México cuenta con mano super preparada

Pablo Moctezuma Barragán

México es un país que ha desarrollado gran capacidad para la producción y refinación petrolera. Las primeras refinerías datan del siglo XIX: en 1887 se refinaba petróleo en Villa Cecilia y en Pueblo Viejo, hoy Ciudad Madero, Tamaulipas.

Hemos tenido la capacidad de desarrollar nuestra industria. Los grandes descubrimientos de yacimientos petroleros en Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí fueron descubiertos por el ingeniero mexicano Ezequiel Ordoñez.

A partir de 1901 los trabajadores mexicanos comenzaron a explotar el petróleo en El Ébano, San Luis Potosí, pero esa gran riqueza sólo era aprovechada por la Mexican Petroleum Company y la Huasteca Petroleum Company. A los trabajadores sólo les tocaba la explotación y el maltrato. A Doheny le apodaban el Cruel. A los pobladores se les despojaba de sus tierras, dividían sus comunidades, asesinaban a sus familias. Novelas como La rosa blanca, de Bruno Traven, y México negro, de Francisco Martín Moreno, se refieren a esta amarga historia.

Los trabajadores mexicanos construían refinerías y oleoductos, y al final de la obra eran despedidos. En 1908 se estableció una nueva refinería en Minatitlán, Veracruz. En 1915, La Huasteca Petroleum Co construyó una nueva refinería en Mata Redonda, Veracruz, con capacidad de 75 mil barriles diarios.

Los petroleros que enfrentaban una cruel situación laboral convirtieron a las ciudades de Veracruz y Tampico en baluartes de la organización. Las refinerías se convirtieron en semilleros de lucha sindical: para sus actividades necesitaban electricistas, soldadores, mecánicos, fogoneros, técnicos y trabajadores calificados como perforadores, medidores, probadores, mayordomos. Para el funcionamiento de las refinerías se les daba planta a los trabajadores, lo que les permitió organizarse. En Tampico ya había organizaciones de ferrocarrileros, electricistas, alijadores y panaderos que influyeron en sus compañeros.

El ingeniero mexicano Ezequiel Ordoñez y su cuadrilla de perforación descubrieron en 1916 el espectacular pozo Cerro Azul Número 4, en Veracruz, uno de los mantos más productivos a nivel mundial; obtuvo una producción, al 31 de diciembre de 1921, de poco más de 57 millones de barriles. Pero toda la ganancia fue para la Huasteca Petroleum. Las utilidades, para los extranjeros; el trabajo, para los mexicanos.

Las condiciones laborales eran terribles: jornadas de 12 a 16 horas; empleo precario, sin descansos ni prestaciones. Los petroleros comenzaron a organizarse en mutualidades, uniones y fraternidades. En la segunda década comenzaron a organizar sindicatos de oficio. Los petroleros se organizaron principalmente en Veracruz y Tampico.

En 1915 había llegado la Casa del Obrero Mundial a Tampico. Influyó en los trabajadores petroleros de la Huasteca Petroleum y del Águila; entre los electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); entre alijadores y estibadores. Los trabajadores exigían jornadas de 8 horas, 1 día de descanso semanal, servicio médico, respeto al escalafón, reparto de utilidades, una tienda de abasto barata. La negativa de las empresas a garantizar los mínimos derechos de los trabajadores llevó al estallido de huelgas en 1917 y en 1919. Ese año los Trabajadores Unidos de La Pierce que habían formado un Sindicato de Empresa estallaron la huelga por 1 mes, que fue reprimida brutalmente: varios trabajadores fueron asesinados y 18 fueron enviados a las Islas Marías.

En 1919 comenzó la construcción de cuatro plantas refinadoras en las inmediaciones de Puerto Lobos, localizado en la Laguna de Tamiahua, Veracruz. Su propósito fue la exportación de productos refinados. Texas Co construyó en Agua Dulce, Veracruz, una refinería con capacidad de 9 mil 500 barriles diarios.

Para 1920 existían en México 80 compañías petroleras productoras y 17 exportadoras, cuyo capital estaba integrado en un 91.5 por ciento por empresas anglo-estadunidenses. La refinación se multiplicaba rápidamente. En mayo iniciaron las operaciones de la refinería La Atlántica, propiedad de la Compañía de Petróleo Atlántica, con una capacidad de 20 mil barriles diarios.

El 27 de agosto la empresa Continental Mexican Petroleum Co fue autorizada para construir una refinería en Pueblo Viejo, Ozuluama, Veracruz, con capacidad de 10 mil barriles diarios.

Para 1920, México ya era el segundo productor mundial de petróleo, gracias a yacimientos como el Faja de Oro, ubicado en los estados de Veracruz y Tamaulipas. Se producían casi 200 millones de barriles anuales. En 1923 se obtuvo el nivel más alto de producción de petróleo crudo en la época previa a la expropiación de 1938, equivalente a 530 mil barriles diarios. Comenzaron a operar refinerías en Tamiahua, Veracruz; Doña Cecilia (hoy Ciudad Madero), y en Tampico, Tamaulipas.

Las empresas extranjeras eran depredadoras, sobreexplotaban los mantos, no invertían en exploración ni daban mantenimiento a las instalaciones. Tras el boom de la década de 1920, la producción petrolera llegó a un mínimo histórico de 31 millones en 1933.

Mientras la situación de los trabajadores no mejoraba, la organización sindical iba en ascenso. En 1923 se fundó un sindicato de empresa en El Águila, en Ciudad Madero. El proceso de unificación fue complejo y las empresas extranjeras alimentaban divisiones entre los trabajadores. En 1932 ocurrieron enfrentamientos entre sindicatos de la empresa El Águila. La unión de los trabajadores era clave para conseguir sus intereses.

Para ese año operaban 14 refinerías en México en Mata Redonda, Madero, Tuxpan, Tampico, Agua Dulce, Minatitlán, Árbol Grande, dos en Tampico, Tamiahua, Oxuluama, dos en Puerto Lobos y en El Ébano.

Los obreros iban desarrollando sus capacidades y realizando obras cada vez más complejas. En 1927 los trabajadores mexicanos construyeron el primer gasoducto de la República, que va de Cerro Azul a Mata Redonda, donde el gas natural era utilizado como combustible para ser aprovechado por la Huasteca Petroleum.

En 1933 la Compañía Petrolera El Águila inauguró la refinería de Azcapotzalco con una capacidad de 7 mil 500 barriles diarios, abastecida a través del oleoducto de Tampico. En 1934 se organizó la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria del Petróleo y Derivados en Puerto México, Veracruz: un paso hacia la unidad de los trabajadores. Ese mismo año nació Petróleos de México, AC, como encargada de fomentar la inversión nacional en la industria petrolera. Y, por otro lado, se expidió un decreto que ampliaba la franja costera hasta 100 kilómetros, con lo que se preveía futuras exploraciones petroleras. La compañía, abreviado su nombre a Petromex, recibió una pequeña planta de refinación primaria localizada en Bellavista, en el margen derecho del río Pánuco.

Hubo un proceso unitario en apoyo a la huelga de 1934, de los petroleros que exigían mejores salarios, séptimo día, jubilación, vacaciones, vivienda. Al movimiento se integraron los petroleros de Minatitlán, Agua Dulce, las Choapas, Nanchital, Cuchiapan, Coatzacoalcos y Francisca. Ganaron el descanso en séptimo día pero fueron reprimidos por no levantar la huelga cuando lo dispuso el gobierno de Abelardo Rodríguez, y a los dirigentes los mandaron presos a las Islas Marías. En 1935 estallaron huelgas en la Huasteca Petroleum Co, en solidaridad con los del Águila. Lograron reinstalar 14 trabajadores gracias a una huelga general en Tampico.

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¿Patente de corso? ¿Impunidad?

Javier Jiménez Espriú

El director de Pemex está más organizado que el crimen organizado. Cuando menos y donde menos lo esperamos surge el siguiente atentado. Nos trae, a quienes hemos hecho de la defensa de Pemex una vocación y un deber nacionalista, a mal traer. No nos da cuartel, no nos deja momento de reposo. Tiende un velo para tapar otro, pero todos son igualmente graves y desoladores.

Aún no termina la polémica de los inconstitucionales contratos integrales asignados a una empresa inglesa mediocre y a una mexicana de gran tradición petrolera –seis años de antigüedad–, cuando nos enteramos de que ahora invierte más de 20 mil millones de pesos en Repsol, para mejorar el desempeño de la dirección corporativa de la empresa española, o para decirlo en términos castizos: para remover a un director general que no es del agrado de la constructora española Sacyr. ¿Qué no 20 mil millones es mucho dinero como para gastarlos en cumplir un caprichito de Sacyr?

¿No sería más propio que se dedicara a mejorar el desempeño de Pemex, de la que lo nombraron –no sé por qué– director, y limpiarla de corrupción y de ineficiencia? Así, sin gastar tanto dinero, ganaríamos mucho más. Pero eso no es todo. El señor director comprometió además el voto de Pemex en el consejo y en la asamblea de Repsol, para varios años, con una empresa constructora de aquel país, cuyo presidente quiere defenestrar al de Repsol, y cuyos intereses pueden ser muy diferentes a los de nuestra petrolera nacional. Esto es, cuando menos, inexplicable.

¿En qué líos está metido el director y quiere meter a Pemex? Ya hay en España la especie de que se trata de un fraude a la ley, que pretenden perpetrar Pemex y la constructora española. ¿Qué compromisos está adquiriendo y cuáles son los beneficios de la paraestatal, o los de él? ¿Irá a ser el representante en México de la constructora una vez que lo sustituyan en Pemex? ¿Tiene derecho el director de Pemex a sacar de la bolsa de nuestra empresa esa cantidad y usarla sin controles, o con la opacidad que rodea a esta nueva aventura? ¿Está comprometiendo la apertura de Pemex con sus socios de la constructora ibérica?

¿Qué pasa con la empresa off shore que se supone será la compradora de las acciones de Repsol? ¿Qué nos puede decir la Auditoría Superior de la Federación del control de estas operaciones?

El secretario de Energía declaró que están tan bien las finanzas de Pemex, que ya podemos pensar en salir a buscar negocios fuera. Ahora sí, no entiendo nada. ¡Ya no está en números rojos la paraestatal! Ya podemos ir al extranjero de compras. Supongo entonces que tendremos para el mantenimiento adecuado en Pemex, para reconfigurar nuestras refinerías, para hacer la nueva, o mejor las nuevas, ya que el déficit de gasolinas aumenta. En fin, ¡jauja en Pemex!

Pero no, soy más irónico que ingenuo y sé que aquí se seguirá, si lo permitimos, desmantelando la paraestatal, entregando la renta petrolera a los contratistas y esforzándose día con día para romper las cerraduras constitucionales y abrir Pemex en todas sus líneas, sin necesidad de violar, como hasta ahora, la Carta Magna.

Pareciera que el director de Pemex goza de inmunidad, cuando lo que sucede es que actúa con impunidad, con una patente de corso, como sucedió también con la empresa Pemex III –otro fraude a la ley para evitar el engorroso proceso de las licitaciones–, que recibió el contrato para construir la Estela de Luz del bicentenario y lo transfirió sin licitación a una constructora privada, convirtiéndose en un intermediario cuya única aportación fue la evasión de la ley.

En fin, este comentario tiene más preguntas que afirmaciones –y faltan muchas más–, porque ante la nebulosidad de lo que se presenta, las afirmaciones que para mí tengo son, por el momento, especulaciones y temores que surgen de las amargas experiencias que nos ha dejado la breve pero enormemente dañina administración actual.

jimenezespriu@prodigy.net.mx

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Y el gran perdedor es…..

Marisela Morales Ibáñez protagonizó su mayor ridículo desde que asumió el cargo de procuradora general de la República; pero “el gran perdedor” del caso, señala un destacado constitucionalista, es Felipe Calderón. La funcionaria quiso acusar a Jorge Hank Rhon de actividades vinculadas con la delincuencia organizada, en vísperas de las elecciones en el Estado de México, pero una juez descubrió la trampa: el parte militar, base de la acusación, no se apegó a la realidad. El empresario mexiquense afincado en Tijuana –sobre quien pesan sospechas de que es lavador de dólares y autor intelectual de al menos un homicidio– libró también una acusación de la procuraduría local y salió de la cárcel dos veces el mismo día…

Ricardo Ravelo

La puesta en libertad de Jorge Hank Rhon el martes 14 significó uno de los más severos reveses del gobierno de Felipe Calderón y de Marisela Morales Ibáñez, quien se estrenó como titular de la Procuraduría General de la República hace apenas un par de meses.

Tras haber sido detenido en Tijuana, Baja California, el sábado 4, enviado fugazmente a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en el Distrito Federal y recluido en el penal El Hongo de la ciudad bajacaliforniana de Tecate, acusado de acopio de armas, su caso acabó por poner en evidencia las fallas de la PGR, pero, sobre todo, lo que analistas consideraron como la anunciada guerra sucia preelectoral contra figuras prominentes del PRI.

El fallo que dejó libre al dueño del Grupo Caliente y a 10 de sus colaboradores y escoltas también hizo evidente el uso de la PGR como instrumento de persecución política y la utilización del Ejército para adulterar evidencias. Esto quedó demostrado con las alteraciones que la juez novena de distrito, Blanca Parra Meza, halló en el parte militar que sirvió de base para encarcelar, primero, y luego liberar a Hank Rhon.

Y aunque la titular de la SIEDO, Patricia Bugarín, dijo que la PGR apeló el fallo judicial y espera que se revoque la resolución, lo cierto es que el veredicto de la juez se sustenta en tres puntos sustanciales: que el Ejército irrumpió en la residencia de Hank Rhon sin orden de cateo, que no hubo flagrancia y que el parte informativo rendido por los militares no coincide con la realidad.

Sobre el empresario priista siguen gravitando las sospechas de que es mafioso, presunto lavador de dinero y hasta asesino, pero volvió a pisar la calle…

Al analizar lo que llama “el ridículo de la PGR y del Ejército”, el abogado Elisur Arteaga, profesor de teoría constitucional en la Universidad Autónoma Metropolitana, afirma que el gran perdedor en este caso es Felipe Calderón.

“Teniendo el poder para hacer todo, no lo hizo bien. El mismo presidente que echó al Ejército a las calles para combatir al crimen organizado con las mejores cartas, ahora se desprestigia con estas burdas acciones de sembrar armas y evidencias para incriminar a Jorge Hank en vísperas de las elecciones en el Estado de México, Nayarit y Coahuila”, sentencia.

–¿Para usted, qué lectura debe dársele a la captura y liberación de Jorge Hank? –se le pregunta.

–Una muy clara: se puso en evidencia la incompetencia de la procuradora y las arbitrariedades del Ejército.

–Desde su punto de vista, ¿qué consecuencias genera esta acción concertada de la PGR y el Ejército?

–En un país con verdadero estado de derecho, tanto la procuradora Marisela Morales como el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, ya estarían enfrentando un juicio penal por las violaciones cometidas. Pero queda claro que así como los delincuentes gozan de impunidad, los funcionarios del gobierno también se cobijan en ella.

El sainete de Tijuana

La historia de este sainete comenzó el viernes 3 en Tijuana. Antes de la medianoche el Ejército recibió una “llamada anónima” que avisó de la presencia de personas armadas en el hotel Royal Suite. Siempre según el parte en el que se basó la acusación del ministerio público, un grupo de militares se dirigió al lugar e irrumpió en la habitación 201, donde se hallaban tres hombres armados: Juan Ignacio Parra Santos, Ramón López Apodaca y Carlos Gonzalo Pérez Contreras o Carlos Gonzalo Rizo Pérez.

En la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEITA/113/2011, Parra Santos
–quien dijo ser electricista– declaró que el jueves 2 fue contactado por una persona a quien apodan Pichel para que arreglara una lámpara en el hotel Royal Suite.

Narró: “Pasó a mi casa el jueves de esta semana pasada diciéndome que habían jugado con una lámpara y que se les había caído al agua, que había hecho corto circuito y que si por favor se la arreglaba, por lo que fui al hotel el viernes en la mañana, como a las 10 de la mañana”.

Dijo también que al entrar lo primero que vio fue a una persona mal encarada: “Era como de 37 o 38 años, de aspecto antisocial… yo me puse a arreglar la lámpara y ellos se pusieron a platicar. Escuché que decían que cuando llegara iban a agarrar a una persona y que la iban a desaparecer, que le iban a dar pa’bajo y que la persona que iban a matar era gorda, de short y medio pelón, y que traía una camioneta tipo Explorer”.

Parra Santos añadió que al llegar a su casa se comunicó al hotel e informó de lo que había escuchado en la habitación 201. Personal del hotel habría dado aviso de manera anónima al Ejército. Los militares llegaron a dicho cuarto y detuvieron a los dos sujetos, quienes dijeron que las armas que portaban se las habían entregado en la casa de Jorge Hank Rhon, localizada en avenida Hipódromo 12027, en la colonia Hipódromo, de Tijuana.

Los soldados se dirigieron al domicilio de Hank Rhon, entraron, desarmaron a los guardias y –según asientan en el parte que entregaron a la PGR– realizaron una inspección, a raíz de la cual hallaron 88 armas; 78 de ellas sin licencia y 49 de uso exclusivo del Ejército.

Ahí detuvieron a ocho personas: Luis Alfonso Sánchez Solís, César Pérez Guerrero, Javier Marco Polo Ayala Roldán, Rubén Muñoz Nava, Marco Antonio Trinidad Gómez, Víctor Manuel de la Torre Horta, Rigoberto González López y Jorge Hank Rhon.

Hank y sus presuntos cómplices fueron llevados a la delegación estatal de la PGR. Sus abogados tramitaron dos amparos: uno para impedir la detención y otro contra el traslado al DF. Fue inútil. Lo subieron a un avión que en poco más de tres horas lo dejó en la Ciudad de México para rendir declaración ante la SIEDO.

Desde el sábado 4, la captura de Jorge Hank –quien no pisaba la cárcel desde 1998, cuando fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México por contrabando– desató la algarabía gubernamental.

Como el golpe de inmediato fue relacionado con las elecciones del próximo 3 de julio en el Estado de México, Coahuila y Nayarit –donde el PAN está a la baja–, Alejandro Poiré, vocero de seguridad nacional, negó que la detención haya sido por “terrorismo político”, y añadió: “Las prácticas de uso político de la justicia no corresponden a la época actual y mucho menos al sentir del gobierno federal”.

Poiré reiteró los argumentos que más tarde se derrumbarían ante el juzgado noveno de distrito: dijo que la detención de Hank Rhon se efectuó en flagrancia con base en una denuncia anónima y que se aseguraron 88 armas que no tenían permisos.

El dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, afirmó que la detención de Hank era una cacería de brujas del gobierno. Los perredistas cuestionaron el uso político de la PGR, pero deslizaron opiniones en el sentido de que la liberación de Hank pudo ser producto de una negociación forzada, de cara a las elecciones del 3 de julio.

El senador Fernando Castro Trenti, excoordinador de la campaña de Jorge Hank a la gubernatura de Baja California y aspirante al gobierno de esa entidad, calificó la detención como “un hecho rupestre”, en tanto que Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores priistas, exigió a Felipe Calderón “no politizar la justicia”.

El mismo martes 7 y ante la presión política, la procuradora Morales, en una práctica inusual de la PGR, declaró que Hank Rhon no sería arraigado. Entonces sólo quedaban dos opciones: liberarlo o consignarlo.

La procuradora parecía dispuesta a ir más lejos y declaró que se había solicitado a la DEA información sobre los presuntos antecedentes criminales de Hank Rhon para robustecer otra averiguación previa por delincuencia organizada. Días después, Patricia Bugarín contradijo a su jefa y afirmó que dichos informes apenas se van a solicitar.

Pese a las presiones, la PGR amplió el término de la detención a 96 horas para cuadrar la investigación que, se esperaba, incluiría una acusación por delincuencia organizada. Pero no ocurrió así. El miércoles 8, la PGR optó por la consignación de Hank Rhon y sus 10 coacusados por el delito de acopio de armas, por lo que fueron trasladados al penal de El Hongo, donde quedaron a disposición de la juez Parra Meza.

Pruebas demolidas

De 11 cuartillas y plagado de detalles –e inconsistencias– sobre lo que vieron y encontraron en el hotel Royal Suite y en la casa de Jorge Hank, el parte que el Ejército entregó al Ministerio Público Federal fue elaborado por el subteniente Jorge García Santiago, el sargento Ricardo Hernández Lara, los cabos Miguel Ángel García García y Abel Ruiz Hernández y los soldados Víctor Alfonso Gastélum Morales y Saúl de Jesús Gutiérrez.

Además de las armas que le quitaron al personal de seguridad de Hank, el parte establece que en el terreno de la casa, “cerca del hidroneumático, se encuentran envueltas distintas armas de fuego, por lo que se procedió a ingresar detrás del hidroneumático, sacando diversos fajos envueltos con cinta canela, en los cuales al abrirlos se encontraban diversas armas, cargadores y cartuchos”.

Mientras Hank esperaba el veredicto, el Ejército cateó otras dos veces su residencia, supuestamente en busca de más evidencias y de los videos que, según la defensa del empresario mexiquense, acreditaban la “siembra de las armas” por parte de los soldados.

Los abogados de Hank Rhon, encabezados por Fernando Benítez, solicitaron a la juez novena de distrito la ampliación del término constitucional a fin de reunir las pruebas suficientes para demostrar que no hubo flagrancia y que las armas habían sido sembradas en la residencia del empresario.

El martes 14, la juez emitió su veredicto y ordenó la puesta en libertad de Hank y sus coacusados por el delito de acopio de armas. La procuradora y la titular de la SIEDO protestaron por el fallo y exigieron al Consejo de la Judicatura una investigación contra la juez. También interpusieron el recurso de apelación.

Sin embargo, en un comunicado, esa instancia informó sobre los elementos en los que se basó la juez para determinar la libertad de los detenidos. Explicó que la acusación del Ministerio Público se sustentó en el parte informativo firmado por los militares, la ratificación ministerial del mismo documento y en dictámenes periciales de identificación de armas de fuego.

Señaló que la defensa ofreció como argumento exculpatorio que los militares irrumpieron en el hotel Royal Suite y en la casa de Hank Rhon sin órdenes de cateo. La defensa también ofreció como prueba el testimonio de siete personas e imágenes de video.

El Consejo de la Judicatura señala:

“Dichos medios de convicción fueron estrechamente relacionados con la inspección judicial en el citado inmueble, de la que se derivaron las diferencias en cuanto a los recorridos que realizaron los elementos militares para el aseguramiento de personas y objetos, con el recorrido realizado por el personal actuante del órgano jurisdiccional y con la asistencia de las partes, aunado a las imágenes obtenidas de las cámaras de vigilancia que se encuentran instaladas sobre las casetas de seguridad que existen en el predio ubicado en avenida Hipódromo 12027, de la colonia Hipódromo, con las que se demostró que los eventos suscitados el día 4 de junio de 2011 en el interior del inmueble antes mencionado, acontecieron de manera diversa, en cuanto al tiempo y modo, respecto de los reseñados por los elementos del Ejército mexicano en su denuncia de hechos.”

Nuevas acusaciones

La liberación del empresario mexiquense derivó en un show. Tan pronto le notificaron la libertad, la Procuraduría General de Justicia de Baja California solicitó a un juez local una orden de arraigo a fin de investigarlo por el delito de homicidio.

Primero se dijo que se le investigaría porque, según la indagación de la PGR, al menos dos de las 88 armas aseguradas están relacionadas con los homicidios de Martín Feliciano Camacho Ontiveros, el 28 de junio de 2010, y de Olegario Figueroa Leandro, el 16 de diciembre de 2009.

Tras salir del penal de El Hongo, Hank fue trasladado a un hotel donde estaría arraigado 40 días… pero sólo estuvo seis horas pues el juez de la causa negó el arraigo. El empresario quedó libre dos veces el mismo día.

La procuraduría estatal informó que Hank Rhon sigue sujeto a investigación, ahora por el presunto homicidio de Angélica María Muñoz Cervantes, quien fue novia de su hijo Sergio Hank Krauss. La joven fue asesinada de dos tiros el 13 de agosto de 2009.

Hank Rhon ya había rendido declaración sobre este asesinato, pero la procuraduría estatal pretendía arraigarlo pues un testigo –cuya identidad se desconoce– declaró el viernes 10 que el exalcalde de Tijuana ordenó matar a la mujer.

Un día después del crimen, Grupo Caliente informó que el hijo del empresario aparentemente había recibido una llamada de auxilio de su pareja cuando sus agresores intentaban abrir la puerta de su casa y que cuando Hank Krauss llegó al lugar, su novia ya estaba muerta.

Grupo Caliente informó que de inmediato dieron aviso a las autoridades para que identificaran a los responsables. Sin embargo, la procuraduría sostiene que debe investigarse tanto a Hank Rhon como a su hijo porque entre la hora del asesinato de Angélica María Muñoz y el momento en que dieron parte al Ministerio Público transcurrieron 12 horas, de acuerdo con datos publicados por el semanario Zeta.

La lengua enredada de Morales

En una entrevista televisiva el jueves 16 con Adela Micha, la procuradora Marisela Morales abundó en el tema, pero se enredó con sus propias declaraciones.

Dijo que la PGR desestimaba la validez de los videos presentados por la defensa de Hank Rhon porque “están segmentados, son una copia y además está editada”, pero la funcionaria debió reconocer que la parte acusadora no disponía de fotografías ni videos porque los militares “no grabaron” el operativo.

Tampoco supo explicar por qué los videos de la defensa no muestran ninguna persecución “en caliente” protagonizada por el Ejército, tal como lo asentó el informe militar, y reveló que ella no le dio aviso al presidente Calderón, sino hasta varias horas después de ocurridos los hechos.

Aún más, aseguró a la locutora de Televisa y presentadora de productos farmacéuticos, que ella se enteró hasta el último momento que, entre los detenidos por los soldados, estaba nada menos que Jorge Hank Rhon.

Por lo pronto, el hijo menor del profesor Carlos Hank González presumió su libertad levantando tres dedos de su mano en una presentación pública en el estadio donde juega su equipo de futbol, los Xolos, recién ascendido a la Primera División.

Reforma legal de Calderon, riesgo para protestas sociales y política

• Si se consideran una "amenaza" las fuerzas armadas podrán intervenir
• Militares, marinos y el Cisen intervendrán comunicaciones
• Circulación restringida de vehículos y mercancias, otro punto a discusión

El proyecto de dictamen de los grupos parlamentarios del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados sobre reforma a la Ley de Seguridad Nacional abre la posibilidad de que el Presidente de la República solicite y declare la intervención de las fuerzas armadas en contra de "movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo", cuando considere que "constituyan un desafío o amenaza" a la seguridad interior.

El proyecto de dictamen a la minuta del Senado que modifica la citada ley, también incluye la atribución a militares, marinos y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para intervenir comunicaciones telefónicas previa orden judicial, realizar tareas de espionaje y seguimiento a presuntos miembros de la delincuencia organizada e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político.

Asimismo, como lo solicitó el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, a la comisión del ramo, concede a las fuerzas armadas restringir la circulación de mercancías y vehículos, revisar las pertenencias de particulares en las calles y a requerirles información con "cualquier herramienta que resulte necesaria", pero señala que el mando de esas acciones recae en el Ministerio Público.

Además, prevé que tanto el Cisen como militares y marinos puedan contar con informantes anónimos y que, para sus actividades de inteligencia y contrainteligencia, "puedan hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso los derechos humanos y las garantías para su protección".

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• De aprobarse la reforma sería como un golpe de Estado con la ley en mano, dicen

Rechazan senadores más militarización

Legisladores de PRI y PRD advirtieron que en el Senado no pasará una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que permita al presidente Felipe Calderón avanzar hacia la militarización del país, como se plantea en el proyecto de dictamen de la Cámara de Diputados.

El priísta Francisco Labastida recordó que en el Senado les llevó más de un año aprobar la minuta que ahora se discute en San Lázaro, y resaltó que no debe darse por aprobado un proyecto que aún no se discute siquiera en comisiones.

Recalcó que en el eventual caso de que el dictamen se aprobara en esos términos, es muy difícil que lo avale el Senado. Destacó que en la mayoría de los países la utilización del Ejército requiere del refrendo del Poder Legislativo.

"Si se aprobara, sería como dar un golpe de Estado con la ley en la mano", advirtió el perredista Tomás Torres. Indicó que la minuta sobre Ley de Seguridad Nacional que se aprobó en Xicoténcatl –el 27 de abril de 2010– eliminó las facultades excesivas tanto al Ejército como al Ejecutivo federal, y aquellos aspectos que configuraban el paso hacia un Estado militarizado.

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El Ejecutivo no tendrá facultades discrecionales: Navarrete Prida

El ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Alfonso Navarrete Prida (PRI) aseguró que los operativos del Ejército y la Marina para enfrentar afectaciones a la seguridad interior deberán estar sujetos a la dirección del Ministerio Público, y no violar garantías individuales.

En entrevista, sostuvo que el Ejecutivo no tendrá facultades discrecionales en el uso de la fuerza militar para enfrentar riesgos a la seguridad nacional, pero reconoció que cuando un conflicto social o poselectoral se salga de control, sí podrá requerir la intervención de las fuerzas armadas.

"Si una situación poselectoral se pone como en Guerrero, en la gubernatura de (José Francisco) Ruiz Massieu, con todos los municipios bloqueados, la gente no puede salir y la fuerza pública está rebasada, tendría que emitirse una declaratoria de riesgo a la seguridad interior, pero también sus alcances."

–Y, por ejemplo, ¿habría aplicado en el plantón de 2006 de Andrés Manuel López Obrador?

–Ahí no, porque se trataba de una manifestación pacífica que sólo bloqueaba calles, donde no se trastocó la seguridad interior –respondió.

"Los temas electorales corresponde resolverlos a la autoridad civil, pero si se tradujera en un conflicto con golpes y subiera de tono, estamos en el ámbito de la comisión de delitos, pero mientras quede en el terreno de lo pacífico, el Ejército no tiene por qué intervenir."

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Busca la directiva de la Cámara que se apruebe la reforma en sólo dos comisiones

Aun cuando la propuesta de reforma a la minuta de la ley de seguridad nacional se turnó a cinco comisiones de la Cámara de Diputados, y ello implica que se dictamine en comisiones unidas, la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva buscan que el documento se apruebe por dos o tres comisiones por separado, en una interpretación de las atribuciones que les concede el nuevo reglamento.

De acuerdo con esa valoración, la mesa directiva puede decidir "por eficiencia parlamentaria" retirar el turno a cualquiera de las comisiones que estudian la minuta –Derechos Humanos, Defensa, Justicia, Gobernación y Seguridad Pública–, pese a que el reglamento vigente indica que una comisión puede dejar de revisar un asunto únicamente "por declinación".

El grupo de trabajo que revisa la minuta entregará el lunes un proyecto a la Junta de Coordinación, para que ésta determine si la reforma se aprueba en el actual periodo de sesiones, que termina el próximo 30 de abril.

Cuando el pleno de la Cámara recibió la minuta el 28 de abril de 2010, la mesa directiva –que preside Jorge Carlos Ramírez Marín– la turnó a las comisiones de Gobernación, Justicia y Defensa Nacional.

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Visitadores de la CNDH indagan agresión a niños

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que envió a un grupo de visitadores adjuntos y a un perito médico a Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, donde dos menores de edad que cruzaron un retén fueron agredidos y uno de ellos resultó con heridas graves.

Precisó que los hechos ocurrieron el 8 de abril pasado, cerca de las 21:00 horas, en la carretera Cuauhtémoc-Chihuahua, cuando dos menores cruzaron el retén y autoridades locales y federales les dispararon, "supuestamente porque ignoraron las indicaciones de hacer alto". Uno de los menores resultó con heridas de gravedad.

El personal de la CNDH fue enviado a esa ciudad para recabar información directa y testimonios a fin de determinar si hubo violaciones a los derechos humanos

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El médico muerto en Nuevo León, víctima inocente de un tiroteo: PGJE

Monterrey NL, 20 de abril. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reconoció que el médico Jorge Otilio Cantú Cantú, quien murió durante un enfrentamiento y persecución entre militares que realizan labores policiacas de apoyo y un grupo del crimen organizado, la madrugada del pasado lunes, fue "víctima inocente" de los hechos.

El titular de la dependencia, Adrián de la Garza, informó que, luego de los peritajes, no hay duda de que el joven de 29 años no llevaba armas de fuego, no realizó disparos y la pistola encontrada en su camioneta fue dejada ahí "por circunstancias que se dieron en ese hecho y, por un error de procedimiento, la movieron de lugar, y tal vez lo hicieron sin dolo, sin concluir que haya sido así".

En conferencia de prensa, agregó que este hecho –colocar la pistola en el vehículo– puede llevar a sanciones, pues las evidencias no se deben mover y es lo que se investiga, para saber qué pasó.

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Niegan dependencias datos sobre los bienes patrimoniales de Fox

Luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) declaró inexistente la investigación sobre la evolución patrimonial de Vicente Fox, pues dio los autos que la integran a la Procuraduría General de la República (PGR), ésta negó a La Jornada copia del expediente, pues la solicitud no corresponde al marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Además, la PGR clasificó el expediente 142/2007, registrado con ese número por la SFP, sin especificar en qué modalidad: confidencial (de manera permanente) o bajo reserva (que establece un máximo de 12 años).

La PGR tardó los 20 días hábiles que da la LFTAIP para responder a La Jornada que necesitaba una prórroga por un periodo similar al citado, pues así lo permite esa ley.

Aunque respondió antes de vencer la prórroga, la PGR se negó a entregar copia del expediente –pese a que la SFP concluyó que no se encontraron elementos para presentar denuncia contra Fox por presunto enriquecimiento ilícito– y negó la entrega de los oficios que supuestamente el Ministerio Público Federal (MPF) envió a la SFP solicitando la indagatoria; los oficios que la Función Pública le remitió entregando el expediente; la modalidad en que éste se entregó (original impreso, fotocopias, formato electrónico y/o cualquier otro); copia del acuse de recibo y funcionario que lo recibió, número de indagatorias que supuestamente la PGR realiza sobre el mismo tema, y fecha en que las inició.

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Tzeltales no autorizaron caseta única de cobro para Agua Azul

• Insisten en la liberación de cinco compañeros presos desde febrero

Hermann Bellinghausen

San Cristóbal de las Casas, Chis. 20 de abril. Mientras los ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón insisten en la liberación de sus cinco compañeros presos desde febrero, el gobierno estatal publicitó hoy el establecimiento de una caseta de cobro conjunta de los ejidos San Sebastián Bachajón y Agua Azul. La entregó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, aunque la finalidad anunciada es turística, y lo hizo sin autorización de la asamblea ejidal de San Sebastián, gracias a que el juez séptimo en Tuxtla Gutiérrez negó el amparo a los indígenas de la otra campaña contra dicha caseta en sus tierras ejidales. En el sitio hay ahora una fuerte presencia policiaca y militar.

Los ejidatarios denunciaron la connivencia de representantes oficialistas de ambos ejidos y autoridades municipales de Chilón con asaltantes y presuntos narcomenudistas, dos de los cuales obtuvieron esta semana su liberación con facilidad, pese a que fueron capturados en posesión de droga, armamento y objetos robados.

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Rechaza el SME ser responsable de explosiones en el Centro Histórico

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se declaró "inocente de los infundios" acerca de su presunta responsabilidad en las explosiones de bóvedas de suministro de energía eléctrica en el Centro Histórico de la capital del país.

Martín Esparza, secretario general del SME, confirmó anoche que sus 11 compañeros presos en el Reclusorio Oriente no podrán salir libres bajo fianza, toda vez que el Ministerio Público Federal los acusó del delito de pandillerismo. Por este motivo, los electricistas deberán enfrentar en prisión el proceso de los cargos que se les imputan, salvo que procediera un amparo para revertir la decisión federal.

El dirigente advirtió que, pese a esta situación, continuarán con todas las gestiones jurídicas necesarias para liberar a sus compañeros, y advirtió también que permanecerán en el Zócalo capitalino, donde están instaladas varias decenas de carpas.

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Se fortalece el socialismo en Cuba, afirma el embajador

El embajador de Cuba en México, Manuel Aguilera de la Paz, señaló que el sexto congreso del Partido Comunista Cubano, que concluyó el martes, fue un "éxito" y un "momento histórico para la revolución cubana".

El diplomático resaltó que lo que en dicho encuentro se acordó tuvo como finalidad "preservar las conquistas del sistema socialista", pero también "perfeccionar" aspectos y "rectificar errores", y manifestó que con esto se demostró que la revolución cubana es capaz de renovarse y de ejercer la autocrítica sin traicionar sus convicciones e ideales.

En entrevista concedida durante un acto conmemorativo del 50 aniversario de la victoria cubana en Playa Girón, el cual fue organizado por el Movimiento de Solidaridad con Cuba, Aguilera de la Paz señaló que quienes han sugerido que algunos de los cambios adoptados en el sexto congreso serían una renuncia a los principios socialistas están equivocados, pues significan lo opuesto.

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Astillero

• Teoría de la relatividad militar
• Ni paz ni guerra: todo lo contrario
• Estado exprés de excepción
• Fallido manejo del caso San Fernando

Julio Hernández López

Pocas veces han sido los diputados federales tan oportunos y sugerentes como en estas vísperas de sublimación teologal. Párrafos henchidos de filosofía profunda y letras cargadas de mensajes pedagógicos para las masas descarriadas (aunque bien claritos, reveladores, para los ánimos de control belicista unipersonal que alberga el felipismo demostradamente espirituoso, es decir, "vivo, animoso, con mucho espíritu", según una de las dos acepciones del término).

Léase, por ejemplo, una de las joyas del pensamiento legislativo mexicano al servicio del uso discrecional del Ejército y la Marina, por parte del piadoso y sereno Felipe Primero (Por el bien de Los Pinos, primero las armas: 40 mil casos lo confirman), todo aderezado con comentarios astillados, casi de pila de agua bendita, colocados entre paréntesis nomás por la irrefrenable vocación latosa del tecleador semanasantero: “La paz debe interpretarse como estado contrario a la guerra (de otra manera se entraría en un caos cósmico, pues se confundiría lo seco con lo húmedo, y las balaceras con la quietud monacal, por usar ejemplos propios de la cotidianidad patria), pero no como estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro (en Oaxaca y Atenco se vivió largamente la paz, incluso cuando las fuerzas federales, a cargo de Ardelio Vargas Fosado, arremetieron contra pobladores en protesta, Ardelio que presidió la comisión de defensa nacional de San Lázaro antes de irse como secretario de seguridad pública a Puebla: en realidad, los "conflictos o alteraciones diversas", y su consecuente represión gubernamental, son excepciones que confirman las reglas: garrote y balas para fortalecer la paz)”.

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Dinero

• Rechazan los vecinos abrocharse el cinturón
• Debuta la tableta de Blackberry
• La defensa de Chimalistac

Enrique Galván Ochoa

Finalmente la crisis de la deuda pública le saltó encima a Estados Unidos y la población se resiste a tomar el trago amargo de los recortes presupuestales que recientemente han tenido que digerir algunos países como Grecia y España, y si lo vemos a distancia, México. Cada crisis que hemos vivido –y son muchas– el gobierno en turno nos ha pedido abrocharnos el cinturón hasta que el cinturón desapareció a tanto jalón. El país más rico de la Tierra, cuyo crédito tiene la calificación más alta, la triple A, fue estremecido por un anuncio del buró Standard & Poor’s en el sentido de que había colocado en perspectiva negativa su capacidad de pagar sus deudas. Suman 18 millones de millones de dólares. Por ahí anda incluida una pizcacha del Banco de México nada despreciable –30 mil millones de dólares, casi la tercera parte de las reservas–, porque hasta hoy los bonos del Tesoro han sido el instrumento de inversión más socorrido de los bancos centrales. China tiene 1 millón de millones, en los mismos bonos, la tercera parte de sus reservas. El problema es que los vecinos no quieren sacrificar su nivel de vida, no quieren descender al nivel de sus vecinos del sur, América Latina en general. Una encuesta del diario The Washington Post y la cadena de televisión ABC arrojó estos resultados:

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México SA

• Se reduce la desocupación
• También el índice de precios
• Milagros de Semana Santa

Carlos Fernández-Vega

En un resultado que no lo cree ni el (autodenominado) "gallo" Lozano, la tasa oficial de desocupación abierta se redujo 0.8 por ciento durante el pasado marzo, en comparación con la reportada en febrero, de acuerdo con la estadística del Inegi, con lo que en el periodo de referencia alrededor de 360 mil mexicanos se habrían colocado en el mercado laboral, aunque mayoritariamente en el sector informal de la economía (dos de cada tres).

Lo anterior, según los indicadores de ocupación y empleo a marzo de 2011 divulgados ayer por el Inegi, los cuales precisan que en el tercer mes del presente año la desocupación abierta afectó a 4.61 de la población económicamente activa (alrededor de 2.17 millones de mexicanos), contra 5.38 por ciento (2.53 millones) el mes previo. Con todo, tal indicador negativo se encuentra por arriba del registrado en octubre de 2008 (4.11 por ciento), arranque oficial de la crisis (de cualquier forma, cuando el calderonato se instaló en Los Pinos, la tasa oficial de desocupación era de 3.58 por ciento de la PEA). De los 360 mil mexicanos que habrían encontrado ocupación remunerada en marzo pasado, cerca de 250 mil se ubicarían en el sector informal de la economía, y alrededor de 110 mil en el formal (con registro en el IMSS), aunque de éstos más de 25 mil se emplearon de forma eventual.

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Ley de Seguridad Nacional: hacia el Estado policial

Hay la pretensión, en la Cámara de Diputados, de aprobar en comisiones el próximo lunes el proyecto de dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional que otorga al Presidente amplias facultades discrecionales para enfrentar, mediante las fuerzas armadas y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y por medio de la represión, el espionaje a los ciudadanos e interrogatorios a civiles, "estados de conflictos o alteraciones diversas de mayor peligro" para la seguridad interior.

El documento contiene puntos tan anticonstitucionales, autoritarios y peligrosos como el facultar al jefe del Ejecutivo federal para que use a las fuerzas armadas contra "movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, cuando se considere que constituyan un desafío o una amenaza a la seguridad interior"; el dar a soldados, marinos y agentes del Cisen atribuciones para intervenir comunicaciones telefónicas e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político; el facultar a las fuerzas armadas la atribución de restringir la circulación de mercancías y vehículos, así como revisar las pertenencias de particulares en las calles; requerir información a los civiles, "con cualquier herramienta que resulte necesaria", y el permitir a los efectivos de la Marina, del Ejército y del Cisen contar con informantes anónimos y que, en sus tareas de inteligencia y contrainteligencia, hagan uso "de cualquier método de recolección de información".
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La UACM y su rectora

Octavio Rodríguez Araujo

La doctora Esther Orozco tiene problemas de identidad: cuando las reporteras de La Jornada (15/04/11) le dijeron "señora", respondió airada que ella era la doctora Orozco y que, si querían, le dijeran Esther. Señora no, pese a que en la entrevista la acompañaba su hija.

Hace muchos años ese gran panista de los que ya no hay, Juan José Hinojosa (1922-2001), compartía una mesa conmigo en unas conferencias. El moderador lo llamó licenciado al presentarlo y Juan José dijo que él era señor y que con el tiempo había aprendido que era más difícil ser señor que licenciado. Y tenía razón. No cargaba problemas de identidad como los de la doctora Orozco.

El dato no es irrelevante. Quien tiene que afirmarse con base en un grado académico es porque se siente inseguro ante sus interlocutores, y quien se siente inseguro ante los demás suele ser autoritario y con frecuencia llega a pensar que lo que dice es lo correcto y, por lo tanto, no debe ser cuestionado. Esto les pasa a muchos médicos que sin tener doctorado insisten en autonombrarse doctores y, además, como si fueran superiores, les hablan de tú a sus pacientes, aunque éstos sean mayores que aquellos.

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Semana Santa

Adolfo Sánchez Rebolledo

En esta Semana Santa las informaciones nos traen dos noticias sobre las cuales vale la pena reflexionar sin orden de prelación. Una es la negativa de la Secretaría de Gobernacióón a imponerle sanciones al sacerdote Valdemar Romero, no obstante que el IFE halló evidencias de que había violado varias disposiciones legales. La otra se refiere al viaje del presidente Calderón al Vaticano para asistir a la beatificacióón de Juan Pablo II, el Papa que los católicos mexicanos en un exceso de celo apropiatorio llegaron a llamar "el Papa mexicano", aludiendo a la frecuencia de sus viajes y a los multitudinarios como calurosos recibimientos que se le brindaron desde que por vez primera pisara estas tierras, visitas que se tornaron relevantes, luego, en el proceso de normalización y reformas que actualizara, por así decir, las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado en plena efervescencia del mal llamado liberalismo social.

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¿Estado fallido?

John Saxe-Fernández

Según Connie Mack, del Subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara baja de Estados Unidos, "la amenaza de un Estado fallido se asoma a lo largo de nuestra frontera sur con México". Lo advirtió en una sesión en que, según David Brooks, además del uso de términos como "Estado fallido" y "guerra", se contempló "la posibilidad de enviar tropas". (La Jornada (J) 14-4-2011 p.9) ¿Cómo llegamos a este estado de cosas? ¿Cuál es la génesis del declive del Estado mexicano?

Pregunto esto porque, casi en paralelo, nuestros diputados reciberon del Senado el proyecto de Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) impulsado por el Banco Mundial (BM) –ente subrogado al Tesoro de EU– y aprobado por el PRI y el PAN, para privatizar los servicios públicos del Estado formalizando relaciones contractuales "de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado para la prestación de servicios al sector público o al usuario final en los que se utiliza una infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado".

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Constitución, vulnerada por reformas y leyes

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos llega al 94 aniversario de su promulgación con más de 500 reformas. Aun cuando no han implicado transformaciones sustanciales, han socavado el espíritu original del texto, señalan especialistas. Además, a casi 100 años de su promulgación, la ley suprema del Estado mexicano es vulnerada por leyes y actos de la autoridad que contravienen los principios constitucionales.

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Mayela Sánchez

A 94 años de su promulgación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido reformada en 502 ocasiones, lo que ha “afectado seriamente” su espíritu original, comenta el jurista Raúl Carrancá y Rivas.

“En términos generales, lo que se planteó en 1917 sigue siendo una aspiración del país, y en gran parte no se ha realizado”, expresa el maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien considera necesario rescatar los postulados de justicia social tal y como fueron planteados por el Congreso Constituyente de 1917.

Carrancá y Rivas señala que aun cuando el país se ha transformado, desde el punto de vista constitucional, el texto original no ha perdido vigencia, por lo que no ve las múltiples reformas como un síntoma de que la Constitución tenga que ser modificada.

“Primero, que se obedezca, que tenga la oportunidad de ser algo real y vigente”, expresa.

Para Francisco Venegas Trejo, doctor en derecho y ciencia política por la UNAM, la gran cantidad de reformas es señal del dinamismo de la Constitución, “para que sirva como herramienta para el presente y el mañana”.

Venegas Trejo defiende que la Constitución sea constantemente modificada, pues, al ser “el proyecto de vida nacional”, tiene que ser actual para las nuevas generaciones. “Si la Constitución no se modificara, estaríamos obligados a vivir conforme a criterios de hace 100 años”, sostiene.

En opinión del exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Diego Valadés Ríos, aunque la mayoría de las reformas han sido “adecuadas, recomendables y oportunas”, no han tocado todavía la parte esencial que corresponde a la política y que implicaría una nueva estructura del régimen de gobierno.

El también exprocurador general de la República señala que, en ese tema, sí hay un rezago en la Constitución, lo que ha favorecido que el Poder Ejecutivo sobrepase sus propias atribuciones por falta de controles políticos.

Valadés Ríos, quien actualmente se desempeña como investigador en el IIJ, apunta que el problema central de la Constitución no radica en la cantidad de reformas que se le han hecho, sino en que “la están haciendo víctima de muchas violaciones.

“La Constitución no se deteriora por sus reformas, al contrario, éstas permiten que mantenga su lozanía, su vigencia. Lo que deteriora la Constitución es su incumplimiento”, expresa.

Reformas, la “ocurrencia de hoy”

La Constitución que rige actualmente al Estado mexicano fue publicada el 5 de febrero de 1917 y es resultado de una reforma a la anterior Constitución, que databa de 1857.

Desde su entrada en vigor el 1 de mayo de 1917 y hasta el 29 de julio de 2010, la Carta Megna había sido reformada 502 ocasiones, lo que ha implicado cambios en 110 de sus artículos (incluyendo los transitorios y transitorios de decreto de reforma), de acuerdo con información de la Cámara de Diputados.

Más de la mitad de estas reformas (289) se ha dado en los últimos 29 años, es decir desde el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, se tuvo la mayor cantidad de modificaciones: 77. En cuatro años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, se han reformado 60 artículos.

El artículo que más modificaciones ha tenido es el 73, referente a las atribuciones del Congreso de la Unión, que ha sumado 60, de las cuales ocho se han realizado durante este sexenio. Le siguen en cantidad de reformas el artículo 123, relativo a los derechos laborales, con 23; y el 27, que sentencia la propiedad de la nación sobre sus recursos naturales, registra 16 cambios.

A decir del profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, Enrique Uribe Arzate, la mayoría de estas reformas no debiera considerarse como tal, ya que no ha implicado un cambio sustancial de estructura, de la forma de concebir una institución o una instancia de gobierno.

Para Venegas Trejo, profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM, la laxitud de algunas reformas constitucionales se explica porque los políticos “no actúan con espíritu institucional, de Estado, sino con espíritu de partido y de interés personal de su carrera”.

El exdirector del seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM pone como ejemplo la reciente iniciativa de reforma al artículo 3 constitucional que hace obligatoria la educación media superior. En su opinión, se trata de una propuesta vistosa pero poco viable, dadas las condiciones actuales de falta de servicios educativos.

El coordinador del área de Derecho Constitucional del IIJ, Miguel Carbonell Sánchez, comparte esta opinión, pues señala que en lugar de una reforma integral de la Constitución, lo que hay es una “reforma gota a gota”, en donde lo mismo caben “la pequeña reformita, la ocurrencia de hoy o el deseo del legislador de que quede su huella en la Constitución”.

La consecuencia de ello, dice Carbonell Sánchez, es que se ha hecho de la Constitución “una cosa prolija, confusa, mal ordenada”.

Para el diputado Jaime Cárdenas Gracia, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, la Constitución “se reforma mucho porque no se respeta”.

El legislador por el Partido del Trabajo señala que hay reformas que se han promulgado aun cuando “van en contra del espíritu de lo que aprobó el Constituyente de Querétaro en 1917”.

Leyes, por encima de la ley suprema

El señalamiento de Cárdenas Gracia no es exclusivo de las reformas constitucionales, pues advierte que también existen leyes que contravienen lo estipulado en el texto constitucional.

Refiere, por ejemplo, que la Ley de Petróleos Mexicanos, creada en noviembre de 2008, fue en contra de lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, referentes a la propiedad de la nación sobre los recursos y el monopolio del Estado en su explotación.

El profesor Uribe Arzate apunta que si bien en términos formales la Constitución no es rebasada por las reformas ni por la generación de nuevas leyes, existen modificaciones constitucionales que se dan al margen de una reforma formal, por lo que “hay normas, disposiciones e incluso actos de la sociedad y de la autoridad que están más allá de la propia Constitución”.

El doctor en derecho y autor del libro El tribunal constitucional apunta que, debido a ello, toda la jurisprudencia, leyes ordinarias, decretos y reglamentos deberían ser regulados por un órgano especializado para evitar que se violente el principio de supremacía constitucional.

Actualmente, tal atribución recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, Uribe Arzate considera que ésta “ha sido rebasada, no es capaz de controlar la constitucionalidad de las normas y, mucho menos, prevenir la generación de normas inconstitucionales”.

Otro elemento que ha favorecido la creación de leyes contrarias a la Constitución es la pérdida del control del Congreso de la Unión por el presidente de la República, a decir de Carbonell Sánchez.

El investigador observa que desde 1997 dejó de haber una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión del partido del presidente, lo que ha generado que muchos temas no puedan avanzar mediante reformas constitucionales y ha llevado al Ejecutivo a recurrir a la promulgación de leyes como “herramientas para lograr cosas que no puede usar en las Cámaras”.

Carbonell Sánchez advierte que hay una parte de la legislación “que camina al filo” de la Constitución y que no sólo tiene que ver con las leyes, sino también con sus reglamentos.

Ejemplo de ello, recuerda Carbonell Sánchez, fue la controversia constitucional promovida por los diputados en contra del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. A cuyo amparo el gobierno de Vicente Fox Quesada concedió más de 600 permisos para centros de apuestas remotas que beneficiaron, entre otros, al grupo Televisa.

El ministro Genaro Góngora Pimentel planteó un proyecto de dictamen donde arguyó la invalidez de dicho reglamento dada la prohibición constitucional de los juegos de apuesta. Sin embargo, en enero de 2007 la SCJN resolvió la controversia al reconocer la constitucionalidad de casi todo el reglamento, con excepción de las llamadas “loterías instantáneas”, juegos de naipes y ruleta en ferias regionales.

El diputado Cárdenas Gracia señala que también los acuerdos internacionales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, han vulnerado la supremacía de la Constitución, pues, a través de ellos, se ha permitido la intervención de Estados Unidos en las políticas de seguridad nacional y pública del país.

Y añade que la ley suprema del Estado mexicano ha sido dinamitada por los intereses de la clase gobernante, a la que califica como “una clase tecnocrática que no responde a esa visión social nacionalista” plasmada en el texto de 1917.

Autoridad, responsable de violaciones

Para el doctor Valadés Ríos, el deterioro de la Constitución no se explica por el tiempo que tiene de existencia, sino por su incumplimiento, el cual ha provenido no sólo de particulares, sino también de las autoridades.

“No somos los mexicanos como ciudadanos los que rechazamos la Constitución y no es la Constitución, con sus 94 años, la que resulta responsable de las violaciones cometidas por las autoridades que debían aplicarla”, expresa.

Valadés Ríos refiere que, en 2010, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un dictamen en el que, por unanimidad, expresaba que el presidente de la República había violado el artículo 41 constitucional durante el proceso electoral de 2009.

De acuerdo con el investigador, se trató de “una violación constitucional declarada por un órgano jurisdiccional y con relación en la cual no hay ninguna sanción. Eso es un problema de la aplicación de la Constitución; es un problema de las autoridades”.

Lo mismo ocurre, a decir del exministro de la SCJN, con los créditos fiscales cancelados en 2007 por el Servicio de Administración Tributaria, pues con ello se dispensó a sólo algunos ciudadanos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 31, en el que se señala la obligación de contribuir al gasto público.

Valadés Ríos señala que, incluso, la autoridad ha caído en la paradoja de incumplir las reformas que ella misma promueve, como ha ocurrido con la modificación del artículo 21 constitucional que el Ejecutivo propuso en 2008 y en la que se señala que las funciones de seguridad pública son exclusivas de la autoridad civil.

Sin embargo, para Valadés Ríos, “esa reforma se introdujo y acto seguido se violó, porque estamos viendo que las funciones de seguridad pública están siendo desempeñadas por autoridades castrenses, no por autoridades civiles”.

Renovación, necesaria

Al cabo de casi un siglo de existencia, la Constitución se encuentra completamente desdibujada, dice el doctor Carbonell Sánchez.

El investigador es partidario de una renovación completa del texto constitucional, pues estima que la Constitución mexicana tiene un atraso de 40 años respecto de otros países, como Brasil y Argentina, cuyos tránsitos a la democracia implicaron la renovación de sus constituciones.

El investigador considera que la actual Constitución tiene un rezago en cuanto a garantías individuales por no contemplar “tendencias modernizadoras” que favorezcan la participación directa de los ciudadanos.

Asimismo, opina que, en materia política, la Constitución “no está dando incentivos, frenos y contrapesos a los poderes para que hagan bien su tarea y los resultados están a la vista: un país que se nos está yendo de las manos”.

El diputado Cárdenas Gracia, quien también comulga con la idea de una renovación constitucional, apunta que actualmente es poco factible que ésta se lleve a cabo, pues no existe un consenso entre las principales fuerzas políticas, sociales y económicas del país para llevar avante un proyecto parecido.

El legislador, experto en derecho constitucional, considera que de lograrse, una nueva constitución tendría que salvaguardar del texto actual la defensa del patrimonio nacional y de la soberanía, así como los derechos sociales, los cuales, incluso, habría que “maximizar”.

Cárdenas Gracia apunta que de no modificarse, la Constitución tenderá a convertirse en un “objeto simbólico, sagrado”, pero inservible. El riesgo de ello, advierte el diputado, es que continúen promulgándose leyes y tratados internacionales contrarios a la Constitución, con lo que se socava también el estado de derecho, pues “la primer condición para exista el estado de derecho es que se respete la Constitución”.

Reformas hechas a la Constitución: 502

Cantidad de artículos reformados: 110

Mayor número de reformas hechas durante un sexenio: 77 (en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León)

Cantidad de reformas hechas durante el actual sexenio: 60

Artículo más reformado: 73, con 60 reformas

El problema central de la Constitución no radica en la cantidad de reformas que se le han hecho, sino en que la están haciendo víctima de muchas violaciones: Diego Valadés

Antes que pensar en reformar la Constitución, habría que empezar a obedecerla: Carrancá y Rivas

Más de la mitad de las 502 reformas a la Constitución se ha hecho en los últimos 29 años, cuando se instauró el neoliberalismo

La Constitución “se reforma mucho porque no se respeta”: Jaime Cárdenas

Contralínea 218 / 30 de enero de 2011