Moralizar y vender

Gabriela Rodríguez

Ahora que se discuten en el Congreso los cambios a la ley de medios, qué tal si le tomaran la palabra al secretario de Gobernación en su llamado a que “los concesionarios de radio y televisión se comprometan a mejorar los contenidos de su programación y a privilegiar la calidad por encima de los intereses económicos con el propósito de que los ciudadanos estén mejor informados y sean más participativos”.

El exhorto parece el sueño de una mexicana. Cómo desconocer que lo que menos interesa a los dueños de los medios es el servicio educativo y el derecho a la información, y que atrás de los mensajes que salen a la luz pública en los medios electrónicos de comunicación se dan negociaciones en lo oscurito, ya que ahí donde los reflectores no apuntan se hacen acuerdos sombríos que buscan concentrar el capital e imponer candidatos, determinar lo que se difunde y cómo será difundido, pero sobre todo, lo que no se dice, la censura.

Uno de los factores que han contribuido a la situación tan lamentable en que se encuentra la televisión se explica por la influencia de la asociación A Favor de lo Mejor en los Medios, fundada en 1996 con la alianza de empresarios, jerarcas eclesiales del Opus Dei, Legionarios de Cristo, líderes del Partido Acción Nacional y de organizaciones civiles católicas (Unión Nacional de Padres de Familia, la Asociación Nacional Cívica Femenina, Red Familia, Comité Nacional Provida), cuyo antecedente es la llamada Alianza Fuerza Opinión, de la cual recordamos una marcha de Televisa al Zócalo con pancartas que denunciaban la influencia nociva de los medios, el desorden sexual y el deterioro de valores familiares, sus movilizaciones en contra de los reality shows, como el de Cristina, y de las escenas eróticas en telenovelas, además de su intento por boicotear el concierto de Madonna en México hace algunos años. Son los que lograron un exitoso boicot comercial contra Canal 40 luego que dio voz a los sacerdotes víctimas del abuso sexual del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, antes de que el papa Benedicto XVI reconociera su culpabilidad.

La falta de convicción ética de estos grupos y el uso de la moralina con intereses políticos son tan obvias que confunden al victimario con la víctima: hoy les preocupa más que un grupo en resistencia reclame al cardenal Norberto Rivera –dentro y fuera de la catedral– por qué no ha probado su inocencia respecto de la acusación que pesa sobre él de encubridor del cura pederasta Nicolás Aguilar, que sumarse al reclamo de justicia de cientos de niños víctimas de abuso sexual. Tampoco reprochan el encubrimiento que el también arzobispo de la ciudad de México hizo durante años del pederasta Marcial Maciel, inventando que se trataba de una campaña de desprestigio contra la Iglesia católica. Por el contrario, al propio cardenal y a uno de los más activos miembros de esos grupos, Jorge Serrano Limón, no les parece grave el abuso sexual, pero sí consideran ofensivas las manifestaciones contra la pederastia y juzgan como carnicería el derecho a la interrupción legal del embarazo que garantiza el Gobierno del Distrito Federal. Y es que los miembros de esta elite ultraconservadora han sido muy activos en la campaña contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en la reciente lucha contra la distribución de los libros de educación sexual de la SEP y, por supuesto, en las campañas del PAN en 2006.

Dado que 98 por ciento de los jóvenes mexicanos cuentan con una televisión en casa, la estrategia de esos grupos les ha permitido controlar los mensajes al formar consejos de autorregulación dentro de las televisoras y es muy probable que estén a favor de la agenda legislativa que empujan hoy los abogados católicos de la Arquidiócesis de México. Esas iniciativas pretenden cambiar la Constitución para retroceder a lo que ellos llaman “libertad religiosa”, esto es, que se dé espacio a la Iglesia en los medios, se enseñe nuevamente religión en las escuelas y se permita a los ministros religiosos participar en política. Intentan regresar al Estado confesional que quedó superado hace 150 años con la reforma juarista, lo que actualmente constituye una amenaza real, porque el debilitamiento de la laicidad es una tendencia global, con influencia específica de Estados Unidos, donde la recuperación de lo religioso en la política y el “pánico a la inmoralidad del aborto, a las uniones de homosexuales y al divorcio” ha sido crucial en el triunfo y la relección de presidentes republicanos en las campañas electorales.

Se movilizan por el miedo a que los medios y la información lleven a despertar conciencias. Tal vez ni nos vamos a enterar de los acuerdos a que se llegue en la ley de medios ni en la reforma constitucional, porque las negociaciones ocurren en la sombras, porque los estados necesitan la legitimación de la Iglesia y se han convertido en administradores de las trasnacionales, las que tienen bien claro que lo que reditúa hoy es moralizar y vender.

Uno de los problemas de fondo, amén de todo lo que se señala, que impide a “los concesionarios de radio y televisión se comprometan a mejorar los contenidos de su programación y a privilegiar la calidad por encima de los intereses económicos con el propósito de que los ciudadanos estén mejor informados y sean más participativos”, es que quienes están a cargo de los contenidos de los programas, el diseño y el marcos conceptuales, carecen de todo lo que hace falta para mejorar su calidad, son ignorantes, frívolos y muy poco talentosos, aunque quisieran no podrían, así que ni como hacerle.