En riesgo de ser desechados, 100 mil amparos contra la Ley del ISSSTE

La dirección del instituto niega constancias a empleados para que ejerzan su derecho

Abogado pide a afiliados exigir a la dependencia documentos y luego acudir al juzgado

Alfredo Méndez

Cerca de 100 mil juicios de amparo iniciados contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) están en riesgo de ser desechados porque los trabajadores no han podido acreditar su “interés jurídico”, ya que el organismo que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares se está negando a expedir a los abogados de los inconformes las constancias laborales y actas de vigencia que demuestren que los burócratas trabajan en dependencias públicas, informó a La Jornada Eduardo Miranda Esquivel, representante legal de cientos de quejosos.

El también presidente la Unión de Juristas de México agregó que ante “el riesgo inminente” de que miles de demandas sean sobreseídas, luego de que la Dirección Jurídica del propio ISSSTE solicitó que se desechen los juicios de los trabajadores que no puedan acreditar su interés jurídico, se pidió ayer al juez responsable de estudiar las demandas contra dicha ley que exija a Yunes Linares expedir las constancias correspondientes para que los burócratas inconformes puedan hacer uso de su legítimo derecho al amparo.

Hasta el momento “se han resuelto 20 juicios de amparo, de los cuales siete fueron en el sentido de que se sobreseen por un lado y por el otro nos amparan para el efecto de que se declaren inconstitucionales los artículos 20 y 25 del ordenamiento. Los 13 juicios restantes se desechan por falta de interés jurídico porque no presentaron documentos originales ni constancias que acrediten su calidad de quejosos”.

Constancias laborales

En semanas anteriores la Unión de Juristas de México hizo los trámites ante la dirección del ISSSTE para que les informara sobre la vigencia de cerca de 100 mil trabajadores que representa legalmente la agrupación y se les expidieran las constancias laborales de sus defendidos.

Sin embargo, indicó Miranda Esquivel, “la respuesta del ISSSTE fue rechazar nuestra petición; se nos informó que no puede el organismo dar esa información; pero no sólo eso: resulta que el propio jurídico del ISSSTE está pidiendo al juez que sobresea los juicios de amparo de más de 100 mil trabajadores que no han podido acreditar su interés jurídico.

“En respuesta a este acto arbitrario de la autoridad estamos pidiendo a todos los trabajadores que vayan al ISSSTE a exigir sus documentos originales para que los presenten de inmediato al juzgado auxiliar encargado de resolver los amparos.

“Además, hoy (ayer) iniciamos afuera de las instalaciones del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro un plantón indefinido junto con profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para demandar imparcialidad al juez y exigir el desahogo de juicios equitativos”, puntualizó el litigante.

Eduardo Miranda Esquivel indicó que a partir de enero de 2008 la mayoría de los trabajadores inconformes volverán a interponer demandas de amparo. Las nuevas demandas de garantías buscarán impugnar los primeros actos de aplicación de la nueva Ley del ISSSTE, como son el descuento de las cuotas mensuales de los trabajadores, la elección del denominado bono-ISSSTE, así como las transferencias de los fondos de los burócratas del SAR y del Fovissste a otro fondo.

El litigante precisó que “estas medidas tendrán aplicación a partir del 1º de enero y afectan a cada uno de los trabajadores. Hay que recordar que la nueva ley afecta por igual a los viejos como a los nuevos trabajadores.

“A los nuevos porque entrarían a laborar en condiciones menores respecto de los trabajadores anteriores, y eso generará un régimen de discriminación.

“A los anteriores trabajadores les afecta también, pues les quita el derecho de jubilación y todas las prestaciones a las que tenían acceso. Quienes no estén en tiempo de jubilarse tendrían que trabajar al menos otros 10 años. Van perder hasta 80 por ciento del monto de su pensión jubilatoria. La ley sólo protegió a quienes ya habían cubierto 28 o 30 años de servicio, no a los que tenían menos de 27 años de trabajo”, indicó el jurista.