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22 de octubre de 2007
VENEZUELA: ASAMBLEA NACIONAL PROPONE AL EJECUTIVO DECLARAR A MIEMBROS DE LA SIP COMO PERSONA NON GRATA
El 20 de octubre de 2007, la Asamblea Nacional propuso solicitar al presidente Hugo Chávez que se declare a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) persona non grata en el país. La declaración la hizo la primera vicepresidenta del Legislativo, Desirée Santos Amaral tras las
conclusiones de la SIP emitidas el pasado 16 de octubre donde se denuncian los actos restrictivos que ejecuta el gobierno contra la libertad de expresión y prensa en Venezuela.
En el texto de la SIP se expone, además, que este organismo denunciará ante las instancias internacionales la violación de derechos humanos, la vulneración de las garantías de los ciudadanos previstas en el proyecto de Reforma Constitucional, la multiplicación de medios de comunicación estatal y la arbitrariedad de asignación de concesiones, así como los ataques
contra los periodistas y medios de comunicación ocurridos en ese país.
Nota.- Cabe mencionar que no existen tales actos restrictivos contra la libertad de expresión y prensa de Venezuela lo cual es fácil constatarlo, el 70% de los medios son privados y expresan críticas y hasta insultos contra el presidente Chávez sin que se les reprima, sólo hay que ver Globovisión para confirmarlo. Por tanto, podemos sospechar que la SIP es un brazo de los Estados Unidos que en complicidad con los grupos oposicionistas de Venezuela insisten en satanizar al gobierno, en este caso a la Asamblea Nacional que es el Legislativo que trabaja hombro con hombro con el pueblo venezolano en el proyecto de Reforma Constitucional. Por lo cual es comprensible que se declare "persona non grata" al intervencionismo estadounidense.
Por otra parte, las concesiones de medios de comunicación estatal son a representantes populares y nada de arbitrario tiene que se asignen concesiones al pueblo que es por principio el dueño de éstas. En cuanto a los ataques a periodistas y medios de comunicación habría que especificar quienes son esos periodistas y esos medios pues no se puede denunciar en general.
En cuanto a la violación de derechos humanos y la vulneración de las garantías de los ciudadanos previstas en el proyecto de Reforma Constitucional, me temo que una de las cosas que le molesta a los grupos oposicionistas de la oligarquía denunciante es la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo venezolana que establece que la jornada extra no debe exceder de 10 horas a la semana y 100 horas al año, y se pagará no menos de 50% adicional a la hora ordinaria. El artículo 90 de la Constitución señala -y se ratifica en la reforma propuesta- que: “Ningún patrono o patrona podrá obligar a los trabajadores o trabajadoras a laborar horas extraordinarias”. Es una decisión voluntaria aceptar o no trabajar horas extras, aún cuando la jornada se reduzca de 44 a 36 horas semanales; referendo popular mediante y control social de lo trabajadores. Sólo que esto por el contrario lo que defiende es precisamente los derechos humanos y previene que los patronos vulneren las garantías individuales.
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