Devuélvanlos, y ya

Octavio Rodríguez Araujo

Hace cosa de un mes el gobierno de la República fue advertido por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) de que los sabotajes a instalaciones estratégicas continuarían si no son presentados con vida y liberados los activistas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Los órganos de inteligencia del gobierno federal, por lo visto, desestimaron esta advertencia y, peor aún, no tienen idea del significado del EPR ni de su potencial estratégico.

En la madrugada del 10 de septiembre fueron destruidos varios puntos de los ductos de Petróleos Mexicanos, ahora en Tlaxcala y en Veracruz, afectando a cientos de empresas (y sus trabajadores) en alrededor de diez estados. En tanto, el gobierno no ha dicho nada útil y atendible sobre los dirigentes reclamados por el EPR, supuestamente en manos militares que operaban en Oaxaca (donde fueron detenidos en calidad de civiles). Tampoco ha insinuado algún tipo de negociación con el grupo guerrillero sabiendo que es humanamente imposible vigilar más de 50 mil kilómetros de oleoductos y gasoductos en la república, por lo tanto, prevenir otros daños similares que pueda ocasionar esta u otra organización armada y clandestina.

Hasta ahora los sabotajes emprendidos por el EPR han respetado vidas humanas, diferenciándose de este modo de las organizaciones terroristas que han actuado y actúan en otros países. No sabemos qué pueda ocurrir en el futuro, pero sí que mientras el grupo guerrillero no había sido tocado no hubo acciones que afectaran la economía del país y que pusieran en evidencia la ineficacia del gobierno en este rubro. Ahora sí, y ésta es un arma de dos filos.

De un lado las acciones del EPR han demostrado ser efectivas, precisas y coordinadas en su lucha por recuperar a sus efectivos de mando, desaparecidos hasta el presente. Del otro lado, empero, si bien demuestran que el gobierno no ha sido capaz de evitar las acciones guerrilleras, también están propiciando la intromisión de especialistas extranjeros (de Estados Unidos), oficiales o mercenarios en un proyecto tipo Plan Colombia como bien ha denunciado Carlos Fazio en su artículo del 10 de septiembre, precisamente el día de los sabotajes eperristas, pero antes de que éstos fueran conocidos (pues obviamente el artículo de Carlos fue redactado, cuando más tarde, el domingo en la mañana).

Uno de los datos reveladores que da Fazio en su artículo es que el viernes 8 de septiembre de 2007 el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional denunció que la empresa Sycoleman Corporation, con sede en Arlington, Estados Unidos, “está contratando mercenarios de nacionalidad estadunidense para operar un centro de espionaje aéreo en Veracruz. El proyecto, auspiciado por el Pentágono, se inscribiría dentro del plan que en materia de seguridad vienen negociando en secreto Estados Unidos y México y contaría con el aval de Felipe Calderón” (¿En Veracruz? Curioso.).

De llevarse a cabo este proyecto, que claramente contaría con la simpatía de Calderón para suplir la incapacidad de su gabinete en materia de inteligencia policiaca y militar (Cisen, AFI, PFP, etcétera), nuestra categoría de nación soberana (formalmente) se vería degradada al nivel de esos países que vemos en las películas donde un comando de Rambos cambia el rumbo de la historia y salva al país para entregarlo al mundo de la democracia, la libertad y el cristianismo según es entendido por Estados Unidos.

No pienso que la estrategia del EPR sea correcta, por más que entienda que quiera presionar por recuperar a sus camaradas. Al afectar a las empresas lo hace también a los trabajadores y a sus familiares (creo que ya lo he mencionado), lesiona también la economía sin ningún beneficio para un proyecto, digamos, socialista (si acaso estuviera en la agenda nacional para el futuro inmediato) y, por si fuera poco, da argumentos al gobierno (por si hicieran falta) para que endurezca todavía más sus políticas de persecución de narcos, terroristas y dirigentes sociales (de una vez y en un solo paquete).

Hay indicios de retorno a los tiempos de la guerra sucia, cuando las cárceles estaban llenas de presos políticos y cuando las desapariciones forzosas eran comunes. No sorprendería a nadie que resurgiera la Brigada Blanca, de López Portillo, con éste u otro nombre, ni tampoco que de un día a otro nos enteráramos de que en México, y no en África, también tenemos perros de la guerra pagados por la CIA y el Pentágono con el dinero lavado del narcotráfico. ¿Tom Cruise salvándonos del comunismo en una versión IV de Misión Imposible? Toco madera, aunque no soy supersticioso.

Finalmente, la bola ya no está en la cancha del EPR, sino en la del gobierno. Fácil. Si tiene a los dirigentes de este grupo guerrillero, que se los devuelva, de todos modos no ha podido combatirlo ni, por lo visto, sabe dónde está ni cómo atacarlo, a pesar de que el grupo armado tiene, como EPR, más de 10 años de vida. Si le creemos a sus comunicados, las acciones de sabotaje serán suspendidas a partir de la liberación de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. ¿No es mejor para el país devolver a dos guerrilleros que revivir la vieja guerra sucia?

Si, por otro lado, le creemos a Calderón que su guerra es en contra del narcotráfico, que no la distraiga con la desaparición o el cautiverio de dos guerrilleros que no estaban actuando como tales, sino como civiles en contra de quien sí debería estar en la cárcel: Ulises Ruiz, sátrapa de Oaxaca para mayores señas.