Regresemos a Acteal

Magdalena Gómez

Ahora que están de moda los comodatos, nos encontramos con otro en el plano intelectual y político. Me refiero al texto que publicó Héctor Aguilar Camín (HAC) en su primera parte, relativo al caso Acteal (Nexos, octubre 2007).

En su presentación la revista habla de “la seriedad del periodista que antepone la investigación de los hechos a las teorías, los datos a los dichos y la cosa tal cual a las ideas previas”. Buscamos evidencias de tales virtudes y nos encontramos con una selección de “préstamos”: del Libro Blanco de la Procuraduría General de la República (PGR); del libro de Gustavo Hirales Camino a Acteal; de los informes del Centro Fray Bartolomé de las Casas, de un Sistema de Información Campesino y hasta del calendario de los santorales. Y lo más importante, sus ideas previas: “La cuenta de los actos violentos denunciados en esos meses ha sido hecha por los autores de Acteal: la otra injusticia, manuscrito en preparación de Eric Hugo Flores cuyos descubrimientos respecto a lo que sucedió realmente el veintidós de diciembre en Acteal es el origen de esta crónica” (p. 58).

Por otra parte, tenemos a la vista el artículo que publicó Ricardo Raphael (El Universal, 22/12/06) sobre la misma investigación cuyos autores, al revisar expedientes del caso Acteal, habrían “descubierto” unos testimonios que acreditarían que no se trató de una masacre, sino de “una batalla entre dos bandos: los zapatistas que pasaban por Acteal y los no zapatistas que venían persiguiéndoles para cobrarse otras muertes que, de su lado, ocurrieran poco tiempo antes. Así, desafortunadamente las 45 víctimas habrían encontrado la muerte cuando quedaron en medio de un fuego cruzado entre dos grupos rivales”. Y Ricardo Raphael aporta su conclusión: “Si esta versión de los hechos es cierta, tal cosa querría decir que, una vez sucedidos los hechos de sangre, alguien recogió los desperdigados cuerpos de las víctimas para fabricar una escena diferente del crimen”. De ese dantesco tamaño es “el origen de esta crónica” que refiere HAC.

Ya veremos en qué basa sus “descubrimientos” el abogado Flores, político y evangélico, más allá de los afanes y disputas ideológicas de sus cronistas. Obviamente no estamos ante un simple caso penal ordinario: en Acteal se cometió un crimen de lesa humanidad y se hizo en el contexto del desarrollo de un conflicto que estaba regido por una ley: la del Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas y con instancias oficiales, federales, de diálogo y negociación que habían llevado esa vía al deterioro y estancamiento, mientras se organizaban “los cuerpos de autodefensa” que menciona HAC sin el crédito a sus impulsores.

El conjunto de citas que integran el texto de HAC ya anuncia su camino. Se nos describe una situación de conflicto “intracomunitario”, tesis de la PGR, que no aclara por qué las autoridades estatales, que fueron enteradas oportunamente de la tensión y riesgo en Acteal, no intervinieron. ¿Por qué no lo hicieron las fuerzas de seguridad que se encontraban a 200 metros del lugar? Estas preguntas están sustentadas en los informes del Fray Bartolomé, de los cuales HAC entresaca párrafos que le den sustento a su trama y omite los que le cambien de pista. En su relato, el gobierno federal está ausente, sus operadores estatales y locales también, el ejército por supuesto.

Cuando se describe la situación en Chenalhó pareciera que la historia en Chiapas empezó en 1994, nada se dice de los saldos de cacicazgos príistas, de las confrontaciones por supuestos motivos religiosos. ¿Alguien se acuerda del reconocimiento en la Ley para el Diálogo sobre las causas justas que dieron origen al conflicto zapatista?

Acteal no es un caso aislado en la historia de impunidades en nuestro país y no se le puede abordar como noticia sensacionalista de los “descubrimientos” de un investigador. Su total esclarecimiento requiere rehacer la indagación y colocar en el centro el deslinde de responsabilidades de los agentes del Estado. En el Informe Joinet sobre impunidad se abordan las comisiones no judiciales de investigación, las cuales deben ser creadas por ley; también se habla de la importancia de la preservación de archivos y peritajes y las medidas que habrán de tomarse, todo ello basado en el derecho colectivo a saber la verdad. Eje importante de este informe es enfrentar a la muy común “prima de impunidad” con la que suelen cubrirse los estados (ONU, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, 1997-20).

Podemos señalar que llegamos a 10 años de la masacre sin justicia: no están en la cárcel los autores intelectuales, y sus operadores, quienes tenían responsabilidades políticas a nivel federal y estatal, no cumplieron su cometido y gozan en los hechos de su prima de impunidad.

Como vemos, son muchas y muy graves las implicaciones de “Regreso a Acteal” de HAC. Ni modo, nadie puede saltar su propia sombra.