La nueva crisis hipotecaria desde abajo

Víctor M. Quintana S.

A todo mundo asombró. Pocas veces en Ciudad Juárez se había visto un despliegue policiaco tan espectacular. Decenas de patrullas, comandos tipo swat, cuerpos de elite. A la cabeza, el mismo director operativo de la policía municipal. La colonia Real del Campanario fue puesta en estado de sitio hace dos semanas.

¿Un operativo para detener a las cabezas del cártel de Juárez? ¿Por fin se procedió a arrestar a quienes dirigen el sistema delictivo que hace posible el feminicidio? No. La ofensiva no era contra el crimen organizado, sino contra los vecinos organizados por El Barzón para reinstalar a una familia injustamente desalojada de su vivienda y evitar posteriores desalojos propiciados por la hipotecaria Su Casita y llevados a cabo con singular denuedo por la policía municipal de esta frontera.

Y es que en Juárez se está anunciando lo que pronto pasará en el país: una nueva crisis hipotecaria, peor aún que la de los 90. Entonces fueron los bancos quienes despojaron a casi un millón de familias de sus viviendas. Ahora son las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), las nuevas “sociedades financieras de objeto limitado” como Su Casita, Crédito y Casa, entre otras, quienes, con recursos públicos financian la construcción y adquisición de viviendas de interés social.

Las Sofoles son las instrumentadoras de la nueva política de vivienda de los gobiernos federal y estatal. Han recrudecido y empeorado las condiciones en que antes funcionaban los bancos. Entregan viviendas de espacio mínimo, incluso de menos de 40 metros cuadrados, con menos superficie de la pactada. La calidad de construcción y materiales es de lo peor. En muchos casos han utilizado agua tratada que luego propicia la proliferación de hongos en las paredes de las viviendas. No se compacta bien el terreno por lo que muchas casas se cuartean o se ladean una vez habitadas. El Ayuntamiento de Juárez, celosísimo de aplicar la ley en los desalojos es todo lo contrario para hacer cumplir los reglamentos de construcción.

Por otro lado, los usuarios, los prestatarios, tienen que firmar contratos donde renuncian a sus derechos civiles básicos: a llevar en instancias locales todo pleito jurídico relacionado con su hipoteca y aceptan que se realice en las sedes de las Sofoles, a cientos o miles de kilómetros de distancia de esta frontera. Una vez recibida su vivienda, renuncian a cualquier acción de reclamo por la calidad de la misma, a pesar de la enorme cantidad de vicios ocultos que luego brotan por doquier. Los intereses se multiplican, pues los prestatarios de hecho le pagan a la Sofol su tasa de ganancia y al gobierno federal, quien habilitó a la Sofol.

Así las cosas, las familias pobres, trabajadoras que quieren acceder a una vivienda modesta, tienen que adquirir una de estas infraviviendas y someterse a las condiciones leoninas de las Sofoles. Cuando reclaman, no hay instancia gubernamental que las escuche y les haga justicia. Cuando las demandan las hipotecarias, los gobiernos, en este caso, el presidente municipal de Ciudad Juárez es repentinamente poseído por un ventarrón de legalidad, se cierra a todo diálogo y deja caer sobre las familias todo el peso de sus policías, inútiles por otro lado para detener violadores, ladrones y puchadores. Ante esta situación cientos de familias han preferido abandonar su vivienda que seguir padeciendo el hostigamiento de hipotecarias, despachos de cobranza, actuarios y policías municipales.

¿Por qué tanta complacencia y apoyo a las Sofoles? ¿Se les están pagando facturas o se les quiere obligar a otorgar favores? ¿No fue público que los propietarios de varias de estas Sofoles contribuyeron con fuertes cantidades a la campaña de Felipe Calderón.? Ejemplo claro, la familia Coppel, de Sinaloa, cuyo principal negocio es la intermediación financiera a muy altos réditos, mediante sus tiendas departamentales o su hipotecaria. Entonces, para las ilusiones continuistas o escaladoras de funcionarios públicos es importante apoyarlas para luego cobrarles el favor al momento de lanzar su campaña para el siguiente puesto.

Las Sofoles son también magníficas ayudas para los afanes de presentar estadísticas apantalladoras de los gobiernos estatales en materia de vivienda. Gracias a las minicasas que se les autoriza construir y vender a precio de viviendas hechas y derechas, los mandatarios pueden presumir que rompen todos los récords en la materia. No importa que los nuevos inquilinos apenas quepan parados y sin moverse dentro de ellas. No importa que se esté precipitando al país en una nueva crisis hipotecaria para no quedarnos atrás de Estados Unidos. Una crisis hipotecaria que ya sufren duro los de abajo.

Esta es la política de vivienda realmente operante en México: la conducida por las ganancias de los ricos y por los intereses mezquinos de los políticos.