¿Acuerdos de ocasión o de largo alcance?

Gustavo Gordillo

Rompiendo la parálisis. La más reciente reforma electoral aun con las carencias que se han señalado, sobre todo en el ámbito de la regulación a los partidos políticos, es muy importante porque comienza lo que podría ser un proceso largo y tormentoso de re-equilibrio entre los poderes existentes en México y entre éstos y los ciudadanos. El problema central al que se enfrentan todas las fuerzas políticas con la alternancia en 2000 y más aún en 2006 –por la ineptitud del gobierno de Fox– es cómo gobernar la pluralidad. Cómo construir una nueva coalición gobernante capaz de conducir un proceso de refundación institucional que tendría que ser ampliamente inclusiva. Desde 1997 las principales fuerzas políticas que se expresan a través del PAN, PRD y PRI se han mantenido en un equilibrio catastrófico que ha paralizado áreas completas de la acción pública en ámbitos de la economía y de la política. Así es que la doble pregunta que surge es: ¿por qué se logra finalmente desatar ese nudo de vetos cruzados?, y segundo, ¿qué tanto esta iniciativa conjunta abre la puerta para más profundos acuerdos?

El poder del todos pierden. Quisiera creer que la razón por la cual se logra construir este complejo y riesgoso acuerdo que cristaliza en la reforma electoral es porque las principales fuerzas políticas finalmente se han dado cuenta que no hay posibilidad alguna en el futuro próximo de que una de ellas por sí sola emerja como triunfadora. La ausencia de un ganador absoluto y el reconocimiento de ese hecho pudo haber sido el factor principal que impulsó este acuerdo. Después también debió de contar la escasa popularidad de los partidos y del Congreso en todas las encuestas de opinión, fuertemente influidas por la campaña sistemática de desprestigio desde muchos medios televisivos y radiofónicos. Finalmente las disputas internas en los tres partidos principales fue un poderoso incentivo para que las corrientes predominantemente representadas en el Poder Legislativo jugaran una carta que podría reforzarlos internamente. Todas estas razones sumadas constituyeron el mayor incentivo para enfrentar los riesgos de una reforma que se confrontó con muy poderosos actores políticos, el duopolio televisivo y el conjunto radiofónico.

La pérdida del poder. Pero esto no sería posible si en el trasfondo no hubiera un poder presidencial desarticulado y un régimen político debilitado adicionalmente, por la sombra de dudas sobre su legitimidad. La segunda pregunta entonces cobra relevancia. ¿Es este un acto aislado producto de una coyuntura, o es el inicio de un proceso donde las fuerzas principales comienzan a construir una larga y complicada plataforma de acuerdos básicos a partir de los cuales se desplieguen distintas opciones para gobernar la pluralidad y enfrentar los principales problemas que aquejan al país? La respuesta se irá perfilando poco a poco en el mismo ámbito electoral. La modificación de las leyes secundarias servirá para medir qué tan fuerte es este compromiso inicial. Dos temas parecen claves. La relección de diputados y la participación ciudadana a través del plebiscito, el refrendo y la consulta.

Qué lata cuando no hay fórmulas mágicas. Lo único que nos dicen todas las experiencias internacionales al respecto es una obviedad: no existen fórmulas mágicas que resuelvan ni la mayor participación ciudadana ni la mayor transparencia política. La re-lección debilita a las direcciones de los partidos o los pulveriza en algunos países, pero en otros al contrario los fortalece. La fórmula híbrida que se ha propuesto desde hace algún tiempo –relección de los diputados uninominales, pero no de los diputados y senadores de lista– puede ir en ambos sentidos. Creer que la relección va a resolver el tema de la fiscalización ciudadana sobre la clase política es verdaderamente ingenuo. El incumbency en muchas ocasiones fortalece cacicazgos regionales y parlamentarios como se ha visto hasta la saciedad. No deja de ser sorprendente que el tema de la relección se maneje como contrapeso a los partidos políticos. ¿Frente a la partidocracia, re-elección? La democracia no puede existir sin la presencia protagonista de los partidos políticos. ¿O será que los mismos que gritan contra el populismo buscan realmente alguna forma de democracia plebiscitaria?

La participación ciudadana. Esto me lleva al segundo tema a partir de la aguda observación que el Instituto de Investigaciones Jurídicas hizo a la comisión de reforma del Estado del Senado: “los instrumentos de la democracia directa pueden facilitar a los poderes fácticos… (también) pueden servir al jefe del Ejecutivo federal o de los estados para evadir el control del Poder Legislativo” (La Jornada, 25/09/07). Pues si pueden ser todo esto, o también pueden ser factor importante en la consolidación democrática y en un adecuado contrapeso al Poder Legislativo y Ejecutivo. Estos diseños institucionales tienen efectos distintos dependiendo de varios factores, uno de los cuales, que es decisivo, es la calidad de los actores políticos. Por eso pienso que el tema que definirá la magnitud y amplitud de la disposición a construir acuerdos de largo alcance tiene que ver con la regulación de los partidos políticos: cómo se forman, cómo se registran, cómo participan en las elecciones, cuáles son los derechos y deberes de dirigentes y militantes, quién tutela esos derechos.

Excluyocracia. Las opciones extremas son claras. O se establece un acuerdo excluyente a favor de las tres fuerzas principales, o se reconoce que la política se produce como bien público no sólo en los partidos, sino también en otras formas de asociación ciudadana y se abre paso a su fomento. No se trata de sustituir el papel de los partidos políticos con ONG que funcionan como si fueran partidos, sino de reconocer que las asociaciones ciudadanas contribuyen al fortalecimiento de la democracia. Pero esto será motivo de mi siguiente artículo.