A 10 años de Acteal continúa la impunidad

Iñaki García*

Este 22 de diciembre próximo se cumplen 10 años de la masacre de Acteal, en la que murieron asesinados 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, a manos de paramilitares. Este hecho criminal ocurrió en un contexto de violencia social y política denunciado de forma exhaustiva sin que nada se hiciera por impedirlo. Como quedó sobradamente probado, la responsabilidad intitucional fue condición indispensable para que ocurriera. Sí tuvo sus costos políticos para el gobierno mexicano, debido a la gran respuesta nacional e internacional por la indignación que provocó la matanza de civiles desarmados. Con este hecho Ernesto Zedillo perdió la presidencia de la OMC, Emilio Chuayffet la Secretaría de Gobernación y Julio César Ruiz Ferro la gubernatura de Chiapas.

A la fecha han sido juzgados y condenados algunos de los autores de la masacre, pero no los responsables intelectuales. Diez años después las cosas no siguen igual, sino peor. El gran poeta chiapaneco Juan Bañuelos, persona de calidad humana intachable, definió el crimen como la crónica de una muerte anunciada.

Pocos días antes del 22 de diciembre, la Unión Europea hizo público un informe sobre la situación de los derechos humanos en México en el que afirmaba que la situación era positiva. Este informe fue condición indispensable para que se firmara el Acuerdo Preferencial de Libre Comercio entre México y la propia Unión Europea; eso sí, con una claúsula sobre derechos humanos que podía poner en cuestión dicho acuerdo. La sociedad civil internacional respondió creando la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que realizó su primera visita en febrero de 1998 para observar sobre el terreno la situación y realizar un informe basado en las entrevistas con todos los actores del conflicto.

El informe fue demoledor frente a la tesis institucional de conflicto intercomunitario y religioso: los hechos demostraban que la responsabilidad de la masacre recaía en un grupo paramilitar dotado de armas de alto poder, de uso exclusivo del ejército, amparado en la connivencia institucional tanto del PRI como del ejército y la policía, que afectaba a los diferentes niveles del Estado. De acuerdo con los datos y testimonios recabados por la CCIODH, hay responsabilidad municipal, estatal y federal en la existencia, entrenamiento y acción de los grupos paramilitares en Chenalhó que perpetraron la matanza.

La masacre de Acteal no solamente fue la excusa para castigar la resistencia de las comunidades indígenas rebeldes, sino que posibilitó la militarización del estado, justificada como garante de la paz ante el supuesto conflicto intracomunitario. Provocó la existencia de miles de desplazados internos por causa de la violencia paramilitar en la región, así como el desarrollo de lo que se vino a llamar guerra de baja intensidad del Estado en contra de las comunidades indígenas zapatistas.

Una ola de indignación recorrió el mundo; cientos de acciones y manifestaciones se realizaron en todo el planeta en solidaridad con los pueblos indígenas de Chiapas y con las víctimas de Acteal. José Saramago y Susan Sontag no tuvieron palabras para describir el dolor que encontraron en Acteal. Las instituciones internacionales se manifestaron en la exigencia de justicia y esclarecimiento de los hechos. El Parlamento Europeo y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos también lo hicieron, emplazando al gobierno mexicano a castigar el crimen y terminar con los ataques y hostigamientos contra las comunidades.

¿Cuál es el balance 10 años después? No se ha hecho justicia en Acteal, el conflicto de Chiapas sigue abierto y agravándose en los últimos tiempos por el resurgimiento de la actividad de los grupos paramilitares, que nunca han sido reconocidos como tales por el gobierno de México. La militarización se mantiene sin ninguna excusa que la justifique y las causas sociales, culturales y políticas que provocaron el conflicto siguen sin ser resueltas.

Recordar Acteal es evocar El Bosque, Aguas Blancas, El Charco, Atenco y Oaxaca. En todos ellos la misma respuesta represiva del gobierno ante los conflictos sociales no resueltos. Son intentos oficiales por desmantelar la protesta social por medio de la fuerza. El fracaso es evidente. Insistir en estas respuestas no hace sino violentar los derechos humanos de las personas y los pueblos, acrecentar la violencia y cerrar el paso a realizar cambios profundos en el camino hacia una mayor justicia y libertad.

La impunidad en la que se mueven los responsables de estos delitos, no sólo en México, sino en tantos lugares del mundo, se confronta con los deseos de muchas personas que no cejarán en su demanda de justicia. La Columna de la Infamia, presente en Acteal, es un símbolo de la indignación que aún se recuerda y está presente para que nunca más ocurran.

Seguiremos vigilantes para dar respuesta a la vigencia de los derechos humanos, acompañando el dolor de las víctimas y atentos a lo que viene para conseguir lo que ya entonces fue dicho: una paz con justicia y dignidad.

* Miembro de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos