El espejo colombiano

Carlos Fazio

Una serie de hechos en apariencia inconexos parecen confirmar la tendencia de que el régimen calderonista marcha hacia la formación de un Estado autoritario de nuevo tipo, asentado en el poder de las armas y bajo la tutela de Estados Unidos. En Villahermosa, Tabasco, durante una reunión con los nueve gobernadores del sur-sureste de México, Felipe Calderón dijo que dará un “impulso renovado” al Plan Puebla-Panamá (PPP), al que pidió convertir en un “proyecto de desarrollo integral de Mesoamérica”. Sin embargo, igual que ocurrió con la militarización del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, vía la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), puso énfasis en el reforzamiento de la frontera sur ante el “desvanecimiento” de la capacidad de la autoridad para controlarla. El reforzamiento de la seguridad en esa zona tiene clara connotación espacial: la disputa por el territorio.

El nuevo impulso al PPP con su énfasis policiaco-militar coincide con “Regreso a Acteal” del propagandista Héctor Aguilar Camín, en un vano ejercicio de falsificación histórica, y la reactivación del paramilitarismo en los Montes Azules, Chiapas, donde se han incrementado las acciones de hostigamiento contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Pero el resurgimiento de la “contrainsurgencia intelectual” (Gilberto López y Rivas dixit) no sólo estaría dirigido a “blanquear” el crimen de Estado cometido en Acteal durante el régimen de Zedillo, sino que podría ser el comienzo de una nueva acción propagandística contra el EZLN, que prepare el camino para acciones de fuerza del Ejército y las policías militarizadas con vistas a la recuperación y ocupación territorial de la zona del PPP más apetecida por las compañías trasnacionales.

El punto se empata, en la coyuntura, con la cada vez más evidente adopción del “modelo colombiano” de lucha contrainsurgente en nuestro país, y la pronta sanción de un millonario paquete de asistencia militar estadunidense, conocido como Plan México, que además de profundizar la dependencia armamentista, vía la adquisición de sofisticado material bélico, asesorías y entrenamiento, dará pie a una mercenarización y paramilitarización de los conflictos internos.

Cabe recordar que antes de asumir de manera ilegal y furtiva en Los Pinos, rodeado de militares, Calderón realizó un viaje a Bogotá en noviembre de 2006 para conocer la estrategia del Plan Colombia. El nuevo papel de las fuerzas armadas mexicanas fue evidente desde el primer minuto de su administración. Una mayor militarización de la “guerra” contra el crimen organizado y la extradición de narcotraficantes arrojaron señales sobre un incipiente proceso de “colombianización” en México.

A mediados de enero, en declaraciones periodísticas, el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, elogió la nueva política de “recuperación de territorios” de Calderón, que, según dijo, se derivaba de la adopción del “programa” del presidente Álvaro Uribe. Para entonces, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, se había convertido en el eslabón clave dentro del gabinete de Seguridad Nacional de Calderón para el aterrizaje de la variable mexicana del Plan Colombia auspiciado por Washington.

Fogueado en los sótanos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y señalado como uno de los responsables intelectuales de las muertes, torturas y violaciones en Sicartsa, Atenco y Oaxaca, desde su cargo como secretario de Seguridad Pública federal, Medina Mora ha sido uno de los principales negociadores del paquete de “ayuda” militar de Estados Unidos y contraparte privilegiada del círculo íntimo de Álvaro Uribe.

El mandatario colombiano está implicado de manera directa en el escandaloso proceso de la narcoparapolítica, que envuelve en colusión mafiosa a latifundistas, empresarios, gobernadores, alcaldes, legisladores, políticos, narcotraficantes y paramilitares de ese país sudamericano.

Según Virginia Vallejo, ex amante de Pablo Escobar, el “narcoestado” soñado por el ex capo del cártel de Medellín “tiene hoy más vigencia que nunca en Colombia”. En un libro publicado en Estados Unidos, donde espera obtener asilo político, Vallejo afirma que Escobar “idolatraba” a Uribe, ya que cuando se desempeñó como director de la Aeronáutica Civil, antes de ser gobernador de Antioquia, el ahora presidente “concedió docenas de licencias para pistas de aterrizaje y centenares para los aviones y helicópteros sobre los que se construyó toda la infraestructura del narcotráfico”.

En particular, son públicos los nexos del procurador Medina Mora con el vicepresidente Francisco Santos, señalado por haber solicitado formar un bloque paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia para que operara en Bogotá, hace unos años, y difusor de la teoría sobre la ruptura del paradigma de la “soberanía tradicional” vía el Plan Colombia, que vendió a México como panacea.

Otro de los socios del titular de la PGR es el fiscal general Mario Iguarán, quien a comienzos de octubre reveló que con “autorización” del régimen de Calderón operan en México “agentes encubiertos” colombianos. En ese contexto, y avalado por el embajador de Colombia, Luis Camilo Osorio, también vinculado con el proceso de la narcoparapolítica, Medina Mora adoptó la versión uribista sobre los presuntos nexos de la guerrilla de las FARC con cárteles de las drogas mexicanos, y califica de terrorista a ese movimiento de liberación nacional. Lo cual refuerza la idea sobre el narcoterrorismo que quieren implantar en México.

Sin duda, el ASPAN, el PPP y el Plan México forman un coctel explosivo, y en el contexto de la profundización de un Estado de tipo delincuencial y mafioso más valdría mirarnos en el espejo colombiano.