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Sumario:
I. Propone Rosario Ibarra elevar a nivel constitucional el reconocimiento, protección, defensa e impulso de los derechos humanos, así como desaparecer el fuero de guerra.
II. Cese a los desalojos y a los ataques a comunidades zapatistas de Montes Azules, demanda el diputado electricista José Antonio Almazán.
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PROPONE ROSARIO IBARRA ELEVAR AL NIVEL CONSTITUCIONAL EL RECONOCIMIENTO, PROTECCIÓN, DEFENSA E IMPULSO DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DESAPARECER EL FUERO DE GUERRA
El día de ayer, la senadora de la República Rosario Ibarra de Piedra presentó en el Senado una iniciativa de ley sobre Derechos Humanos que tiene como fin una reforma de fondo a distintos artículos y títulos de la Constitución para que la máxima legislación de la nación ampare efectivamente a la ciudadanía en esta materia y, sobre todo, para poder hacer frente a la creciente violación de derechos humanos en México y a la irresponsable actitud de negligencia y desinterés que al respecto ha mostrado el gobierno de facto de Felipe Calderón.
El siguiente es el discurso que con dicho motivo pronunció la luchadora social en la tribuna parlamentaria. El texto completo de la exposición de motivos y de la iniciativa de reformas a la legislación puede leerse en:
Señoras y señores senadores:
Vivimos un momento crítico que exige grandes cambios para ser superado. La necesidad de estos cambios profundos en todos los órdenes de la sociedad enfrenta, al mismo tiempo, grandes resistencias autoritarias y la inercia de un viejo sistema y sus instituciones. La transformación de las instituciones solamente se logrará con el crecimiento de la participación directa de la sociedad en la lucha y la movilización políticas. Los pactos y negociaciones desde el poder y con el poder estarán siempre limitados si no se apoyan en la movilización y exigencia sociales.
Uno de los cambios que consideramos esencial, incluso para crear mejores condiciones para el reclamo de mayores y profundos cambios, es elevar al nivel constitucional, en forma explícita, el reconocimiento y por tanto protección, defensa e impulso de los derechos humanos. Desde hace meses hemos venido trabajando una propuesta en este sentido en consulta, discusión y estudio en foros públicos, con los asesores y senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, con la correspondiente de la Cámara de Diputados, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, con académicos y ONG interesadas en la defensa de los derechos humanos. Señal de la necesidad de abordar el tema con una reforma constitucional lo son también las varias iniciativas presentadas por legisladores de ésta y de la anterior Legislatura.
Como parte de la crisis política y la necesidad de resolverla, se ha abierto el proceso para lo que se pretende sea una reforma del Estado. Se ha incorporado a esta discusión el tema de los derechos humanos y sabemos que se piensa rápidamente presentar propuestas y una iniciativa de reforma constitucional sobre algunos aspectos.
Es por lo anterior, por la presión de los tiempos políticos de nuevas negociaciones y acuerdos políticos, que me he permitido presentar a esta Soberanía esta iniciativa de Reforma Constitucional sobre derechos humanos. Si se ha abierto la puerta para un debate de esta naturaleza, no me parece justo dejar fuera el esfuerzo previo de consulta, reflexión y propuestas que hemos escuchado y conocido en estos meses. Ante la inminencia de una reforma en este terreno, es que me he permitido recoger muchas de las propuestas presentadas en la intención de una reforma integral sobre los derechos humanos y someterlas directamente a esta Soberanía como una iniciativa de reforma constitucional sobre los temas que me parecen indispensables.
Es una iniciativa que propone reformar desde el artículo primero y la denominación del primer capítulo constitucional para sustituir el concepto, heredado desde la Constitución de 1857, de “garantías individuales” por el de “derechos humanos”. La iniciativa también señala que las normas protectoras de las personas contenidas en los tratados internacionales tendrán jerarquía constitucional y prevalecerán sobre el derecho interno en la medida en que confieran una mayor protección a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos humanos. Se busca realizar de manera plena los derechos humanos, no sólo los que establezca la Constitución, sino incluso los que se reconozcan y establezcan en los tratados internacionales signados por el Estado mexicano.
Por la necesaria brevedad de esta intervención, no menciono el resto de propuestas que incluye la iniciativa para lo que remito a la exposición de motivos de la misma.
Solamente debo mencionar otra reforma que propongo y que por error fue omitida de la versión entregada ayer tal como se publica hoy en la gaceta parlamentaria que tienen en sus manos, pero que incluyo ahora pidiendo se adicione a la versión final de la iniciativa. Me refiero a la propuesta de suprimir el fuero de guerra, el cual, bajo su actual estructuración, ha permitido que cualquier delito que pueda definir la legislación común se convierta en militar por el hecho de haber sido cometido por un miembro de las fuerzas armadas, permitiendo que el fuero de guerra se convierta en una privilegio y en un sistema punitivo parcial, en detrimento de la igualdad ante la ley y del principio de división de poderes que establece que las penas sólo las puede imponer el juez ordinario, según el artículo 21 constitucional.
Así como con la sustitución del concepto de garantías individuales por el de derechos humanos proponemos superar la herencia de la Constitución de 1857, también completamos la decisión recogida en aquella Constitución de suprimir los fueros de la Iglesia pero haber mantenido el fuero militar. No hay tiempo para referirme a las conocidas experiencias de impunidad que están protegidas por este concepto.
Con la propuesta que presento hoy de reforma constitucional, reconozco que se daría un primer paso en la defensa y respeto a los derechos humanos. Otros pasos son inmediatamente necesarios, también en el terreno legislativo, y deberán someterse pronto a la consideración de esta Soberanía. En primer lugar, la aprobación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La necesidad de una ley precisamente contra la Desaparición Forzada de Personas cuyo dictamen acordamos recientemente en Comisiones Unidas posponer para dar más tiempo a consultas y discusiones. La reforma a la ley sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la otra institución que a mi juicio está igualmente en crisis de credibilidad como en otro nivel lo comprobamos en cuanto al Instituto Federal Electoral.
Finalmente, pensamos que igualmente se va imponiendo la necesidad de una Ley de Amnistía que haga frente al saldo terrible que va dejando el curso autoritario, represivo y de militarización que sufrimos en la actualidad. En la asamblea constitutiva del Frente Nacional Contra la Represión celebrada el pasado 2 de octubre, se dieron datos que sostienen que hay en la actualidad más presos políticos que en el año de 1969, es decir, en plena euforia represiva del diazordacismo, además del regreso de los métodos generalizados por Echeverría de la práctica de la desaparición forzada de militantes de oposición política. Probablemente la solución a estos casos de represión y violaciones a derechos humanos no puede tener otra vía que la aprobación de una nueva ley de amnistía.
Serían estos pasos complementarios indispensables para la reforma constitucional sobre derechos humanos.
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CESE A LOS DESALOJOS Y A LOS ATAQUES A COMUNIDADES ZAPATISTAS DE MONTES AZULES, DEMANDA EL DIPUTADO ELECTRICISTA JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN
La voz solidaria de los trabajadores electricistas con las comunidades indígenas zapatistas se escuchó el pasado martes en la tribuna parlamentaria, a través del diputado José Antonio Almazán, quien presentó al Poder Legislativo una propuesta de punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de la Reforma Agraria, de Seguridad Pública, y de la Defensa Nacional, así como al gobernador de Chiapas, a cesar los despojos y ataques contra comunidades zapatistas de Montes Azules. El siguiente es el texto que el diputado representante del Sindicato Mexicano de Electricistas presentó, en el que se hace un recorrido por el clima de hostigamiento que los últimos meses gobiernos federal y estatal han impuesto a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la citada zona del territorio chiapaneco.
El suscrito José Antonio Almazán González, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de la Reforma Agraria, al secretario de Seguridad Pública federal, al secretario de la Defensa Nacional y al gobernador del estado de Chiapas, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, cesen los desalojos y ataques a comunidades zapatistas de Montes Azules y que respeten cabalmente el ejercicio de la autonomía consagrada en la Carta Magna a los pueblos y comunidades indígenas
Consideraciones
1. Durante las últimas semanas diversos medios de comunicación, nacionales e internacionales, informan que se han intensificado los desalojos y ataques a comunidades zapatistas cometidos por presuntas bandas paramilitares apoyadas por los gobiernos estatal y federal.
2. El lunes 24 de septiembre se informó que “fueron liberados Mario López Gómez, Feliciano López Hernández, Tomás y Juan Gómez López, indígenas que estuvieron presos en el Cereso 14, El Amate, de Cintalapa, Chiapas, acusados por la Fiscalía General del estado de daño en propiedad ajena, atentados contra la ecología del estado, despojo, asociación delictuosa y portación de armas de fuego, luego del violento desalojo que el 18 de agosto sufrieron los habitantes de Montes Azules, de las comunidades de Buen Samaritano y Nuevo San Manuel, quienes primero fueron trasladados en helicópteros a La Trinitaria , donde mujeres y niños fueron abandonados en un ex prostíbulo, en condiciones insalubres”.
3. “Estos despojos, de las tierras ocupadas desde 1994, y las detenciones ilegales y arbitrarias realizados por las autoridades carecen de sustento jurídico y contravienen las disposiciones del artículo segundo de la Constitución Federal , que expresamente reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas y “garantiza su derecho a la libre determinación y a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.”
4. Asimismo, en la fracción V del artículo 2º, garantiza su derecho a “conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución”.También se garantizan a las comunidades indígenas “el uso y disfrute de manera preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan”. La posesión que las comunidades indígenas zapatistas tienen de sus tierras es legítima y es legal, por lo que los burócratas que están actuando en contra de estas comunidades incurren en la violación flagrante a estas disposiciones constitucionales.
5. Después de la desafortunada aprobación de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena en abril de 2001, se abrió un lamentable impasse, dejando a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) como una figura decorativa que no tiene ni oficina ni presupuesto ni capacidad de continuar las pláticas para la solución del conflicto. Independientemente de la necesidad de abrir un debate para reactivar las labores de esta comisión y de sentar las bases para una solución definitiva de este problema, es necesario que estas provocaciones cesen inmediatamente, a fin de crear un mejor clima para la continuación del diálogo y la solución de este añejo conflicto.
Por todo lo expuesto y fundado someto a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el carácter de urgente y obvia resolución, en los siguientes términos:
Único. Que ésta Cámara de Diputados exhorte al secretario de la Reforma Agraria , al secretario de Seguridad Pública Federal, al secretario de la Defensa Nacional y al gobernador del estado de Chiapas, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, cesen los desalojos y ataques a comunidades zapatistas de Montes Azules y que respeten cabalmente el ejercicio de la autonomía consagrada en la Carta Magna a los pueblos y comunidades indígenas
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2007.
Diputado José Antonio Almazán González (rúbrica)
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