martes, febrero 16, 2010
Gerardo Fernandez Noroña Recrimina La Demagogia Del PAN Al Hablar De Los Jovenes
http://www.youtube.com/watch?v=7prV9T-XD3A
(LEER NOTA COMPLETA)
http://www.milenio.com/node/383008
Huyeron de Juárez 500 mil ciudadanos por la violencia.
Al menos 100 mil juarenses migraron a El Paso, Texas, revelan autoridades de EU.
Mar, 16/02/2010 - 05:03
Ciudad Juárez.- Aquí en Ciudad Juárez el miedo por la inseguridad y la violencia tiene rostro de números. Cifras estremecedoras que reflejan una diáspora
De acuerdo con datos provisionales del INEGI, Juárez perdió en los dos últimos años 24 por ciento de su población: pasó de 1.3 millones a un millón de habitantes, es decir, alrededor de 60 mil familias han huido de este lugar.
Y el éxodo, la sangría humana, podría ser peor: investigaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) revelan que serían hasta 100 mil familias las que han dejado este sitio: aproximadamente medio millón de personas, 39 por ciento de la población original.
En tanto, en un estudio dado a conocer el jueves pasado por el Colegio de la Frontera Norte ante el Presidente se indica que 116 mil casas-habitación han sido abandonadas por sus moradores.
Eso implica que 25 por ciento de las viviendas están vacías. Si en cada hogar había en promedio cuatro habitantes, se trataría de 464 mil personas expatriadas. Si el promedio es de cinco habitantes, implica a 580 mil.
La información de Estados Unidos embona: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, y el Departamento de Inmigración y Naturalización calculan en 100 mil el número de juarenses que cambiaron su residencia a ese país desde 2007, principalmente a El Paso, Texas.
***
La violencia y la inseguridad también tienen rostro económico. Un rostro espantado
El pavor que generan las ejecuciones se une al miedo que provocan las extorsiones y secuestros. Y esto se refleja en la economía. Más de 200 mil empleos se han perdido, de acuerdo con estadísticas del INEGI. Eso representa 20 por ciento de la población actual. Es como si dos de cada 10 mexicanos (21 millones de personas) se quedaran sin trabajo por la violencia y la criminalidad.
Pide Senado al Ejecutivo retirar concesión a Minera México
La actuación de la empresa frente al conflicto en Cananea puede provocar violencia en la región, señalaron los legisladores.
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
México, DF. Con el voto en contra del PAN, el Senado solicitó al presidente de la República el retiro de la concesión al grupo Minera México, por su actuación en el conflicto de Cananea, lo que puede provocar violencia en esa región del estado de Sonora.
El acuerdo, basado en el informe que presentó el grupo plural que da seguimiento al caso, provocó un áspero debate y los panistas exigieron que se retirara del diario de debates la expresión “qué poca madre del gobierno federal”, que pronunció el senador Ricardo Monreal, en relación al acoso sufrido por los mineros.
Los legisladores del PRI, PRD y PT; sin embargo, se sumaron al acuerdo y consideraron ilegal la declaración de inexistencia de la huelga. La Jornada
El saqueo de Mexico desde Los Pinos
Audio: Ana Lilia Pérez habla sobre su libro "Camisas Azules, Manos Negras, El Saqueo de PEMEX desde los Pinos".
HONDURAS HACIENDO HISTORIA
Entrevista con Juan Barahona, vocero del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) de Honduras, este 14 de febrero 2010.
Comentarios:
jorstermann (hace 1 día) Mostrar Ocultar
No soy de honduras, pero como boliviano me siento uno mas de la valiente resistencia catracha que triunfra logrando la nueva constituyente en el pais y felicidades otra vez a ti Dick por brindarnos esta valiosa fuente de informacion que ayuda a quienes buscamos la noticia real y verdadera de lo que realmente sucede en un pais donde la mayoria de los medios de comunicacion son de propiedad o es el control de los golpistas oligarquicos imperante en Honduras
Muchas gracias Jostremann, siempre una alegría saber como se recibe nuestro trabajo.
Saludos de la tierra de Morazan
Dick&Mirian
Saludos de la tierra de Morazan
Dick&Mirian
Columna Asimetrías (5,904) PRD: Alianzas, ¿Rigor Mortis?
16 febrero 2010
“Necesitamos seguir haciendo vida política para que la izquierda sea factor de decisión en el rumbo del país”.
Jesús Ortega.
I
Para muchos ciudadanos situados a extramuros de los partidos políticos e incluso no pocos de los ubicados a intramuros, los afanes de la dirigencia corriente del Partido de la Revolución Democrática en pos de alianzas electorales “tácticas” son sospechosas.
Sospechosas, por una parte, de claudicación, pues reconoce en los hechos la incapacidad de su dirigencia para organizarse entre los estratos afines y desafines de los pueblos de México e izar las banderas de una vera revolución democrática.
Sospechosas, por otra parte, de optar por la vía fácil: la de adherirse parasitariamente a otro ente partidista que le es antipodal en todos sentidos, y que representa, amén, a intereses de un orden establecido que excluye al mismo PRD y oprime a México.
Y sospechosas, en suma, de la omnipresencia evidentísima de una crisis no sólo del PRD, sino del “aliado táctico” de oportunidad, el Partido Acción Nacional, y de todos los actores institucionales del antidemocrático régimen de partidos en México.
Esa crisis –que la sociología marxista bien discerniría como estructural, si no es que hasta superestructural— no se superará mediante alianzas que, siendo declaradamente tacticas, despiden hedores de estratégicas. Hedores de cadáver.
II
La racionalidad “chuchista” justifica, sin duda, las alianzas del PRD con el PAN e incluso –eventualmente--, el Revolucionario Institucional. Pero es una racionalidad de oportunismo y claudicación.
Supongamos que los candidatos de la citada alianza ganen las elecciones venideras a gubernaturas, legislaturas locales y ayuntamientos, ¿cogobernará realmente el PRD? ¿Será, como dice el señor Ortega, verdadero factor de decisión en el rumbo del país?
La experiencia histórica demuestra lo opuesto. En aquellos procesos de renovación de poderes de los 31 Estados Unidos Mexicanos en los que el PRD se ha aliado con el PAN y/o el PRI, ha sido ninguneado o ignorado y hasta expulsado de la alianza.
¿Qué le garantiza al PRD, que se ostenta como una izquierda que, por partidista, es cómplice de las aberraciones del poder político del Estado promotor de la forma de organización económica neoliberal actual, francamente antisocial, antipueblo?
Es obvio que las razones del señor Ortega para justificar esas alianzas –que él llama tácticas— son premisas falsas de una lógica del mercenarismo político, lo cual anula cualesquier metas estratégicas al cercenar una alternativa político-electoral coherente.
III
Ello despierta sospechas acerca de los verdaderos móviles del señor Ortega y una paupérrima concatenación dialéctica de premisas/silogismos en su ideología, devenida ésta de reivindicadora originalmente en crematística. Es reconocer a priori una derrota.
Supongamos que en 2012, el PRD ignora a sus propios precandidatos naturales y resuelve postular, en alianza, al abanderado del PAN o del PRI, y éste llega a Los Pinos, ¿de verdad cree don Chucho que sería él un “factor de decisión” en el rumbo del país?
Supongamos que el jerarca perredista así lo crea de verdad –que esté genuinamente convencido de ello--, su papel de “factor de decisión” en el rumbo de México no se inspiraría en los principios de la izquierda, sino en los de su personal ganancia política.
La izquierda en México vive en crisis de congruencia filosófica y definición ideológica y política y cultural por propia mano, lo cual raya en saltimbanquismo suicida. Su moraleja: los principios pueden ser cooptados a precio de remate.
Imagíne el ciudadano a un PRD obligado por sus “alianzas tácticas” a oponerse en el resto del sexenio a anhelos populares de modificar las relaciones de producción y las fuerzas productivas prevalecientes que aherrojan a los pueblos de México.
ffponte@gmail.com
Jesús Ortega.
I
Para muchos ciudadanos situados a extramuros de los partidos políticos e incluso no pocos de los ubicados a intramuros, los afanes de la dirigencia corriente del Partido de la Revolución Democrática en pos de alianzas electorales “tácticas” son sospechosas.
Sospechosas, por una parte, de claudicación, pues reconoce en los hechos la incapacidad de su dirigencia para organizarse entre los estratos afines y desafines de los pueblos de México e izar las banderas de una vera revolución democrática.
Sospechosas, por otra parte, de optar por la vía fácil: la de adherirse parasitariamente a otro ente partidista que le es antipodal en todos sentidos, y que representa, amén, a intereses de un orden establecido que excluye al mismo PRD y oprime a México.
Y sospechosas, en suma, de la omnipresencia evidentísima de una crisis no sólo del PRD, sino del “aliado táctico” de oportunidad, el Partido Acción Nacional, y de todos los actores institucionales del antidemocrático régimen de partidos en México.
Esa crisis –que la sociología marxista bien discerniría como estructural, si no es que hasta superestructural— no se superará mediante alianzas que, siendo declaradamente tacticas, despiden hedores de estratégicas. Hedores de cadáver.
II
La racionalidad “chuchista” justifica, sin duda, las alianzas del PRD con el PAN e incluso –eventualmente--, el Revolucionario Institucional. Pero es una racionalidad de oportunismo y claudicación.
Supongamos que los candidatos de la citada alianza ganen las elecciones venideras a gubernaturas, legislaturas locales y ayuntamientos, ¿cogobernará realmente el PRD? ¿Será, como dice el señor Ortega, verdadero factor de decisión en el rumbo del país?
La experiencia histórica demuestra lo opuesto. En aquellos procesos de renovación de poderes de los 31 Estados Unidos Mexicanos en los que el PRD se ha aliado con el PAN y/o el PRI, ha sido ninguneado o ignorado y hasta expulsado de la alianza.
¿Qué le garantiza al PRD, que se ostenta como una izquierda que, por partidista, es cómplice de las aberraciones del poder político del Estado promotor de la forma de organización económica neoliberal actual, francamente antisocial, antipueblo?
Es obvio que las razones del señor Ortega para justificar esas alianzas –que él llama tácticas— son premisas falsas de una lógica del mercenarismo político, lo cual anula cualesquier metas estratégicas al cercenar una alternativa político-electoral coherente.
III
Ello despierta sospechas acerca de los verdaderos móviles del señor Ortega y una paupérrima concatenación dialéctica de premisas/silogismos en su ideología, devenida ésta de reivindicadora originalmente en crematística. Es reconocer a priori una derrota.
Supongamos que en 2012, el PRD ignora a sus propios precandidatos naturales y resuelve postular, en alianza, al abanderado del PAN o del PRI, y éste llega a Los Pinos, ¿de verdad cree don Chucho que sería él un “factor de decisión” en el rumbo del país?
Supongamos que el jerarca perredista así lo crea de verdad –que esté genuinamente convencido de ello--, su papel de “factor de decisión” en el rumbo de México no se inspiraría en los principios de la izquierda, sino en los de su personal ganancia política.
La izquierda en México vive en crisis de congruencia filosófica y definición ideológica y política y cultural por propia mano, lo cual raya en saltimbanquismo suicida. Su moraleja: los principios pueden ser cooptados a precio de remate.
Imagíne el ciudadano a un PRD obligado por sus “alianzas tácticas” a oponerse en el resto del sexenio a anhelos populares de modificar las relaciones de producción y las fuerzas productivas prevalecientes que aherrojan a los pueblos de México.
ffponte@gmail.com
Detrás de la Noticia. Gómez Mont: el candidato incómodo
16 febrero 2010
A mí no me extrañaría que en una encuesta saliera como el precandidato más fuerte del Partido Acción Nacional para la Presidencia de la República.
Desde luego que muchos asegurarán que eso es absolutamente imposible. Primero porque el propio Gómez Mont se descartó desde hace mucho y segundo porque acaba de renunciar a su partido. A ellos habría que decirles que el descarte ocurrió muy poco después de su regreso a la vida pública y por tanto con mínimas posibilidades en ese momento. Respecto a la renuncia, habría que hacer también algunas precisiones. Gómez Mont ha renunciado a este panismo pragmático y descarado que pese a dos presidencias consecutivas ahora está dispuesto a compartir las migajas con sus enemigos históricos de la izquierda. Todo menos nada. En cambio el panismo histórico y doctrinario, ahora mas que nunca, lo apoya abierta o soterradamente.
Nadie podría negar que, el todavía segundo en el mando, está mucho mas fuerte no sólo que hace un año sino que la semana pasada. Lo que evidencia los vaivenes tan característicos de la política a la mexicana. Quién iba a decirlo luego de los episodios tan desafortunados sobre sus irresponsables calificativos de delincuentes a los jóvenes masacrados y luego sus disculpas involuntarias y sus arrogantes aclaraciones.
Lo que ocurre es que la renuncia a su partido Acción Nacional potenció vivamente la imagen de Fernando Gómez Mont. Y son varias las razones: de un gabinete tan anodino, gris, tierra de ciegos, resalta por supuesto la figura de un duro, inconforme, quien dice “yo no soy cobarde” y que de un instante a otro se convierte en rey; y aunque el no quisiera admitirlo Gómez Mont concita por lo menos una parte de la inconformidad contra el calderonismo y su círculo interno tanto dentro como fuera del PAN. El solo hecho de haberse atrevido a renunciarle al presidente —aunque la carta fuera dirigida a Don César— le da un tinte de heroicidad amigdalítica —Hugo dixit— que suele ser muy apreciada en este país.
Así que, lo que para muchos ha sido un gesto imprudente y atrabilario podría ser la plataforma de lanzamiento de alguien que no quería pero que a lo mejor si quiere. Suerte le ha dado Dios a este político que dejó la política para ganar mucho dinero en su dieguista despacho de abogado. Y que al regresar, obligado por la tragedia, tal vez nunca imaginó el momento actual.
Por lo pronto, Felipe Calderón estará pensando seriamente si le pide o no su renuncia como Secretario de Gobernación. Sería lo único que faltase para hacerlo candidato desde ahora.
Desde luego que muchos asegurarán que eso es absolutamente imposible. Primero porque el propio Gómez Mont se descartó desde hace mucho y segundo porque acaba de renunciar a su partido. A ellos habría que decirles que el descarte ocurrió muy poco después de su regreso a la vida pública y por tanto con mínimas posibilidades en ese momento. Respecto a la renuncia, habría que hacer también algunas precisiones. Gómez Mont ha renunciado a este panismo pragmático y descarado que pese a dos presidencias consecutivas ahora está dispuesto a compartir las migajas con sus enemigos históricos de la izquierda. Todo menos nada. En cambio el panismo histórico y doctrinario, ahora mas que nunca, lo apoya abierta o soterradamente.
Nadie podría negar que, el todavía segundo en el mando, está mucho mas fuerte no sólo que hace un año sino que la semana pasada. Lo que evidencia los vaivenes tan característicos de la política a la mexicana. Quién iba a decirlo luego de los episodios tan desafortunados sobre sus irresponsables calificativos de delincuentes a los jóvenes masacrados y luego sus disculpas involuntarias y sus arrogantes aclaraciones.
Lo que ocurre es que la renuncia a su partido Acción Nacional potenció vivamente la imagen de Fernando Gómez Mont. Y son varias las razones: de un gabinete tan anodino, gris, tierra de ciegos, resalta por supuesto la figura de un duro, inconforme, quien dice “yo no soy cobarde” y que de un instante a otro se convierte en rey; y aunque el no quisiera admitirlo Gómez Mont concita por lo menos una parte de la inconformidad contra el calderonismo y su círculo interno tanto dentro como fuera del PAN. El solo hecho de haberse atrevido a renunciarle al presidente —aunque la carta fuera dirigida a Don César— le da un tinte de heroicidad amigdalítica —Hugo dixit— que suele ser muy apreciada en este país.
Así que, lo que para muchos ha sido un gesto imprudente y atrabilario podría ser la plataforma de lanzamiento de alguien que no quería pero que a lo mejor si quiere. Suerte le ha dado Dios a este político que dejó la política para ganar mucho dinero en su dieguista despacho de abogado. Y que al regresar, obligado por la tragedia, tal vez nunca imaginó el momento actual.
Por lo pronto, Felipe Calderón estará pensando seriamente si le pide o no su renuncia como Secretario de Gobernación. Sería lo único que faltase para hacerlo candidato desde ahora.
EDITORIAL. Tras el botín.
Año 8, número 3262
Martes 16, febrero del año 2010
Toda vez que al parecer los propios Gobiernos (y no nada más el nuestro) andan tras el ilícito negocio de las drogas, cuyas utilidades son absolutamente incalculables.
Otros se han sentido lesionados en sus intereses y también andan tras la exclusividad de otras drogas, solo que estas son legales. Tienen el mismo efecto pero unas son legales y las otras no lo son.
Los laboratorios químico-farmacéuticos, cuyas utilidades, sin temor a exagerar, son de fábula. Tan grandes que si otro vende lo mismo que ellos, pero un 80 % más barato, todavía le alcance para tener un emporio y gastar 100 millones de pesos en una campaña política a la presidencia, como sucedió con el Doctor Simi (aunque en realidad los invirtió y se divirtió de lo lindo)
El caso es que los barones de la Industria químico-farmacéutica (así se les podría llamar) se han reunido para presionar al gobierno y hacer que les devuelvan la exclusividad de las drogas legales.
Y se rumora que son los que férreamente se oponen a que las drogas ilegales se legalicen, pues dejarían de vender muchas de las suyas, como el Ritalín y todos los derivados benzodiacepínicos (Diazepan, Ativan, etc.) que son un gran negocio.
De tal suerte que para finales del 2010 sólo habrá en el mercado mexicano medicamentos GI (genéricos intercambiables) y de patente. Habrá que averiguar quienes son los dueños de los GI, seguro que será toda una sorpresa.
Todos los demás que han proliferado exponencialmente dado lo jugoso del negocio de las medicinas, que poco tienen que ver con la salud, estarán para el año entrante, fuera de la ley. Serán retirados del mercado y se les prohibirá todo tipo de propaganda. Según les comentó Miguel Ángel Toscano, director de la Cofepris, a diputados de la Comisión de Salud.
LO que quiere decir que la salud seguirá siendo un negocio y que solo los que tengan dinero tendrán acceso a las medicinas.
Es una fortuna que exista la Homeopatía. Que si no se ha divulgado en nuestro México, como en Argentina o Francia, por poner solo dos ejemplos, es por cuestiones económicas y sucios arreglos; pues probada está su efectividad, por supuesto muy superior a la de la medicina alópata.
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http://www.diariolibertad.org.mx/diario/index.php
Diario Libertad
Av. Manuel Ávila Camacho N° 90-11
Jalapa, Ver. Centro
Tel. 01 22 88 17 24 80
Círculos de Estudio
CIRCULO DE ESTUDIOS AZCAPOTZALCO
INVITACION
S E S I O N J U E V E S 18 DE FEBRERO 2010
PROYECCION DE LA PELICULA:
V. DE VENGANZA
(V FOR VENDETTA)
De James Mc Teigue, con Natalie Portman y Hugo Weaving
La cinta se desarrolla en Inglaterra, en un futuro cercano, donde una catástrofe biológica funcionó como catalizador para el establecimiento de un gobierno fascista, cuya abolición de las libertades individuales y erradicación de grupos sociales y étnicos "indeseables" busca el supuesto bienestar de la población general. En ese estado policiaco vive Evey (Natalie Portman), una joven trabajadora que por azar conoce a "V", un terrorista enmascarado con una misión muy ambiciosa: devolver el poder al pueblo. Mientras tanto, el Inspector Finch (Stephen Rea) sigue la pista del activista, llegando a la conclusión de que hay un extraño lazo entre él y el gobierno que lo quiere eliminar.
No lo olvides
JUEVES 18 DE FEBRERO, 18:00 HRS., EN LA CASA DE CULTURA DE AZCAPOTZALCO
Dirección: Av. Azcapotzalco No. 605 col. Azcapotzalco centro, Metro Camarones. Llegando por Tacuba, después del Sanborn´s Azcapotzalco, antes del mercado. A un lado de la Iglesia San Felipe y Santiago apóstoles, México D.F.
Círculos de Estudio
EL CÍRCULO DE ESTUDIOS COAPA
invita a la conferencia
"LA INVENCIÓN DEL ESTADO Y SU UTILIDAD
PARA CONTROLAR A LOS PUEBLOS"
impartida por el
Dr. CLEMENTE VALDÉS SÁNCHEZ
Dr. en Filosofía, Derecho y Ciencias Políticas,
Catedrático de la UNAM
Jueves 18 de Febrero
a las 19:00 hrs.
Auditorio "JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN"
Av. Canal de Miramontes # 3755, esq. Cárcamo.
Subdelegación Coapa, antes de la Glorieta de
Vaqueritos (junto al Registro Civil).
Transmitido en vivo por www.radioamlo.org
El Dr. Clemente Váldes fué el primer Abogado General de la Universidad Autónoma de México, miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional y Amparo de la Barra Mexicana de Abogados. Sus últimas obras son: La Constitución como instrumento de dominio, Juicio Político, La Invención del Estado.
Les recordamos que el próximo domingo 21 de Febrero, llevaremos a cabo otro bazar en la explanada de la Delegación de Ixtapalapa, para apoyar a los compañeros del SME. Si gustan cooperar donando cosas que ya no utilicen y que estén en buenas condiciones, favor de llevarlas al auditorio, el jueves 18 de febrero o llamen al tel 04455-3988.9728, para pasar a recogerlas, también continuamos con el acopio de víveres. Por su apoyo muchas gracias.
--
Visita:
http://www.astillero.tv
http://www.mndp2008.blogspot.
http://mx.youtube.com/
lunes, febrero 15, 2010
Bolivia: autonomías indígenas en camino
Por la vía de los hechos, 36 pueblos indios bolivianos han logrado imponer gobiernos propios en tierras que por siglos les han pertenecido. Ahora, el gobierno boliviano reconoce legalmente a las autoridades indígenas y entrega títulos de tierras comunitarias de origen.
La Paz, Bolivia. En un proceso sin retorno, los pueblos indígenas de Bolivia comenzaron la marcha hacia la creación de gobiernos autónomos, regidos por sistemas y cosmovisión anteriores a la dominación española.
Un total de 36 grupos étnicos, donde los aymaras y quechuas son mayoría, tienen como objetivo autogobernarse en los territorios que ocupan y en los que el gobierno del también indígena Evo Morales ha cedido a título de tierras comunitarias de origen.
La nueva Constitución Política del Estado, vigente desde febrero de 2009, reconoce las formas de autonomía departamental, regional y municipal, así como la llamada indígena originaria campesina.
Simultáneamente a las elecciones para integrar la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento) y presidenciales del 6 de diciembre de 2009, cuando Morales fue reelegido, los departamentos (provincias) de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí también aprobaron en las urnas la autonomía administrativa de cada uno de esos distritos.
Ya habían seguido igual ruta, en 2006, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que conforman la llamada Media Luna Oriental. Ahora, los nueve departamentos del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia tendrán el mismo rango por el resultado favorable de esos plebiscitos.
En esa instancia electoral, también la innovadora carrera por las específicas autonomías indígenas originarias campesinas ha marcado sus primeros pasos con la consulta democrática a los habitantes de 12 municipios, de los 327 existentes en todo el Estado boliviano.
Los datos, procesado por el Órgano Electoral Plurinacional, determinaron que 11 abandonan su condición de municipios y pasan el rango de autonomías indígenas.
Un seminario organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) examinó los alcances de las autonomías indígenas originarias y los procesos políticos del movimiento indígena en Bolivia y en el resto de América Latina.
El debate sacó a flote el rechazo de los dirigentes de pueblos originarios a continuar con el modelo municipal, por lo cual exigen una forma de organización basada en las antiguas culturas, cada una con su particular modo de gobierno basado en las costumbres centenarias.
Un resurgimiento de la corriente indigenista en Bolivia, entre las décadas de 1980 y 1990, se vio fortalecida con los resultados del Censo Nacional de Población que en 2001 determinó que más del 60 por ciento de los habitantes del país se adscribía a un grupo cultural originario.
A nueve años de esa encuesta y tras la llegada del aymara Morales a la presidencia de Bolivia, en enero de 2006, los sectores conservadores generaron otra corriente que prefiere hablar de un país con alto porcentaje de mestizaje, en lugar de una población con elevada participación indígena.
En el municipio de Tinguipaya, del suroccidental departamento de Potosí, el presidente del Consejo Orgánico del Ayllu Urinsaya, Paulino Menacho Fernández, tiene el firme deseo de constituir una autonomía indígena originaria ajena o en lugar del actual gobierno municipal, según expresó a IPS.
Un gobernador que tiene el nombre de “Kuraka” debe reemplazar al alcalde bajo una autonomía indígena originaria, comenta entusiasta por la posibilidad de crear un modo de gobierno propio.
La cultura ancestral de estos pueblos originarios señala que el gobernador es elegido del seno de una familia, la cual cumple un ciclo y transfiere el mando a otra, bajo la modalidad de rotación (muyu).
La máxima autoridad se encarga de cuidar por el bienestar común, realiza negocios con otras regiones y vela por mantener en buen estado los servicios de riego y otros relacionados a la producción.
El gobernador acompañado de su esposa (mama t’hala) se rodea de colaboradores de las 27 comunidades a quienes atribuye funciones específicas para vigilar el buen desempeño productivo sobre las 80 mil hectáreas de tierra que se distribuyen entre valles, altiplanos y zonas rocosas que se elevan hasta los 4 mil 350 metros sobre el nivel del mar.
Pero Menacho Fernández está preocupado por la falta de tierra para los 16 mil habitantes de la comuna, a quienes se podría asignar como máximo parcelas de 200 metros cuadrados, insuficientes para sostener a la región mediante la agricultura, considerando la variedad de terreno que incluye zonas accidentadas.
Ante esa eventualidad, los miembros de los ocho “ayllus” desean una redistribución de los ingresos por coparticipación gubernamental que ascienden a 1.7 millones de dólares aproximadamente, de los cuales actualmente sólo perciben la mitad y tienen dudas sobre el destino del resto de dinero.
A ello desean agregar y crear ingresos por derechos de explotación de minerales, piedra caliza, agua y otros recursos naturales.
El ingreso de empresas a la zona no está excluido, pero a cambio de contratos de explotación y pago por arrendamiento en términos razonables.
A cientos de kilómetros de allí, en la zona selvática y de llanuras del norteño departamento de Beni, el secretario general de los Pueblos Étnicos Moxeños del Beni, Francisco Maza, estima que el momento de los gobiernos propios ha llegado.
Para los habitantes de estas zonas ricas en madera, vegetación y agua, la lucha nació en 1990 cuando marcharon 640 kilómetros desde Trinidad, la capital departamental, hasta La Paz, la ciudad sede del gobierno nacional, con la demanda por tierras y la Asamblea Constituyente.
“Pedimos ser autónomos no sólo en el uso del territorio, sino en la obtención de utilidades por la explotación de la madera y otros recursos de la región”, dijo a IPS el dirigente indígena.
Por ahora buscan una legislación administrativa apegada a los valores sociales y culturales dirigidos a un desarrollo científico y tecnológico con identidad propia y modos de gobierno de los pueblos originarios.
El pueblo moxeño, del cual es miembro Maza, se gobierna por un cabildo que representa a una casa del pueblo, dirigida por un corregidor, y otra autoridades, elegidas por aclamación y no por voto individual.
Pero otros 29 pueblos orientales tienen su propio modo de gobierno, cada uno diverso, y representan el desafío de ese rompecabezas que queda por armar en materia de legislación que aún se encuentra en fase de proyecto marco.
Gran parte de las tierras de Moxos están bendecidas por la riqueza petrolera, abundante cantidad y variedad de madera, una biodiversidad envidiable, y representan la esperanza de habitantes que emergen para escribir su historia.
El investigador del Cedla para las Políticas Públicas, Juan Luis Espada, anticipó a IPS que, en el futuro, el Estado debe aumentar las transferencias de dinero a las nuevas autonomías indígenas, porque serán pocas las que obtengan regalías adicionales por otros conceptos como la explotación de petróleo.
Anuncia un camino de aprendizaje en materia administrativa, en la captación de nuevos ingresos por la creación de impuestos regionales, en la asignación de competencias y funciones, en la medida de las capacidades administrativas de cada gobierno autónomo.
Hay muchos desafíos políticos y sociales en la búsqueda de un modelo que responde a las demandas históricas de pueblos que exigen atención del gobierno y desean participar en la administración del aparato estatal, expresó Espada.
La Paz, Bolivia. En un proceso sin retorno, los pueblos indígenas de Bolivia comenzaron la marcha hacia la creación de gobiernos autónomos, regidos por sistemas y cosmovisión anteriores a la dominación española.
Un total de 36 grupos étnicos, donde los aymaras y quechuas son mayoría, tienen como objetivo autogobernarse en los territorios que ocupan y en los que el gobierno del también indígena Evo Morales ha cedido a título de tierras comunitarias de origen.
La nueva Constitución Política del Estado, vigente desde febrero de 2009, reconoce las formas de autonomía departamental, regional y municipal, así como la llamada indígena originaria campesina.
Simultáneamente a las elecciones para integrar la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento) y presidenciales del 6 de diciembre de 2009, cuando Morales fue reelegido, los departamentos (provincias) de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí también aprobaron en las urnas la autonomía administrativa de cada uno de esos distritos.
Ya habían seguido igual ruta, en 2006, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que conforman la llamada Media Luna Oriental. Ahora, los nueve departamentos del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia tendrán el mismo rango por el resultado favorable de esos plebiscitos.
En esa instancia electoral, también la innovadora carrera por las específicas autonomías indígenas originarias campesinas ha marcado sus primeros pasos con la consulta democrática a los habitantes de 12 municipios, de los 327 existentes en todo el Estado boliviano.
Los datos, procesado por el Órgano Electoral Plurinacional, determinaron que 11 abandonan su condición de municipios y pasan el rango de autonomías indígenas.
Un seminario organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) examinó los alcances de las autonomías indígenas originarias y los procesos políticos del movimiento indígena en Bolivia y en el resto de América Latina.
El debate sacó a flote el rechazo de los dirigentes de pueblos originarios a continuar con el modelo municipal, por lo cual exigen una forma de organización basada en las antiguas culturas, cada una con su particular modo de gobierno basado en las costumbres centenarias.
Un resurgimiento de la corriente indigenista en Bolivia, entre las décadas de 1980 y 1990, se vio fortalecida con los resultados del Censo Nacional de Población que en 2001 determinó que más del 60 por ciento de los habitantes del país se adscribía a un grupo cultural originario.
A nueve años de esa encuesta y tras la llegada del aymara Morales a la presidencia de Bolivia, en enero de 2006, los sectores conservadores generaron otra corriente que prefiere hablar de un país con alto porcentaje de mestizaje, en lugar de una población con elevada participación indígena.
En el municipio de Tinguipaya, del suroccidental departamento de Potosí, el presidente del Consejo Orgánico del Ayllu Urinsaya, Paulino Menacho Fernández, tiene el firme deseo de constituir una autonomía indígena originaria ajena o en lugar del actual gobierno municipal, según expresó a IPS.
Un gobernador que tiene el nombre de “Kuraka” debe reemplazar al alcalde bajo una autonomía indígena originaria, comenta entusiasta por la posibilidad de crear un modo de gobierno propio.
La cultura ancestral de estos pueblos originarios señala que el gobernador es elegido del seno de una familia, la cual cumple un ciclo y transfiere el mando a otra, bajo la modalidad de rotación (muyu).
La máxima autoridad se encarga de cuidar por el bienestar común, realiza negocios con otras regiones y vela por mantener en buen estado los servicios de riego y otros relacionados a la producción.
El gobernador acompañado de su esposa (mama t’hala) se rodea de colaboradores de las 27 comunidades a quienes atribuye funciones específicas para vigilar el buen desempeño productivo sobre las 80 mil hectáreas de tierra que se distribuyen entre valles, altiplanos y zonas rocosas que se elevan hasta los 4 mil 350 metros sobre el nivel del mar.
Pero Menacho Fernández está preocupado por la falta de tierra para los 16 mil habitantes de la comuna, a quienes se podría asignar como máximo parcelas de 200 metros cuadrados, insuficientes para sostener a la región mediante la agricultura, considerando la variedad de terreno que incluye zonas accidentadas.
Ante esa eventualidad, los miembros de los ocho “ayllus” desean una redistribución de los ingresos por coparticipación gubernamental que ascienden a 1.7 millones de dólares aproximadamente, de los cuales actualmente sólo perciben la mitad y tienen dudas sobre el destino del resto de dinero.
A ello desean agregar y crear ingresos por derechos de explotación de minerales, piedra caliza, agua y otros recursos naturales.
El ingreso de empresas a la zona no está excluido, pero a cambio de contratos de explotación y pago por arrendamiento en términos razonables.
A cientos de kilómetros de allí, en la zona selvática y de llanuras del norteño departamento de Beni, el secretario general de los Pueblos Étnicos Moxeños del Beni, Francisco Maza, estima que el momento de los gobiernos propios ha llegado.
Para los habitantes de estas zonas ricas en madera, vegetación y agua, la lucha nació en 1990 cuando marcharon 640 kilómetros desde Trinidad, la capital departamental, hasta La Paz, la ciudad sede del gobierno nacional, con la demanda por tierras y la Asamblea Constituyente.
“Pedimos ser autónomos no sólo en el uso del territorio, sino en la obtención de utilidades por la explotación de la madera y otros recursos de la región”, dijo a IPS el dirigente indígena.
Por ahora buscan una legislación administrativa apegada a los valores sociales y culturales dirigidos a un desarrollo científico y tecnológico con identidad propia y modos de gobierno de los pueblos originarios.
El pueblo moxeño, del cual es miembro Maza, se gobierna por un cabildo que representa a una casa del pueblo, dirigida por un corregidor, y otra autoridades, elegidas por aclamación y no por voto individual.
Pero otros 29 pueblos orientales tienen su propio modo de gobierno, cada uno diverso, y representan el desafío de ese rompecabezas que queda por armar en materia de legislación que aún se encuentra en fase de proyecto marco.
Gran parte de las tierras de Moxos están bendecidas por la riqueza petrolera, abundante cantidad y variedad de madera, una biodiversidad envidiable, y representan la esperanza de habitantes que emergen para escribir su historia.
El investigador del Cedla para las Políticas Públicas, Juan Luis Espada, anticipó a IPS que, en el futuro, el Estado debe aumentar las transferencias de dinero a las nuevas autonomías indígenas, porque serán pocas las que obtengan regalías adicionales por otros conceptos como la explotación de petróleo.
Anuncia un camino de aprendizaje en materia administrativa, en la captación de nuevos ingresos por la creación de impuestos regionales, en la asignación de competencias y funciones, en la medida de las capacidades administrativas de cada gobierno autónomo.
Hay muchos desafíos políticos y sociales en la búsqueda de un modelo que responde a las demandas históricas de pueblos que exigen atención del gobierno y desean participar en la administración del aparato estatal, expresó Espada.
Agresión inminente a Venezuela
Una de las características que ha marcado el primer año de gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha sido la intensidad de sus actividades bélicas en América Latina. De esto dan cuenta las nuevas instalaciones militares en Colombia, la utilización de la base estadunidense en Palanquero para derrocar al presidente de Honduras y, más recientemente, el envío de miles de soldados y de buques de guerra al devastado Haití.
Juan Manuel Bueno Soria
Juan Manuel Bueno Soria Las naciones suramericanas han visto en ello una amenaza para su soberanía. Venezuela ha advertido a la comunidad internacional de una inminente invasión estadunidense a su territorio. De hecho, Venezuela se encuentra cercada por más de una docena de instalaciones bélicas estadunidenses, además de que aviones militares de Estados Unidos han efectuado incursiones sobre el territorio de ese país suramericano. Ahora, en este segundo año de gobierno de Obama, todo indica que las condiciones para una agresión armada al pueblo venezolano son incuestionables. A esto se agrega la dolorosa experiencia que a lo largo del siglo XX han tenido varios países de América Latina a consecuencia de las invasiones y golpes de Estado auspiciados por el gobierno estadunidense; muchos de ellos, en el segundo año de la administración de sus ejecutivos en turno.
El cerco se cierra
Ignacio Ramonet, en su artículo “Cercando a Venezuela”, publicado el 8 de enero de 2010 en Le Monde Diplomatique, advierte que este país se encuentra rodeado por 13 bases estadunidenses, situadas en Colombia, Panamá, Aruba y Curazao (de soberanía holandesa), así como por los portaviones y navíos de guerra de la IV Flota. Ramonet nos recuerda que la base estadunidense de Manta, en Ecuador, colaboró en el fallido golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el presidente Chávez; señala que “el presidente Obama parece haber dejado manos libres al Pentágono”. Al final de su colaboración agrega tajante: “Todo anuncia una agresión inminente”.
El cerco sobre Venezuela ha seguido cerrándose. Ocho días después de la publicación del artículo de Ignacio Ramonet, Haití es presa de un fuerte movimiento telúrico de 7.3 grados en la escala de Richter. Con un saldo mayor a 180 mil muertos, y más de 200 mil heridos, Haití se convierte en presa fácil del imperialismo estadunidense. Ante la mirada atónita de la comunidad internacional y bajo la bandera del pacifismo de Obama, Estados Unidos envía más de 14 mil soldados integrados en unidades de intervención anfibia con base en Nassau, y miembros del 24 Cuerpo Expedicionario de los Marines, además de un portaviones nuclear y de mantener también el control del aeropuerto local.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha advertido a la comunidad internacional que el Ejército estadunidense ingresó a Haití sin consultar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni a la Organización de Estados Americanos. Por su parte, Bolivia, Ecuador, Francia, Nicaragua y Uruguay se unieron a las críticas por la presencia armada de la potencia, que consideran a todas luces excesiva e inoperante.
En particular, Bolivia ha expresado sus temores de que Haití se convierta en otra base militar estadunidense, mientras que Francia ha solicitado a la ONU la necesidad de precisar el papel que juega Estados Unidos en Haití y muy concretamente protestó por las graves fallas de los soldados estadunidenses en la gestión del aeropuerto de ese país. Los medios internacionales han dado a conocer la denuncia de la misión médica francesa, acerca de la falta de logística en la terminal aérea de Puerto Príncipe, lo que ha provocado retrasos en la distribución de la ayuda humanitaria. El secretario de Estado de Cooperación francés, Alain Joyandet, llegó a declarar que “no se trata de ocupar el país, sino de ayudarle a que recobre la vida”.
Italia ha afirmado que la colaboración de Estados Unidos en Haití es ineficaz, pues su despliegue militar no ha desembocado en acciones contundentes que brinden al pueblo haitiano una rápida salida a la crisis que está viviendo.
Por su parte, los países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América –Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Dominica, Antigua y Barbuda, y San Vicente y las Granadinas– han mostrado claramente su voluntad de apoyo al pueblo haitiano. En el marco de una reunión de los países de la Alianza Bolivariana, Venezuela anunció la condonación de la deuda de Haití por la compra de combustible venezolano por medio del programa Petrocaribe.
Los juegos de guerra
En sus escarceos bélicos, el imperio ha intensificado su acoso desde el 11 de diciembre de 2009, cuando la secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, advirtió a Venezuela y Bolivia que deberán atenerse a las consecuencias por haber recibido al presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, durante una gira que éste efectuó en América Latina y que también incluyó a Brasil, país que no recibió amenaza alguna.
El acoso ha incluido el envío de aeronaves que han violado el espacio aéreo venezolano. El presidente Chávez ha denunciado los sobrevuelos de aviones de guerra estadunidenses efectuados en mayo y en diciembre de 2009, este último por parte de un avión no tripulado –conocido como “drones”– de tecnología estadunidense, proveniente de Colombia. La incursión más reciente data del 8 de enero de 2010 por un avión estadunidense que partió del aeropuerto de Curazao, la mayor isla de las Antillas Holandesas, y que se introdujo al espacio aéreo venezolano en dos ocasiones, la primera por 15 minutos y la segunda durante 19 minutos, siendo escoltado en esta segunda ocasión por aviones F16 de la fuerza aérea venezolana. Ni Ámsterdam ni Washington han dado respuesta satisfactoria a las inquietudes que estos sobrevuelos han despertado en la comunidad internacional, ni a la denuncias efectuadas por el presidente Hugo Chávez.
Más allá de las amenazas y del acoso constante del gobierno estadunidense hacia Venezuela, cabe reparar en la periodicidad del comportamiento bélico de Estados Unidos hacia América Latina. Es interesante constatar que un número importante de las invasiones y de los golpes de Estado que han sufrido los países de América Latina se han llevado a cabo en el segundo año de gobierno de varios presidentes de Estados Unidos. Independientemente de que se haya probado la intervención de la mano estadunidense en estas acciones, éste es un recuento no exhaustivo de algunos golpes militares en el continente, que al parecer reaparecen en la escena política regional, con toda la contundencia de la tecnología bélica moderna:
Guatemala. En junio de 1954, golpe de Estado contra Jacobo Arbenz Guzmán, presidente electo de su país, en el segundo año de gobierno del presidente Dwight D Eisenhower, quien comenzó su mandato el 20 de enero de 1953.
Paraguay. En 1954 el general Alfredo Stroessner da un golpe de Estado mediante el cual se instala en el poder durante 35 años. Esto también en el segundo año de gobierno del presidente Dwight D Eisenhower.
Argentina. Golpe de estado en 1962, mediante el cual se derroca al presidente Arturo Frondizi, elegido en 1958. Este golpe corresponde al segundo año de mandato de la presidencia de John F Kennedy.
Brasil. Golpe de Estado en marzo de 1964 contra el presidente João Goulart. Éste fue un caso atípico en la historia de Estados Unidos, pues era el primer año de gobierno del presidente Lindon B Johnson, quien tomó posesión el 22 de noviembre de 1963, posterior al asesinato de John F Kennedy.
Argentina. Golpe militar en 1966 en contra del presidente Arturo Umberto Illia, elegido en 1964, mediante el cual se estableció un nuevo régimen dictatorial. Este evento correspondió al segundo año de mandato del presidente Lyndon B Johnson, quien comenzó sus funciones como presidente el 20 de enero de 1965.
Argentina. El 24 de marzo de 1976, golpe militar que se autonombró Proceso de Reorganización Nacional, conocido bajo el nombre de guerra sucia por la cantidad de detenidos, secuestrados y desaparecidos. Este golpe se da a poco más de año y medio de la toma de posesión de Gerald Ford, quien jura como presidente de Estados Unidos el 9 de agosto de 1974, como consecuencia de la renuncia de Richard Nixon.
Venezuela. En abril de 2002, el presidente Hugo Chávez es secuestrado durante 48 horas tras un fallido golpe cívico militar. Esta acción correspondió a George W Bush en su segundo año de gobierno.
Venezuela. Acción golpista entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, consistente en la paralización de Petróleos de Venezuela a finales del segundo y principios del tercer año de gobierno de George W Bush.
Si bien, en junio de 2009, con el apoyo de la base estadunidense de Soto Cano, se produce el golpe de Estado en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya, es en el transcurso del segundo año de gobierno del presidente Barack Obama que este golpe de Estado se completa con la toma de posesión de Porfirio Lobo, quien asume el cargo el 27 de enero pasado como sucesor del dictador Roberto Micheletti.
Ante tales hechos, en este segundo año de la presidencia de Barack Obama, las amenazas de su gobierno al pueblo venezolano, más la estratégica instalación de bases militares en el cono Sur y en el Caribe, así como los vuelos no autorizados de aeronaves de guerra sobre el territorio de ese país, llevan ineludiblemente a considerar como ciertas las declaraciones del presidente Hugo Chávez, así como la conclusión del reconocido analista internacional Ignacio Ramonet, de Le Monde Diplomatique, entorno a que todo anuncia para Venezuela una agresión inminente.
* Doctor en derecho de la cooperación internacional por la Universidad de Toulouse I, Francia
El cerco se cierra
Ignacio Ramonet, en su artículo “Cercando a Venezuela”, publicado el 8 de enero de 2010 en Le Monde Diplomatique, advierte que este país se encuentra rodeado por 13 bases estadunidenses, situadas en Colombia, Panamá, Aruba y Curazao (de soberanía holandesa), así como por los portaviones y navíos de guerra de la IV Flota. Ramonet nos recuerda que la base estadunidense de Manta, en Ecuador, colaboró en el fallido golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el presidente Chávez; señala que “el presidente Obama parece haber dejado manos libres al Pentágono”. Al final de su colaboración agrega tajante: “Todo anuncia una agresión inminente”.
El cerco sobre Venezuela ha seguido cerrándose. Ocho días después de la publicación del artículo de Ignacio Ramonet, Haití es presa de un fuerte movimiento telúrico de 7.3 grados en la escala de Richter. Con un saldo mayor a 180 mil muertos, y más de 200 mil heridos, Haití se convierte en presa fácil del imperialismo estadunidense. Ante la mirada atónita de la comunidad internacional y bajo la bandera del pacifismo de Obama, Estados Unidos envía más de 14 mil soldados integrados en unidades de intervención anfibia con base en Nassau, y miembros del 24 Cuerpo Expedicionario de los Marines, además de un portaviones nuclear y de mantener también el control del aeropuerto local.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha advertido a la comunidad internacional que el Ejército estadunidense ingresó a Haití sin consultar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni a la Organización de Estados Americanos. Por su parte, Bolivia, Ecuador, Francia, Nicaragua y Uruguay se unieron a las críticas por la presencia armada de la potencia, que consideran a todas luces excesiva e inoperante.
En particular, Bolivia ha expresado sus temores de que Haití se convierta en otra base militar estadunidense, mientras que Francia ha solicitado a la ONU la necesidad de precisar el papel que juega Estados Unidos en Haití y muy concretamente protestó por las graves fallas de los soldados estadunidenses en la gestión del aeropuerto de ese país. Los medios internacionales han dado a conocer la denuncia de la misión médica francesa, acerca de la falta de logística en la terminal aérea de Puerto Príncipe, lo que ha provocado retrasos en la distribución de la ayuda humanitaria. El secretario de Estado de Cooperación francés, Alain Joyandet, llegó a declarar que “no se trata de ocupar el país, sino de ayudarle a que recobre la vida”.
Italia ha afirmado que la colaboración de Estados Unidos en Haití es ineficaz, pues su despliegue militar no ha desembocado en acciones contundentes que brinden al pueblo haitiano una rápida salida a la crisis que está viviendo.
Por su parte, los países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América –Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Dominica, Antigua y Barbuda, y San Vicente y las Granadinas– han mostrado claramente su voluntad de apoyo al pueblo haitiano. En el marco de una reunión de los países de la Alianza Bolivariana, Venezuela anunció la condonación de la deuda de Haití por la compra de combustible venezolano por medio del programa Petrocaribe.
Los juegos de guerra
En sus escarceos bélicos, el imperio ha intensificado su acoso desde el 11 de diciembre de 2009, cuando la secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, advirtió a Venezuela y Bolivia que deberán atenerse a las consecuencias por haber recibido al presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, durante una gira que éste efectuó en América Latina y que también incluyó a Brasil, país que no recibió amenaza alguna.
El acoso ha incluido el envío de aeronaves que han violado el espacio aéreo venezolano. El presidente Chávez ha denunciado los sobrevuelos de aviones de guerra estadunidenses efectuados en mayo y en diciembre de 2009, este último por parte de un avión no tripulado –conocido como “drones”– de tecnología estadunidense, proveniente de Colombia. La incursión más reciente data del 8 de enero de 2010 por un avión estadunidense que partió del aeropuerto de Curazao, la mayor isla de las Antillas Holandesas, y que se introdujo al espacio aéreo venezolano en dos ocasiones, la primera por 15 minutos y la segunda durante 19 minutos, siendo escoltado en esta segunda ocasión por aviones F16 de la fuerza aérea venezolana. Ni Ámsterdam ni Washington han dado respuesta satisfactoria a las inquietudes que estos sobrevuelos han despertado en la comunidad internacional, ni a la denuncias efectuadas por el presidente Hugo Chávez.
Más allá de las amenazas y del acoso constante del gobierno estadunidense hacia Venezuela, cabe reparar en la periodicidad del comportamiento bélico de Estados Unidos hacia América Latina. Es interesante constatar que un número importante de las invasiones y de los golpes de Estado que han sufrido los países de América Latina se han llevado a cabo en el segundo año de gobierno de varios presidentes de Estados Unidos. Independientemente de que se haya probado la intervención de la mano estadunidense en estas acciones, éste es un recuento no exhaustivo de algunos golpes militares en el continente, que al parecer reaparecen en la escena política regional, con toda la contundencia de la tecnología bélica moderna:
Guatemala. En junio de 1954, golpe de Estado contra Jacobo Arbenz Guzmán, presidente electo de su país, en el segundo año de gobierno del presidente Dwight D Eisenhower, quien comenzó su mandato el 20 de enero de 1953.
Paraguay. En 1954 el general Alfredo Stroessner da un golpe de Estado mediante el cual se instala en el poder durante 35 años. Esto también en el segundo año de gobierno del presidente Dwight D Eisenhower.
Argentina. Golpe de estado en 1962, mediante el cual se derroca al presidente Arturo Frondizi, elegido en 1958. Este golpe corresponde al segundo año de mandato de la presidencia de John F Kennedy.
Brasil. Golpe de Estado en marzo de 1964 contra el presidente João Goulart. Éste fue un caso atípico en la historia de Estados Unidos, pues era el primer año de gobierno del presidente Lindon B Johnson, quien tomó posesión el 22 de noviembre de 1963, posterior al asesinato de John F Kennedy.
Argentina. Golpe militar en 1966 en contra del presidente Arturo Umberto Illia, elegido en 1964, mediante el cual se estableció un nuevo régimen dictatorial. Este evento correspondió al segundo año de mandato del presidente Lyndon B Johnson, quien comenzó sus funciones como presidente el 20 de enero de 1965.
Argentina. El 24 de marzo de 1976, golpe militar que se autonombró Proceso de Reorganización Nacional, conocido bajo el nombre de guerra sucia por la cantidad de detenidos, secuestrados y desaparecidos. Este golpe se da a poco más de año y medio de la toma de posesión de Gerald Ford, quien jura como presidente de Estados Unidos el 9 de agosto de 1974, como consecuencia de la renuncia de Richard Nixon.
Venezuela. En abril de 2002, el presidente Hugo Chávez es secuestrado durante 48 horas tras un fallido golpe cívico militar. Esta acción correspondió a George W Bush en su segundo año de gobierno.
Venezuela. Acción golpista entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, consistente en la paralización de Petróleos de Venezuela a finales del segundo y principios del tercer año de gobierno de George W Bush.
Si bien, en junio de 2009, con el apoyo de la base estadunidense de Soto Cano, se produce el golpe de Estado en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya, es en el transcurso del segundo año de gobierno del presidente Barack Obama que este golpe de Estado se completa con la toma de posesión de Porfirio Lobo, quien asume el cargo el 27 de enero pasado como sucesor del dictador Roberto Micheletti.
Ante tales hechos, en este segundo año de la presidencia de Barack Obama, las amenazas de su gobierno al pueblo venezolano, más la estratégica instalación de bases militares en el cono Sur y en el Caribe, así como los vuelos no autorizados de aeronaves de guerra sobre el territorio de ese país, llevan ineludiblemente a considerar como ciertas las declaraciones del presidente Hugo Chávez, así como la conclusión del reconocido analista internacional Ignacio Ramonet, de Le Monde Diplomatique, entorno a que todo anuncia para Venezuela una agresión inminente.
* Doctor en derecho de la cooperación internacional por la Universidad de Toulouse I, Francia
Calderonismo: gobierno oneroso
Fracasa el plan de austeridad. Aunque Felipe Calderón anunció, desde el inicio de su gestión, que reduciría el gasto corriente en la administración pública federal, en tres años han aumentado los gastos por servicios, adquisición de materiales y compra y arrendamiento de inmuebles para la operación de la Presidencia de la República y 15 secretarías de Estado. El desembolso del erario supera los 190 mil millones de pesos en lo que va del sexenio
En tres años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, 16 dependencias federales han gastado, en conjunto, más de 191 mil millones de pesos en la adquisición de materiales, alimentos, bienes muebles e inmuebles y servicios. Esto a pesar de que tres días después de asumir la Presidencia del país, Calderón Hinojosa anunció un plan de austeridad para la administración pública, según el cual las dependencias establecerían ahorros en el consumo de servicios, promoverían la contratación consolidada de bienes y servicios y no adquirirían o arrendarían nuevos inmuebles.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto en bienes muebles e inmuebles de la administración pública federal se redujo casi 11 por ciento de 2006 a 2007; sin embargo, de 2007 a 2008 este rubro creció 90.15 por ciento en términos reales. Lo mismo ocurrió con las erogaciones en materiales y suministros, que tuvieron un crecimiento de 64.34 puntos porcentuales durante dicho periodo.
Las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); Comunicaciones y Transportes (SCT); Desarrollo Social (Sedesol); Economía; Educación Pública (SEP); Energía; Función Pública; Gobernación; Hacienda; Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Reforma Agraria; Relaciones Exteriores (SRE); Salud (Ssa); Trabajo y Previsión Social, y Turismo (Sectur), junto con la Presidencia de la República, han gastado 143 mil 286 millones 315 mil pesos por concepto de servicios generales, 34 mil 943 millones 514 mil pesos en materiales y suministros, y 13 mil 189 millones 194 mil pesos más en la adquisición y arrendamientos de inmuebles de 2007 a 2009. La suma de esos egresos (191 mil 419 millones 24 mil pesos) equivale a la quinta parte del dinero que se ha destinado a programas de combate a la pobreza en lo que va del sexenio calderonista.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto en bienes muebles e inmuebles de la administración pública federal se redujo casi 11 por ciento de 2006 a 2007; sin embargo, de 2007 a 2008 este rubro creció 90.15 por ciento en términos reales. Lo mismo ocurrió con las erogaciones en materiales y suministros, que tuvieron un crecimiento de 64.34 puntos porcentuales durante dicho periodo.
Las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); Comunicaciones y Transportes (SCT); Desarrollo Social (Sedesol); Economía; Educación Pública (SEP); Energía; Función Pública; Gobernación; Hacienda; Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Reforma Agraria; Relaciones Exteriores (SRE); Salud (Ssa); Trabajo y Previsión Social, y Turismo (Sectur), junto con la Presidencia de la República, han gastado 143 mil 286 millones 315 mil pesos por concepto de servicios generales, 34 mil 943 millones 514 mil pesos en materiales y suministros, y 13 mil 189 millones 194 mil pesos más en la adquisición y arrendamientos de inmuebles de 2007 a 2009. La suma de esos egresos (191 mil 419 millones 24 mil pesos) equivale a la quinta parte del dinero que se ha destinado a programas de combate a la pobreza en lo que va del sexenio calderonista.
Dispendio en alimentos, ropa y combustibles
El gasto en materiales y suministros ha aumentado considerablemente en los últimos tres años, pues mientras en 2007 se erogaron 3 mil 174 millones 200 mil pesos, en 2008 se gastó casi tres veces esa cantidad; y para 2009, las asignaciones fueron siete veces mayores a las del primer año de “austeridad”. Este rubro incluye materiales de oficina y de limpieza, equipos informáticos, refacciones, accesorios, herramientas, vestuarios, uniformes y alimentos, de acuerdo con el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal.
De los informes de gastos de las distintas dependencias, consultados por Contralínea, destacan los de la Semarnat y la SEP, que aumentaron hasta 30 veces sus erogaciones en alimentos. En 2007, la SEP destinó 9 millones 221 mil 854 pesos a productos alimenticios, cantidad que cuadruplicó al año siguiente; para 2009 fue 29.5 veces mayor que en 2007 (más de 272 millones de pesos). La Semarnat pasó de gastar 3 millones 405 mil 939 pesos en alimentos en 2007 a 104 millones 420 mil 17 pesos en 2008, es decir, 30 veces más en sólo un año.
Los informes también revelan que la Sagarpa gastó 2 millones 591 mil pesos en utensilios para el servicio de alimentación, como vajillas, cubiertos, baterías de cocina y electrodomésticos.
La Sagarpa tuvo además notables erogaciones en la adquisición de materiales y útiles de oficina, material de limpieza, software, materiales audiovisuales y de impresión, entre otros, en los que gastó 24 millones 323 mil pesos durante 2007, 46 millones 783 mil pesos en 2008 y 89 millones 890 mil pesos en 2009, sumando 160 millones 996 mil pesos. Tan sólo el año pasado, esta secretaría destinó casi 28 millones 500 pesos a la compra de artículos de oficina, como libretas, carpetas, engrapadoras, perforadoras, sacapuntas, cestos de basura y productos similares.
En un trimestre, gobierno federal engulle 64 mil MDD en “prestaciones”
La administración de Felipe Calderón gastó más de 64 mil millones de pesos en “prestaciones” de los servidores públicos durante el último trimestre de 2009. Tan sólo la “gratificación de fin de año” de toda la burocracia implicó 20 mil millones de pesos. De las entidades públicas, la Comisión Federal de Electricidad fue la que más presupuesto ejerció, al sumar más de 10 mil millones de pesos. El año pasado, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que diversas gratificaciones son manejadas de manera opaca y discrecional
Son 214 dependencias gubernamentales las que, cada trimestre, gastan del erario más de 64 mil millones de pesos en el pago de prestaciones. El aguinaldo o la gratificación de fin de año encabezó la lista a finales de 2009, con más de 20 mil millones de pesos; el concepto “otras prestaciones” ocupó el segundo sitio con casi 13 mil millones de pesos, y las “previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnología y de adultos” significaron un egreso mayor a los 4 mil millones de pesos cada periodo.
El documento Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) al cuarto trimestre de 2009, revela que la Comisión Federal de Energía (CFE) fue la que más recursos destinó a sus funcionarios: 10 mil 621 millones 349 mil 263 pesos.
La CFE, que controla desde el 11 de octubre pasado el suministro de energía eléctrica en el país –con la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro–, ocupa el 16.53 por ciento del total del gasto del gobierno federal: 64 mil 245 millones 152 mil 31 pesos.
Petróleos Mexicanos (Pemex) –la paraestatal más importante del país– entregó a la SHCP diversos informes de sus egresos y de sus subsidiarias. Sólo el monto identificado como “consolidado” muestra que la petrolera gastó 7 mil 660 millones 65 mil 324 pesos por cinco beneficios: aguinaldo, estímulos por productividad, prima de vacaciones, Sistema de Ahorro para el Retiro y “otras prestaciones”.
Esta última figura –que no especifica claramente el destino de los recursos públicos– es ocupada por 182 dependencias: secretarías de Estado, entidades paraestatales y organismos descentralizados. De octubre a diciembre del año pasado, significó un desembolso de 12 mil 875 millones 730 mil 524 pesos. El “consolidado” de Pemex indica que fue la paraestatal que más recursos justificó bajo ese título, por 3 mil 261 millones 634 mil 137 pesos.
La Secretaría de Educación Pública, bajo el mandato de Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal, asignó al rubro de prestaciones 4 mil 777 millones 858 mil 189 pesos. Las gratificaciones se desahogaron a través de 36 rubros, de los que se asignaron 1 mil 198 millones 48 mil 497 pesos que fueron entregados bajo el concepto de estímulo por antigüedad.
La opacidad
El informe Áreas de opacidad y riesgo. Oportunidades de mejora, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuestiona la manera de asignar las remuneraciones de los servidores públicos que se allegan de recursos bajo diversos conceptos como: sueldo, sobresueldo, compensaciones, bonos y ayudas diversas, consistentes en vales de despensa, gasolina, despensas navideñas, comida de fin de año, exenciones fiscales y otro tipo de prestaciones complementarias de carácter especial.
Son 214 dependencias gubernamentales las que, cada trimestre, gastan del erario más de 64 mil millones de pesos en el pago de prestaciones. El aguinaldo o la gratificación de fin de año encabezó la lista a finales de 2009, con más de 20 mil millones de pesos; el concepto “otras prestaciones” ocupó el segundo sitio con casi 13 mil millones de pesos, y las “previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnología y de adultos” significaron un egreso mayor a los 4 mil millones de pesos cada periodo.
El documento Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) al cuarto trimestre de 2009, revela que la Comisión Federal de Energía (CFE) fue la que más recursos destinó a sus funcionarios: 10 mil 621 millones 349 mil 263 pesos.
La CFE, que controla desde el 11 de octubre pasado el suministro de energía eléctrica en el país –con la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro–, ocupa el 16.53 por ciento del total del gasto del gobierno federal: 64 mil 245 millones 152 mil 31 pesos.
Petróleos Mexicanos (Pemex) –la paraestatal más importante del país– entregó a la SHCP diversos informes de sus egresos y de sus subsidiarias. Sólo el monto identificado como “consolidado” muestra que la petrolera gastó 7 mil 660 millones 65 mil 324 pesos por cinco beneficios: aguinaldo, estímulos por productividad, prima de vacaciones, Sistema de Ahorro para el Retiro y “otras prestaciones”.
Esta última figura –que no especifica claramente el destino de los recursos públicos– es ocupada por 182 dependencias: secretarías de Estado, entidades paraestatales y organismos descentralizados. De octubre a diciembre del año pasado, significó un desembolso de 12 mil 875 millones 730 mil 524 pesos. El “consolidado” de Pemex indica que fue la paraestatal que más recursos justificó bajo ese título, por 3 mil 261 millones 634 mil 137 pesos.
La Secretaría de Educación Pública, bajo el mandato de Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal, asignó al rubro de prestaciones 4 mil 777 millones 858 mil 189 pesos. Las gratificaciones se desahogaron a través de 36 rubros, de los que se asignaron 1 mil 198 millones 48 mil 497 pesos que fueron entregados bajo el concepto de estímulo por antigüedad.
La opacidad
El informe Áreas de opacidad y riesgo. Oportunidades de mejora, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuestiona la manera de asignar las remuneraciones de los servidores públicos que se allegan de recursos bajo diversos conceptos como: sueldo, sobresueldo, compensaciones, bonos y ayudas diversas, consistentes en vales de despensa, gasolina, despensas navideñas, comida de fin de año, exenciones fiscales y otro tipo de prestaciones complementarias de carácter especial.
Y es que dice el máximo órgano de fiscalización que la “existencia de regímenes distintos, y en algunos casos de excepción en los poderes de la Unión y en los órganos constitucionalmente autónomos, complica, confunde y refleja una alta opacidad y un exceso de discrecionalidad en materia de remuneraciones, debido a la falta de criterios universales que sean aceptados y observados en toda la administración pública”.
Según el desglose de prestaciones que tienen los funcionarios de las 214 dependencias gubernamentales, son 92 conceptos en los que se distribuyen los beneficios a los empleados de la administración pública federal.
Del pago de aguinaldo, por 20 mil 326 millones 272 mil 525 pesos, siguen las “otras prestaciones”, con 12 mil 875 millones 730 mil 524 pesos; luego, las “previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnología y de adultos”, por 4 mil 362 millones 477 mil 773 pesos.
Las “prestaciones de retiro” sumaron 4 mil 235 millones 192 mil 313 pesos; en tanto que la “prima de vacaciones y dominical” significó un gasto de 2 mil 723 millones 608 mil 642 pesos, y los “estímulos por antigüedad” representaron un egreso de 2 mil 377 millones 732 mil 75 pesos.
El diagnóstico, elaborado por Arturo González de Aragón al final de su gestión al frente de la ASF, precisa que entre los rubros vinculados con las percepciones de los servidores públicos que han sido afectados por una asignación arbitraria, se encuentran las jubilaciones y pensiones.
De éstas, el máximo órgano de fiscalización del país determinó que “en muchas ocasiones se han otorgado sin cumplir los requisitos y la antigüedad correspondiente, así como a los regímenes de liquidación al finalizar el encargo de los servidores públicos, mediante los cuales se otorgan recursos desproporcionados en relación con lo establecido en la ley”.
Las prestaciones
Los incentivos de los servidores públicos son distribuidos, también, bajo el título de apoyo, beca, compensación, estímulo, premio, subsidio, seguro, entre otros. Con estos rubros se cubren gastos funerarios, anteojos, juguetes, despensas, transporte, canastas navideñas y subsidios por “costos de vida cara”.
Según el desglose de prestaciones que tienen los funcionarios de las 214 dependencias gubernamentales, son 92 conceptos en los que se distribuyen los beneficios a los empleados de la administración pública federal.
Del pago de aguinaldo, por 20 mil 326 millones 272 mil 525 pesos, siguen las “otras prestaciones”, con 12 mil 875 millones 730 mil 524 pesos; luego, las “previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnología y de adultos”, por 4 mil 362 millones 477 mil 773 pesos.
Las “prestaciones de retiro” sumaron 4 mil 235 millones 192 mil 313 pesos; en tanto que la “prima de vacaciones y dominical” significó un gasto de 2 mil 723 millones 608 mil 642 pesos, y los “estímulos por antigüedad” representaron un egreso de 2 mil 377 millones 732 mil 75 pesos.
El diagnóstico, elaborado por Arturo González de Aragón al final de su gestión al frente de la ASF, precisa que entre los rubros vinculados con las percepciones de los servidores públicos que han sido afectados por una asignación arbitraria, se encuentran las jubilaciones y pensiones.
De éstas, el máximo órgano de fiscalización del país determinó que “en muchas ocasiones se han otorgado sin cumplir los requisitos y la antigüedad correspondiente, así como a los regímenes de liquidación al finalizar el encargo de los servidores públicos, mediante los cuales se otorgan recursos desproporcionados en relación con lo establecido en la ley”.
Las prestaciones
Los incentivos de los servidores públicos son distribuidos, también, bajo el título de apoyo, beca, compensación, estímulo, premio, subsidio, seguro, entre otros. Con estos rubros se cubren gastos funerarios, anteojos, juguetes, despensas, transporte, canastas navideñas y subsidios por “costos de vida cara”.
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SFP derrocha recursos en la OCDE y reporta magros resultados
Reportes de viajes de trabajo de empleados de la Secretaría de la Función Pública a reuniones de la OCDE, en su sede francesa, revelan falta de transparencia y de rendición de cuentas. Entretanto, los servidores públicos entregan informes vacíos sobre los compromisos reales que asumen ante el llamado “club de París”
Para perfeccionarse en prácticas de honestidad y rendición de cuentas, conocer el servicio civil de carrera y combatir la corrupción, entre otros temas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) comisionó entre 2004 y 2009 a varios funcionarios para participar en los diversos Comités de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como consta en la documentación que entregó la Unidad de Enlace de esa dependencia a la solicitud de información pública gubernamental de un particular. Por esa fuente se conoce que Javier González Gómez, director general de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno de la SFP, asistió a tres versiones sucesivas del Comité de Gobernanza Pública (CGP), con sede en París, Francia, financiado con generosos viáticos. De este mismo beneficio disfrutaron: Carlos Miguel Valdovinos Chávez, Carlos Fernando Álvarez Cuadra, Luis Ernesto de la Fuente Pantoja y Marcelo José Villarreal Coindreau.
El 15 de abril de 2008, Javier González Gómez abordó el vuelo 439 de Air France con destino a París, Francia, para acudir a la 37 sesión del CGP de la OCDE. El funcionario recibió viáticos por 1 mil 800 euros para cuatro días. Su gasto diario se estimó en 450 euros. A su retorno a México, comprobó 831 euros (442 por concepto de hospedaje), devolvió 969 y dejó sin comprobar 257.89 euros correspondientes al rubro de “Alimentos, propinas y taxis”, según la Relación de gastos sin comprobante no. 405.
En el informe de su comisión, González Gómez indica que “se cumplió con el programa de actividades previsto”, pues aprobó la agenda, revisó las conclusiones de la reunión anterior y discutió los avances en los temas del comité. Prestó “particular atención” al Plan de Trabajo 2009-2010, a las discusiones sobre administración y gobernanza de riesgos en el sector público, al desarrollo de políticas públicas con participación activa de la ciudadanía y a los procesos de modernización gubernamental con indicadores de desempeño gubernamental.
Seis meses antes, del 15 al 18 de octubre de 2007, González Gómez viajó –por Aeroméxico– a la 36 Sesión del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE, en París. Recibió 1 mil 350 euros de viáticos para cuatro días y comprobó 840.26 euros: 211.66 euros en alimentos y 620 euros por hotel. Dejó sin comprobar 170 euros por taxis y propinas.
En su informe, explica que aprobó la Agenda del Comité, revisó las conclusiones de la 35 sesión del CGP y discutió otros avances. Como describiría meses después, “se prestó particular atención” a la presentación “Indicadores: el gobierno en un vistazo”. Participó en el Foro OCDE en Roma (10 años de la Convención Anticohecho) y en el Memorándum de Entendimiento entre la Comisión Federal de Reforma Regulatoria y la OCDE. Concluye que su asistencia refrendó “el interés de la SFP para participar en tareas de medición del desempeño gubernamental para el Programa de Mejoramiento de la Gestión” de la SFP.
Año y medio antes, el 4 de abril de 2006, Javier González Gómez viajó a París en el vuelo 437 de Air France para asistir a la reunión del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE. Para los cinco días que duró su comisión en el extranjero, la SFP le dio viáticos por 1 mil 800 euros, aunque el Anexo del finiquito de viáticos y pasajes, con folio 450 del 12 de abril de 2006, indica que ese servidor público recibió 1 mil 350 euros, de los que comprobó 694.03 euros (135.54 euros por concepto de taxis y propinas, 436.24 euros por concepto de hotel y 92.25 euros por concepto de comidas). No comprobó 605.97 euros por concepto de “taxis y propinas”.
El informe del director general adjunto de Innovación y Buen Gobierno de la SFP indicó entonces que, como representante de México y delegado del comité, pudo “discutir y opinar sobre la integración del Programa de Trabajo 2007/2008 del CGP y proponer estrategias y líneas de acción” –no describe cuáles–. Sin explicar cómo lo logró, indica que se “aseguró la sincronía de las líneas y estrategias de la Agencia de Buen Gobierno en el programa de trabajo del comité”.
Del 16 al 20 de septiembre de 2006, meses antes de que concluyera la gestión de Vicente Fox, correspondió a Carlos Miguel Valdovinos Chávez, director general de Simplificación Regulatoria, ir a la Reunión Ordinaria del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE, en París. El aviso de comisión, con folio 46280, le dio viáticos por 2 mil euros, aunque el Anexo del finiquito de viáticos y pasajes describe que el funcionario recibió 1 mil 500 euros. Al término de su comisión, comprobó 831.40 euros, de los que 600.70 correspondieron a gastos de hotel. No comprobó 103.50 euros por concepto de “taxis y propinas”, y devolvió 565.10 euros.
En su informe, Valdovinos detalla su reunión con el embajador de México ante la OCDE y las reuniones del Comité de Trabajo sobre Administración Regulatoria y Reforma, donde revisó los documentos de estudio de Corea del Sur y de Suecia, países que “han logrado importantes avances en la mejora regulatoria hacia la ciudadanía”.
Un primer documento que rastrea el vínculo entre la OCDE y la SFP en los gobiernos de la alternancia política, es el Aviso de comisión, con fecha 24 de marzo de 2003, y que pareciera un error tipográfico ya que describe la comisión para Carlos Miguel Valdovinos Chávez, del 10 al 26 de abril de 2004, para asistir a reuniones de la OCDE en Alemania y Francia con el fin de “fortalecer la implementación de una nueva gestión pública en México”.
El largo periplo del funcionario fue por Lufthansa, vía México-Frankfurt, Frankfurt-París, París-Colonia, Munich-Frankfurt, y de ahí, su retorno a México. Valdovinos recibió 4 mil dólares por viáticos, de los que comprobó 1 mil 252.50 dólares (entre ellos, 905.45 dólares de hotel y 300.85 dólares por comidas) y dejó sin comprobar 1 mil 216.41 dólares, que comprenden 633 dólares por “taxis, internet, comidas, lavandería y propinas”. De los otros 1 mil 531 dólares no informó nada.
El 15 de abril de 2008, Javier González Gómez abordó el vuelo 439 de Air France con destino a París, Francia, para acudir a la 37 sesión del CGP de la OCDE. El funcionario recibió viáticos por 1 mil 800 euros para cuatro días. Su gasto diario se estimó en 450 euros. A su retorno a México, comprobó 831 euros (442 por concepto de hospedaje), devolvió 969 y dejó sin comprobar 257.89 euros correspondientes al rubro de “Alimentos, propinas y taxis”, según la Relación de gastos sin comprobante no. 405.
En el informe de su comisión, González Gómez indica que “se cumplió con el programa de actividades previsto”, pues aprobó la agenda, revisó las conclusiones de la reunión anterior y discutió los avances en los temas del comité. Prestó “particular atención” al Plan de Trabajo 2009-2010, a las discusiones sobre administración y gobernanza de riesgos en el sector público, al desarrollo de políticas públicas con participación activa de la ciudadanía y a los procesos de modernización gubernamental con indicadores de desempeño gubernamental.
Seis meses antes, del 15 al 18 de octubre de 2007, González Gómez viajó –por Aeroméxico– a la 36 Sesión del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE, en París. Recibió 1 mil 350 euros de viáticos para cuatro días y comprobó 840.26 euros: 211.66 euros en alimentos y 620 euros por hotel. Dejó sin comprobar 170 euros por taxis y propinas.
En su informe, explica que aprobó la Agenda del Comité, revisó las conclusiones de la 35 sesión del CGP y discutió otros avances. Como describiría meses después, “se prestó particular atención” a la presentación “Indicadores: el gobierno en un vistazo”. Participó en el Foro OCDE en Roma (10 años de la Convención Anticohecho) y en el Memorándum de Entendimiento entre la Comisión Federal de Reforma Regulatoria y la OCDE. Concluye que su asistencia refrendó “el interés de la SFP para participar en tareas de medición del desempeño gubernamental para el Programa de Mejoramiento de la Gestión” de la SFP.
Año y medio antes, el 4 de abril de 2006, Javier González Gómez viajó a París en el vuelo 437 de Air France para asistir a la reunión del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE. Para los cinco días que duró su comisión en el extranjero, la SFP le dio viáticos por 1 mil 800 euros, aunque el Anexo del finiquito de viáticos y pasajes, con folio 450 del 12 de abril de 2006, indica que ese servidor público recibió 1 mil 350 euros, de los que comprobó 694.03 euros (135.54 euros por concepto de taxis y propinas, 436.24 euros por concepto de hotel y 92.25 euros por concepto de comidas). No comprobó 605.97 euros por concepto de “taxis y propinas”.
El informe del director general adjunto de Innovación y Buen Gobierno de la SFP indicó entonces que, como representante de México y delegado del comité, pudo “discutir y opinar sobre la integración del Programa de Trabajo 2007/2008 del CGP y proponer estrategias y líneas de acción” –no describe cuáles–. Sin explicar cómo lo logró, indica que se “aseguró la sincronía de las líneas y estrategias de la Agencia de Buen Gobierno en el programa de trabajo del comité”.
Del 16 al 20 de septiembre de 2006, meses antes de que concluyera la gestión de Vicente Fox, correspondió a Carlos Miguel Valdovinos Chávez, director general de Simplificación Regulatoria, ir a la Reunión Ordinaria del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE, en París. El aviso de comisión, con folio 46280, le dio viáticos por 2 mil euros, aunque el Anexo del finiquito de viáticos y pasajes describe que el funcionario recibió 1 mil 500 euros. Al término de su comisión, comprobó 831.40 euros, de los que 600.70 correspondieron a gastos de hotel. No comprobó 103.50 euros por concepto de “taxis y propinas”, y devolvió 565.10 euros.
En su informe, Valdovinos detalla su reunión con el embajador de México ante la OCDE y las reuniones del Comité de Trabajo sobre Administración Regulatoria y Reforma, donde revisó los documentos de estudio de Corea del Sur y de Suecia, países que “han logrado importantes avances en la mejora regulatoria hacia la ciudadanía”.
Un primer documento que rastrea el vínculo entre la OCDE y la SFP en los gobiernos de la alternancia política, es el Aviso de comisión, con fecha 24 de marzo de 2003, y que pareciera un error tipográfico ya que describe la comisión para Carlos Miguel Valdovinos Chávez, del 10 al 26 de abril de 2004, para asistir a reuniones de la OCDE en Alemania y Francia con el fin de “fortalecer la implementación de una nueva gestión pública en México”.
El largo periplo del funcionario fue por Lufthansa, vía México-Frankfurt, Frankfurt-París, París-Colonia, Munich-Frankfurt, y de ahí, su retorno a México. Valdovinos recibió 4 mil dólares por viáticos, de los que comprobó 1 mil 252.50 dólares (entre ellos, 905.45 dólares de hotel y 300.85 dólares por comidas) y dejó sin comprobar 1 mil 216.41 dólares, que comprenden 633 dólares por “taxis, internet, comidas, lavandería y propinas”. De los otros 1 mil 531 dólares no informó nada.
Funcionarios, responsables de crímenes contra periodistas: Cepet
Servidores públicos de los tres niveles de gobierno son los principales agresores a la libertad de prensa en México, señala un estudio del Centro de Periodismo y Ética Pública. El año que concluyó, entre los más aciagos para la prensa no sólo por el número de asesinatos (13), sino por los de amenazas, golpizas, detenciones ilegales y despojo de equipo. “El perfil de los agresores presenta una clara tendencia que apunta contra autoridades, sobre todo del ámbito municipal en el interior de la república”, advierte el Cepet.
El informe Situación de la libertad de expresión en México. Documento de trabajo 2009, elaborado por el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) señala que las agresiones, los crímenes y el hostigamiento contra periodistas son, en su mayoría, cometidos por funcionarios de los tres niveles de gobierno.
El documento del Cepet revela que “el perfil de los agresores presenta una clara tendencia que apunta contra autoridades, sobre todo del ámbito municipal en el interior de la república”.
En 2009 se registró un total de 140 hechos de violación a la libertad de expresión que involucraron, al menos, a 183 periodistas (13 de los cuales fueron asesinados) y 19 medios de información. También se registraron dos acciones generalizadas contra comunicadores. En uno de cada tres ataques, relata el documento, se encuentran involucrados elementos uniformados.
La impunidad
México ha sido considerado recientemente uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo: en 10 años, 60 reporteros han sido asesinados, y las autoridades actúan con demora y pasividad en la atención a las denuncias, lo que deriva en impunidad.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (Feadep), de la Procuraduría General de la República, continúa sin ofrecer resultados, avances concretos o datos de consignaciones sobre los casos de homicidio y desaparición forzada de periodistas, señala el informe del Cepet. Además, las sentencias contra presuntos asesinos exhiben anomalías procesales que presumen la fabricación de culpables.
Las autoridades imponen penas a individuos cuya responsabilidad es puesta en duda, tal como sucedió con Hiram Oliveros Ortiz, quien fue sentenciado el 3 de junio a 16 años de prisión por ser presuntamente copartícipe en el homicidio del director editorial del diario El mañana, de Nuevo Laredo, que junto con el supuesto asesino material, Mario Medina Vázquez, fue víctima de aislamiento y torturas para acusar a un tercero y declararse culpable.
LEER ARTICULO COMPLETO AQUI.
El informe Situación de la libertad de expresión en México. Documento de trabajo 2009, elaborado por el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) señala que las agresiones, los crímenes y el hostigamiento contra periodistas son, en su mayoría, cometidos por funcionarios de los tres niveles de gobierno.
El documento del Cepet revela que “el perfil de los agresores presenta una clara tendencia que apunta contra autoridades, sobre todo del ámbito municipal en el interior de la república”.
En 2009 se registró un total de 140 hechos de violación a la libertad de expresión que involucraron, al menos, a 183 periodistas (13 de los cuales fueron asesinados) y 19 medios de información. También se registraron dos acciones generalizadas contra comunicadores. En uno de cada tres ataques, relata el documento, se encuentran involucrados elementos uniformados.
La impunidad
México ha sido considerado recientemente uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo: en 10 años, 60 reporteros han sido asesinados, y las autoridades actúan con demora y pasividad en la atención a las denuncias, lo que deriva en impunidad.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (Feadep), de la Procuraduría General de la República, continúa sin ofrecer resultados, avances concretos o datos de consignaciones sobre los casos de homicidio y desaparición forzada de periodistas, señala el informe del Cepet. Además, las sentencias contra presuntos asesinos exhiben anomalías procesales que presumen la fabricación de culpables.
Las autoridades imponen penas a individuos cuya responsabilidad es puesta en duda, tal como sucedió con Hiram Oliveros Ortiz, quien fue sentenciado el 3 de junio a 16 años de prisión por ser presuntamente copartícipe en el homicidio del director editorial del diario El mañana, de Nuevo Laredo, que junto con el supuesto asesino material, Mario Medina Vázquez, fue víctima de aislamiento y torturas para acusar a un tercero y declararse culpable.
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