrollo de la construcción de un Estado terrorista con respecto a la Iniciativa Mérida. Ambos pretenden legalizar y legitimar lo que en la década de los 70s se le nombraría dictaduras militares, sólo que ahora esas dictaduras son encabezadas formalmente por civiles legalmente elegidos en el cargo y gobiernan con un marco legal que viola los derechos humanos.

Ambos planes oficializan un nivel más amplio de cooperación con los Estados Unidos en materia de seguridad y se subordinan a los planes de seguridad que se construyen desde ese país

Aunque los métodos de terror para lograr el control absoluto de la población y el territorio se parecen y en algunos casos son los mismos, la generalización del terror que vivimos en México es menor, evidentemente que en Colombia, aunque en ciudades como Juárez ya no es así. Sin embargo, Colombia es un indicador de lo que aquí puede pasar.

Las formas en que se aplican y desarrollan los planes para ambos países son distintas porque distinta es su historia, su geografía, nivel de organización social y resistencia organizada y porque en Colombia se busca consolidar un Estado terrorista, aquí construirlo.

Por último: estamos convencidos, a pesar de la adversidad, que sólo la organización de la sociedad podrá detener a mediano plazo este proceso de deterioro permanente de los derechos humanos en el país, dependerá de nosotros de todos y cada una de las personas sensibles y conscientes detener esta “maquinaria de muerte” que se ha echado a andar en nuestro país y cuyo objetivo son proteger intereses económicos y políticos ajenos a los de la gran mayoría de la población.

En nuestras manos queda el futuro.

“Por que ser defensor de derechos humanos no es sinónimo de terrorista”

Comité Cerezo México. 6 de diciembre de 2010.

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[1] http://www.elchilito.com. mx/notab.pl?id=38317&relax= Juarez&pub=Default&web=Default Consulta 5 de diciembre 2010.

[2] http://www.jornada.unam. mx/2010/11/... Consulta 29 de noviembre 2010.

[3] http://www.jornada.unam. mx/2010/11/... Consulta 29 de noviembre 2010.

[4] http://www.kaosenlared. net/noticia/pensamiento- prohibido-38.255- desaparecidos-3-anos-estado- preferido-ue- Consulta 5 de diciembre de 2010.

[5] http://www.derechos.org/ nizkor/colombia/doc/planof. html Consulta 5 de diciembre de 2010.

[6] http://www.derechos.org/ nizkor/colombia/doc/planof. html Consulta 5 de diciembre de 2010.

[7] Ibid.

[8] http://www. iniciativamerida.gob.mx/index. php?page=que-es-iniciativa- merida Consulta 6 de diciembre de 2010.

[9] Ibid.

[10] http://www. revistarevuelta.org/index.php/ 2010/03/guerra-contra-el- narcotrafico-criminacion-de- toda-la-sociedad/ Consulta 6 de diciembre de 2010