José Justiniano Lijerón
Rebelión
En cualquiera de las legislaciones de nuestros países, están por demás establecidas las formas y condiciones en que se estipula la conformación de empresas en diferentes actividades de la economía de nuestros pueblos, condiciones que son unas más ventajosas que otras, siempre favoreciendo a la “libre empresa”, por no decir a la empresa privada. Sin embargo pese a las grandes facilidades otorgadas a los inversores, para saquear recursos naturales en condiciones leoninas, así como para el establecimiento de cualquier otro tipo de empresas en sectores de la producción, alimentación, agropecuaria, etc. .etc. etc., sólo por rellenar requisitos se les exige una serie de condiciones, respecto al medio ambiente, y algunas que otras normas, que vayan en pro de la “salud de la población “.En lo referente a condiciones impositivas, eso es harina de otro costal.
Amparados en las mismas leyes estipuladas para la conformación y establecimiento de empresa, cualquier “emprendedor” o empresario privado o ciudadano con dineros de dudosa procedencia, solicita utilizar parte del espacio radioeléctrico que es de propiedad de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestros países y si no hay concesiones libres, compra algún o algunos medios de comunicación y listo, eso es todo y así se convierte en empresario de la “comunicación”, con el derecho de agraviar a quien le parezca un peligro a sus intereses de clase.
Para este tipo de empresa no hay ninguna clase de obstáculos, ni ambientales ni de ningún otro tipo, todos amparados en “ la libertad de prensa”, fácil y así comienza a operar uno de los instrumentos más perniciosos para la salud mental en que se están convirtiendo en este siglo los medios de comunicación, televisivos, radiales y escritos, en manos de “emprendedores” y empresarios privados que a la sazón se han transformado en vanguardia política de oposición a gobiernos que buscan mejores condiciones de vida para las mayorías nacionales por tanto tiempo postergadas .
Además esa prensa empresarial es una fiel defensora de gobiernos que representan sus intereses de clase, aunque los mismos sean gobiernos acusados por la comunidad internacional de violar los derechos humanos como es el caso irrefutable del gobierno Colombiano.
Es bueno recordar que todos estos medios de comunicación empresarial, ya no dependen de inversores nativos solamente, todos o casi todos están conectados a las grandes cadenas del sistema capitalista, como uno de los principales instrumentos de desestabilización de gobiernos que no sea cliente de las políticas de los EE.UU. sin mediar para eso en mentir, difamar, tergiversar, enajenar y de acuerdo a informes de estudios hechos por entendido médicos en la conducta humana, están enfermando a grandes contingentes de las poblaciones, especialmente disociando a fracciones de la clase media incitándolos a la violencia con el fantasma de que “el comunismo esta llegando” y que” les arrebatará sus hijos y todo su tener”. Ese viejo discurso obsoleto de décadas pasadas, hace carne en estos sectores acostumbrados a vivir de las migajas de las burguesías nacionales, es hora de contrarrestar eficientemente esa guerra mediática del imperio global.
Es cierto, hay avances en nuestros países por neutralizar, semejante bestia mediática, con medios oficiales de la comunicación que a veces, por pretender “parecerse” a los medios empresariales caen en lo simple de ser solo medios de comunicación y no instrumentos para la liberación, y eso tendrá que curarse nombrando a la cabeza de estas empresas no solo a expertos de la comunicación, sino a entendidos en la lucha de la liberación de nuestros pueblos.
Hay que iniciar el boicot, con campañas masivas para desenmascarar la actitud de estas empresas de la comunicación mentirosa y dañina para la salud mental. Esta acción debe alcanzar a que los pueblos eviten del uso de ninguna de estas cadenas, radios o periódicos en son de rechazo y boicot.
Los gobiernos afectados por las empresas sediciosas no deberán favorecer ni un solo minuto de avisos o propagandas en ninguna cadena, radio o periódico, ya que es contradictorio ver el auspicio millonario de los gobiernos y sus instituciones a estos medios de la derecha antinacional.
Y lo más importante, es urgente incrementar el incentivo masivo a la creación y fomento a medios comunitarios en todos los rincones de nuestros pueblos a ser dirigidos y manejados por los propios pobladores, como la mejor garantía de una real libertad de prensa.
Otra tarea pendiente de gobiernos que dicen ser revolucionarios, deberá ser la regulación del funcionamiento de dichas empresas, buscando que siempre estén no en pocas manos, sino en manos del pueblo como tienen que estar todas las empresas de producción, en especial la comunicación que tiene que ver con la salud mental. Ese día será el momento en que nos estemos acercando a una verdadera revolución social, dónde habrá una legítima libertad de expresión.
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José Justiniano Lijerón es ex Dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB)
viernes, julio 03, 2009
Argumentos de derecho constitucional primario para una oligarquía golpista primaria
Francisco Palacios Romeo
Existe una casi sospechosa unanimidad en condenar la factura del golpe de Estado en Honduras. Esta actitud viene facilitada por la nueva estrategia de la presidencia estadounidense.
Por otro lado, la mayoría de esos mismos gobiernos, grupos económicos y grupos mediáticos no dejan de considerar, e incluso de avalar, los argumentos que dieron lugar a ese mismo golpe. No dejan de deslizar numerosas sombras de sospecha sobre el comportamiento jurídico-constitucional del presidente Zelaya. En definitiva tratan de presentarlo como un presidente autoritario, institucionalmente indecoroso. En un juego siniestro de mimetismos con los presidentes Chávez, Morales, Ortega o Correa.
El argumento y la matriz mediática siempre son los mismos: no son demócratas, intentan generar un modelo constitucional no homologable y recurren a instrumentos jurídica y políticamente pérfidos. Sin embargo la cuestión tiene premisas contrarias. Historia, teoría, ideología y premisas constitucionales contrarias.
LA MANIPULACIÓN SOBRE LA PREGUNTA
La consulta que pretendía hacer el Presidente Zelaya no versaba sobre su reelección. Eso ha sido una manipulación más de la gran prensa hegemónica en general, de los medios de comunicación internacionales en particular y de los distintos grupos de poder que acostumbran a violar el derecho a la información según sus intereses. La pregunta versaba sobre una hipotética convocatoria para una Asamblea Constituyente, allá por noviembre. Era la siguiente: “¿Esta de usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que emita una nueva Constitución de la República?”.
Era una pregunta sobre la posibilidad de hacer otra pregunta. Por lo tanto era una pregunta absolutamente inocua a corto y medio plazo. Una pregunta que debía ser validada por otra segunda pregunta.
LOS INEXISTENTES ARGUMENTOS DE LA CORTE SUPREMA
La consulta es prohibida por un simple Juzgado de Letras Contencioso, que es un juzgado de primera instancia, el cual emite una sentencia corta bajo el único argumento de que “su implementación redundaría en daños de carácter económico, político y social que serían de imposible reparación para el Estado de Honduras” (sic). Nada más se argumenta, salvo la cantinela vacua de su inconstitucionalidad e ilegalidad al pretender una consulta sobre una Asamblea Constituyente.
La sentencia del Juzgado de Letras será apoyada por una decisión del Tribunal Supremo Electoral que se niega a colaborar en su organización. La Corte Suprema de Justicia, por último, emitió un corto comunicado lleno, también, de generalidades y de tópicos falaces. Dice la Corte Suprema de Justicia:
“…Siendo el decomiso la ejecución de una actuación judicial firme ratificado por la Corte de lo Contencioso Administrativo en donde se declara ilegal la encuesta patrocinada por el Ejecutivo, quien en ningún momento atendió los mandatos emanados de la Constitución y la Ley, el Poder Judicial considera que tal actuación se realiza dentro del marco legal, en base a una disposición judicial emitida por el juez competente(…)quienes públicamente han manifestado y actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna…”.
Argumentos simplones y falsos.
3. LA FALSEDAD DE LA INCONSTITUCIONALIDAD
El Presidente no ha vulnerado un solo artículo de la Constitución. La Constitución de Honduras nada dice sobre que el Presidente no pueda hacer una consulta. En ningún artículo prohíbe la posibilidad de que el Presidente pueda hacer una consulta al Pueblo.
En ningún artículo le asigna la competencia exclusiva para la consulta al Tribunal Supremo Electoral.
En ningún artículo se dice que no se pueda preguntar sobre una hipotética convocatoria de Asamblea Constituyente. Es más, la Constitución no menciona la posibilidad de una reforma integral del texto y, por lo tanto, aun está más justificado que se pueda convocar una asamblea constituyente al no existir regulación constitucional sobre una reforma total de la misma.
Es importante advertir que la Constitución de Honduras tiene cláusulas de intangibilidad (artículos que se prohíben reformar). Las cláusulas de intangibilidad son inadmisibles, ya que toda cláusula de intangibilidad es un atentado contra el principio sagrado del Poder Constituyente soberano. Los artículos intangibles convierten una Constitución en una Biblia. Sólo podría llegar a ser admisible un tipo de intangibilidad: la de los derechos fundamentales, respecto a su merma o reducción, con base al respeto de convenios y tratados internacionales de derechos y a un principio general de derecho natural. Y este no es el caso, puesto que la Constitución de Honduras habla de la intangibilidad de artículos referentes a la conformación y elección de las instituciones del Estado, fundamentalmente de su Presidente (artículo 374).
El Presidente ha sido extremadamente cauteloso ya que ha abordado el tema de la Asamblea Constituyente con las máximas garantías al no hacer la pregunta directamente sino al establecer la máxima garantía de la doble consulta: a) Preguntando (en junio) si el pueblo quiere que se haga una consulta en noviembre, b) Preguntando (en noviembre) si el pueblo quiere que se inicien actuaciones para la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Con todo ello el Presidente no vulnera ningún precepto constitucional sino que más bien por el contrario está: a) abriendo una amplia vía de participación popular vinculante con varias consultas sobre un mismo tema y b) está abriendo un muy amplio debate sobre dicha cuestión, con varios meses de posible discusión mediática, institucional y popular.
4. LA FALSEDAD DE LA ILEGALIDAD
a) El Tribunal Supremo Electoral no tiene la exclusividad de las actuaciones de participación política según se desprende de la Ley (Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, 2004). Tiene la exclusividad de las actividades electorales pero no hay que confundir “lo electoral” con la participación popular directa mediante consulta o referéndum. De hecho esta ley sólo se refiere a elecciones siempre -en todos los artículos- como eventos donde se disputa una cargo o escaño. Sin hacer mención a lo largo de toda la ley a consultas o referéndum.
b) En las atribuciones del T.S.E. no se encuentra el monopolio de convocatoria u organización de todo tipo de proceso de participación popular directa y ni siquiera de todo tipo de proceso electoral (vid. artículo 15 L.E.O.P.). En su numeral 8 consta la atribución “convocar a elecciones”, pero nada se dice de consultas. En el numeral 5 se habla “organizar y dirigir los procesos electorales”. Pero organizar no es convocar sino establecer el procedimiento jurídico-administrativo del proceso.
c) Está claro que no había impedimento legal para que el Presidente actuara de ese modo. Y por eso se intento fabricar una ley a toda velocidad. Por ese motivo el Congreso Nacional intentó aprobar una nueva ley de Referéndum para legitimar sus actuaciones intentando hacerla valer como vigente (Ley de Referéndum y Plebiscito). Pero la ley aprobada contra reloj (en 3 días) no es una ley válida ya que le falta todo el posterior proceso de sanción presidencial o, en su caso, todo un largo proceso de posible veto presidencial.
d) La simple consulta al Pueblo que no distorsione procedimientos legalmente establecidos debe ser legal por definición y por principio democrático; ya que la participación/opinión del pueblo soberano debe ser siempre la primera premisa de toda democracia.
5.- SOBRE LA DISCREPANCIA INSTITUCIONAL ENTRE PODERES
Dice la Corte Suprema de Justicia:
“…Siendo el decomiso la ejecución de una actuación judicial firme ratificado por la Corte de lo Contencioso Administrativo en donde se declara ilegal la encuesta patrocinada por el Ejecutivo, quien en ningún momento atendió los mandatos emanados de la Constitución y la Ley, el Poder Judicial considera que tal actuación se realiza dentro del marco legal, en base a una disposición judicial emitida por el juez competente(…)El Poder Judicial deja constancia que si el origen de las acciones del día de hoy esta basado en una orden judicial emitida por Juez competente, su ejecución esta enmarcada dentro de los preceptos legales, y debe desarrollarse contra todo lo que ilegalmente se anteponga a devolver al Estado de Honduras, el Imperio de la Ley….”
Falso.
¿La discrepancia entre poderes del Estado legitima el desalojo del Presidente? Nunca, a eso se le llama conflicto de competencias y es una situación normal en muchas coyunturas políticas democráticas. Para resolverlo existen mecanismos institucionales y una larga tradición de teoría general de la Constitución.
Todos los poderes judiciales y tribunales del mundo declaran no ajustadas a derecho, diariamente, miles de normas, disposiciones o actos del Poder Ejecutivo, de los distintos poderes ejecutivos, de los poderes municipales y de la Administración Pública. ¿Se puede imaginar que cada “disposición judicial emitida por el juez competente” (y sin agotar recursos) pudiera tener como consecuencia el desalojo del cargo representativo y el exilio para el cargo representativo (unipersonal o colegiado) que contradijera, a capricho del juez, del policía o del mando militar correspondiente?
6.- SOBRE EL ACTO DE FUERZA Y EL PAPEL CONSTITUCIONAL DEL EJERCITO
Dice la Corte Suprema de Justicia:
…El Poder Judicial también estima que en el caso que se conoce, las Fuerzas Armadas como defensores del imperio de la Constitución, ha actuado en defensa del Estado de Derecho obligando a cumplir las disposiciones legales, a quienes públicamente han manifestado y actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna…”
Falso:
Es al contrario: lo inconstitucional y lo ilegal es desobedecer al Presidente según reza la propia Constitución que dicen defender: Artículo 245.16 (“Ejercer el mando en Jefe de las Fuerzas Armadas en su carácter de Comandante General…”);
Las fuerzas armadas están siempre supeditadas al poder ejecutivo constitucionalmente establecido, son la Administración militar del Estado y como la Constitución dice son dirigidas por el Presidente. No son un poder constitucional autónomo. No son un poder deliberante (Artículo 272. “Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante”). Sólo en casos extremos en donde se hubiera establecido un clima estructural de violencia inconstitucional generalizado contra la población civil podría admitirse una legitimación para la actuación autónoma del Ejército.
¿Estamos ante una gravísima actuación inconstitucional del Presidente? Es evidente que no, como ya se ha argumentado. Pero incluso en el caso de que hubiera alguna duda nunca es constitucional secuestrar al Presidente, expulsarlo del país y habilitar a otro Presidente sin seguir, además, el más mínimo procedimiento constitucional para el “caso de vacante”. Eso es un golpe de Estado.
CONCLUSIÓN
Para las oligarquías el Derecho -los derechos- siempre han sido un reglamento interno de gestión, de la misma manera que el Estado ha sido el Consejo de Administración de esa inmensa fábrica que suponen ellos debe ser una Sociedad. En Honduras estamos ante más de lo mismo. El juego institucional, el juego democrático, los valores constitucionales no les interesan en tanto no sirvan de instrumento a sus intereses. Tampoco les interesa debatir sobre procesos de cambio a pesar de que después de 200 años en el poder sólo han construido sumideros sociales de cochambre, miseria y corrupción. Eso sí con pequeños reductos de lujo obsceno que para nada les averguenzan. Por no haber sabido no han sabido siquiera ser reales burgueses o gestores porque nada han producido ni ningún Estado han construido. No son nada, sólo primarios oligarcas golfos y golpistas. Ellos y… sus cómplices internacionales políticos, económicos y mediáticos.
*FRANCISCO PALACIOS ROMEO es PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ESPAÑA). MIEMBRO DEL COMITÉ INTERNACIONALISTA DE ARAGÓN
Existe una casi sospechosa unanimidad en condenar la factura del golpe de Estado en Honduras. Esta actitud viene facilitada por la nueva estrategia de la presidencia estadounidense.
Por otro lado, la mayoría de esos mismos gobiernos, grupos económicos y grupos mediáticos no dejan de considerar, e incluso de avalar, los argumentos que dieron lugar a ese mismo golpe. No dejan de deslizar numerosas sombras de sospecha sobre el comportamiento jurídico-constitucional del presidente Zelaya. En definitiva tratan de presentarlo como un presidente autoritario, institucionalmente indecoroso. En un juego siniestro de mimetismos con los presidentes Chávez, Morales, Ortega o Correa.
El argumento y la matriz mediática siempre son los mismos: no son demócratas, intentan generar un modelo constitucional no homologable y recurren a instrumentos jurídica y políticamente pérfidos. Sin embargo la cuestión tiene premisas contrarias. Historia, teoría, ideología y premisas constitucionales contrarias.
LA MANIPULACIÓN SOBRE LA PREGUNTA
La consulta que pretendía hacer el Presidente Zelaya no versaba sobre su reelección. Eso ha sido una manipulación más de la gran prensa hegemónica en general, de los medios de comunicación internacionales en particular y de los distintos grupos de poder que acostumbran a violar el derecho a la información según sus intereses. La pregunta versaba sobre una hipotética convocatoria para una Asamblea Constituyente, allá por noviembre. Era la siguiente: “¿Esta de usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que emita una nueva Constitución de la República?”.
Era una pregunta sobre la posibilidad de hacer otra pregunta. Por lo tanto era una pregunta absolutamente inocua a corto y medio plazo. Una pregunta que debía ser validada por otra segunda pregunta.
LOS INEXISTENTES ARGUMENTOS DE LA CORTE SUPREMA
La consulta es prohibida por un simple Juzgado de Letras Contencioso, que es un juzgado de primera instancia, el cual emite una sentencia corta bajo el único argumento de que “su implementación redundaría en daños de carácter económico, político y social que serían de imposible reparación para el Estado de Honduras” (sic). Nada más se argumenta, salvo la cantinela vacua de su inconstitucionalidad e ilegalidad al pretender una consulta sobre una Asamblea Constituyente.
La sentencia del Juzgado de Letras será apoyada por una decisión del Tribunal Supremo Electoral que se niega a colaborar en su organización. La Corte Suprema de Justicia, por último, emitió un corto comunicado lleno, también, de generalidades y de tópicos falaces. Dice la Corte Suprema de Justicia:
“…Siendo el decomiso la ejecución de una actuación judicial firme ratificado por la Corte de lo Contencioso Administrativo en donde se declara ilegal la encuesta patrocinada por el Ejecutivo, quien en ningún momento atendió los mandatos emanados de la Constitución y la Ley, el Poder Judicial considera que tal actuación se realiza dentro del marco legal, en base a una disposición judicial emitida por el juez competente(…)quienes públicamente han manifestado y actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna…”.
Argumentos simplones y falsos.
3. LA FALSEDAD DE LA INCONSTITUCIONALIDAD
El Presidente no ha vulnerado un solo artículo de la Constitución. La Constitución de Honduras nada dice sobre que el Presidente no pueda hacer una consulta. En ningún artículo prohíbe la posibilidad de que el Presidente pueda hacer una consulta al Pueblo.
En ningún artículo le asigna la competencia exclusiva para la consulta al Tribunal Supremo Electoral.
En ningún artículo se dice que no se pueda preguntar sobre una hipotética convocatoria de Asamblea Constituyente. Es más, la Constitución no menciona la posibilidad de una reforma integral del texto y, por lo tanto, aun está más justificado que se pueda convocar una asamblea constituyente al no existir regulación constitucional sobre una reforma total de la misma.
Es importante advertir que la Constitución de Honduras tiene cláusulas de intangibilidad (artículos que se prohíben reformar). Las cláusulas de intangibilidad son inadmisibles, ya que toda cláusula de intangibilidad es un atentado contra el principio sagrado del Poder Constituyente soberano. Los artículos intangibles convierten una Constitución en una Biblia. Sólo podría llegar a ser admisible un tipo de intangibilidad: la de los derechos fundamentales, respecto a su merma o reducción, con base al respeto de convenios y tratados internacionales de derechos y a un principio general de derecho natural. Y este no es el caso, puesto que la Constitución de Honduras habla de la intangibilidad de artículos referentes a la conformación y elección de las instituciones del Estado, fundamentalmente de su Presidente (artículo 374).
El Presidente ha sido extremadamente cauteloso ya que ha abordado el tema de la Asamblea Constituyente con las máximas garantías al no hacer la pregunta directamente sino al establecer la máxima garantía de la doble consulta: a) Preguntando (en junio) si el pueblo quiere que se haga una consulta en noviembre, b) Preguntando (en noviembre) si el pueblo quiere que se inicien actuaciones para la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Con todo ello el Presidente no vulnera ningún precepto constitucional sino que más bien por el contrario está: a) abriendo una amplia vía de participación popular vinculante con varias consultas sobre un mismo tema y b) está abriendo un muy amplio debate sobre dicha cuestión, con varios meses de posible discusión mediática, institucional y popular.
4. LA FALSEDAD DE LA ILEGALIDAD
a) El Tribunal Supremo Electoral no tiene la exclusividad de las actuaciones de participación política según se desprende de la Ley (Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, 2004). Tiene la exclusividad de las actividades electorales pero no hay que confundir “lo electoral” con la participación popular directa mediante consulta o referéndum. De hecho esta ley sólo se refiere a elecciones siempre -en todos los artículos- como eventos donde se disputa una cargo o escaño. Sin hacer mención a lo largo de toda la ley a consultas o referéndum.
b) En las atribuciones del T.S.E. no se encuentra el monopolio de convocatoria u organización de todo tipo de proceso de participación popular directa y ni siquiera de todo tipo de proceso electoral (vid. artículo 15 L.E.O.P.). En su numeral 8 consta la atribución “convocar a elecciones”, pero nada se dice de consultas. En el numeral 5 se habla “organizar y dirigir los procesos electorales”. Pero organizar no es convocar sino establecer el procedimiento jurídico-administrativo del proceso.
c) Está claro que no había impedimento legal para que el Presidente actuara de ese modo. Y por eso se intento fabricar una ley a toda velocidad. Por ese motivo el Congreso Nacional intentó aprobar una nueva ley de Referéndum para legitimar sus actuaciones intentando hacerla valer como vigente (Ley de Referéndum y Plebiscito). Pero la ley aprobada contra reloj (en 3 días) no es una ley válida ya que le falta todo el posterior proceso de sanción presidencial o, en su caso, todo un largo proceso de posible veto presidencial.
d) La simple consulta al Pueblo que no distorsione procedimientos legalmente establecidos debe ser legal por definición y por principio democrático; ya que la participación/opinión del pueblo soberano debe ser siempre la primera premisa de toda democracia.
5.- SOBRE LA DISCREPANCIA INSTITUCIONAL ENTRE PODERES
Dice la Corte Suprema de Justicia:
“…Siendo el decomiso la ejecución de una actuación judicial firme ratificado por la Corte de lo Contencioso Administrativo en donde se declara ilegal la encuesta patrocinada por el Ejecutivo, quien en ningún momento atendió los mandatos emanados de la Constitución y la Ley, el Poder Judicial considera que tal actuación se realiza dentro del marco legal, en base a una disposición judicial emitida por el juez competente(…)El Poder Judicial deja constancia que si el origen de las acciones del día de hoy esta basado en una orden judicial emitida por Juez competente, su ejecución esta enmarcada dentro de los preceptos legales, y debe desarrollarse contra todo lo que ilegalmente se anteponga a devolver al Estado de Honduras, el Imperio de la Ley….”
Falso.
¿La discrepancia entre poderes del Estado legitima el desalojo del Presidente? Nunca, a eso se le llama conflicto de competencias y es una situación normal en muchas coyunturas políticas democráticas. Para resolverlo existen mecanismos institucionales y una larga tradición de teoría general de la Constitución.
Todos los poderes judiciales y tribunales del mundo declaran no ajustadas a derecho, diariamente, miles de normas, disposiciones o actos del Poder Ejecutivo, de los distintos poderes ejecutivos, de los poderes municipales y de la Administración Pública. ¿Se puede imaginar que cada “disposición judicial emitida por el juez competente” (y sin agotar recursos) pudiera tener como consecuencia el desalojo del cargo representativo y el exilio para el cargo representativo (unipersonal o colegiado) que contradijera, a capricho del juez, del policía o del mando militar correspondiente?
6.- SOBRE EL ACTO DE FUERZA Y EL PAPEL CONSTITUCIONAL DEL EJERCITO
Dice la Corte Suprema de Justicia:
…El Poder Judicial también estima que en el caso que se conoce, las Fuerzas Armadas como defensores del imperio de la Constitución, ha actuado en defensa del Estado de Derecho obligando a cumplir las disposiciones legales, a quienes públicamente han manifestado y actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna…”
Falso:
Es al contrario: lo inconstitucional y lo ilegal es desobedecer al Presidente según reza la propia Constitución que dicen defender: Artículo 245.16 (“Ejercer el mando en Jefe de las Fuerzas Armadas en su carácter de Comandante General…”);
Las fuerzas armadas están siempre supeditadas al poder ejecutivo constitucionalmente establecido, son la Administración militar del Estado y como la Constitución dice son dirigidas por el Presidente. No son un poder constitucional autónomo. No son un poder deliberante (Artículo 272. “Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante”). Sólo en casos extremos en donde se hubiera establecido un clima estructural de violencia inconstitucional generalizado contra la población civil podría admitirse una legitimación para la actuación autónoma del Ejército.
¿Estamos ante una gravísima actuación inconstitucional del Presidente? Es evidente que no, como ya se ha argumentado. Pero incluso en el caso de que hubiera alguna duda nunca es constitucional secuestrar al Presidente, expulsarlo del país y habilitar a otro Presidente sin seguir, además, el más mínimo procedimiento constitucional para el “caso de vacante”. Eso es un golpe de Estado.
CONCLUSIÓN
Para las oligarquías el Derecho -los derechos- siempre han sido un reglamento interno de gestión, de la misma manera que el Estado ha sido el Consejo de Administración de esa inmensa fábrica que suponen ellos debe ser una Sociedad. En Honduras estamos ante más de lo mismo. El juego institucional, el juego democrático, los valores constitucionales no les interesan en tanto no sirvan de instrumento a sus intereses. Tampoco les interesa debatir sobre procesos de cambio a pesar de que después de 200 años en el poder sólo han construido sumideros sociales de cochambre, miseria y corrupción. Eso sí con pequeños reductos de lujo obsceno que para nada les averguenzan. Por no haber sabido no han sabido siquiera ser reales burgueses o gestores porque nada han producido ni ningún Estado han construido. No son nada, sólo primarios oligarcas golfos y golpistas. Ellos y… sus cómplices internacionales políticos, económicos y mediáticos.
*FRANCISCO PALACIOS ROMEO es PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ESPAÑA). MIEMBRO DEL COMITÉ INTERNACIONALISTA DE ARAGÓN
El enjuego
Luis Javier Garrido
El gobierno de facto sabe que tiene el repudio de la mayor parte de la población y por ello ha proseguido en vísperas de las elecciones con una vasta campaña de desinformación y propaganda, que ya poco puede redituarle, y no avizora para el 5 de julio más que negociar con el PRI la cesión de alguna gubernatura y lanzar los operativos fraudulentos que tiene preparados para tratar de revertir resultados y hacer menos evidente la derrota estrepitosa de Calderón.
1. El grito de ni un voto al PAN ni al PRI, que ha marcado la parte final de la campaña electoral de México en 2009, al que muchos han añadido “ni a los chuchistas del PRD”, ha marcado el amplio repudio de amplios sectores, no a la vía democrática electoral, por muy limitada que sea, sino al gobierno ilegítimo y antinacional de Calderón –con todas sus maquinaciones antidemocráticas– y a la alianza PRI-PAN en el poder, a la que ahora se suma el PRD de los chuchos, reafirmando así su disposición de votar en contra del régimen y a favor de otra opción.
2. La campaña por las elecciones intermedias de 2009 se ha saldado por una amplia derrota de los grupos de la ultraderecha, que por un lado pugnaron por el voto nulo tratando de desmovilizar a los sectores mayoritarios de la población, que tienen pensado votar por la opción lopezobradorista –cruzando los emblemas del PT y de Convergencia y en la capital (salvo Iztapalapa) el del PRD–, y que, por el otro, pretendieron a través del multimillonario neofascista Alejandro Martí, someter a los candidatos y a los partidos a sus dictados, erigiéndose este torpe individuo de manera antidemocrática en una especie de moderno Supremo Poder Conservador.
3. ¿No acaso es un fracaso de Calderón el que a cuatro días de los comicios una decisión de la PGR del día primero prácticamente exonere a Marcia Gómez del Campo, parienta de su esposa Margarita, por el infanticidio de Hermosillo al acusarla a ella y a otros responsables de delitos no graves?
4. La mejor prueba de este fracaso oficial lo constituyó el debate entre los presidentes de los tres principales partidos (PRI, PAN y PRD), organizado por Televisa el viernes 26, que constituyó todo un acontecimiento político, no por las propuestas, que no las hubo, ni por el contenido de la discusión, que no se dio ni se podía dar entre tres comparsas del poder, sino por el hecho de que Jesús Ortega, el presidente que Calderón impuso al PRD a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anunció formalmente que este partido, que en sus orígenes pretendió ser una opción de izquierda, es abiertamente bajo su dirección un partido paraestatal, dispuesto a servir a Calderón, al que llamó presidente, y a la ultraderecha panista, para lo que defendió las violaciones constitucionales del gobierno y propuso una y otra vez un pacto de apoyo a Calderón.
5. Lo más grave a unos días de las elecciones intermedias es que este viraje descarado de la directiva chuchista del PRD no suscitó reacción del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas (fundador del partido), del senador Pablo Gómez (que publicó un desplegado de inconformidad por lo que estimó ausencia de propuestas de la directiva perredista), de Mario Saucedo o de ningún otro cuadro perredista, lo cual confirma que la única alternativa electoral democrática es la del Movimiento Nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y que presenta candidatos a través del PRD capitalino pero sobre todo, a nivel nacional, de Convergencia y del PT.
6. La aportación de Calderón a la ultraderecha mexicana y a su sueño totalitario está fracasando, a pesar de haber hecho inviables a las instituciones electorales, cuya escasa credibilidad ha destruido, tornándolas en apéndice del Ejecutivo al imponer a sus incondicionales Leonardo Valdés en el IFE y a María del Carmen Alanís en el TEPJF, y obligándolos a fallar conforme a sus intereses, y al hacer más inviable el sistema de partidos, ya que la mayor parte de las formaciones políticas que lo integran no representan a las fuerzas sociales que luchan en el país, y ello porque la principal fuerza social organizada no es ya un partido político y no está dispuesta a echarse atrás.
7. Un amplio sector de mexicanos va a votar en conciencia el domingo 5, haciendo un análisis cuidadoso de la situación en su municipio, en su delegación, en su distrito y en su estado, más allá de los partidos políticos, aunque deberá escoger entre los candidatos del antiguo FAP –PRD, PT y Convergencia– y eso va a evidenciar la madurez de los mexicanos que buscan llevar a algunas voces de oposición a las instancias estatales.
8. La doble intentona de Calderón de imponerse al PRI y de destruir la alternativa popular en 2009 va a fracasar luego del domingo 5. En las elecciones legislativas, el PRI mantendrá su control como la fuerza más importante en la Cámara de Diputados y conservará todas las gubernaturas en su poder que están en juego –incluyendo Nuevo León, que los panistas han asumido como su coto privado–, y Campeche –que el gobernante espurio pretendía entregar a los herederos de Mouriño, y donde el candidato chuchista-perredista renunció a favor del PAN–, eso a menos que tuviese éxito la demanda desesperada de Calderón a la cúpula tricolor para que en moderna concertacesión negociase perder la de Sonora. Y, por el otro lado, el gobierno de facto no logrará que los chuchos empanizados, y en contubernio con Los Pinos, se apoderen del Distrito Federal, como tampoco logrará cerrarle la vía electoral a López Obrador.
9. El fracaso electoral del PAN anuncia una escalada antidemocrática de Calderón luego de 2009 por la insistencia de éste en oponerse a la participación de López Obrador en las elecciones de 2012. Tras el golpe orquestado por la CIA en Honduras, el panista no es ya el único gobernante espurio del continente. Hay hoy en América Latina dos gobernantes ilegítimos: Roberto Micheletti en Honduras, impuesto por el golpe de Estado de 2009, y Felipe Calderón en México, impuesto por el macrofraude electoral de 2006, y no sorprende que éste haya anunciado en Panamá la creación de una alianza de los tres gobiernos de la ultraderecha continental (Colombia, Panamá y México) para supuestamente luchar contra el narcotráfico, o que, avalado por los chuchos del PRD, pretenda hacer entrar al Ejército Mexicano a Iztapalapa de lograr imponer a Silvia Oliva como delegada, lo que ha causado alarma entre los habitantes de esa delegación.
10. Las elecciones intermedias de 2009 van a marcar de esta manera un parteaguas en la vida electoral de México, pues, a pesar del antidemocrático sistema electoral que se ha impuesto en México y del amplio abstencionismo que marca las elecciones de este tipo, millones de mexicanos van a encontrar una vía para expresar su voluntad y manifestar su repudio al régimen actual.
El gobierno de facto sabe que tiene el repudio de la mayor parte de la población y por ello ha proseguido en vísperas de las elecciones con una vasta campaña de desinformación y propaganda, que ya poco puede redituarle, y no avizora para el 5 de julio más que negociar con el PRI la cesión de alguna gubernatura y lanzar los operativos fraudulentos que tiene preparados para tratar de revertir resultados y hacer menos evidente la derrota estrepitosa de Calderón.
1. El grito de ni un voto al PAN ni al PRI, que ha marcado la parte final de la campaña electoral de México en 2009, al que muchos han añadido “ni a los chuchistas del PRD”, ha marcado el amplio repudio de amplios sectores, no a la vía democrática electoral, por muy limitada que sea, sino al gobierno ilegítimo y antinacional de Calderón –con todas sus maquinaciones antidemocráticas– y a la alianza PRI-PAN en el poder, a la que ahora se suma el PRD de los chuchos, reafirmando así su disposición de votar en contra del régimen y a favor de otra opción.
2. La campaña por las elecciones intermedias de 2009 se ha saldado por una amplia derrota de los grupos de la ultraderecha, que por un lado pugnaron por el voto nulo tratando de desmovilizar a los sectores mayoritarios de la población, que tienen pensado votar por la opción lopezobradorista –cruzando los emblemas del PT y de Convergencia y en la capital (salvo Iztapalapa) el del PRD–, y que, por el otro, pretendieron a través del multimillonario neofascista Alejandro Martí, someter a los candidatos y a los partidos a sus dictados, erigiéndose este torpe individuo de manera antidemocrática en una especie de moderno Supremo Poder Conservador.
3. ¿No acaso es un fracaso de Calderón el que a cuatro días de los comicios una decisión de la PGR del día primero prácticamente exonere a Marcia Gómez del Campo, parienta de su esposa Margarita, por el infanticidio de Hermosillo al acusarla a ella y a otros responsables de delitos no graves?
4. La mejor prueba de este fracaso oficial lo constituyó el debate entre los presidentes de los tres principales partidos (PRI, PAN y PRD), organizado por Televisa el viernes 26, que constituyó todo un acontecimiento político, no por las propuestas, que no las hubo, ni por el contenido de la discusión, que no se dio ni se podía dar entre tres comparsas del poder, sino por el hecho de que Jesús Ortega, el presidente que Calderón impuso al PRD a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anunció formalmente que este partido, que en sus orígenes pretendió ser una opción de izquierda, es abiertamente bajo su dirección un partido paraestatal, dispuesto a servir a Calderón, al que llamó presidente, y a la ultraderecha panista, para lo que defendió las violaciones constitucionales del gobierno y propuso una y otra vez un pacto de apoyo a Calderón.
5. Lo más grave a unos días de las elecciones intermedias es que este viraje descarado de la directiva chuchista del PRD no suscitó reacción del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas (fundador del partido), del senador Pablo Gómez (que publicó un desplegado de inconformidad por lo que estimó ausencia de propuestas de la directiva perredista), de Mario Saucedo o de ningún otro cuadro perredista, lo cual confirma que la única alternativa electoral democrática es la del Movimiento Nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y que presenta candidatos a través del PRD capitalino pero sobre todo, a nivel nacional, de Convergencia y del PT.
6. La aportación de Calderón a la ultraderecha mexicana y a su sueño totalitario está fracasando, a pesar de haber hecho inviables a las instituciones electorales, cuya escasa credibilidad ha destruido, tornándolas en apéndice del Ejecutivo al imponer a sus incondicionales Leonardo Valdés en el IFE y a María del Carmen Alanís en el TEPJF, y obligándolos a fallar conforme a sus intereses, y al hacer más inviable el sistema de partidos, ya que la mayor parte de las formaciones políticas que lo integran no representan a las fuerzas sociales que luchan en el país, y ello porque la principal fuerza social organizada no es ya un partido político y no está dispuesta a echarse atrás.
7. Un amplio sector de mexicanos va a votar en conciencia el domingo 5, haciendo un análisis cuidadoso de la situación en su municipio, en su delegación, en su distrito y en su estado, más allá de los partidos políticos, aunque deberá escoger entre los candidatos del antiguo FAP –PRD, PT y Convergencia– y eso va a evidenciar la madurez de los mexicanos que buscan llevar a algunas voces de oposición a las instancias estatales.
8. La doble intentona de Calderón de imponerse al PRI y de destruir la alternativa popular en 2009 va a fracasar luego del domingo 5. En las elecciones legislativas, el PRI mantendrá su control como la fuerza más importante en la Cámara de Diputados y conservará todas las gubernaturas en su poder que están en juego –incluyendo Nuevo León, que los panistas han asumido como su coto privado–, y Campeche –que el gobernante espurio pretendía entregar a los herederos de Mouriño, y donde el candidato chuchista-perredista renunció a favor del PAN–, eso a menos que tuviese éxito la demanda desesperada de Calderón a la cúpula tricolor para que en moderna concertacesión negociase perder la de Sonora. Y, por el otro lado, el gobierno de facto no logrará que los chuchos empanizados, y en contubernio con Los Pinos, se apoderen del Distrito Federal, como tampoco logrará cerrarle la vía electoral a López Obrador.
9. El fracaso electoral del PAN anuncia una escalada antidemocrática de Calderón luego de 2009 por la insistencia de éste en oponerse a la participación de López Obrador en las elecciones de 2012. Tras el golpe orquestado por la CIA en Honduras, el panista no es ya el único gobernante espurio del continente. Hay hoy en América Latina dos gobernantes ilegítimos: Roberto Micheletti en Honduras, impuesto por el golpe de Estado de 2009, y Felipe Calderón en México, impuesto por el macrofraude electoral de 2006, y no sorprende que éste haya anunciado en Panamá la creación de una alianza de los tres gobiernos de la ultraderecha continental (Colombia, Panamá y México) para supuestamente luchar contra el narcotráfico, o que, avalado por los chuchos del PRD, pretenda hacer entrar al Ejército Mexicano a Iztapalapa de lograr imponer a Silvia Oliva como delegada, lo que ha causado alarma entre los habitantes de esa delegación.
10. Las elecciones intermedias de 2009 van a marcar de esta manera un parteaguas en la vida electoral de México, pues, a pesar del antidemocrático sistema electoral que se ha impuesto en México y del amplio abstencionismo que marca las elecciones de este tipo, millones de mexicanos van a encontrar una vía para expresar su voluntad y manifestar su repudio al régimen actual.
Astillero
Julio Hernández López
Nada cambiará para bien después de los comicios dominicales. El andamiaje institucional derruido mantendrá todavía al aire, por un tiempo, la imagen virtual de la bonanza democrática a base de espots y de la presunta esperanza popular en cambios por esa vía electoral maltrecha. Pero el ritual de los votos y los candidatos ha llegado a su fin, al menos en la versión que hasta ahora hemos conocido.
Sólo en términos de un cinismo autoritario extremo podría darse continuidad a esta farsa pestilente en 2012 (¡ah, el 2012, cuán lejos queda, cuántas cosas habrán de pasar de aquí a ese entonces que puede ser tan confuso y peligroso!). Un impensable asomo de inteligencia política debería llevar a los responsables del presente derrumbe a idear formas de nuevo engaño que mantuvieran al embravecido toro social sujeto el embrujo de los muletazos y los capotazos oficialistas. Es decir, una reforma política de avanzada, que incluyera amnistía a presos políticos como los de Atenco, apertura a la participación de candidatos sin partido, reducción de los montos de financiamiento a los partidos, consolidación de los candados a la contratación directa de propaganda con las televisoras, y rediseño de los órganos autónomos que organizan, regulan y juzgan el proceso electoral (el IFE, el comúnmente llamado Trife y la fiscalía para delitos del ramo).
Pero el actual aparato de poder no tiene entre sus prendas la inteligencia política ni la audacia arquitectónica. Los poderosos están más bien preocupados en alzarse con lo más que les sea posible antes de que llegue una catástrofe que huelen, negados a la consideración de que pueden trazarse planes de rescate a mediano plazo, metidos en la apropiación de lo inmediato, atemorizados por las centenarias coincidencias de los ánimos sociales desbordados, atenidos al mantra de la manipulada programación noticiosa televisiva (claro que harán una reforma electoral, pero regresiva, para restituir el fuero de la facturación propagandística a la teledictadura y para cerrar el paso a opciones que incomoden al votofundismo pripánico).
En las circunstancias antes descritas, el voto es lo de menos. Ni siquiera hay una franja amplia de candidatos de izquierda no cooptada por los cuales se pudiera sufragar con expectativas favorables fundadas. Un puñado de personajes aceptables hacen que no siempre se pueda medir en su graduación negativa el conjunto de las propuestas que en un malabarismo difícil de entender y apoyar forman el perredismo no formalmente chuchista y el PT y Convergencia. Entonces, ¿votar o no votar? Ésa es la bronca. Lo primero que ha de decirse aquí es que el famoso voto nulo no va a servir de nada. Si el voto efectivo no pudo hacerse valer en 2006 en medio de una magna movilización social, mucho menos habrá de suceder algo importante por la simple inercia de un sufragio de protesta desorganizada y, lo peor, utilizable por los mismos destinatarios de esas presuntas quejas o convertible en mercancía de moda por parte de quienes ya sueñan con masivos frentes o partidos del voto nulo que les abran las puertas de las prerrogativas y los recursos del erario.
¿Votar por los partidos, más allá de los candidatos? Grave error sería. Ninguno de los actuales partidos mantiene congruencia mínima con sus postulados. ¿Votar, entonces, por los candidatos, más allá de los partidos? A fe de este tecleador escéptico ésa sería una posibilidad medianamente aceptable, a sabiendas de que las cartas están echadas para que el último trienio de Calderón sea dominado por el PanPristein y que lo más importante no será votar, sino mantener un espíritu activo de lucha, sin caer en el espejismo electoral, pero tampoco permitiendo que el ejercicio cívico básico sea escamoteado por abstención por quienes saben que en la abstención y el desánimo tienen inmejorables aliados para avanzar en la imposición de estados de excepción. Muy bien, pero, ¿y si no hay un candidato más o menos aceptable, si la oferta de aspirantes es absolutamente rechazable? Sólo entonces, como último recurso, a sabiendas de todo lo que significa el voto nulo, de la manipulación anunciada y de la intrascendencia de las sumas que se acumulen, podría optarse por usar la papeleta electoral como vehículo de inconformidad. ¡Uf: cuántos enredos para hacer como que de verdad vamos a elegir!
Astillas
El uso electoral de la tragedia de Hermosillo ha quedado de manifiesto. El calderonismo hace como que va a encarcelar a los portadores de apellidos protegidos (entre ellos, la prima Gómez del Campo), pero los beneficiados por las subrogaciones entre cuates ya están fuera del país y, en dado caso de que fueran detenidos, podrán salir bajo fianza con rapidez. Por otra parte, el director del Seguro Social, miembro del círculo íntimo del felipismo, habrá de concurrir ante congresistas para hablar de la desgracia de la guardería, hasta muchos días después de las elecciones. En Sonora, el enojo popular está siendo inducido hacia el voto de castigo al PRI y la elección del cambio con el PAN... Cuartelazo dado, ni Obama lo quita, sería la tesis con la que se están moviendo los intereses de la elite gringa en el caso hondureño. Una de dos: o Barack está jugando con un doble discurso (lo que no tendría nada de extraño) o los diseñadores de las operaciones de intervencionismo (la CIA, la FBI, el Pentágono) se mueven sin tomar en cuenta al presidente decorativo. Lo cierto es que, conforme pasa el tiempo, el golpe hondureño se consolida... Y, mientras este domingo llega a su desenlace el denodado esfuerzo felipista por entregar el negocio llamado Campeche a la familia Mouriño como una especie de pago de marcha por Juan Camilo, ¡feliz fin de semana, conmemorando que el miércoles pasado se cumplieron cien años del nacimiento de Juan Carlos Onetti, el gran literato uruguayo de una de cuyas más conocidas obras tomó título esta columna abismal!
Nada cambiará para bien después de los comicios dominicales. El andamiaje institucional derruido mantendrá todavía al aire, por un tiempo, la imagen virtual de la bonanza democrática a base de espots y de la presunta esperanza popular en cambios por esa vía electoral maltrecha. Pero el ritual de los votos y los candidatos ha llegado a su fin, al menos en la versión que hasta ahora hemos conocido.
Sólo en términos de un cinismo autoritario extremo podría darse continuidad a esta farsa pestilente en 2012 (¡ah, el 2012, cuán lejos queda, cuántas cosas habrán de pasar de aquí a ese entonces que puede ser tan confuso y peligroso!). Un impensable asomo de inteligencia política debería llevar a los responsables del presente derrumbe a idear formas de nuevo engaño que mantuvieran al embravecido toro social sujeto el embrujo de los muletazos y los capotazos oficialistas. Es decir, una reforma política de avanzada, que incluyera amnistía a presos políticos como los de Atenco, apertura a la participación de candidatos sin partido, reducción de los montos de financiamiento a los partidos, consolidación de los candados a la contratación directa de propaganda con las televisoras, y rediseño de los órganos autónomos que organizan, regulan y juzgan el proceso electoral (el IFE, el comúnmente llamado Trife y la fiscalía para delitos del ramo).
Pero el actual aparato de poder no tiene entre sus prendas la inteligencia política ni la audacia arquitectónica. Los poderosos están más bien preocupados en alzarse con lo más que les sea posible antes de que llegue una catástrofe que huelen, negados a la consideración de que pueden trazarse planes de rescate a mediano plazo, metidos en la apropiación de lo inmediato, atemorizados por las centenarias coincidencias de los ánimos sociales desbordados, atenidos al mantra de la manipulada programación noticiosa televisiva (claro que harán una reforma electoral, pero regresiva, para restituir el fuero de la facturación propagandística a la teledictadura y para cerrar el paso a opciones que incomoden al votofundismo pripánico).
En las circunstancias antes descritas, el voto es lo de menos. Ni siquiera hay una franja amplia de candidatos de izquierda no cooptada por los cuales se pudiera sufragar con expectativas favorables fundadas. Un puñado de personajes aceptables hacen que no siempre se pueda medir en su graduación negativa el conjunto de las propuestas que en un malabarismo difícil de entender y apoyar forman el perredismo no formalmente chuchista y el PT y Convergencia. Entonces, ¿votar o no votar? Ésa es la bronca. Lo primero que ha de decirse aquí es que el famoso voto nulo no va a servir de nada. Si el voto efectivo no pudo hacerse valer en 2006 en medio de una magna movilización social, mucho menos habrá de suceder algo importante por la simple inercia de un sufragio de protesta desorganizada y, lo peor, utilizable por los mismos destinatarios de esas presuntas quejas o convertible en mercancía de moda por parte de quienes ya sueñan con masivos frentes o partidos del voto nulo que les abran las puertas de las prerrogativas y los recursos del erario.
¿Votar por los partidos, más allá de los candidatos? Grave error sería. Ninguno de los actuales partidos mantiene congruencia mínima con sus postulados. ¿Votar, entonces, por los candidatos, más allá de los partidos? A fe de este tecleador escéptico ésa sería una posibilidad medianamente aceptable, a sabiendas de que las cartas están echadas para que el último trienio de Calderón sea dominado por el PanPristein y que lo más importante no será votar, sino mantener un espíritu activo de lucha, sin caer en el espejismo electoral, pero tampoco permitiendo que el ejercicio cívico básico sea escamoteado por abstención por quienes saben que en la abstención y el desánimo tienen inmejorables aliados para avanzar en la imposición de estados de excepción. Muy bien, pero, ¿y si no hay un candidato más o menos aceptable, si la oferta de aspirantes es absolutamente rechazable? Sólo entonces, como último recurso, a sabiendas de todo lo que significa el voto nulo, de la manipulación anunciada y de la intrascendencia de las sumas que se acumulen, podría optarse por usar la papeleta electoral como vehículo de inconformidad. ¡Uf: cuántos enredos para hacer como que de verdad vamos a elegir!
Astillas
El uso electoral de la tragedia de Hermosillo ha quedado de manifiesto. El calderonismo hace como que va a encarcelar a los portadores de apellidos protegidos (entre ellos, la prima Gómez del Campo), pero los beneficiados por las subrogaciones entre cuates ya están fuera del país y, en dado caso de que fueran detenidos, podrán salir bajo fianza con rapidez. Por otra parte, el director del Seguro Social, miembro del círculo íntimo del felipismo, habrá de concurrir ante congresistas para hablar de la desgracia de la guardería, hasta muchos días después de las elecciones. En Sonora, el enojo popular está siendo inducido hacia el voto de castigo al PRI y la elección del cambio con el PAN... Cuartelazo dado, ni Obama lo quita, sería la tesis con la que se están moviendo los intereses de la elite gringa en el caso hondureño. Una de dos: o Barack está jugando con un doble discurso (lo que no tendría nada de extraño) o los diseñadores de las operaciones de intervencionismo (la CIA, la FBI, el Pentágono) se mueven sin tomar en cuenta al presidente decorativo. Lo cierto es que, conforme pasa el tiempo, el golpe hondureño se consolida... Y, mientras este domingo llega a su desenlace el denodado esfuerzo felipista por entregar el negocio llamado Campeche a la familia Mouriño como una especie de pago de marcha por Juan Camilo, ¡feliz fin de semana, conmemorando que el miércoles pasado se cumplieron cien años del nacimiento de Juan Carlos Onetti, el gran literato uruguayo de una de cuyas más conocidas obras tomó título esta columna abismal!
Mensaje de la Red de Redes En Defensa de la Humanidad.
Amigos, el terrorismo mediatico crece por horas en Honduras , el Mundo
necesita estar informado de la verdad y el pueblo hondureno merece la
solidaridad de todos.
En el sitio online http://www.todosconhonduras.org/ pueden encontrar un
gran cumulo de informaciones de inmediatez y analisis, asi como los
pronunciamientos de condena al Golpe de estado y de apoyo al Presidente
Manuel Zelaya y su pueblo.
Tambien todos aquellas personas que quieran patentizar su solidaridad
pueden hacerlo adherido su firma, las que ya suman mas de 1 200 y estan
encabezadas por el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Perez
Esquivel, seguido por el actor y activista social estadounidense Danny
Glover; el escritor brasileno Frei Betto, el arquitecto Oscar Niemeyer,
el poeta peruano Arturo Corcuera y el escritor cubano Roberto Fernandez
Retamar, presidente de Casa de las Americas.
necesita estar informado de la verdad y el pueblo hondureno merece la
solidaridad de todos.
En el sitio online http://www.todosconhonduras.org/ pueden encontrar un
gran cumulo de informaciones de inmediatez y analisis, asi como los
pronunciamientos de condena al Golpe de estado y de apoyo al Presidente
Manuel Zelaya y su pueblo.
Tambien todos aquellas personas que quieran patentizar su solidaridad
pueden hacerlo adherido su firma, las que ya suman mas de 1 200 y estan
encabezadas por el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Perez
Esquivel, seguido por el actor y activista social estadounidense Danny
Glover; el escritor brasileno Frei Betto, el arquitecto Oscar Niemeyer,
el poeta peruano Arturo Corcuera y el escritor cubano Roberto Fernandez
Retamar, presidente de Casa de las Americas.
Reporte en video de Angel Palacios desde Honduras
El autor de "Puente llaguno, claves de una masacre" está en Tegucigalpa, desde donde envió este video.
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Patria Grande muestra cómo CNN le dio apoyo a los golpistas en Honduras
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Así lanzaron bombas lacrimógenas dentro de un hospital en Tegucigalpa
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Dictador hondureño Goriletti destituye Alcalde y nombra en su lugar a su sobrino
Honduras 2 de julio de 2009.- Activistas sociales en la ciudad de San Pedro Sula, que se encuentran en las calles demandando el retorno del Presidente Zelaya, denunciaron a través de Telesur un doble golpe de estado con la destitución de su Alcalde Rodolfo Farías, quien fué depuesto ilegalmente y sustituído por William Franklin Micheletti, sobrino del dictador.
Farías se había destacado por defender la constitucionalidad y exigir el retorno del Presidente Zelaya. Su paradero es desconocido. Mientras tanto la represión sigue aumentando y se teme que en la próximas horas se produzcan mas detenciones. Los manifestantes hicieron un dramático llamado a los pueblos del mundo a no dejarlos solos.
Eva Golinger: EEUU tuvo papel fundamental en golpe militar en Honduras
Por: Prensa Web RNV
02 de julio 2009. - La abogada e investigadora estadounidense, Eva Golinger, manifestó este jueves que la base militar de Soto Cano, que Estados Unidos mantiene en territorio hondureño, tuvo un papel fundamental en el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya.
En tal sentido, indicó que Soto Cano es una base militar muy grande que ha ocupado Estados Unidos desde los años 1970 de manera activa. Agregó que el gobierno norteamericano posee un acuerdo de mano para mantener la presencia militar, lo que significa que no existe ningún acuerdo oficial ni legal para que el país del Norte tenga presencia en Honduras.
Golinger apuntó que éste es un convenio realizado a cambio de la gran ayuda financiera, de entrenamiento y de formación a las tropas de las Fuerzas Armadas hondureñas desde los años 1950, cuando empezaron a utilizar a Honduras como punto de lanzamiento al golpe de Estado que se ejecutó contra Jacobo Arbenz en Guatemala.
Asimismo, refirió que hace unos años, el presidente Manuel Zelaya empeó a dialogar con el entonces presidente estadounidense, George W. Bush, sobre que quería convertir la base de Soto Cano en un aeropuerto civil internacional, esto no sucedió hasta el año pasado, cuando el presidente hondureño anunció que empezaría la construcción del Terminal aéreo civil en la base militar de Soto Cano para ser utilizado para aviones comerciales internacionales, cuyo financiamiento provendría de la Alianza Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA).
Eva Golinger señaló que el gobierno norteamericano informó hoy que, como el poder se ha transferido a los civiles, no será reconocido como un golpe de Estado militar; y por ende, no será suspendida la cooperación económica ni militar a Honduras.
Por último, aclaró que el gobierno de Estados Unidos no ha suspendido la asistencia militar, sino lo que ha suspendido son las maniobras conjuntas, pero la colaboración militar persiste.
jueves, julio 02, 2009
Denuncian injerencia estadounidense en golpe militar hondureño
Según la Organización Fraternal Negra Hondureña, una evidencia son las fuertes sumas de dinero recibidas por el hondureño Movimiento Paz y DemocraciaEl Periódico
"Es indudable que existe injerencia directa por parte de organizaciones afiliadas a la extrema derecha estadounidense, tales como la Fundación Arcadia, en la cual está inmiscuido Otto Reich",ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del ex presidente norteamericano George W. Bush.
Reich, recordó OFRANEH, es "nefasto personaje a cargo de operaciones de desinformación y sabotaje, no muy lejano de (Luis) Posada Carriles y los terroristas cubanos encargados de los trabajos sucios de la CIA".
Bajo el supuesto de luchar contra la corrupción, la Fundación Arcadia comenzó a partir de 2006 "una guerra de baja intensidad" contra funcionarios de la Administración de Manuel Zelaya, indicó el texto.
Según OFRANEH, otra evidencia son "las fuertes sumas de dinero" recibidas por el hondureño Movimiento Paz y Democracia, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la National Endowment for Democracy (NED).
Ambas instituciones son reconocidas como "financistas de golpes y proceso de desestabilización a lo largo del planeta", precisó el comunicado.
Los efectos del trabajo de la NED y la USAID en Honduras, agregó, se hacen sentir "desde las iglesias hasta los gremios de empresarios, pasando por la apocada clase media".
Para la OFRANEH, precisó, resulta inminente que la Administración del presidente Barak Obama "debe frenar la labor de los organismos de inteligencia dedicados a la desestabilización y la desinformación", que pretenden "crear un choque entre grupos proclives a los golpistas y los defensores de la democracia", en esta nación centroamericana.
La Organización Fraternal Negra Hondureña llamó el presidente Obama a frenar "las agresiones de los cuerpos de inteligencia" y a decretar inmediatas sanciones económicas para "frenar la agresividad del gobierno golpista y neofascista".
Es la única forma, sopesó, en que se inducirá la paz y seguridad en Honduras y la estabilidad del continente.
Hasta el momento, evaluó OFRANEH, la administración Obama condenó el golpe "de forma tibia".
Los Hank y Cheney, tras el pastel carcelario
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ARTURO RODRíGUEZ Y RODRIGO VERAFiguras sustentadas tanto en el poder político como en los negocios que este poder facilita, e igualmente asociadas a la ambición y la corrupción, al desprestigio en suma, la familia Hank González y el exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney se aprestan a coincidir en el que promete ser uno de los grandes festines del gobierno calderonista: el reparto de contratos para la construcción de 12 penales federales y los servicios que éstos conllevarán.Sólo esperaba el anuncio oficial en torno a la creación de 12 prisiones federales con servicios concesionados a particulares para manifestar su interés por la administración de esos centros de reclusión. Y así lo hizo, por medio de su empresa Interacciones. Se trata de Carlos Hank González, nieto del profesor de Atlacomulco del mismo nombre, quien desde el sexenio foxista externó su interés sobre el particular. Pero ahora Hank González volvería a la carga acompañado del único personaje visible en condiciones de asociársele: el exvicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, a quien las autoridades de su país acusaron por vejaciones contra migrantes mexicanos en las prisiones que él administra.De acuerdo con el diputado perredista Alfonso Suárez del Real, la familia Hank González, a través de su empresa Interacciones, así como el exvicepresidente estadunidense Dick Cheney, cuyas empresas ya administran algunas prisiones en su país, “serán los principales beneficiados” en la construcción de los 12 nuevos penales federales que proyecta levantar el gobierno de Felipe Calderón con dinero de la iniciativa privada.En su despacho de la Cámara de Diputados, agrega el legislador:“Aunque no me toca acusarla de algún delito, pues parto de la presunción de inocencia, existen señalamientos que achacan a la familia Hank González alianzas no legales y lavado de recursos. Tenemos indicios que ponen en duda su presunción de inocencia. ¿Cómo asegurarnos de que ahora no habrá lavado de dinero en esas prisiones? ¿De que no entrarán recursos del narcotráfico?“Y respecto a Dick Cheney, éste ya fue llevado a juicio en Texas porque en sus cárceles se cometieron una serie de violaciones contra migrantes mexicanos. Además, en Sudamérica se ha acusado a sus empresas de tener nexos con la CIA”.
–¿Pero en qué se basa usted para asegurar que a estas empresas se les dará la concesión de las prisiones?
–En primer lugar, el joven empresario Carlos Hank González, nieto del “profesor”, del mismo nombre, reveló estar en pláticas con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para obtener esas concesiones. Dijo incluso que por lo menos tiene 600 millones de dólares para invertir. Y aunque su empresa Interacciones no tiene experiencia en materia de cárceles –como tampoco la tiene ninguna otra compañía mexicana–, sí puede asociarse con Cheney, pues Interacciones tiene una excelente relación económico-comercial con el empresariado texano.“En segundo lugar, las compañías de Cheney ya están operando en México, sobre todo su empresa Wackenhut, que, coincidentemente, empezó a lanzar una andanada de ofertas de trabajo a partir del miércoles 3, justo un día después de que Genaro García Luna, titular de la SSP, anunció que concesionaría la construcción y administración de las nuevas cárceles federales a la iniciativa privada.”
El martes 2, durante una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, dijo García Luna:
“Por orden del señor presidente de la República, en este escalamiento de capacidades del gobierno federal para recoger lo que hay de internos federales en todo el país se plantea una nueva figura, donde está ya el esquema para crear 12 nuevos penales de orden federal, los cuales estarán en una figura nueva, bajo un esquema de concesión con particulares; esto con la experiencia que hay en el mundo respecto a penales, tanto en la obra construcción y la administración”.Agregó que contaba con “el respaldo formal” de otros países, sobre todo de Chile y Estados Unidos, que ya estaban operando con esta nueva “figura” en algunas de sus prisiones.Tras su anuncio, surgió de inmediato el interés por saber cuáles serán las empresas beneficiadas.
Y sí las hay en México con experiencia en ese rubro.Recalca el diputado Suárez del Real, integrante de la fracción parlamentaria del PRD:
“Definitivamente, no hay ninguna empresa mexicana con esa experiencia, ni siquiera Interacciones, que sin embargo puede asociarse con Cheney. Éste pondría lo que empresarialmente se conoce como el know how. De manera que no hay más; sólo están Cheney y Hank González, quien además ya mostró su interés por entrarle al negocio de las prisiones federales desde fines del sexenio foxista.”Efectivamente, en una entrevista con Milenio Diario publicada el 5 de abril de 2006, Hank González, presidente del Grupo Financiero Interacciones, declaró que desde entonces ya estaban “avanzadas” sus “negociaciones” con la SSP para obtener la concesión de los nuevos penales federales, cuyo proyecto de construcción existía desde ese tiempo.
Negocios de familia
El nieto del profesor Hank González, por el lado paterno, y del empresario Roberto González Barrera, por el materno, dijo en esa entrevista:“Nosotros construiríamos los Ceresos y les prestaríamos el servicio de hotelería”, pero aclaró que “la seguridad de los reclusos estaría en manos del gobierno”.
Añadió que Interacciones cobraría al gobierno federal por cada uno de los internos: “El esquema es como el de una carretera: se cobra cada vez que pasa un auto; aquí se cobraría por cada uno de los reos”.
Los penales –dijo– pasarían finalmente a manos del gobierno federal, pues éste se los iría pagando en abonos a Interacciones, en un período que puede variar de 15 a 20 años.El esquema, detalló el joven Hank González, es el de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), con lo que la iniciativa privada financiará, construirá y operará las cárceles. Bajo los PPS –abundó– la iniciativa privada puede construir hospitales, escuelas y edificios públicos, entre otros, para no distraer recursos públicos que deben canalizarse a otros proyectos.Indicó que la concesión a particulares permite una reducción de 10% en los costos de operación de los centros penitenciarios. Y su viabilidad ya fue probada en Estados Unidos, España, Francia y el Reino Unido, entre otros países.El joven reveló que, en ese tiempo, acababa de vender, en 600 millones de dólares, el Laredo National Bank a BBVA, por lo que disponía de recursos frescos para invertir en las prisiones federales. Años antes, la familia Hank logró el control de ese banco estadunidense mediante maniobras irregulares que le valieron una multa impuesta por las autoridades bancarias de Estados Unidos.Por lo pronto, Hank González ya está construyendo el Centro de Reclusión Estatal de Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Y todavía el 4 de mayo pasado declaró al mismo diario que Interacciones está otorgando financiamiento a los estados para la construcción de cárceles. Dijo estar atento “a las oportunidades de hacer negocios, a través de buenos proyectos”.Proceso solicitó una entrevista con Hank González para saber si seguían en marcha sus negociaciones con la SSP. La secretaria del empresario, Ruth Garcés, envió por correo electrónico una negativa en la que señalaba: “Nos disculpamos pero por el momento no estamos participando en dicha concesión”.En su portal corporativo, el Grupo Financiero Interacciones dice estar “contribuyendo al avance de la infraestructura en México a través del financiamiento, diseño y construcción. Desde escuelas y hospitales hasta instalaciones para tratamiento del agua, caminos y presas”.Agrega que la empresa fue fundada en 1992 por Carlos Hank Rhon y actualmente es “proveedora de servicios financieros y con una fuerte presencia en Seguros, Casa de Bolsa, y Banca especializada”.Interacciones es sólo un eslabón del imperio económico que construyó el profesor Hank González y hoy heredaron –junto con su nombre de pila y su apellido, como en sucesión dinástica– su hijo Carlos y su nieto Carlos.Durante más de cuatro décadas, el profesor Hank González tuvo presencia en la vida pública nacional. Supo aprovechar sus cargos en el gobierno para hacer grandes negocios –“un político pobre es un pobre político”, fue su frase célebre–. Encarnó como ningún otro la figura emblemática del multimillonario político que a la vez es empresario. Fue gobernador del Estado de México, jefe del Departamento del Distrito Federal, secretario de Turismo y secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos.Al morir, en 2001, el profesor dejó a su familia bien consolidada con pujantes negocios, entre los que, aparte de Interacciones, figuraban Grupo Hermes, Laredo National Bancshares, Grupo Caliente y plantaciones agrícolas y frutícolas en Costa Rica.Su hijo menor, Jorge Hank Rohn, exalcalde de Tijuana, se vio envuelto en negocios poco claros, como el de casas de apuestas en Cancún y Cuernavaca, el del hipódromo y galgódromo de Tijuana, entre otros giros ligados a los juegos de azar.Su otro hijo, Carlos Hank Rhon, a fines de los noventa fue denunciado formalmente por la junta de gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés), debido a que transgredió las leyes bancarias y se valió indebidamente de prestanombres para hacerse del control del Laredo National Bank. Por el delito se le impuso una multa de 40 millones de dólares (Proceso 1294).Y, ahora, es justamente el hijo de Carlos Hank Rhon quien –a decir del diputado Suárez del Real– intenta obtener la concesión de los penales federales, en mancuerna con Dick Cheney.
El “socio” de Hank
¿Quién es este presunto socio estadunidense de la familia Hank González? ¿Qué antecedentes tiene Cheney en el negocio carcelario? ¿Cuáles son sus empresas?.
Nadie mejor que el exfiscal texano Juan Ángel Guerra Osuna para responder a estas interrogantes. Guerra Osuna es hoy un litigante privado que representa a 600 reos de cárceles administradas por la empresa Geo Group, en la que Cheney tiene participación.“Lo peor que puede hacer México es privatizar sus cárceles. Y todavía sería más lamentable que se las entregue a Geo Group. Esa empresa lo único que intenta es forrarse de dinero”, dice.Actualmente, Geo Group opera alrededor de 50 penitenciarías y centros de detención en Estados Unidos, de los cuales 19 están en Texas, donde se están registrando múltiples acusaciones por maltrato y homicidio.El caso más sonado ocurrió en abril de 2001 en un centro de detención del condado de Willacy, Texas, donde el reo Gregorio de la Rosa fue asesinado a golpes por otros internos. Varios custodios fueron testigos de la golpiza, pero en lugar de intervenir se reían a carcajadas.La familia de la víctima responsabilizó a Geo Group, que administra la penitenciaría, por su responsabilidad en el homicidio y por negligencia. Tras agotar todas las etapas procesales, el pasado 2 de abril, se condenó a Geo Group a pagar 42 millones de dólares de indemnización a la familia De la Rosa.El encausamiento del caso fue realizado por Guerra Osuna, quien entonces era fiscal. Guerra Osuna también intentó llevar ante un Gran Jurado a Cheney, para que respondiera por tráfico de influencias. Pero sus pretensiones fueron rechazadas.Cheney tiene además participación en las empresas Halliburton y Wackenhut Corporation. La primera construye centros de detención para inmigrantes en Estados Unidos, y la segunda se encarga allá de la transportación de éstos, con lo que releva a la oficina de Inmigración y Aduanas en las deportaciones.Las empresas de Cheney se vieron ampliamente beneficiadas con el endurecimiento de las políticas de seguridad estadunidenses, pues obtuvieron millonarios contratos en construcción y administración penitenciaria, así como en transportación de reos y de indocumentados.Poco a poco, Halliburton y Wackenhut han aumentado su presencia en México: la primera obteniendo contratos con Pemex, y la segunda ofreciendo servicios de seguridad en importantes ciudades del país, como el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Tijuana, Torreón, Guanajuato y San Luis Potosí.Al respecto, dice el legislador Suárez del Real:“A través de su portal, Wackenhut está solicitando empleados en México, desde gerentes de seguridad hasta recepcionistas y jefes de turno bilingües. Ahí se dice que es una empresa mundial líder en seguridad privada. Todo esto es preocupante porque se puede llegar al extremo de que incluso provean armas y fuerzas paramilitares de protección. Ya corren versiones periodísticas de que, ante la inseguridad en el país, el presidente Calderón dará facilidades a los empresarios para que contraten a exmilitares extranjeros para su protección”.Abunda: “Estamos atando cabos sobre la relación de este tipo de seguridad privada y la concesión de las cárceles a la iniciativa privada. De entrada, es totalmente ilegal el proyecto de García Luna de dejar a las empresas la administración de las cárceles. La Ley Orgánica de la Administración Pública Fe deral, en su artículo 30 bis, señala que es obligación del Estado administrar el sistema penitenciario del país.”Y en cuanto al moderno concepto de dar servicio de “hotelería” a los reclusos, dice, los empresarios esconden su intención de “proveer de condiciones de superlujo” a los internos pudientes.“Si de por sí ya existen estos privilegios en las prisiones –de capos de la droga que viven en celdas de lujo, y pueden meter ahí mujeres y droga–, bajo este nuevo esquema se acrecentará y formalizará la existencia de esta clase VIP penitenciaria”.
La capital: verde olivo amenazante
MEXICO, D.F., 2 de julio (apro).- En vísperas de las elecciones de este domingo, las más deslavadas y confusas que haya vivido, dos incursiones militares en menos de 24 horas y sin justificación de peso, han sucedido en el Distrito Federal, un espacio hasta ahora libre del verde olivo.
Lo que vi, captado por las cámaras, a pesar de la desinformación televisiva, fue a un grupo de personajes citadinos atemorizados, tremendamente pobres, vestidos con andrajos, espantados, sacados de una vecindad de la colonia Obrera.
El reporte oficial habla de la detención de cinco presuntos "narcomenudistas", tres mujeres y dos hombres. Se trata de José Ángel Ocampo Zavala, Daniel Colorado Ocampo, Rosalía Gastón Iglesias, Angélica Ocampo Gastón y Mariana Gastón Iglesias, sin mayor dato que su nombre, sin una dirección cabal, sin arsenal que se reporte, vaya, sin una pistola ni de juguete.
La incursión de 50 elementos de la Policía Federal (PF) y del Ejército, todos fuertemente armados, actuaron sorprendiéndonos. Hubo bloqueo en las calles. Hasta ahí la información. Nada más.
Era el 25 de junio por la tarde. El día 26 se informó de otra incursión, igualmente nebulosa en la colonia Nueva Santa María, en el que participaron cerca de 200 elementos del Ejército y de la PF.
Casi instantáneamente, diversas organizaciones de Derechos Humanos, incluida la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reaccionaron calificando la acción como un "exceso" sólo atribuible a "la construcción cotidiana del autoritarismo de Felipe Calderón", según reportó el diario La Jornada como declaración del diputado Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.
Lo preocupante es que, por enésima y desesperante que parezca, los defensores de derechos humanos ratifican: "Los operativos militares no son la solución", y en cambio han tenido que recordar que en la capital del país sólo se admite a los militares en las calles "el 16 de septiembre", cuando desfilan para conmemorar la guerra de Independencia.
Estos hechos son sumamente graves. Hasta ahora, Felipe Calderón no ha podido instalar en las calles de la ciudad al Ejército que ha distribuido en todo el país, sembrando el temor de los civiles, realizando labores policíacas anticonstitucionales. La presencia del Ejército, desordenada, ha dejado una estela de atropellos a los derechos humanos. Los abusos contra el cuerpo de muchas mujeres, hechos hasta ahora impunes, laceran, sin lugar a dudas, la vida democrática.
En el Distrito Federal y de acuerdo con las informaciones de reporteros y periodistas, estos operativos no fueron informados a las autoridades de la ciudad. Manuel Mondragón y Kalb, secretario de Seguridad Pública, dijo no haber sido consultado.
Es decir, estamos en presencia de lo que tanto hemos temido. Que la locura por demostración autoritaria y patriarcal del señor que se instaló en Los Pinos, el que piensa que los jóvenes son un peligro, el que viola la ley invocando a Dios en sus discursos, en un país laico; el mismo que "abrió" una caja de Pandora irrefrenable y sin resultados satisfactorios, quiere ahora también que el Distrito Federal sea gobernado por el Ejército sobre o por encima de los mandos civiles.
¿Cuál casa de seguridad pretende argumentarse? ¿En una vecindad? Donde puede ser probable que haya ladronzuelos, presuntos "nercomenudistas", "malvivientes", "muertos de hambre", mismos que, en el absurdo, se pretenda decir que no puedan ser detenidos por la policía de Mondragón y Kalb.
Lo más grave es que un sector del partido que gobierna la capital avala estas acciones. Mientras era cateada la vecindad y se llenaba con militares encapuchados la calle de Juan Lucas Lassaga en la colonia Obrera, a tres calles del Viaducto, en el canal de las estrellas, Jesús Ortega, presidente del PRD, declaraba: "Estamos con la lucha contra el crimen organizado, donde ha tenido que participar el Ejército", y se justificaba como "de izquierda moderna".
Ortega, al discutir el problema de "la inseguridad", nunca pudo hablar de la relación entre la delincuencia y el desempleo, la delincuencia y la pobreza, la delincuencia y la desazón juvenil por los y las políticas, la falta de credibilidad en los partidos políticos y la ausencia de eficacia en la justicia. Menos se le ocurrió diagnosticar cómo hay ingobernabilidad fuera del Distrito Federal.
No habló de cómo se ha perdido el horizonte y la idea de desarrollo. No pudo articular lo que dicen los documentos básicos de su partido respecto del uso de la fuerza, ni recordó lo que su partido defendió y denunció durante años: la urgencia de verdaderos sistemas de inteligencia, la articulación de los grandes criminales con la banca y los negocios; la ausencia de políticas públicas para prevenir la delincuencia sin las armas de por medio.
Pero ante estos hechos, las voces de los defensores y defensoras de derechos humanos, que saben, han contado, han documentado cómo el uso autoritario de la fuerza en los operativos ahora sustentados en las recientes modificaciones legales, atentan contra las libertades fundamentales de los y las ciudadanas.
Eso, dijo el presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, "sólo acrecentará el clima de terror entre los ciudadanos".
Para mi, es inadmisible colocar a nuestra ciudad en un vaso de sangre como sucede en otras latitudes. Es inaceptable callarnos.
Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos Para Todos y Todas, fue más allá al decir que es falso que el Ejército en las calles sea la única manera de combatir la delincuencia organizada. Y si es verdad que no se ha combatido a fondo el "narcomenudeo", para enfrentarlo, en vecindades como la retratada el 25 de junio, no es necesario el Ejército.
El documental de lo que ha significado la estrategia militar contra el crimen es enorme: decenas de casos de violaciones sexuales; muerte de civiles sin deberla ni temerla; niños y niñas que han presenciado cómo apresan a sus familiares, los balean o matan, ello en todo el país, pero, en la capital, como dijo el diputado Suárez del Real, los camiones militares, las tanquetas, el verde olivo, sólo nos remite a México 68. ¡No pasarán!
Comentarios: saralovera@yahoo.com.mx
Adiós a Bours
MÉXICO, D.F., 1 de julio (apro).- Hasta antes del 5 de junio, el aliado de la maestra Elba Esther Gordillo, Eduardo Bours, gobernador de Sonora, lucía muy seguro de sí mismo y se promovía como uno de los posibles aspirantes a la candidatura presidencial, ya fuera por su partido o por Nueva Alianza, propiedad de la líder magisterial.Hoy todo cambió para Bours. Políticamente está muerto y deja tras de sí una de las tragedias más terribles del país: la muerte de 48 niños, ya con tintes de impunidad.
Soberbio, altivo y arrogante, el jefe del clan Bours tenía en realidad pocas probabilidades de alcanzar la candidatura presidencial, ya que su gobierno ha dejado mucho que desear por donde quiera que se le vea.
Además, la huella que ha dejado en seis años de gobierno ha sido la de aprovechar el puesto para hacer crecer los grandes negocios familiares.Así, por ejemplo, sus hermanos hicieron de Puerto Peñasco el negocio turístico por excelencia, con la construcción de hoteles exclusivos y la venta de condominios en miles de dólares.En Bahía de San Carlos, Santa Clara y Puerto Libertad están haciendo lo mismo: compran a los ejidatarios sus terrenos en unos cuantos pesos, para después venderlos en miles de dólares a los llamados "baby boomers", la generación de estadounidenses nacidos tras la segunda guerra mundial y que se encuentran en proceso de jubilación.Con el proyecto de reordenación de transporte público, la familia amplió las ganancias cuando José Gerardo Bours vendió 270 camiones al gobierno de su hermano, violando las leyes de responsabilidad de los funcionarios públicos.Y lo mismo ocurrió con la venta de terrenos de Ciudad Obregón, que eran propiedad de los primos y terminaron vendiéndolos al gobernador para que construyera ahí el edificio de la Procuraduría General de Justicia. Vaya paradoja.
La deuda de 16 mil millones de pesos y una población de pobres estimada en un millón y medio, tal vez no tenga un significado para las cuentas finales de Eduardo Bours, pues quizá lo más importante en su gobierno era ampliar los negocios de su familia.Hace apenas unos años, los Bours adquirieron la trasnacional de pescados y mariscos Ocean Garden, que alguna vez fue la promesa del gobierno para explotar las aguas marítimas nacionales.
También durante el gobierno de Eduardo consolidaron la empresa de televisión por cable Megacable, que tras 15 de años de operación regional hoy tiene alcance nacional con 800 mil suscriptores de video, 300 mil por Internet y 30 mil en telefonía.
La fortuna del clan Bours ha crecido de manera incalculable en los últimos seis años, pues además de los negocios mencionados también tienen a la productora avícola más importante del país, Bachoco, así como fertilizantes Tepeyac y la producción de camarón Larvas Génesis, empresa recientemente creada por los familiares del gobernador, quienes piensan comercializar sus productos en Estados Unidos, Europa y Asia.
Desde que llegó al gobierno en 2003, Eduardo Bours sirvió más de punta de lanza de los negocios familiares que en sus funciones de gobernador, pues si bien es cierto que económicamente Sonora está entre los primeros diez lugares de desarrollo, a nivel político y social está en los últimos, según el Índice Nacional de Calidad de Vida de 2008.
Al principio de su sexenio, Bours prometió a los sonorenses llevarlos a los primeros planos de desarrollo nacional y mundial. Para ello ideó el Plan Sonora Proyecta, mediante el cual creó un fideicomiso que administraría una deuda de 114 mil millones de pesos, de los cuales colocaría en la Bolsa de Valores 10 mil millones, y de ese negocio sacaría lo suficiente para realizar las obras públicas más importantes de los últimos años.Sin embargo, nada de eso resultó, pues una controversia constitucional, que interpusieron diputados de oposición, detuvo el proyecto y Bours terminó pidiendo un préstamo a Banorte por más de 5 mil millones de pesos para iniciar algunas de las obras previstas.
Además de esa deuda, Bours deja un estado envuelto en el narcotráfico, que en 2008 llevaba ya 207 muertos y se había infiltrado en los niveles más altos de su gobierno. Tanto así, que sobre su jefe de escoltas, Lázaro Gonzalez Cruz, hay una averiguación abierta en la PGR, con acusaciones de servir al cártel de los Beltrán Leyva.
El narcotráfico incluso llegó hasta el pilar de las empresas de la familia Bours, pues al menos en un par de ocasiones dos camiones de Bachoco fueron descubiertos con droga en su interior.
Y, por si fuera poco, el asesinato del reportero Alfredo Jiménez Mota, por parte de un grupo de narcotraficantes, ha quedado en la impunidad y la sospecha, ya que las últimas versiones señalan que el joven periodista tenía información que implicaba al gobierno estatal con el narcotráfico.
Con todos estos saldos, Eduardo Bours se despide como gobernador. Y el incendio en la guardería ABC, manejada por familiares y funcionarios de su administración, tras el cual murieron 48 niños, cierra un ciclo político que muchos habrán de recordar como uno de los más reprochables en la historia del estado. Al final, lo único que queda claro es que Bours resultó mejor empresario que gobernador, y que sus aspiraciones presidenciales se han esfumado, a pesar de su alianza con la maestra Elba Esther Gordillo.
Revés a Calderón; amparan a cuatro coacusados de Zhenli Ye Gon
MÉXICO, DF, 2 de julio (apro).- En un revés para las imputaciones del gobierno de Felipe Calderón, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca, confirmó este jueves un amparo a favor de cuatro coacusados del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon.
Los tres magistrados del Colegiado resolvieron por unanimidad confirmar el amparo dictado el pasado 5 de enero por el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito a favor de Tomitant Marx Yu y Zhu Wei Yi, acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.Los otros amparados fueron Uriel Martínez Sánchez y Bernardo Mercado Jiménez, aduanal y químico.Tominant Marx Yu, hermano de Tomoiyi, la esposa de Ye Gon, es acusado además de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia lícita. Zhu Wei Yi era comerciante en el barrio chino en la capital del país.El Colegiado confirmó que la PGR ha sido de incapaz de demostrar sus imputaciones.Los acusados fueron detenidos en marzo de 2007 cuando fue incautada la residencia de Ye Gon en la Ciudad de México, en la que el gobierno incautó 205 millones de dólares.En su resolución de principios de año, el Segundo Tribunal Unitario declaró procedentes los amparos "ante la falta de fundamentación y motivación" de la sentencia dictada en febrero de 2008 por el Primer Tribunal Unitario de Segundo Circuito en Materia de Procesos Penales Federales, con sede en el Estado de México.El Tribunal Unitario había confirmado a su vez la formal prisión decretada por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, en Toluca.Los acusados promovieron el amparo contra la formal prisión y, una vez que se los otorgó el Segundo Tribunal Colegiado, la PGR se inconformó, pero este jueves sufrió un nuevo revés en el Cuarto Tribunal Colegiado.De acuerdo con el abogado de Marx Yu y Wei Yi, Ricardo Sánchez Reyes-Retana, una vez que el expediente regrese al Primer Tribunal Unitario, éste tiene entre 24 y 48 horas para emitir una nueva resolución en la que confirme la formal prisión o decrete el auto de libertad.
Industria del futbol, imán para lavado de dinero y tráfico humano y de drogas: OCDE
MÉXICO, D.F., 1 de julio (apro).- La "globalización sin precedentes" del mercado laboral futbolístico y el flujo de dinero a través de las fronteras representa un gran oportunidad para el blanqueo de capitales, de acuerdo con un informe del Grupo de Acción Financiera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Azcárraga y Salinas: por el poder político
En las elecciones del domingo 5 de julio no está en juego el futuro del país, por una razón sencilla: no hay a la vista ningún futuro. Aparte de los resultados estadísticos, ese día culminará una primitiva búsqueda del poder político. En ella, más que los partidos, los protagonistas centrales son Televisa y TV Azteca. A los consorcios de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas no les bastó recibir del gobierno de Felipe Calderón mil millones de pesos en publicidad oficial, en compensación por la prohibición de contratar spots durante la campaña electoral. Ahora se preparan para tomar por asalto la Cámara de Diputados: mediante la franquicia del PVEM, han asegurado ya que tendrán su propia bancada.Enemigos declarados de la reforma electoral de 2007-2008, contra la cual impulsaron amparos y críticas en sus espacios y medios afines, Televisa y TV Azteca resultaron ser una vez más las ganadoras comerciales, políticas y hasta legislativas de la contienda federal de este año.Sus ingresos publicitarios no mermaron durante la campaña electoral, a pesar de la contracción económica y la prohibición expresa de contratar spots. Por el contrario, obtendrán más de 60% de los mil 800 millones de pesos que el gobierno federal aprobó en la partida 3700 del rubro de Servicios de Comunicación Social y Publicidad para 2009, según lo estipulado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008. Este monto representa el doble de todo lo gastado por el gobierno de Felipe Calderón durante 2008 para los mismos rubros y es superior en 61% a los mil 118 millones de pesos que supuestamente se “ahorraron” al ordenar la prohibición absoluta de la compra de tiempo-aire.Esta especie de subsidio a las televisoras representa “una actitud dolosa, fraudulenta, en el uso de los recursos públicos”, advierte el senador Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión.Y es que, al no utilizar los 48 minutos de tiempos del Estado que administra el IFE en tiempos electorales, “el gobierno le traslada a los medios electrónicos una bolsa importante de recursos y, al final, todo parece indicar que las dos televisoras no perdieron con la reforma y recuperaron de manera muy cómoda su influencia y los recursos”.A pesar de sus críticas contra “la partidocracia” y de promover abierta o veladamente la anulación del voto, Televisa y TV Azteca también se aseguraron de contar con su propia fracción parlamentaria en la próxima legislatura para garantizar sus intereses: a través de la lista de diputados plurinominales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), las televisoras controlarán al menos ocho curules.Sin necesidad de hacer campaña ni tener carrera política vinculada a los asuntos ambientalistas, Ninfa Salinas Sada, hija de Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, así como Lorena Corona Valdez, Rodrigo Pérezalonso, Verónica Tomás, Miguel Orozco Gómez, Mónica García de la Fuente y Juan Gerardo Flores Ramírez son candidatos del PVEM en los primeros lugares de las listas plurinominales, lo que asegura su elección.La mayoría de ellos están vinculados a Javier Tejado Dondé, director jurídico de Televisa y primer vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), organismo que ha sido copado por los intereses de Televisa en menoscabo de los radiodifusores.Por si fuera poco, las televisoras tampoco dejaron de transmitir spots de propaganda electoral ni infomerciales de promoción de autoridades federales, gobernadores y candidatos, a pesar de la prohibición expresa de las nuevas reglas electorales surgidas de la reforma de 2007. Bajo el argumento de que se trata del ejercicio de la “libertad de expresión” y no de contratos de compra-venta de espacios en pantalla, tanto Televisa como TV Azteca promovieron a los candidatos y a la plataforma del PVEM, así como a algunos personajes afines a sus intereses, como Demetrio Sodi, candidato panista a delegado por la Miguel Hidalgo, o de César Nava, candidato a diputado de Acción Nacional y exsecretario particular de Felipe Calderón (Proceso 1703).El caso más burdo fue el de Demetrio Sodi. El 23 de mayo, durante la transmisión de la semifinal del torneo de clausura del futbol mexicano entre los Pumas y el Puebla, Sodi tuvo una “entrevista” de minuto y medio en Televisa, pero no para comentar asuntos deportivos sino para hacer proselitismo a favor de su candidatura.Para Alfredo Figueroa, consejero del Instituto Federal Electoral, este tipo de estratagemas violan la normatividad. Durante el debate sobre el caso de Demetrio Sodi, discutido en el Consejo General el 22 de junio, Figueroa advirtió:“En otras naciones, esto que se llama la propaganda encubierta o la propaganda integrada ha sido objeto de legislación porque el auditorio tiene el derecho a saber cuándo se está pagando por una propaganda y cuándo es parte del contenido noticioso.“No puedo compartir la idea de que se trate de un contenido noticioso (el caso de Sodi y Televisa), cuando además hay definiciones claras en relación a otras formas de propaganda, que son difíciles de advertir de modo común, y cuando estamos, además, en un país que no ha legislado suficientemente sobre estas otras formas de propaganda y de publicidad.”El viernes 26, por unanimidad, los consejeros del IFE decidieron multar con 4 millones de pesos al PVEM por adquirir espacios mediante terceros para difundir propaganda electoral. Esta sanción representa menos de 2% de las prerrogativas de ese partido, que en 2009 ascendieron a 304.8 millones de pesos. A Editorial Televisa, S.A. de C.V., editora de TV y Novelas, también la multaron con 4 millones, y a Televimex, S.A., con 5 millones de pesos, pues a partir de un intercambio publicitario difundieron en los canales 2 y 5 las entrevistas con actores que promovieron al Partido Verde. De acuerdo con la resolución, se detectaron 397 spots de este tipo. El monto de los 5 millones de pesos representa apenas el equivalente al costo de 10 spots en el horario Triple A de Canal 2. Es decir, nada sustantivo para una empresa como Televisa.Para cerrar el círculo, a partir del 23 de junio, el Senado de la República, principal impulsor de la reforma electoral que generó la animadversión de las televisoras, comenzó una serie de foros para revisar el marco electoral vigente e incorporar algunas figuras que le interesan a los concesionarios, como las candidaturas independientes.Tanto Ricardo García Cervantes, senador del PAN, como Carlos Sotelo, del PRD, coincidieron en que estos foros de análisis constituyen “una claudicación” del Senado ante las presiones de las televisoras, las cadenas radiofónicas y de “la clase política intelectual mediática que se sustenta en su condición académica y que se proyecta a través de los espacios que les brindan los medios”.
Gobierno “broker”
El 31 de diciembre de 2008, por medio del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Gobernación anunció que las 18 secretarías de Estado, la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, el Conacyt y el Inegi podrán disponer de una bolsa de recursos de mil 791 millones de pesos para contratar spots en radio y televisión, sin necesidad de utilizar parte de los 48 minutos de los tiempos de Estado.Las nuevas normas, publicadas en vísperas del inicio del proceso electoral de 2009, estipulan que “cuando el IFE tenga a su cargo la administración del tiempo que corresponde al Estado, se podrán hacer erogaciones (para campañas) en materia de servicios educativos o de salud, o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia, las cuales se sujetarán a los mecanismos de supervisión de la Secretaría de Gobernación”.El acuerdo establece que “las dependencias y entidades únicamente podrán destinar recursos presupuestarios para actividades de comunicación social a través de la radio y la televisión, siempre y cuando hayan solicitado en primera instancia los tiempos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación y éstos no estuvieran disponibles en los espacios específicos y en la vigencia solicitada”.El presupuesto de mil 791 millones de pesos para Servicios de Comunicación Social y Publicidad disponible para las dependencias del gobierno federal en 2009 representa un incremento de 673 millones de pesos respecto de 2008.De esta manera, el gobierno federal ha “subsidiado” la presunta pérdida de ingresos de las televisoras por la reforma electoral y convirtió a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación en una especie de intermediario o broker de la compra de espacios comerciales en la televisión y la radio concesionadas.Así se confirma en el oficio DG/2500 /2009, firmado por Álvaro Lozano González, director de RTC, cuya copia obtuvo Proceso. Este documento, fechado el 12 de febrero de 2009, le aclara a las dependencias federales y organismos autónomos (como la CNDH, UNAM, IPN e IFAI) que el IFE será la “autoridad única” para administrar los 48 minutos diarios de tiempos de Estado en radio y televisión durante la campaña electoral.“Por lo anterior –aclara el director de RTC– subrayamos que durante el período que comprende del 31 de enero al 2 de mayo de 2009 sólo se podrá continuar con la difusión de los mensajes institucionales de las dependencias en tiempos comerciales.”Para el senador Carlos Sotelo, el gobierno federal tuvo una “actitud dolosa, fraudulenta”.Entrevistado vía telefónica, recordó que el IFE puso a disposición del gobierno federal una parte de los 48 minutos diarios, pero no se utilizaron. “El hecho de que el IFE sea el administrador único de los tiempos de Estado durante la campaña no significa que todos los 48 minutos se utilicen sólo para la promoción electoral”, aclaró Sotelo.Por lo pronto, esta política se tradujo en la promoción de la figura presidencial en las pantallas de Televisa y de TV Azteca. Un monitoreo realizado entre enero y mayo de 2009 por la organización civil Ciudadanos en Medios, Democracia e Información, revela que Felipe Calderón acaparó 68% de la pantalla en los principales noticiarios de Televisa y TV Azteca, superando al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y al jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard.
Bancada de pantalla
Televisa y TV Azteca ya se aseguraron un mínimo de ocho curules en la Cámara de Diputados con personajes afines a ambas empresas, a través de las listas de diputados plurinominales del Partido Verde, la organización política más beneficiada por ambas televisoras con infomerciales y estrategias de “publicidad integrada” o de “publicidad encubierta”.Cinco de estos candidatos trabajaron o laboran con Javier Tejado Dondé, artífice de la Ley Televisa, reconocido ampliamente como el principal cabildero de la empresa de Emilio Azcárraga Jean tanto en el Congreso como en el IFE. Por si fuera poco, el director jurídico de Televisa es también el primer vicepresidente de la CIRT, el organismo cúpula de los concesionarios.
Los candidatos con sello Televisa son Lorena Corona Valdez, quien trabajó en el departamento jurídico de Televisa Radio. Ocupa el segundo lugar en la lista de diputados de la primera circunscripción. Su suplente es Miguel Orozco Gómez, director jurídico de la CIRT y hermano del senador del Partido Verde Javier Orozco Gómez, quien ha sido un incondicional defensor de las posiciones de las televisoras. Rodrigo Pérezalonso González, abogado egresado del ITAM que ha colaborado durante dos años con Tejado Dondé, encabeza la lista de la segunda circunscripción de plurinominales. Su suplente es Roberto García Requena, excoordinador ejecutivo de la Cofetel.En el cuarto sitio de la misma circunscripción está Mariana Ivette Ezeta Salcedo. Su suplente es su hermano Carlos Alberto Ezeta, quien ha sido consejero de la CIRT y trabajó con Tejado Dondé. En este caso, es posible que el hermano quede en la titularidad de la diputación. Es práctica común entre los partidos que para llenar la “cuota de género” inscriban como titular a una mujer que luego renuncia en favor de su suplente.En los lugares primero y cuarto de la tercera circunscripción, el PVEM registró a Juan Gerardo Flores Ramírez y a Mónica García de la Fuente. Ella trabaja desde hace un año con Tejado Dondé y fue asesora parlamentaria del Partido Nueva Alianza. Él participa desde el 9 de marzo de 2008 como representante del Partido Verde en el Comité de Radio y Televisión del IFE; antes fue asesor de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y secretario técnico de la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados, que presidió Javier Orozco Gómez. La suplente de Flores Ramírez es Verónica Rocío Tomás Ruiz, quien ha sido asistente de Tejado Dondé en Televisa.En el primer sitio de la cuarta circunscripción está Ninfa Clara Salinas Sada, hija de Ricardo Salinas Pliego, accionista principal de TV Azteca. Su suplente es César Andrés Buitrón González. Y en el segundo sitio de la tercera circunscripción va Adriana Sarur Torre, conductora de Proyecto 40, también propiedad de Salinas Pliego.El 25 de junio, Manuel Velasco Coello, senador verde, afirmó que “de ninguna manera” los candidatos de su partido están vinculados a las televisoras. “Nuestros candidatos serán diputados que van a votar de forma responsable cada uno de los temas, incluyendo la Ley de Radio y Televisión”, se atrevió a decir.
La “contrarreforma” electoral
Preocupados, tanto los senadores Ricardo García Cervantes, del PAN, y Carlos Sotelo, del PRD, expresaron su desacuerdo en la nueva ronda de consultas que se iniciaron el 23 de junio en el Senado de la República para revisar la reforma electoral.“Es una acción innecesaria. Es una muestra de debilidad del Senado. Es ceder ante el argumento falso de que la reforma electoral no ha servido y que viola la libertad de expresión. Es una intentona de contrarreforma”, subraya Sotelo.Presidente de la Comisión de Radio y Televisión, Sotelo va más allá y advierte que la nomenklatura del Senado, encabezada por los coordinadores de las bancadas, impulsaron esta consulta sin tomar en cuenta a las comisiones. “Los intereses creados de las televisoras presionaron tan fuerte a una clase tan débil. Por eso el país no avanza”, subrayó Sotelo.Para el senador perredista “lo que urge es una reforma integral a la ley de telecomunicaciones y de radio y televisión. A eso es a lo que deben convocar: a una reforma integral de los medios. No andar de modositos con las televisoras”.Por su parte, García Cervantes consideró que discutir la legislación en medio del proceso electoral “hace que parezcamos ridículos los legisladores haciendo una ley en la cual, antes de que se termine de aplicar, ya no creemos”. l
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